El problema de las consecuencias humanitarias catastróficas de las armas nucleares fue creado y es mantenido por nueve países en todo el mundo, es decir, por una considerable minoría.  Sin embargo, si bien el problema de las armas nucleares no es global en su creación, es global en su impacto.

Si dimensionamos el problema con las armas nucleares, entendemos que tiene varias facetas: es un problema de privilegio y poder, en el que unos cuantos gobiernos creen que tienen la potestad de mantener como rehenes al resto del mundo, que tienen el derecho de destruir ciudades, ecosistemas y civilizaciones enteras; es un problema económico, ya que los Estados poseedores de armas nucleares gastan una gran cantidad de recursos públicos –los recursos del pueblo– en mantener estas armas de terror, recursos que podrían utilizarse para resolver muchos problemas humanitarios, tales como la subsistencia, la vivienda y la educación, entre otros, en su totalidad a escala mundial; es un problema legal: la continua existencia de las armas de destrucción masiva más destructivas contradice la ordenanza internacional y debilita el régimen de no proliferación nuclear y la prohibición de las otras armas de destrucción masiva; es un problema social, ya que la dependencia en la disuasión nuclear proyecta la violencia y el terror como los guardianes de la paz y la seguridad.

La falta de progreso en el desarme nuclear durante tantas décadas ha generado mucha frustración en la comunidad internacional. Hasta hace poco, se consideraba que el desarme era competencia únicamente de los Estados nuclearmente armados –los que menos han mostrado interés en desarmarse– y esto ha producido décadas de debates estériles y promesas incumplidas.  Es comprensible que, hasta ahora, la mayoría de los países no se hayan sentido empoderados para enfrentarse a los mayores poderes militares y económicos, y la hegemonía nuclear se haya mantenido.

Si entendemos que el impacto de las armas nucleares es global, entendemos también que la solución es global, y si vemos el problema como uno de justicia social, entendemos que su solución requiere de un esfuerzo colectivo.  Los Estados que no poseen armas nucleares desempeñan un papel clave en el desarme nuclear, porque la paz y la seguridad duraderas sólo se pueden lograr mediante la acción global y continua de las naciones que se unen para el bien común.

El impulso generado por la Iniciativa Humanitaria y las tres Conferencias Intergubernamentales sobre el Impacto Humanitario de las Armas Nucleares en Oslo, Nayarit y Viena transformaron el tema de las armas nucleares de un problema estratégico a uno humanitario.  Esto generó conciencia sobre la necesidad de la acción común y los países empezaron a unirse y, juntos, enfrentar a los grandes poderes.  Este proceso fue acuñado por Costa Rica, en la Conferencia de Revisión del Tratado de No Proliferación de 2015, como la democratización del desarme nuclear.

El Tratado para Prohibir las Armas Nucleares (TPAN) de la ONU, adoptado por 122 países –una clara mayoría– es una señal contundente de que esta democratización está teniendo lugar y representa un verdadero hito en el desarme nuclear y la culminación de décadas de esfuerzos de muchos actores.

Latinoamérica

Latinoamérica ha jugado un rol fundamental en lograr el tratado de prohibición y en fortalecer el multilateralismo en torno a la consecución del desarme humanitario.  Históricamente, la región ha sido proactiva en la no proliferación y el desarme nuclear.  Creó la primera zona libre de armas nucleares en un área densamente poblada a través del Tratado de Tlatelolco, que precedió al Tratado de No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP) e indudablemente fortalece el régimen de no proliferación.

En los últimos años, la región ha logrado unirse como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, CELAC, a través de la cual los 33 países que la componen han logrado trabajar en bloque, al más alto nivel, con una gran ventaja política.  Incluso si en los últimos años se ha perdido el consenso en temas clave y se ha corroído esta cohesión, la CELAC tuvo un fuerte impacto en el apoyo al TPAN.  Esto se vio, por ejemplo, con la Promesa Humanitaria, que surgió de la Conferencia de Viena en diciembre de 2014, una declaración histórica que fue clave para transformar en acción política el ímpetu generado por las tres conferencias humanitarias. En su cumbre anual de CELAC en Costa Rica en enero de 2015, un mes después de la conferencia de Viena, los 33 Estados de la CELAC le dieron su apoyo a la Promesa Humanitaria.  Este apoyo casi inmediato, significativo tanto en números como en el nivel del apoyo, proporcionó un impulso para el respaldo de la promesa, que llegó a 127 países en julio de ese año.

En la Asamblea General de las Naciones Unidas de ese mismo año, México, respaldado por otros países copatrocinadores, se sintió empoderado para proponer un Grupo de Trabajo de Composición Abierta para impulsar negociaciones multilaterales sobre el desarme nuclear.  En 2016, dicho grupo, después de largas tres sesiones de negociación, y gracias a un voto decisivo convocado por Guatemala, recomendó la negociación de un Tratado para prohibir las armas nucleares (TPAN).  Dichas negociaciones fueron presididas de forma exitosa en ONU en Nueva York en 2017 por la embajadora costarricense Elayne Whyte y el TPAN fue adoptado el 7 de julio de 2017.

Países como Ecuador, Chile, México, Brasil, Guatemala, Costa Rica, Jamaica y Trinidad y Tobago se destacan por estar a la vanguardia de la iniciativa humanitaria y el tratado de prohibición; más recientemente, el "Premio Persona del Año" de Control Arms para el 2018 le fue galardonado al grupo central de siete países que promovieron el TPAN, tres de los cuales (Brasil, Costa Rica y México) son latinoamericanos.  Además, CARICOM, la Comunidad del Caribe, compuesta por 15 Estados miembros, también ha sido un aliado muy fuerte y constructivo a lo largo de este proceso, y su apoyo fue esencial para incluir las obligaciones positivas (la asistencia a víctimas y la remediación ambiental) en el TPAN, que es la parte que lo hace más operativo y que fortalece el aspecto humanitario del tratado.

La sociedad civil y el tratado de prohibición

La Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares (ICAN), a través de los movimientos de base y los esfuerzos de cabildeo con diplomáticos, fue quien condujo el proceso hacia el tratado de prohibición.  ICAN ha trabajado incansablemente durante más de una década para fomentar la confianza y construir una comunidad entre activistas y diplomáticos de todo el mundo. De esta forma, asociándose con los gobiernos que han rechazado las armas nucleares y que han estado dispuestos a hacerles frente a los Estados nuclearmente armados, es que se logró cambiar la narrativa.

Cabe destacar que, en nuestra región, la sociedad civil tiene varios desafíos.  A diferencia de los países del “primer mundo” occidental, en América Latina hay poco o ningún financiamiento gubernamental para las organizaciones no gubernamentales y la participación en movimientos sociales no es una prioridad para la mayoría de los habitantes.  Esto hace que la gran mayoría de nuestras organizaciones sean administradas enteramente por voluntarios, con serias limitaciones en su tiempo y recursos, y con dificultades para procurar una participación y atención constantes, cediendo fácilmente ante otras presiones de la vida, como sus carreras, trabajos o familias.  Además, ante los otros problemas que vive nuestra gente, como la pobreza y la violencia con armas pequeñas y ligeras, las armas nucleares no son vistas como una prioridad en América Latina.

No obstante, si bien es cierto que nuestra sociedad civil enfrenta serios desafíos, también es cierto que, en otros sentidos, nuestra región nos ha resultado muy ventajosa.  Debido a que nuestros países han estado a favor del desarme nuclear, no hemos tenido que depender de la movilización de base para tener relevancia política.  Nuestra sociedad civil no ha crecido mucho en números, pero sí lo ha hecho en influencia.  Nuestros gobiernos han sido nuestros amigos y nos consideran verdaderos socios.  Hemos trabajado con ellos en el ámbito nacional y regional, generando la confianza necesaria para la colaboración entre los Estados interesados.  En Latinoamérica, el binomio gobierno-sociedad civil ha funcionado de forma particularmente exitosa.

Cabe destacar que los Estados aliados al TPAN no surgieron solos.  Son el resultado del trabajo de unas cuantas personas notables y comprometidas que han ido más allá de sus obligaciones oficiales; personas que han asumido riesgos y que han marcado la diferencia.  Los activistas hemos estado presentes y disponibles en cada paso, promoviendo el apoyo a la prohibición, incluso cuando nadie se atrevía a mencionarla.  Hemos promovido reuniones, fomentado el diálogo, ofrecido argumentos sólidos y apoyo en todas las conferencias y en todas las oportunidades que ha habido.

Ahora que la mayoría de los gobiernos de nuestra región han firmado el tratado de prohibición y están en proceso de su ratificación, seguimos trabajando conjuntamente para lograr la universalización del tratado.

Un cambio paradigmático

El TPAN funciona a través de un proceso que se denomina estigmatización y que funciona a partir de la condena moral de las armas nucleares.  Es así como se ha dado el desarme con las otras armas de destrucción masiva (químicas, biológicas, minas terrestres y municiones en racimo), donde la prohibición ha precedido a la eliminación y, dicho sea de paso, esta prohibición no contó inicialmente con el apoyo de los países productores y poseedores.  El TPAN debilita los mecanismos legales, morales y económicos que promueven y mantienen la hegemonía de las armas nucleares, creando una normativa internacional que se convierte en la nueva norma a seguir.  Tal es el caso Estados Unidos con las municiones en racimo: EE.UU. nunca se adhirió la Convención sobre Municiones en Racimo, sin embargo, cerró su última fábrica de dichas armas en 2016; esto porque se quedó sin inversores y compradores, y porque se había creado en el mundo una normativa internacional apoyada por la mayoría de los países, con un ambiente global de condena moral al uso, tenencia y producción de estas armas.  Este es el proceso en el que estamos actualmente con las armas nucleares y cuyo efecto ya estamos viviendo. Por ejemplo, dos de los fondos de pensiones más grandes del mundo, los de Noruega y Países Bajos, cuyos gobiernos no han firmado el TPAN y pertenecen a alianzas militares nucleares, dejaron de invertir en empresas que producen y mantienen las armas nucleares.  Esta ola de desinversión se está viendo en varias instituciones financieras en todo el mundo que, independientemente de la postura política de sus gobiernos, han decidido manifestarse en contra de las armas nucleares y desfinanciarlas.

El hecho de que el TPAN fuese adoptado por 122 países tiene un significado que trasciende el desarme nuclear.  Representa lo que puede suceder en la comunidad internacional cuando se anteponen los principios sobre los intereses; cuando las personas están dispuestas a unirse, a tomar riesgos y a defender lo que es correcto, incluso a un costo personal o para su país.  Esta nueva forma de hacer política, basada en principios y fundamentada en el diálogo y el multilateralismo, conlleva un cambio en el concepto de prestigio.  Colectivamente, ya no se valora a las naciones y a los actores según su poder destructivo, sino según su disposición a dialogar, negociar, forjar alianzas y fortalecer y mantener la paz a través del régimen multilateral.

El desarme nuclear requiere de un cambio paradigmático, de un esfuerzo y un compromiso mucho más extenso que un único documento o tratado.  Requiere de un movimiento que genere un cambio de conciencia global y duradero.  El TPAN, que es la materialización de décadas del esfuerzo de muchísima gente, no es un fin en sí mismo, sino más bien un gran paso en la dirección correcta.  Es parte de un movimiento revolucionario que va más allá del desarme humanitario, marca el camino para un mundo que resuelve sus conflictos, no a través de la violencia y las armas, sino a través de la diplomacia y el diálogo.

Dr. Carlos Umaña es médico, artista plástico y activista por la paz y el desarme nuclear.  Director General de la Asociación Internacional de Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear, y representante para América Latina de la Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares (Premio Nobel de la Paz 2017).