A poco más de once días para la culminación del año 2019, en artículos anteriores esbozabamos y denunciabamos que el sistema de Naciones Unidas está diseñado para la dominación, y de cómo a través de mecanismos de supuesta protección de Derechos Humanos, se pretende legitimar la invasión militar a Venezuela.

Prácticamente y por intermedio de estas líneas que escribimos, luego de los 4 dossiers que escribimos y publicados en portales como aporrea.org, ensartaos, barometro internacional y otros, dimos el tubazo de la segunda actualización de informe de Bachelet para el 18 de diciembre de este año (la segunda realizada, ya que la primera la efectúo el 9 de septiembre del presente año) donde ya no podemos decir que el mismo equipo del príncipe jordano Zeid Ra’ad Al Hussein (su antecesor en el cargo) y amigo de Diego Arria, le hicieron los informes. La misma Bachelet suscribe lo que ha venido leyendo, desde el informe del 5 de julio donde denuncia las supuestas violaciones del Estado venezolano en materia de Derechos Humanos, su posterior actualización en septiembre, y ahora la actualización de hace un poco más de dos días.

Pero, vayamos tomando en cuenta algunos elementos señalados por Bachelet en la referida actualización, con algunos comentarios.

«Solo han pasado doce semanas, pero en este tiempo hemos podido constatar algunos avances pero aún persisten serias carencias», señaló. No aclara la Alta Comisionada los avances, pero en su actualización, resalta las supuestas carencias.

Bachelet dijo que hay 118 personas privadas de libertad que requieren de una respuesta urgente por motivos de salud, retrasos judiciales, falta de ejecución de boletas judiciales de excarcelación, y/o por cumplimiento de pena, por lo que instó al gobierno de Nicolás Maduro a que acepte la visita del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias.

Este punto de la visita del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias lo advertimos en el dossier que escribimos, y que invito a los interesados e interesadas a revisarlo. De hecho, se espera en los próximos días la liberación de un conjunto de políticos presos, no sólo como parte de los acuerdos suscritos en la Mesa Nacional de Diálogo, sino para evitar que la Alta Comisionada nos siga “condenando” por aspectos como los señalados en el párrafo anterior.

Igualmente, exhortó a liberar incondicionalmente a todas las personas que están detenidas por motivos políticos, incluyendo militares, y que se otorgue libertad plena al ex diputado de Primero Justicia, Juan Requesens, quien ya lleva más de un año preso.

No señala Bachelet las implicaciones de Requesens y su participación activa en el magnicidio en grado de frustración en contra del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, integrantes de su Gabinete Ejecutivo, Alto Mando Militar y cabezas de ramas del Poder Público Nacional el 4 de agosto de 2018. Además de ello, es un ataque artero al sistema de administración de justicia venezolano, y una injerencia clara y evidente de esta funcionaria en asuntos internos de la República Bolivariana de Venezuela que contaría la Carta de Naciones Unidas.

Indica que en los últimos tres meses la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para DDHH logró realizar 9 visitas a centros de detención y entrevistar de manera confidencial a más de 70 personas privadas de libertad.

Olvida la Alta Comisionada que el 20 de septiembre firmó una Carta de Entendimiento, junto con el Canciller del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, que establece los términos de cooperación por un periodo renovable de un año. Esta Carta formaliza la presencia de dos oficiales de derechos humanos en Venezuela, concediéndoles acceso a todo el territorio, incluyendo a centros de detención, como lo señalamos en el correspondiente dossier.

Asimismo, la Carta de Entendimiento establece nueve áreas de cooperación técnica con instituciones del Estado, incluyendo la colaboración con el sistema de las Naciones Unidas en el país.

También se le pasó resaltar que la OACNUDH y las autoridades venezolanas han acordado un plan de trabajo conjunto para desarrollar las actividades de cooperación técnica. Para su implementación, se estableció un Comité de Coordinación inter-institucional que se reúne dos veces al mes.

Y no resaltó debidamente los dos talleres de capacitación para funcionarios/as del Estado que guiarán, durante el segundo semestre de 2020, el proceso de creación de un mecanismo nacional de seguimiento de recomendaciones de mecanismos internacionales de derechos humanos y la adopción de una metodología participativa e inclusiva para la formulación del Segundo Plan Nacional de Derechos Humanos.

Ni menciona tan siquiera la información de los organismos de justicia, seguridad y sistema penitenciario, así como de la Defensoría del Pueblo, con el fin de proporcionar, a partir del primer trimestre de 2020, asistencia técnica en materia de prevención de la tortura, investigaciones de ejecuciones extrajudiciales y la situación relativa a los centros de detención preventiva.

En tanto, se refirió a la crisis económica, y aseveró: «Tan sólo una minoría de la población con acceso a divisas puede cubrir regularmente los altos precios de los alimentos debido a la hiperinflación y la dolarización de facto de la economía. El salario mínimo sólo cubre actualmente el 3,5% de la canasta básica alimentaria»

Para nada menciona que en buena medida, esa situación económica es producto del asedio y bloqueo financiero, económico y comercial promovido por EEUU contra la República Bolivariana de Venezuela.

El informe también denunció que se siguen documentando ejecuciones extrajudiciales por parte de la FAES, en particular contra varones jóvenes. «Me preocupa los altos niveles de violencia, de la cual un concejal ha sido víctima», añadió.

No señala en lo absoluto los hechos terroristas ocurridos durante los años 2013,2014 y 2017 en el país, donde activistas de la oposición quemaban personas por el color de su piel, y por parecer “chavistas”. Además de ello, no es política de Estado las ejecuciones extrajudiciales como otrora, y la responsabilidad penal de los funcionarios policiales o militares que incurren en ese tipo de delitos es personalísima, y muchos ya están a la orden de tribunales.

Lo propio en cuanto a la violación de libertad de expresión, donde recordó que «recientemente el DGCIM detuvo a la coordinadora de un medio digital y la mantuvo incomunicada por 10 días. Ella aún se encuentra bajo custodia».

Tampoco recuerda la referida funcionaria la censura aplicada durante el Golpe del 11 de abril de 2002 a los partidarios del presidente Chávez, y el asedio y ataques a medios alternativos y comunitarios por parte de huestes fascistas vinculadas a la oposición.

También destacó que todavía hay presencia de grupos armados irregulares en el país, en especial en el estado minero de Bolívar y que la situación en Zulia es de precariedad.

«Larguísimas colas para comprar combustible y los cortes prolongados y reiterados de electricidad, que además afectan el suministro de agua. Los derechos a la salud y a la educación también han sido afectados», señaló, en torno a la entidad zuliana.

El caso de Bolívar, lo comentamos en artículos de años anteriores, con la presencia de mafias de oro, incluso de equipos de operaciones especiales de otros países incluso la presencia de paramilitares colombianos, las denominadas “nuevas tribus”, la CIA, el M16 y hasta el Mossad israelí por las riquezas que allí subyacen, y que el tema no es nada nuevo.

En el Zulia, al igual que buena parte del país, afrontamos un bloqueo de los aditivos y diluyentes para la producción de combustibles, porque evidentemente los hidrocarburos como materia prima los tenemos. Indudablemente esa falta de previsión nos tiene en la situación de pauperización en el suministro de combustibles que está afectando la mayoría de estados del país, y fundamentalmente en lo referido a la movilidad social que tiende a incrmentarse por estos días, de festividades navideñas y de fin de año.

Sobre el año 2020, que es electoral, dijo que le preocupa las inhabilitaciones de varios diputados. «Durante estos comicios se debe tener presente los derechos humanos y una solución para la actual crisis (…) Sobre las próximas elecciones, estamos trabajando con la comisión de asuntos políticos para garantizar y velar por el respeto de los derechos humanos durante los comicios».

Obvia ex profeso la Alta Comisionada la participación de esos parlamentarios en conspiraciones y que sus conductas configuran perfectamente los supuestos de hecho de nuestra legislación penal que ameritan las sanciones más enérgicas. El hecho de que los parlamentarios de la AN, Consejos Legislativos o Concejos Municipales posean inmunidad parlamentaria en el marco del ejercicio de sus funciones, no les da una patente de curso para delinquir. Por ello, se ha cumplido con los procedimientos previstos en nuestra Constitución y ordenamiento jurídico para permitir la prosecución de los procedimientos legales en contra de estos diputados, garantizando siempre el debido proceso y su derecho a la defensa.

Bachelet adelantó que en junio de 2020 presentará un informe completo sobre la delicada situación venezolana y que posteriormente será uno parcial.

«Mi oficina y yo seguiremos monitoreando y brindando apoyo a la situación de los derechos humanos en Venezuela», apuntó.

Fue lo que advertimos en el dossier que escribimos. Tenemos a la OACNUDH metida de cabeza en nuestro país, como ocurrió en su momento con César Gaviria, para ese entonces Secretario General de la OEA, en Caracas, en el año 2002. Gaviria declaraba casi todos los días y era más evidente su presencia. En el caso de los funcionarios de la OACNUDH, su presencia es más discreta y no se siente, pero no por ello menos peligrosa.

Entiendo que la diplomacia bolivariana de paz busque promover el multilateralismo y el respeto a las disposiciones de la Carta de Naciones Unidas, en virtud de los tratados y protocolos suscritos por nuestro país. Pero tampoco podemos validar mecanismos que ofendan la dignidad y la soberanía de la República Bolivariana de Venezuela, así formen parte del Sistema de Naciones Unidas.

Como es posible que luego que la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentara esta “actualización” de su informe sobre la situación de DDHH de nuestro país, cuando nuestro embajador Jorge Valero le replica y refuta punto por punto sus aseveraciones, las cámaras del Consejo de Derechos Humanos en ningún momento lo enfocaron. Eso causa mucha indignación.

En política una cosa es ser diplomático, y otra ser ingenuos, y ante esto no podemos pecar de ingenuidad.

Nos llenamos la boca al hablar del Comandante Hugo Chávez, pero no aplicamos su práctica y no seguimos su ejemplo. Actuamos cuales farisesos hipócritas en ocasiones.

Señalamos esto, porque en el famoso discurso del Comandante en las propias Naciones Unidas, cuando señaló que “Huele azufre”, el propio Comandante señaló que el sistema de Naciones Unidas debe ser replanteado y refundado. El actual ya colapsó y no sirve. Pero eso como que nuestros actuales gobernantes lo olvidaron.

Bachelet es una ficha del imperialismo. En su segundo mandato al frente de la Patria de Bernardo O Higgins, recibió a todos los relatores especiales de la OACNUDH. Claro, ya evidentemente estaba en campaña para el cargo que hoy ostenta, y no podemos esperar que actúe de una manera distinta a como lo viene haciendo ahora.

En ese sentido, me sumo a la recomendación dada por el escritor, abogado, dramaturgo e intelectual venezolano Luis Britto García, que lo escribimos en nuestro dossier, y que por la nueva agresión sufrida por la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, nos vemos obligados nuevamente a transcribir:

“Estimados amigos, peor que el sistema de Naciones Unidas es el sabotaje interno.

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos sólo puede visitar un país por invitación de éste, y la invitamos, conociendo los antecedentes de Bachelet y sabiendo que ni que fuera el arcángel Gabriel se puede someter a Venezuela al juicio de cualquier poder extranjero, pues los prohíbe el principio de inmunidad de nuestra CRBV. A pesar del informe sesgado de la Alta Comisionada, NO RETIRAMOS la invitación para que se instalara una oficina permanente de ACNUR en Venezuela, ni siquiera porque sabíamos que la dirigiría persona sistemáticamente hostil a nuestro país.

Ahora sólo falta que sometamos a nuestro Presidente al juicio de cualquier tribunal internacional. Cuando dejemos de ponernos voluntariamente en sus manos, dejarán de destruirnos”.

Cordiales saludos, Luis Britto.” (Destacado, resaltado y subrayado del articulista).

Y vaya que don Luis Britto García es una autoridad en la materia, ya que el formó parte de delegaciones nuestras en el exterior, y si no me equivocó, trabajo junto a Germán Saltrón en la oficina del Agente del Estado en materia de Derechos Humanos, la cual explicamos en los dossier anteriores.

Aún no hemos visto un pronunciamiento contudente del Estado venezolano ante estas aseveraciones de la Alta Comisionada, salvo la postura de Jorge Valero y de la Asociación Latinoamericana de Juristas. Pero de Cancillería, nada.

Ahí se las dejo.

-Juan Martorano es abogado y activista por los Derechos Humanos, militante revolucionario y de la Red Nacional de Tuiter@s Socialistas

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@juanmartorano