El director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, consiguió varios beneficios después de la negociación de los contratos de siete gasoductos con Grupo Carso, TransCanada, IEnova y Fermaca. No obstante, el gobierno necesita todavía eliminar el desfalco de las empresas que roban grandes cantidades de electricidad; de las compañías que cobran tarifas abusivas por la venta de electricidad; y de los funcionarios públicos que han ejercido gastos en un entorno de opacidad.

Como parte de la reforma energética, el gobierno de Enrique Peña Nieto apoyó la construcción de la red de gasoductos para incrementar las importaciones de gas natural. Entre los beneficios de la instalación de esta infraestructura estaban la importación de gas natural de Estados Unidos a un precio barato que reduciría el gasto de electricidad de las familias; la utilización de un combustible limpio para producir electricidad en lugar de usar contaminantes como el combustóleo; y la generación de ingresos para la CFE que se encargaría de vender gas natural.

El gas natural es un gran negocio para las empresas trasnacionales considerando que se convertirá en el combustible más consumido a nivel nacional dejando atrás al petróleo en un corto plazo. La clave está en la generación de electricidad por la CFE que consume casi la mitad de gas natural, por lo que las empresas energéticas de Estados Unidos incrementarán sus ganancias por la venta del combustible. Estas corporaciones beneficiaron a su vez a las constructoras norteamericanas que contribuyeron en la construcción de los gasoductos además de que los bancos de Wall Street apuntalaron sus ganancias tras aportar el financiamiento de la infraestructura.

El gobierno mexicano intentó insertarse en el negocio ofertando yacimientos de hidrocarburos a las empresas trasnacionales con el fin de que extrajeran gas natural. Como las empresas trasnacionales ya iban a poder realizar operaciones de exploración y producción de gas natural, el gobierno estimó que la producción nacional alcanzaría una cantidad de 8,000 millones de pies cúbicos en 2018. Sin embargo, el resultado fue una decepción rotunda pues la producción fue decreciendo constantemente hasta llegar a 3,000 millones de pies cúbicos el año pasado.

La dependencia energética se profundizará ya que las importaciones de gas natural se incrementarán de forma significativa en donde Estados Unidos tendrá el rol dominante como proveedor. En consecuencia, la CFE quedó atrapada en la importación de gas natural para producir electricidad a través de los contratos negociados por el gobierno anterior. Los contratos de los gasoductos estipulaban la obligación del gobierno de pagar una tarifa variable que cubriría la compra del gas natural y los costos del mantenimiento de la infraestructura como materiales, seguros e impuestos.

El presidente López Obrador declaró que los contratos eran leoninos puesto que el gobierno habría pagado un monto que superaba con creces el costo de la infraestructura en donde las empresas permanecerán como propietarias de los gasoductos después de la expiración de los contratos. Bajo los contratos originales, el gobierno habría tenido que pagar 70,000 millones de dólares, pero la renegociación de las tarifas permitirá un ahorro de 4,500 millones de dólares. Para lograr este acuerdo, la CFE acordó incrementar la compra de gas natural aparte de extender la duración de los contratos que se encuentra entre 25 y 35 años.

Además, los contratos contienen cláusulas de casos fortuitos y de fuerza mayor en los cuales el gobierno continuará pagando la provisión de gas natural en caso de huelgas, catástrofes naturales, retrasos administrativos, entre otros. Por ejemplo, la construcción de algunos gasoductos estaba detenida por la oposición de comunidades, hallazgos arqueológicos, entre otras causas. Al mismo tiempo, estos pagos obligarán a las empresas a extender la provisión de gas natural después del término del contrato durante un período equivalente al monto pagado por la CFE.

Como resultado de la renegociación, las empresas devolverán los pagos de 5,800 millones de dólares realizados por la CFE el año pasado debido a casos de fuerza mayor, mientras que el gobierno se comprometió a no retrasar las obras por trámites administrativos además de resolver los problemas sociales que detenían la construcción de la infraestructura. De esta manera, la empresa aumentará sus ingresos con la recuperación de fondos aparte de que evitará la activación de las cláusulas de casos fortuitos y de fuerza mayor para el futuro.

A pesar de los ahorros de los gasoductos, la CFE seguirá pagando una pesada deuda la cual asciende a 60,000 millones de dólares. A causa de esta situación, las utilidades de la empresa han decrecido en los últimos años, factor que no permitió incrementar el presupuesto para la producción de electricidad. El rezago en la producción de electricidad es significativo puesto que la mitad de la electricidad consumida a nivel nacional es producida por la CFE, el resto es comprado a empresas privadas por la compañía estatal que además ha otorgado subsidios para producirla.

En lugar de comprar electricidad a las empresas, el gobierno planea construir cinco plantas de ciclo combinado para generar electricidad con el gas natural recibido de Estados Unidos, además de que las plantas hidroeléctricas serán rehabilitadas para apoyar a las energías renovables. Por lo tanto, la CFE incrementará sus ingresos por la venta de electricidad; generará empleos bien remunerados en el sector eléctrico; y dejará de pagar tarifas abusivas y subsidios a las compañías generadoras de electricidad como la española Iberdrola, la estadounidense AES Corporation, y la japonesa Mitsubishi.

Entre las medidas que consideramos fundamentales para reducir el costo de la electricidad están la eliminación de subsidios a las compañías privadas para la producción de electricidad; la erradicación del robo de electricidad en donde están involucradas grandes empresas como Bimbo, Walmart y OXXO; y la eliminación de la opacidad de los gastos de infraestructura y personal administrativo. Con el cambio de funcionamiento, los ingresos públicos aumentarán de forma significativa de suerte que la inversión podrá aumentar para fortalecer a la empresa.

Aunque la CFE reforzó su dependencia de gas natural con Estados Unidos, el balance de negociación fue positivo. Si la empresa estatal hubiera optado por resolver el conflicto en los tribunales internacionales, éstos se hubieran inclinado a favor de las empresas considerando que sus abogados están estrechamente vinculados con sus intereses. Así el gobierno pudo generar un ahorro importante para conseguir el objetivo de apoyar la soberanía energética que impulsará la industrialización ofreciendo precios competitivos en la electricidad.

Ulises Noyola Rodríguez

Colaborador del Centro de Investigación sobre la Globalización.