Estamos en presencia de un debate nacional respecto de los salarios ofensivos que a toda costa tratan de defender esa burocracia favorecida, cuyos emolumentos son verdaderamente una afrenta para la mayoría del pueblo mexicano, que vive en la pobreza y en la pobreza extrema.

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, después de que el Poder Legislativo aprobó la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, la cual ordena que ningún funcionario pueda ganar más que el primer mandatario, es decir menos de 108 mil pesos, la rebelión de los favorecidos no se ha hecho esperar.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación dio entrada a la controversia constitucional presentada por senadores de oposición y, de sorprenderse, por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, además mil 400 magistrados y jueces en conferencia de prensa afirmaron que no están dispuestos a que les bajen el salario casi a la mitad.

López Obrador ha dicho que el asunto de los salarios altos “no es un asunto de negocios, es un asunto de moral”.

Lo que más llama la atención, aunque ya estamos acostumbrados a sus desplantes, el presidente, precisamente de la CNDH, Raúl González Pérez, ahora defiende a los privilegiados al cuestionar la precarización salarial, al afirmar que se defienden derechos, no privilegios, y se comparte la premisa de que la austeridad permee la vida pública y se revisen las estructuras burocráticas más allá de los salarios.

En ese sentido, dijo, no debe estigmatizarse el servicio público; por lo contrario, debe fortalecerse para que sea opción de vida y se cuente con la burocracia especializada y profesional que permita y garantice el normal desarrollo de las instituciones con independencia de los cambios de gobierno y, a la vez, la preserve de ellos.

No obstante que ponderó que el ajuste a remuneraciones excesivas, insistió en que deben realizarse con parámetros objetivos, fundados en la Constitución, que no vulneren derechos, precaricen y debiliten el servicio público, y más allá del discurso que polarice y divida, asumiendo la virtud o los vicios de una persona en razón del tipo de cargo que desempeña, hablemos de méritos, capacidades y profesionalismo.

Con motivo de la declaración del ministro presidente de la Suprema, Luis María Aguilar Morales en sentido de que ni remotamente gana 600 mil pesos mensuales, el prestigiado colega Enrique Galván Ochoa, publica en su conocida columna “Dinero”, de la Jornada, un recuadro tomado de información oficial, donde después de sumar al sueldo anual del presidente del supremo tribunal los siguientes rubros: prima vacacional, aguinaldo, seguro de vida institucional, seguro de vida individualizado, estímulo de antigüedad, ayuda de anteojos y pago de riesgo, resulta que devenga un sueldo anual de 6 millones 234 mil pesos; en efecto, tiene razón Aguilar Morales, sólo gana 578 mil 186 pesos al mes.

Exacto, el debate de los salarios ofensivos “no es un asunto de negocios, es un asunto de moral”.

Teodoro Rentería Arróyave

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