La última cumbre de cambio climático finalizó sin avanzar en su principal tema de negociación: los mercados de carbono, un tema relevante para muchos países latinoamericanos que apuestan a reducir emisiones de gases de efecto invernadero por esta vía.

Los Órganos Subsidiarios de la Convención de Cambio Climático se reunieron en Bonn del 17 al 27 de junio con varios temas en la agenda. Pero el principal asunto a resolver era diseñar el esquema bajo el cual funcionarán los Resultados de Mitigación de Transferencia Internacional (ITMO por sus siglas en inglés), el nuevo nombre que se le dio en el Acuerdo de Paris (COP 21, 2015) a los genéricamente llamados “bonos de carbono”.

Se trata de una reducción de emisiones que se consigue en un determinado país pero que son adquiridas por otro con el fin de cumplir con sus propias metas de Contribución Nacional, unas metas de reducción de emisiones que están obligados a presentar todos los países firmantes del acuerdo. Este tipo de intercambio, conocido genéricamente como “comercio de emisiones” había adoptado varias formas tanto en el marco del Protocolo de Kioto como en otros mecanismos dentro de la Convención, así como también en mercados “no oficiales”, ajenos a la Convención, que no generaban créditos para los países adquirentes.

Este tipo de transacciones ha tenido en el pasado varias fallas y ha sido criticado de muchas maneras y sus deficiencias para cumplir con el objetivo de combatir el cambio climático han sido reconocidas en el seno de la propia Convención. A partir del Acuerdo de Paris, los diferentes modos de comercio de emisiones anteriores, que establecían diferencias entre países desarrollados y en vías de desarrollo en el contexto del Protocolo de Kioto, deben ser consolidados en unos modelos únicos que contemplen a todas las Partes.

Problemas

Varios desafíos tiene que enfrentar la Convención para darle nuevas formas a este viejo instrumento. Uno de los problemas principales es la llamada “doble contabilidad”: es decir, como evitar que una reducción de emisiones certificada en un determinado país y comprada por otro no sea contabilizado como cumplimiento de contribución en ambos países.

Otro tema clave es el de la integridad ambiental de las reducciones comercializables, para lo cual debe asegurarse que las actividades que sean objeto de este tratamiento no tengan impactos ambientales secundarios, sean sustentables y permanentes. Ha ocurrido un largo debate sobre estos asuntos durante las discusiones del Mecanismo de Desarrollo Limpio del Protocolo de Kioto que ahora vuelve a repetirse. Un caso típico dentro de este capítulo es el de las emisiones evitadas o la absorción por sumideros forestales: cómo garantizar que la nueva forestación no amenace los ecosistemas donde se inserta y como puede asegurarse su permanencia en el tiempo.

Otro tema es si se van a incluir como nuevos ITMOs los viejos Certificados de Reducción de Emisiones y los proyectos de Mecanismo de Desarrollo Limpio e Implementación Conjunta que vienen del Protocolo de Kioto. Si esto fuera así, habría que hacer varios ajustes a los parámetros de medición, contabilización y presentación de resultados para hacerlo compatible con los nuevos procedimientos y exigencias. Sea cual sea la resolución es probable que esto traiga consecuencias para los países y empresas por los derechos adquiridos que podrían verse afectados.

Las líneas de base son otro problema, presente en varios aspectos de las negociaciones pero particularmente en la determinación de las reducciones a comercializar. Se trata de demostrar como una actividad logra evitar emisiones que hubieran ocurrido en una línea de base imaginaria, que se iría a dar necesariamente en el futuro, si esa actividad no se produjera. La creación de estas “líneas de base” consecuentemente suelen tener la tendencia a construir escenarios “inflados” para demostrar mayores reducciones que las que realmente ocurren.

Consecuencias en América Latina

Este tema es clave para los países de la región latinoamericana pues muchos de ellos apelan a los mercados de carbono como forma de obtener recursos para reducir emisiones de gases de efecto invernadero. El Acuerdo de París obliga a todas las Partes a presentar las denominadas Contribuciones Nacionales, una declaración de metas de emisiones o reducción de emisiones, que pueden ser expresadas de diversas maneras: como metas absolutas, como porcentaje del total, en un sector específico, etc.

Si bien aún no está clara la forma en que será castigado el incumplimiento de estas metas, ni siquiera si lo será de alguna manera, lo cierto es que genera un compromiso que los países seguramente querrán cumplir. Pero una cosa es cumplirlos apelando a los fondos internacionales proveniente de los mercados de carbono y otra muy distinta es tener que hacerlo exclusivamente con inversiones propias.

Existe la posibilidad de que se imponga un límite a la cantidad de ITMOs que puedan adquirirse para el cumplimiento de las Contribuciones Nacionales. Esto ya existió en el pasado por ejemplo con la cantidad de absorción de emisiones que podía ser incluida en los proyectos forestales en el marco del Mecanismo de Desarrollo Limpio. Este tipo de límites es visto por varios países de la región como una regulación que menoscaba sus capacidades de obtener fondos por esta vía.

Sin embargo, un diseño poco regulado podría llevar a la implementación de inversiones y actividades productivas que no solo no reduzcan emisiones en las cantidades necesarias y comprometidas, sino que además puedan tener impactos negativos en otras áreas como la biodiversidad, los ecosistemas o las poblaciones locales. Ha habido variados ejemplos de este tipo de proyectos en la región amparados en los sistemas de comercio de emisiones vigentes hasta ahora.

Abundando en la negación

Pero los mercados de carbono son el territorio de debate de muchos otros desacuerdos. La posibilidad de tener un sistema de comercio de emisiones débil favorece a aquellos países que aún se aferran a la continuidad del uso de combustibles fósiles.

El Acuerdo de París se puso como objetivo “Mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 ºC con respecto a los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1,5 ºC con respecto a los niveles preindustriales”. Para dar cuenta de la diferencia de los impactos y las necesidades entre uno y otro valor, la misma decisión que aprobó el Acuerdo de París, invitó al Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés) a preparar un reporte especial que diera cuenta de la diferencias entre los dos escenarios de 1,5º C y 2º C. El organismo cumplió pero a varios países no le gustaron los resultados de manera que no fue posible incorporarlo como una verdad científica a las negociaciones. Varios países (entre ellos Arabia Saudita, Estados Unidos, Kuwait y Rusia) volvieron a oponerse en Bonn a aceptar el reporte del IPCC.

Con este resultado la Convención de Cambio Climático echa por tierra toda pretensión de alcanzar metas y regulaciones más exigentes y compromete aún más las escasas oportunidades que los humanos aún tenemos de evitar el cambio climático. El IPCC había dicho en este reporte, negado la semana pasada en Bonn, que el mundo necesita reducir a la mitad sus emisiones para el año 2030. Doce años que implicarían un esfuerzo enorme. Esfuerzo que claramente no será hecho, dados los resultados de esta reunión celebrada en Bonn.

-Gerardo Honty es analista de CLAES (Centro Latino Americano de Ecología Social)