En 2005, el gobierno de Vicente Fox dio a conocer la Ley de seguridad nacional, esfuerzo importante por normar los servicios de inteligencia en México. Como es sabido, a diferencia de Estados Unidos, en México, los servicios de inteligencia, tanto los surgidos en el gobierno de Miguel Alemán en 1947 -trátese de la Dirección Federal de Seguridad o DFS, y la Dirección General de Investigaciones Políticas o DGIP- como a posteriori, han dependido directamente del ejecutivo, lo que ha coadyuvado a un uso que no necesariamente abona a la seguridad nacional sino, especialmente, a la del régimen. Esfuerzos los ha habido, por iniciativa propia o por presiones internacionales -como cuando el agente de la DEA, el Kiki Camarena fue asesinado en 1985, presuntamente por agentes de la DFS, lo que llevó al entonces gobierno de Ronald Reagan a pedir a su contraparte mexicana, que efectuara cambios de fondo en las estructuras de seguridad del Estado- para contar con servicios de inteligencia profesionales, destinados a proveer de información relevante a los tomadores de decisiones, y ello en aras de promover el interés nacional.

Sin embargo, desde 1947 hasta el momento en que el presidente Miguel de la Madrid decidió desaparecer a la DFS y a la DGIP y crear la Dirección de Investigación y Seguridad Nacional (DISEN), los servicios de inteligencia trabajaron para el régimen, suprimiendo el disenso y a la oposición política, reprimiendo movimientos sindicales y estudiantiles, etcétera. De hecho, la DISEN se nutrió de ex agentes de la DFS. Un poco después de su creación, el gobierno de Carlos Salinas de Gortari dispuso el nacimiento del Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (CISEN) en 1989, que arrancó, una vez más, desde el ejecutivo, ahora con la idea de integrar una burocracia civil, especializada en temas de inteligencia, tomando como modelo a la Agencia Central de Inteligencia (CIA), aunque con una clara discordancia en los tiempos -la CIA nació en 1947, tras el Acta de Seguridad Nacional que aprobó el Congreso de EEUU y que le confirió la autoridad para supervisar y transparentar las actividades de los servicios de inteligencia. En sus primeros años, el CISEN reclutó a jóvenes egresados de universidades para formarlos en las tareas de inteligencia y, a la larga, contar así, con los recursos humanos necesarios para llevar a cabo tareas sensibles para la seguridad del Estado mexicano.

El CISEN, en sus casi seis lustros de vida, tuvo altibajos, explicables, las más de las veces, porque quedó atrapado en las políticas del gobierno en turno. A falta de políticas de Estado, cada gobierno en un lapso sexenal, decidía lo que, a su entender, era “lo mejor” en materia de inteligencia. Salinas de Gortari, por ejemplo, echó a andar al CISEN, en parte porque, tras el manoseado proceso electoral de 1988, tanto los partidos de oposición como la sociedad civil organizada planteaban un enorme desafío al régimen. Ello explicaría por qué, a pesar de que el CISEN ya tenía algunos años de existir, se produjo la insurrección zapatista del 1 de enero de 1994 sin que los servicios de inteligencia hubieran advertido lo que se estaba cocinando en los Altos de Chiapas. Hay quienes sostienen que el presidente Salinas de Gortari sabía perfectamente lo que estaba ocurriendo en ese lugar y prefirió callarlo para que no entorpeciera la ratificación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) con Estados Unidos y Canadá. Otros más especulan que los servicios de inteligencia estaban muy ocupados “haciendo otras cosas” -por ejemplo, espionaje político- y que, por esa razón, no advirtieron lo que sucedía en Chiapas. Luego vino el asesinato de Luis Donaldo Colosio, el de José Francisco Ruíz Massieu y, la cereza en el pastel fue el “error de diciembre” de 1994. La pregunta más frecuente ante esos hechos era “¿dónde están los servicios de inteligencia?”.

Con el arribo de Fox a la Presidencia, se encargó un diagnóstico sobre el CISEN a Eduardo Medina Mora, su titular, quien hizo una valoración muy desfavorable sobre la institución, lo que dio la pauta para que el Presidente estrangulara financieramente a la agencia, mermando sus actividades, lo que condujo a deserciones y a que la inteligencia para la seguridad nacional quedara muy mermada. Los argumentos de Fox, muy parecidos a los esgrimidos por el actual presidente López Obrador, eran que el CISEN había servido para hacer espionaje político a favor del régimen. Fox ordenó la apertura de archivos clasificados sobre movimientos estudiantiles y movimientos sociales. Medina Mora, por su parte, señaló en el diagnóstico respectivo, que la institución no había cumplido con las tareas que se le asignaron, que producía productos -valga la redundancia- irrelevantes para la seguridad del Estado y que sobredimensionaba las amenazas, amén de realizar tareas de carácter político que no abonaban a la seguridad nacional. La ley de seguridad nacional vendría siendo el corolario de esa administración, encaminada a normar las actividades de inteligencia para evitar “malos usos” en el futuro, o al menos esa parecía la razón de ser de esa norma.

En contraste con Fox, el gobierno de Felipe Calderón consideró relevante al CISEN y reforzó sus actividades de capacitación, tecnología, equipamiento, etcétera. Al declarar la guerra a la delincuencia organizada, elevando sus actividades al rango de “amenaza a la seguridad nacional”, las autoridades requerían información de inteligencia para enfrentar al adversario. Al convertir a las actividades de los narcotraficantes y cárteles en amenas a la seguridad nacional, Calderón pudo echar mano de las fuerzas armadas en tareas que, de otra forma, correspondían a las instituciones responsables de la seguridad pública. En este rubro también creó una súper Secretaría de Seguridad Pública a cargo de Genaro García Luna, con la encomienda de contar con una policía profesional, científica, capacitada y con capacidades de inteligencia. Los apoyos que esta última dependencia recibió, contrastaron con los otorgados a fuerzas armadas, lo que, naturalmente, generó problemas de coordinación interinstitucional entre todas las entidades a cargo de tareas de seguridad. El saldo: más de 70 mil muertos en el sexenio como resultado de las acciones de la delincuencia organizada.

En el gobierno de Enrique Peña Nieto, en términos generales, se mantuvo la línea dispuesta por Calderón, con las fuerzas armadas como punta de lanza en el combate de la delincuencia organizada, aunque se desmanteló buena parte de lo hecho en materia de seguridad pública por García Luna. Su saldo: más de 125 mil víctimas de la violencia a manos de la delincuencia organizada.

A continuación, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador dispuso la desaparición del CISEN, con una narrativa similar a la de Vicente Fox. Claro que éste no se atrevió a desaparecer a la institución, a la que, como se explicaba, mermó considerablemente tanto en términos materiales como humanos. En contraste, para López Obrador, la utilidad del CISEN no sólo fue puesta en duda, sino que decidió la apertura de archivos clasificados -muchos de ellos con información sensible para la seguridad nacional- para el escrutinio público. López Obrador decidió crear el Centro Nacional de Inteligencia en sustitución del CISEN, y que, a diferencia de este -que era un órgano desconcentrado dependiente de la Secretaría de Gobernación- pasaría a estar bajo la tutela de la nueva Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), entidad responsable, en esencia, de tareas de seguridad pública.

Evidentemente no es lo mismo el trabajo de inteligencia para la seguridad nacional que para la seguridad pública. En el primer caso, el propósito es procesar/generar información relevante para el interés nacional y, por ende, para garantizar la supervivencia del Estado. En el segundo caso, se trata de anticipar todo aquello que afecta al orden y la paz pública, de abonar a la prevención de delitos contra las personas y/o sus bienes. No tener clara esta distinción, resulta preocupante, para decir lo menos.

La confusión que aqueja al gobierno actual en torno a la seguridad pública y la seguridad nacional no es algo nuevo y, de hecho, tiene una explicación que puede remontarse al siglo XIX. En los tiempos en que el joven México perdió más de la mitad de su territorio a manos del poderoso Estados Unidos, apareció una suerte de “resignación” y “aceptación” de parte de las autoridades nacionales de que no era posible contar con fuerzas armadas para enfrentar a un adversario como el vecino país del norte. Esto también explica la ausencia de normas claras respecto a la seguridad pública y el trabajo de la policía -si tienes ejército ¿para qué quieres policías? De manera análoga: si tu “enemigo externo” es invencible, lo mejor es que te dediques al “enemigo externo”, quien quiera que este sea. Así, mucho del trabajo de fuerzas armadas fue sobre todo para tareas de control interno. Sin ir más lejos: en la Constitución de 1917 no hay ninguna mención a la policía ni sus funciones. No fue sino hasta 1994 que se establecieron parámetros para normar el trabajo policial y se buscó su profesionalización, capacitación y dignificación. Sin embargo, hay un gran camino por recorrer para llegar a un escenario en que la seguridad pública sea tutelada por el trabajo de policías profesionales.

Mientras esto ocurre, las autoridades dispusieron la creación de la Guardia Nacional que, en principio, viene siendo una suerte de “híbrido” que, se supone, desarrollará tareas de seguridad pública, pero con integrantes procedentes sobre todo de las fuerzas armadas. Es decir que una vez más, en pleno siglo XXI se evidencia la confusión entre seguridad pública y seguridad nacional, con afirmaciones preocupantes de parte del Presidente como “si por mí fuera, desaparecería el ejército”. El razonamiento es, entonces: “si tienes Guardia Nacional, ¿para qué quieres policías y ejército?”.

Es en medio de estas indefiniciones que se habla de una reforma a la Ley de seguridad nacional de 2005, que, como se explicaba, fue una norma pensada para los servicios de inteligencia del Estado, o bien, para regular al CISEN. Pero, si el CISEN ya no existe, y en su lugar se creó la figura del Centro Nacional de Inteligencia que, al operar bajo la sombrilla de la flamante SSPC, se espera que produzca inteligencia para la seguridad pública… ¿qué sentido tiene cambiar la ley de 2005, siendo que la institución a la que regularía ya no existe? Más grave es que, tal parece que el gobierno mexicano carece en estos momentos de una institución civil capaz de producir inteligencia para la seguridad nacional. Ello es preocupante, dado que deja sin información estratégica a los tomadores de decisiones de cara a los numerosos flagelos antrópicos y de otra naturaleza que enfrenta México.

A manera de reflexión final, es evidente que en México hay un desconocimiento mayúsculo en torno a la inteligencia en general, y a la que se aboca a tareas de seguridad nacional en particular. Esto es explicable por la manera en que las autoridades han empleado los instrumentos de seguridad del Estado para beneficiar al régimen. Sin embargo, en una democracia el trabajo de inteligencia es fundamental para coadyuvar a la seguridad. Más que una reforma a la ley de seguridad nacional se requiere involucrar al poder legislativo en tareas de inteligencia, de manera que pueda transparentar y llamar a cuentas a los órganos de inteligencia, terminando con la discrecionalidad que los ha caracterizado. Sin pretender que sea un modelo, el Acta de Seguridad Nacional de 1947 en Estados Unidos, fue la punta de lanza para generar servicios de inteligencia civiles, permanentes y profesionales, que si bien han tenido altibajos -ahí está la pifia del 11 de septiembre de 2001- son llamados a cuentas por las comisiones de inteligencia del Congreso y ello disminuye su discrecionalidad y opacidad.

Por cierto, a propósito de la CIA, es muy interesante el trabajo de divulgación que realiza en beneficio de la sociedad estadunidense -y de quien quiera tener un mayor acercamiento al trabajo de esta institución. En su página www.cia.gov, el internauta se encontrará con documentos e información sobre inteligencia en todas sus vertientes, desde los recursos humanos hasta las tecnologías. Destaca también las oportunidades de empleo, donde el/la interesad@ puede revisar el perfil solicitado en las vacantes. Pero lo más interesante es la “Kid’s zone”, la “CIA para niños” donde niños y adolescentes pueden conocer más sobre inteligencia y la importancia de la misma para la seguridad de la nación estadounidense. Con ello se combate la desinformación que pudiera existir en torno a la CIA y la inteligencia y hasta se genera empatía con la sociedad, la que valora el trabajo de la agencia y su personal. En México los especialistas, cursos y publicaciones sobre inteligencia escasean y ello, aunado al desconocimiento y la mala percepción social -y gubernamental- sobre el trabajo de inteligencia y sus instituciones, coadyuva a perpetuar los desencuentros entre todos los actores involucrados, en momentos en que más que nunca se requiere de un trabajo coordinado, debidamente estructurado y planeado y que sea apoyado por la sociedad en aras de construir un México más próspero y seguro.

-María Cristina Rosas es profesora e investigadora en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México

https://www.etcetera.com.mx/opinion/nueva-ley-seguridad-nacional-cisen-guardia/