En este año, la decisión de Estados Unidos de excluir a China en el ejercicio militar multinacional cuenca del Pacífico (RIMPAC, por sus siglas en inglés) refleja las tensas relaciones en torno a las disputas territoriales en el Mar del Sur. El secretario de Defensa de Estados Unidos, James Mattis, advirtió que la exclusión de China en el ejercicio militar es apenas una primera acción para contener la militarización del gobierno chino en el Mar del Sur, por lo cual Washington recurrirá a mayores acciones en contra de Pekín.

Las disputas territoriales en el Mar del Sur podrían resultar en una confrontación entre las grandes potencias dada su importancia geopolítica en tres importantes aspectos: por su localización, transportando las mercancías de China, India, Corea del Sur y Japón, una tercera parte del comercio mundial pasa por el Mar del Sur; en cuanto a recursos estratégicos, el cuerpo marítimo posee recursos naturales estratégicos como petróleo y gas; y finalmente en caso de una conflagración otorgaría una superioridad militar a cualquier país, dando un control exclusivo sobre sus rutas marítimas, que tienen acceso directo a la parte continental de Asia.

Con un acuerdo de seguridad de defensa mutua, la presencia militar estadounidense primero se profundizaría en el Mar del Sur a través del apoyo del gobierno filipino. La alianza entre las dos naciones se reforzó después de la firma de un acuerdo de defensa con el gobierno de Filipinas hace cuatro años, ya que implicó el compromiso de instalar cinco bases militares en su territorio. Las fuerzas norteamericanas realizarán, según el acuerdo suscrito, operaciones militares conjuntas con las tropas filipinas de manera periódica con el propósito de hacer frente a las amenazas externas.

En este sentido, la instalación de bases militares representa una amenaza para la paz en el continente asiático, puesto que los patrullajes de las fuerzas norteamericanas son cada vez más frecuentes en el Mar del Sur. Por situarse al este del Mar del Sur y contar con instalaciones militares, las islas de Filipinas serían entonces la puerta de entrada para la flota norteamericana, que tendría una presencia militar permanente en Asia. Evidentemente, esto conllevaría la respuesta de parte del gobierno chino, que defendería su espacio marítimo por medio de un despliegue de tropas.

Cabe recordar que el gobierno filipino planteó una reclamación sobre la propiedad las islas Spratly ubicadas en el Mar del Sur en contra de China ante la Corte Permanente de Arbitraje de la Haya en 2016. El fallo de la corte concedió la propiedad de las islas a Filipinas, pero el gobierno chino desconoció la decisión bajo el argumento de que el fallo era inconstitucional de acuerdo con la ley internacional. La inconstitucionalidad del fallo se debió, de acuerdo con los medios de comunicación chinos, a que la corte no tiene facultades sobre la propiedad de las islas, tomando en cuenta que el gobierno chino solicitó que su soberanía territorial quedara excluida de las decisiones de la corte.

Por otro lado, el gobierno filipino también infringió su compromiso, que había hecho en las reuniones de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN, por sus siglas en inglés), de resolver las disputas territoriales por medio de consultas y negociaciones con los representantes de China. A raíz del cambio de gobierno en Filipinas el año pasado, el presidente Rodrigo Duterte no solamente desestimó la decisión de la corte, sino que además rechazó el reciente ofrecimiento del presidente Donald Trump de actuar como mediador en las disputas del Mar del Sur contra China.

Pero ese giro en la diplomacia del gobierno de Duterte, todavía no se ha traducido en la resolución de las disputas territoriales con China por medio de las reuniones de negociación entre los representantes de los dos países. Además, el presidente filipino reafirmó, durante la gira del presidente Donald Trump en Asia, su compromiso en la instalación de las bases militares en noviembre del año pasado. De hecho, la construcción de la primera base militar ya inició este año a pesar de que el acuerdo militar es inconstitucional por no contar con la aprobación del Senado de Filipinas.

De la misma forma, la asistencia militar de Washington hacia el gobierno de Filipinas se ha acrecentado significativamente en los últimos diez años. Como prueba de ello está la ayuda en el sector militar que se multiplicó casi cuatro veces, pasando de 11,970 a 40,000 millones de dólares durante el período 2011-2017. Todo este arsenal destructivo, que incluye armas de fuego y equipo de alta tecnología para las operaciones aéreas y marítimas, se concedió por las razones bien conocidas de Estados Unidos de combatir a las redes terroristas y los grupos de narcotráfico.

Sin embargo, la guerra contra el terrorismo y el narcotráfico ha provocado la muerte de 12,000 filipinos durante la administración de Rodrigo Duterte. La policía filipina ha recibido una gran cantidad de denuncias por parte de la población, quien la acusa de detener y cometer abusos injustificados contra los ciudadanos filipinos con el fin de encontrar culpables de una manera rápida. Además, el gobierno se ha dedicado a perseguir a activistas, periodistas y defensores de derechos humanos que se atreven a criticar la estrategia del gobierno para erradicar el narcotráfico y el terrorismo.

Además, el presidente Duterte no ha abordado las raíces de la violencia cuyo origen se deriva de las terribles condiciones de vida en Filipinas, que ya cuenta con una tasa de pobreza por encima de un cuarto de la población. En este escenario de pobreza, el trabajo infantil es el símbolo de la injusta realidad del mercado laboral, donde millones de niños trabajan en plantaciones, minas y fábricas destruyendo así su desarrollo profesional. Todo esto fue el producto del colonialismo norteamericano, que impuso formas de trabajo brutales sobre la mayoría de la población, acumulando enormes ganancias para sus compañías.

Ante este contexto de violencia y precariedad social, el presidente Donald Trump declaró que la administración de Rodrigo Duterte está haciendo un “gran trabajo”, tomando en cuenta la complejidad de los problemas de Filipinas. Es evidente que Washington se ha convertido así en el brazo derecho de este gobierno represor que necesita de un fuerte complejo militar para aplastar a todas las protestas sociales, dándole a cambio a Estados Unidos su deseada presencia militar en el Mar del Sur.

De mantener el gobierno de Filipinas su postura, se corre el riesgo de desestabilizar la iniciativa de la Ruta de la Seda propuesta por el presidente chino Xi Jinping. Según el mapa de la ruta marítima, el punto de partida será la ciudad china de Chongqing, para después atravesar el Mar del Sur y el océano Índico, y finalmente llegar a los continentes de África y Europa. Para concretar los proyectos de infraestructura que integran la Ruta de la Seda, los representantes diplomáticos chinos no sólo están llevando a cabo negociaciones bilaterales con los países asiáticos, sino también establecieron foros de diálogo en el seno de la ASEAN.

La ruta marítima tiene una enorme importancia geopolítica para los proyectos de infraestructura de China en el continente asiático. Por un lado, las líneas de transporte llevarán las mercancías chinas a los grandes mercados europeos; en segundo lugar, los productos de los países del sudeste asiático (Singapur, Malasia, Tailandia, Vietnam, entre otros países) tendrán una salida al mar; y en último lugar, la ruta conectará al Corredor Económico China-Pakistán con el Corredor Económico Bangladesh-China-India-Birmania, mejorando así los estándares de vida de la mayor parte de los asiáticos.

A lo largo de la ruta, el gobierno de Xi Jinping planea realizar cuantiosas inversiones para explotar los recursos marítimos principalmente en la maricultura; potenciar el transporte por medio de la construcción de grandes puertos; e impulsar el turismo a través del mejoramiento de los servicios públicos. La culminación de estos proyectos dará buenos frutos para otros proyectos de envergadura como son las líneas de ferrocarriles, los parques industriales y las zonas de cooperación económica, que están estrechamente vinculados al desarrollo de puertos, líneas marítimas seguras y la prevención de daños de desastres naturales.

La barrera más fuerte para realizar estos proyectos, sin embargo, ha sido la incapacidad de los gobiernos asiáticos de resolver las disputas territoriales en el Mar del Sur, situación que ahora se ha visto agravada por la posición del gobierno de Filipinas. Es justo ahora cuando resulta fundamental reforzar la cooperación entre los países asiáticos a fin de que Estados Unidos, con su arsenal destructivo, no socave los esfuerzos de impulsar la integración productiva en el continente asiático.

Ulises Noyola Rodríguez

Colaborador del Centro de Investigación sobre la Globalización.