En esta entrega final del dossier presentado, y como parte de la exposición realizada por este servidor en el marco de la FILVEN 2018 en la sede del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela, importante es realizar las siguientes conclusiones.

No ha sido en ningún momento mi intención negar o invisibilizar este tema. Hay que tener muy claro que, la migración internacional es una realidad a escala global, donde la movilidad humana es un factor consustancial a los esquemas de producción que estamos asistiendo en el mundo. El movimiento de personas entre países puede ser visto como una oportunidad para el desarrollo de proyectos individuales, familiares o del impulso de las economías de países de destino y origen a través del flujo de remesas. No obstante, para los actores políticos y ciertos operadores mediáticos, tratan el tema de la migración sin advertir sobre los riesgos para la integridad, seguridad y los derechos humanos de las personas, que evidentemente requieren ser atendidos y protegidos a través de políticas públicas destinadas para ello.

No se destaca en el proceso de emigración venezolana los grupos en condiciones de mayor vulnerabilidad y que por tanto resultan más afectados de este fenómeno procesos migratorios, como los niños, niñas y adolescentes, las mujeres, los adultos y adultas mayores, que estadísticamente son más susceptibles de ser víctimas de graves violaciones a sus derechos humanos, a través del delito de trata de personas (sobre todo las mujeres, los niños, niñas y adolescentes).

Se busca manipular el tema, pero no se destaca el drama humano de las víctimas de este terrible delito transnacional. En lo personal, me causa profunda tristeza a un grupo de connacionales que aprovechándose de su buena fe, han debido ser rescatados por parte de organismos de seguridad extranjeros por haber caído en redes de prostitución o de otra índole. Y que solo los conglomerados mediáticos busquen responsabilizar de manera exclusiva al gobierno venezolano, del fenómeno emigratorio de algunos compatriotas.

Poco o nada se habla del gran negocio que encierra la emigración, que no es un fenómeno exclusivo de la realidad venezolana. Se da también el fenómeno del tráfico de migrantes, asociado a trabajadores y trabajadoras con escasos niveles de formación y especialización. Es decir, las características socio demográficas y laborales son factores que pueden condicionar la mayor propensión de violación de derechos humanos de estos grupos, incrementándose cuando los trayectos migratorios se emprenden con escasa formación.

La mayoría de emigrantes venezolanos son una mano de obra altamente calificada, con los mejores estándares de formación académica y profesional, pero cuya fuerza de trabajo se vende muy barata en la mayoría de países de destino donde son recibidos. Evidentemente, y más allá del discurso panfletario y politiquero, debemos reconocer que no son solo las medidas coercitivas unilaterales que hacen resentir la actual situación en Venezuela, sino que constituye un efecto verdaderamente adverso la pérdida del recurso humano sobre ciertos y determinados sectores en el país, sobre todo en el ámbito de la salud y educativo que debe ser atacado y corregido con políticas públicas dirigidas a privilegiar en esos sectores.

Al igual que SURES, creo que es necesario profundizar en las investigaciones acerca de la relación entre países de origen y destino de los flujos migratorios con respecto al caso venezolano, en lo que respecta a la cuatificación del volumen de migrantes, dada la alta proporción de personas con doble nacionalidad que se desplazan internacionalmente y los procesos de migración de retorno de antiguos emigrantes asentados en territorio venezolano.

Esta situación le plantea al Estado Venezolano la oportunidad de fortalecer los mecanismos de cooperación internacional y binacional para brindar condiciones dignas de movilidad humana, acordes con los estándares internacionales y de protección a los derechos humanos.

La escasa cultura emigratoria que enfrenta al Estado venezolano requiere de la organización de mecanismos, programas y políticas que le permitan acceder a la información suficiente para el diseño y ejecución de acciones sistemáticas de política pública en esta materia, y de esa manera garantizar los derechos humanos de las personas que decidan emigrar.

De ahí el impulso de actividades de formación y difusión orientadas a proteger los derechos humanos de los potenciales emigrantes, a fin de evitar la trata y el tráfico de personas, identificando riesgos potencialmente asociados a la migración internacional.

Si bien como lo estudiamos a lo largo de estos trabajos, desde el ámbito de Naciones Unidas se ha intentado arribar a un consenso con respecto a la definición de migrante, en la práctica existen un conjunto y variedad de situaciones que complejizan el fenómeno, las cuales deben ser abordadas por las autoridades venezolanas, a los fines de revisar las implicaciones jurídicas y políticas en cada caso, y esto tiene que ver con la relación directa entre los mecanismos de clasificación y medición, con miras al desarrollo de políticas públicas dirigidas a las personas venezolanas en movimiento.

En el caso de la emigración de origen venezolano, demanda particular atención la clasificación de migrantes con doble nacionalidad, ya que se han presentado casos de personas que parten de Venezuela e ingresan a sus países de destino como nacionales de ese país y no como migrantes; también está el caso de aquellos que se instalan en el país de destino como migrantes con nacionalidad distinta a la venezolana, ya que poseen otra nacionalidad. Estas situaciones pueden generar problemas de categorización de la condición de migrantes que habría que prestarle mucha atención y establecer posiciones claras al respecto.

Adicionalmente, al confusión entre los términos migrante y refugiado, comporta retos para las agencias internacionales como para los países de destino, lo cual implica una dinámica conflictiva en la gestión migratoria y al mismo tiempo puede generar expectativas en potenciales migrantes, que no serán satisfechas de acuerdo con la legislación internacional. Sobre este particular, resulta imprescindible evitar el uso inadecuado de la institución del refugio, ya que su empleo en forma masiva para lograr residencia legal de migrantes económicos en los países de destino puede conllevar a desnaturalizar ese derecho y, sobre todo, a que los Estados no concedan dicha condición en aquellos casos en los cuales resulta necesaria su aplicación para proteger derechos humanos.

Frente a los pocos datos oficiales sobre migración, y específicamente sobre emigración, los medios de comunicación tradicionales, ligados a los sectores de oposición al gobierno bolivariano, así como también las redes sociales, aprovechan para divulgar cifras de emigrantes venezolanos en la mayoría de los casos exagerados y con intereses politiqueros. Las empresas encuestadoras no disponen de la metodología apropiada para la estimación de componentes de la dinámica demográfica, las cuales responden a una demanda de información de mercado, además de presiones de actores políticos y económicos, sobre una realidad emergente y de gran impacto social. De ahí la denuncia de la manera sesgada del manejo del tema que he venido denunciando, y que además de la exposición, quise realizar esta investigación de manera escrita, con el respaldo documental, para que quede en los archivos, y sirva de elemento para nuevas investigaciones sobre este tema.

SURES nos destaca sobre algunas iniciativas interesantes en el ámbito académico para el estudio del tema migratorio venezolano, pero restringidas e insuficientes, por lo que se impone la necesidad de fortalecer este tipo de trabajos e impulsar estas propuestas con la finalidad de disponer de mayores conocimientos y datos sobre el fenómeno migratorio, son dejar de reconocer la disparidad de la información existente.

Es bueno que se conozca que desde organismos internacionales, y especialmente aquellas que integran el sistema de Naciones Unidas, existen dificultades para establecer una medición de flujos migratorios de origen venezolano, considerando el peso de la migración de retorno y las personas con doble nacionalidad, lo que añade un elemento adicional para la disponibilidad de una data verdaderamente confiable y sólida.

El Estado requiere fortalecer la coordinación interinstitucional entre distintas instancias públicas, tales como el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME), el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz (MPPRIJP), el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores (MPPRE) y la incipiente Policía Migratoria, para que junto con instituciones especializadas con el Instituto Nacional de Estadística (INE) y aquellas integrantes del sistema de Naciones Unidas que trabajan esta materia, como ACNUR y la OIM, a fin de unir esfuerzos para la sistematización y consolidación de la data de flujos migratorios ordenados, la protección de derechos humanos de las personas en movimiento y el desarrollo de políticas públicas orientadas a la atención de los migrantes y sus familias.

Se debe hacer énfasis en la protección de las familias, tanto las que migran, como las que se separan en el marco del movimiento migratorio de uno o de varios de sus integrantes. La protección integral de niños, niñas y adolescentes en movimiento debe privilegiarse sobre disposiciones de control fronterizo, entre otros, para garantizar el derecho de estos a permanecer y ser cuidados por sus padres y madres.

Asimismo, los niños, niñas y adolescentes cuyos padres y madres migran, deben ser objeto de protección integral en Venezuela, garantizando el disfrute pleno de sus derechos humanos y su permanencia con la familia de origen.

De acuerdo a SURES, la emigración en Venezuela representa menos del 10% de la población, por lo que el impacto en las comunidades de origen de este fenómeno es diferenciado, y en ciertas localidades su peso relativo es todavía mayor, sobre todo en aquellas que fueron tradicionalmente receptoras de emigrantes, aquellas relacionadas con mercados globalizados de alto nivel de especialización (petroleros, desarrollo informático), proximidad con la frontera y características sociodemográficas de las personas, tales como edad, sexo, número de hijos e hijas, entre otros.

Por ello, será muy importante identificar y atender aquellas comunidades que con mayor intensidad hayan sido impactadas por la emigración, a los fines de desarrollar acciones de atención dirigidas fundamentalmente a grupos vulnerables, tales como niños, niñas y adolescentes, adultos y adultas mayores y personas con alguna discapacidad que puedan quedar solas tras la partida de sus familiares.

Asimismo, sería interesante el estudio del impacto de la emigración venezolana en ámbitos como el mercado inmobiliario y la seguridad ciudadana, debido a encontrarse un número importante de viviendas deshabitadas en comunidades, y que requiere de atención desde instancias del Estado, para garantizar el resguardo del patrimonio de las familias y comunidades.

Dadas las condiciones de partida de algunos emigrantes de origen venezolano, fundamentalmente de aquellos que disponen de menor información, redes de apoyo y formación, esto advierte sobre el incremento de ciudadanos venezolanos y ciudadanas venezolanas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad con respecto a la protección de sus derechos humanos en países de destino, debido a conductas discriminatorias, xenofobia, escaso acceso a servicios de salud, educación, falta de empleo, explotación laboral y trata de personas. En ese sentido, es necesario que el Estado venezolano desarrolle políticas publicas orientadas a la protección de las personas migrantes, donde las misiones diplomáticas de la República Bolivariana de Venezuela en el exterior redefinan y amplíen sus actividades dirigidas a la atención de conciudadanos de forma programada, sistemática y orientada por criterios comunes.

En este sentido, es necesario valorar en la definición de las políticas públicas el intercambio académico y profesional, la movilidad de trabajadores y trabajadoras especializados y especializadas y la constitución de redes y asociaciones de migrantes, y orientarse de manera positiva, reconociendo a la población de origen venezolano residente en el exterior, como parte de una comunidad de intereses orientada al bienestar general.

Sin duda se reconoce el esfuerzo del Plan Vuelta a la Patria, pero se debe trascender del mero acto del traslado físico de compatriotas que fueron buscando un destino mejor en países vecinos, y fueron engañados. El Estado venezolano debe darles una nueva oportunidad, otorgándoles aquellas oportunidades negadas en otros tiempos, para que estos hermanos y hermanas no se convenzan que, sin criminalizar las razones por las cuales decidieron emigrar de Venezuela, se convenzan que en su Patria tendrán un destino y futuro mejor.

Por último es importante señalar, que la emigración comporta riesgos y oportunidades, tanto en lo individual como en lo colectivo, además de los impactos sociales tanto para los países que la sufren como de los países receptores. La retribución de personas residentes en el exterior a través de remesas al país, implica un apoyo significativo a sus familias, además de que algunos ven en esto una oportunidad de “negocios”, por lo que las políticas públicas deben revisar este tema, evaluando la posibilidad de que estos recursos derivados de la migración se conviertan en fuente de desarrollo para el país sin incrementar la desigualdad económica, o que sea utilizado como fachada para el financiamiento de grupos generadores de violencia para derrocar al Gobierno Nacional constitucional y legítimamente instaurado, y peor aún, conspirar contra el Estado- Nación y la forma republicana que nos hemos dado.

Estas son las conclusiones que presento sobre el desmontaje de las mentiras que se ha cernido sobre el tema de la migración venezolana. Agradecido con SURES, Cancillería, a los publicadores de aporrea y otros portales y medios alternativos por la paciencia y dedicación para la colocación de ilustraciones y gráficos explicativos de la presente investigación, así como de todos aquellos y aquellas que dieron su aporte y la hicieron posible, así como su publicación.

Juan Martorano

Abogado, activista por los Derechos Humanos, militante revolucionario y de la Red Nacional de Tuiter@s Socialistas

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