Por tercera vez en este 2018, los colombianos fueron convocados a las urnas, y después de participaciones masivas en las elecciones al Congreso y a la Presidencia, la consulta anticorrupción de este domingo no logró el mínimo de 12.140.342 votos para decirle al poder Legislativo que debe tramitar los puntos que los ciudadanos les entregaran como obligatorios.

Once millones 700 mil colombianos dieron su voto a las siete preguntas: votaron por disminuir el sueldo a los congresistas y altos funcionarios del gobierno, por cero privilegios y muerte política a los corruptos, por la rendición de cuentas de los políticos elegidos (congresistas, concejales), por pliegos claros para evitar la contratación tramposa y a dedo, por la observación ciudadana a los contratos; y por la limitación de los periodos en cargos de elección popular.

La consulta anticorrupción sacó más votos (20% más) que los que los que registró en las urnas Iván Duque para alzarse con la Presidencia. Sin embargo, no le alcanzó para pasar el umbral. La consulta no será vinculante, el Congreso no volverá norma las preguntas que estaban contempladas en el tarjetón. Sin embargo, es una victoria política para todos los que la promovieron.

Se estima que cada año los corruptos se apropian del 15% que tiene el Presupuesto Nacional anualmente.

El primer rival era el abstencionismo. Hace dos meses, en la segunda vuelta presidencial, la abstención fue del 46%. La consulta tenía que vencer la abstención con un tema como la corrupción que no despertaba las pasiones que se vivieron en las presidenciales. No hubo dinero para promocionar la consulta ni para mover a los sufragantes durante la jornada.

Ángela Robledo, excandidata a la vicepresidencia, una de las personas que se sumó a la pedagogía en las calles, celebró la participación ciudadana. "Esta votación ya es un triunfo de la democracia colombiana. Una campaña sin clientelismo y llena de pedagogía", aseguró. 

Para el senador Alberto Robledo, la consulta es el logro político más importante en décadas. “Primera consulta convocada popularmente. ¡Es un mensaje duro no solo para el Congreso, sino también para todos los actores del Estado! ¡Qué haya más justicia y menos titulares!”, tuiteó.

Duque, Uribe y las fake news

Al presidente Iván Duque  no le quedaba fácil no votar, pero haberlo hecho será un punto de quiebre con su padrino, el expresidente Álvaro Uribe, quien se despachó en Twitter contra la iniciativa y sus promotores (el excandidato presidencial Gustavo Petro y la senadora  Claudia López), como el más feroz opositor de esa iniciativa. "No voto la consulta engañosa y he cuidado con transparencia y austeridad los recursos del Estado a lo largo de mi carrera pública". 

“La señora López me acusa de fundador del paramilitarismo, de utilizar paramilitares para asesinar a mis opositores, y para convalidar su infamia obliga a gastar 300 mil millones de los recursos públicos (…) El  doctor Petro me acusa de delitos de lesa humanidad, clama para que me lleven a la cárcel y para eso hace gastar 300 mil millones”, añadió.

En los últimos días, al igual que durante la campaña presidencial, la extrema derecha lanzó una campaña de noticias falsas por las redes sociales: que los promotores de la consulta recibirán millones por reposición de votos, que se iba a reducir el salario mínimo a todos los trabajadores, que la consulta es castrochavista…

Fue una jornada caracterizara por la abstención y Colombia perdió la oportunidad de convertirse en un país con una democracia comprometida. “A Duque le faltó voluntad política para apoyar la consulta”, dijo el senador Petro. Uribe, que tuvo la capacidad de movilizar 6 millones de votos por el No al plebiscito de los acuerdos de paz con las Farc, y que tiene el título del senador más votado de la historia, aparece como el perdedor.

La participación popular

El tarjetón es el resultado de una larga historia de intentos por ponerle freno a este flagelo, a los que sistemáticamente, y en no menos de ocho ocasiones en los últimos cuatros años, el Congreso de la República les ha cerrado el paso.

La consulta era una propuesta a ejercer democracia directa: si Colombia votaba mayoritariamente a favor de lo propuesto y se pasaba el umbral, le estaría dando por primera vez en el país una orden directa al Congreso y a la Presidencia de hacer algo puntual. Esa sola posibilidad era ya un motivo suficiente para participar. Pero para ser aprobada, debía lograr 12.140.342 votos válidos, correspondientes a un tercio del censo electoral.

El tarjetón contenía siete propuestas sobre un tema concreto que afecta a todos los colombianos: la corrupción. El Legislativo lo aprobó de manera unánime, enviando un mensaje claro: esto va más allá de los partidos. La indignación de los ciudadanos ha crecido lo suficiente como para que el mundo político observe en las banderas anticorrupción un camino para salir de su atolladero, señala el analista

 Todos los recientes candidatos presidenciales prometieron esa lucha y el tema se posicionó en la agenda del país político, a tal punto que el primer paquete legislativo del gobierno de Iván Duque está enfocado en esta materia e incluso tiene varias de las medidas que plantea la consulta.  Pero este ambiente de coincidencia nacional se enfrentó a un nuevo problema: la baja intervención ciudadana en los mecanismos de participación. Desde 1991, cuando se creó la consulta popular, esta es la primera vez que se produce una de carácter nacional.

En la historia reciente, el movimiento estudiantil de la Séptima Papeleta llevó a los ciudadanos espontáneos a depositar un papel adicional en las elecciones parlamentarias del 11 de marzo de 1990. Ese día, los colombianos les hicieron saber a los políticos que querían una Asamblea Nacional Constituyente para reformar el Estado colombiano. Más de dos millones de electores incluyeron dicha papeleta y al siguiente año surgió la nueva carta magna.

En la Constitución del 91 se reglamentó el artículo 103, que les dio vida a nuevos mecanismos de participación popular, como la consulta o la revocatoria del mandato. Y desde ese día ha venido creciendo la expresión ciudadana.

En los últimos años hicieron carrera nuevas formas de participación política: el fracasado referendo que en octubre de 2003 realizó el gobierno de Álvaro Uribe, con 15 preguntas de las cuáles solo una pasó el umbral; cientos de consultas populares ambientales, revocatorias de mandatos y hasta el plebiscito para refrendar el Acuerdo de Paz con las Farc. Incluso un intento de referendo para una segunda reelección uribista, que aprobó el Congreso pero tumbó la Corte Constitucional en 2010.

La Consulta Anticorrupción fue la última elección de la agitada agenda electoral que ha vivido el país en estos últimos dos años. Las siete preguntas consultadas buscaban exigirle al Congreso que cumpla con un mandato de control ciudadano a la función pública, y aun cuando fuera reprobada llegarían nuevos retos: convertir ese mandato en normas eficaces, que no se sumaran al grueso anaquel de delitos sin responsables en Colombia.

Y aunque parezca de Perogrullo, la consulta anticorrupción ganó, pero no pasó.

Camilo Rengifo Marín

Economista y docente universitario colombiano, analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)