Como ya es sabido en todo el mundo, los crímenes de lesa humanidad perpetrados por el terrorismo de Estado en la Argentina durante el período 1976-1983 incluyeron el despojo, mediante la tortura y la amenaza de muerte o el asesinato mismo, de los dueños de empresas que los militares, asesorados por civiles interesados, consideraban que debían cambiar de manos por razones de interés público.

Aquella era la época de los golpes militares a que los Estados Unidos acudían en América Latina como recurso para tumbar gobiernos y cambiarlos por otros reputados útiles, o dóciles, o aliados en la lucha contra el comunismo que esos mismos Estados Unidos libraban contra la Unión Soviética en el marco de la guerra fría y en sintonía directa con sus intereses expansionistas en el resto del mundo, abandonada ya, para esa época, la teoría de la "contención" diseñada por George F. Keenan en la segunda posguerra y sustituida por la teoría del desgaste y agotamiento de una URSS cuyas flaquezas estructurales la hacían precisamente vulnerable como para resistir una carrera con los Estados Unidos en los planos económico y militar.

De modo que el contexto institucional apto para la perpetración del latrocinio era, en el siglo pasado y en nuestro continente, la militarización del aparato del Estado, algo que ha venido a cambiar, paulatinamente, en este siglo XXI en el que la así llamada globalización derrama sus consecuencias sobre el conjunto de la sociedad mundial, lo que implica a los Estados nacionales, en particular y muy principalmente a sus sistemas institucionales y, nuevamente en particular, a sus poderes judiciales, devenidos herramientas abdicadoras de la función para la que habían sido creadas (la tutela de los derechos, la propiedad uno de ellos) y ahora puestas a punto, esas herramientas, para la persecución y el despojo de unos opositores que, si en el siglo XX eran perseguidos y robados mediando, casi siempre, el delito de homicidio, ahora lo son utilizando el encarcelamiento amañado de los dueños de las empresas cuya propiedad se procura para otros, por cuanto eso es lo que conviene al "interés público" no ya de la dictadura militar de Videla sino al del gobierno civil de Mauricio Macri.

Ayer, Papel Prensa sufría los rigores del terrorismo de Estado, mientras que hoy es el Grupo Indalo, cuya titularidad de domino reposa todavía, a despecho de las amenazas sufridas, en cabeza de López y De Sousa, uno de los actores que sufren ese anglicismo al uso denominado lawfare o guerra jurídica.

Entre otras actividades, Indalo adquirió, en el pasado reciente, el canal de cable C5N y algunas señales de radio, entre las cuales quizá la más conocida sea Radio 10. De Papel Prensa, cuyos dueños hoy son los medios hegemónicos Clarín y La Nación, todo se ha dicho ya acerca de la necesidad de investigar el turbio origen del traspaso del dominio desde el Grupo Graiver a sus actuales titulares. Por caso, lo ha recordado recientemente el periodista Ari Lijalad:

"Pasaron 40 años, pero lo que ocurrió ese 2 de noviembre de 1976 sigue impune. En las oficinas del diario La Nación, en Florida 343, un grupo empresario que estaba construyendo una fábrica de papel para diarios fue obligado a «ceder» sus acciones a los tres diarios más importantes del país, aliados en ese proyecto a la Dictadura militar más sangrienta de nuestra historia. Una historia escalofriante de robo, tortura y muerte que dio origen a la hegemonía de Clarín y La Nación" (http://www.nuestrasvoces.com.ar/investigaciones/asi-robaron-papel-prensa/).

Hasta hoy, ningún medio de prensa o dirigente político de los que cotizan en la bolsa del conocimiento popular había dicho ni media palabra acerca de la persecución a que vienen siendo sometidos Cristóbal López y Fabián de Sousa, dueños del citado Grupo Indalo y, en particular, del canal de televisión C5N, único medio opositor de cable con una audiencia masiva y de alcance nacional y, por ende, con un alto potencial de decodificar los relatos gubernamentales. Honorablemente y como tributo a la higiene pública, los portales El Cohete a la Luna y Resistencia Urbana han roto, hace poco, el ominoso silencio sobre un tema que requiere, como ninguno, de la denuncia constante, pues la ilegal prisión de los empresarios se mantiene en el tiempo, hasta hoy, como escandaloso remedo de un delito continuado perpetrado desde el Estado y porque ese es el arbitrario designio del gobierno actual.

Lo que está ocurriendo hoy en la Argentina de Macri en lo que hace al vínculo del Estado con empresarios opositores o poco sensibles a las presiones del gobierno es, ni más ni menos, lo mismo -o parecido- a lo que ocurría bajo la dictadura terrorista de Videla: se los amenaza para que vendan sus empresas y, si se niegan, se los encarcela.

En efecto, el señor Fabián de Sousa acaba de denunciar expresamente al propio presidente de la Nación, Mauricio Macri, como el apretador que los conminó, desde 2015 en adelante, a poner dicho canal al servicio de la campaña de "informaciones" orientada a destruir la imagen pública de la ex Presidenta Cristina Kirchner o, en su defecto, "atenerse a las consecuencias".

Estas consecuencias comenzaron a cobrar dramática vigencia, a partir de esa fecha, debido a que el nombrado y su socio, el empresario Cristóbal López, se negaron terminantemente a aceptar las presiones que les hizo el actual presidente Macri. Corolario, que en un país bajo condiciones normales debería ser un escándalo jurídico y político: Cristóbal López y Fabián de Sousa fueron encarcelados en el mes de diciembre de 2017, recobraron su libertad en marzo de 2018 y fueron encarcelados nuevamente en abril último. Con el agregado de que a los jueces que dispusieron esa libertad que resultó transitoria, se los echó virtualmente del poder judicial.

El dramatis personae de la tragedia argentina de hoy muestra, sobre un fondo coral de gente que muere de frío y de otras gentes que toleran ese horror porque el paseo del bajo quedó lindo y el Metrobús está re-bueno, a un presidente de la Nación que pide públicamente la destitución de un juez (Ramos Padilla) para sustituirlo por "otros jueces que nos representen", sin que los medios que "forman opinión" escriban una sola línea para denunciar ese escándalo de gravedad institucional mayúscula. Ese es el presidente que, si pidió públicamente la cabeza de Ramos Padilla, también ha de haber sido quien dispuso echar a Ballestero y trasladar a Farah porque habían dispuesto, en la aludida fecha de marzo de 2018, la libertad de López y De Sousa.

A Cristóbal López y Fabián de Sousa les imputan un delito que, si se hubieran plegado a la campaña contra CFK, no les hubieran imputado jamás. Ese presunto delito es una deuda que Oil Combustibles (otra empresa del Grupo Indalo) habría contraído con la AFIP por ocho mil millones de pesos. Más allá de que Oil combustibles no era agente de retención del impuesto reclamado y, por ende, el delito imputado devenía imposible, lo cierto es que oportunamente la empresa procuró, para preservar la fuente de trabajo, pagar una parte en efectivo y el resto en un plazo que no excedía de los tres años. A la AFIP le convenía, pues no es la primera vez que acuerda con un deudor moroso el pago en esa forma, pero como no se trataba de un asunto técnico vinculado al derecho tributario sino de una operación política para robarle las empresas al Grupo Indalo, rechazó la propuesta y le prohibió a Oil Combustibles acceder a una moratoria. De ese modo, el Estado argentino se privó de verificar su crédito en el concurso de Indalo. La verificación de créditos tiene, según la ley de Quiebras, dos efectos, ambos trascendentes: interrumpe la prescripción e impide la caducidad del derecho y de la instancia. La mala praxis de la Afip impidió, en perjuicio del Estado, ambos efectos, pero nada importó pues, como queda dicho, la Afip de Macri no está para actuar a favor del Estado sino en contra de los empresarios que el gobierno reputa enemigos.

Estos empresarios que hoy siguen encarcelados por no ceder a las presiones del gobierno no sólo no se han dejado presionar sino que han denunciado la tentativa de despojo de sus bienes incoando una denuncia por asociación ilícita y administración fraudulenta contra el presidente de la nación argentina, contra su pariente Nicolás Caputo y contra funcionarios integrantes de lo que, de comprobarse las imputaciones, sería una aparcería para delinquir en poblado y en banda.

La denuncia de De Sousa recayó en el juzgado federal servido por la Dra. María Romilda Servini de Cubría quien delegó la intervención en el titular de la fiscalía federal Nº 9, Dr. Guillermo Marijuán. De Sousa, para mayor escándalo institucional, pudo identificar tres lugares donde se habrían celebrado las reuniones con la participación del propio Mauricio Macri: la Usina del Arte ubicada en la calle Caffarena en el barrio de la Boca, las instalaciones del gobierno de la CABA en Parque Patricios y la casa del padre del Presidente en Palermo Chico.

Reiteramos para conocimiento del público que alberga expectativas de que, bajo el gobierno de Macri, la Argentina se parecerá, en breve, a Canadá o a Australia, que una banda de forajidos de guante blanco y cuello de percal, ha estado apretando miserablemente a dos empresarios argentinos para que pusieran su Canal C5N y sus radios al servicio del delito que significaría calumniar a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner con el fin de destruirla políticamente y sacarla del juego electoral.

Estamos en presencia de analogías históricas, no sólo porque lo actuado por la banda denunciada por De Sousa no difiere, en lo sustancial, del proceder inauditamente mafioso mediante el cual Papel Prensa habría sido robada a sus legítimos dueños, sino también porque la apelación a la fuerza bruta y al delito atroz han sido, a lo largo del cansado trashumar de las instituciones argentinas, el recurso de los que, cuando no tenían votos, recurrían al terrorismo de Estado, nítidamente viva, en ese proceder criminal, la temeraria actitud que el gobierno de Macri repite ahora para silenciar voces que no aceptan el modelo de país neoliberal, primarizado y pobre y que, en cambio, toman partido por la Argentina industrial, inclusiva y abierta a un mundo multilateral y sin hegemonías, y de paz y no de guerras criminales que procuran derrocar gobiernos que son tales porque en ese rol los instauró la soberana voluntad del pueblo.

López y De Sousa siguen presos. Esa prisión es una persecución política. Desde el Estado se está delinquiendo. Y el presidente que quiere tener "jueces que lo representen" sin que la Corte Suprema haya dicho ni mu, deberá hacerse cargo, en un Estado de Derecho, de los extravíos a los que lo ha conducido su miserable dependencia de la geopolítica de Washington para Latinoamérica.

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