Tres años atrás, a pocos meses de asumir, el presidente Mauricio Macri vetó la ley antidespidos votada por el Congreso de la Nación, uniendo de esta forma una especie de hilo temporal con la decisión tomada hace más de 53 años por el entonces presidente Arturo Umberto illia, quien el 19 de mayo de 1966, en los últimos tramos de su gestión, tomó una medida de características similares -veto parcial- contra la ley de contrato de trabajo que se había aprobado inicialmente el 27 de octubre de 1965 en la Cámara de Diputados de la Nación.

A diferencia de la vetada por Macri, en la que el proyecto fue impulsado por la oposición peronista, en el ’66, la iniciativa fue propuesta por la entonces oficialista Unión Cívica Radical del Pueblo (UCRP), hoy Unión Cívica Radical.

Además de esa diferencia política, la ‘Ley de Despidos’, como se la denominó entonces, incluía otros aspectos complementarios, que no fueron vetados, que la asimilaban, de alguna manera, a la propuesta contemporánea que impulsaba el Frente Renovador (FR), ahora integrante del Frente de Todos, que encabeza el dirigente bonaerense Sergio Tomás Massa.

Dicha ley había sido redactada por el sindicalista Bernardo Luis Morera, por esa época secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio porteño cuya federación nacional encabezaba Armando March, ambos socialdemócratas afines a la conducción radical y dirigentes claves del sector de los llamados “Independientes” que constituían la segunda fuerza en la Confederación General del Trabajo (CGT).

Por entonces, la central obrera era liderada por el peronista José Alonso, y cuyo tercer bloque era el Movimiento de Unidad y Coordinación Sindical (MUCS) conducido por los comunistas.

El tratamiento de la ley llevó siete meses entre ambas cámaras legislativas desde que se iniciara el tratamiento de las reformas impulsadas por Morera y la presentación formal en el Congreso estuvo a cargo del diputado Roberto Pena, dirigente radical bonaerense de Avellaneda. Pena, una década y media más tarde, fue uno de los dirigentes que impulsó la creación del alfonsinismo como línea interna en la Provincia de Buenos Aires.

Si bien Pena realizó la presentación, el impulsor clave del proyecto fue el vicepresidente Carlos Humberto Perette, un entrerriano que en materia económica representaba, en los hechos, al ala más de izquierda de la UCRP, que daba su apoyo al naciente sistema financiero de sectores medios impulsado por el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos (IMFC), cuya máximo expresión es hoy el Banco Credicoop.

La estrategia de Morera, Pena y Perette fue la de hacer crecer al sindicalismo ‘no peronista’ que con la sanción e implementación de la referida ley hubiera llegado “al Olimpo”, para convencer a los trabajadores de las ventajas que podía representar la norma de cara a la lucha que mantenían con la “burocracia” sindical.

La norma reformaba la Ley 11.729, centrada en su origen en la actividad laboral mercantil y que fuera sancionada en 1933 durante la presidencia del general Agustín Pedro Justo, siendo Federico Pinedo su ministro de Economía y Raúl Prebisch el impulsor de grandes cambios como la creación del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y las Juntas Reguladoras, que más de tres décadas después se seguía utilizando globalmente como norma genérica de trabajo con algunas modificaciones que le había introducido Juan Domingo Perón.

El proyecto de Morera-Pena fue avalado por el oficialismo y sectores de la oposición, dentro de la cual había un número de peronistas entre los que se encontraba el sindicalista metalúrgico Narciso Paulino Niembro, presidente por entonces del Club Atlético Nueva Chicago, quién en 1965 ganara las elecciones en la hoy Ciudad Autónoma de Buenos Aires encabezando una lista que también fuera apoyada por el Partido Comunista (PC), por entonces proscripto.

La iniciativa fue aprobada por más de dos tercios de los diputados pero al pasar al Senado se desataron las presiones empresarias entre las que se contaron la del presidente del estatal Banco Industrial, José Luis Cantilo y el estanciero radical Pedro Duhalde, quienes lograron que el proyecto aprobado el 27 de octubre de 1965, 54 años atrás, en la cámara baja se demorara lo suficiente para provocar el enojo de los sindicalistas amigos del gobierno quienes hicieron centro en los despidos que se estaban produciendo en ese momento ante los incrementos indemnizatorios que establecía la iniciativa.

Los “independientes”, que estaban distanciados de la CGT oficial, exigieron el tratamiento de la ley en sesiones extraordinarias ya que en caso contrario se iban a sumar a los reclamos peronistas que, entre otras cosas, soltaban tortugas en la Plaza de Mayo con la caparazón pintada con el nombre “Illia” quien, finalmente, debió acceder e incluir el tratamiento del proyecto con media sanción con vistas a su aprobación en el Senado.

Con enmiendas, la Cámara alta la aprobó el 27 de enero de 1966 accediendo a reclamos empresarios. Estos fueron rechazados el 17 de marzo, por los diputados, al punto que el presidente del bloque oficialista, Raúl Fernández, trató de “reaccionarios” a sus correligionarios senadores porque entre sus arreglos habían excluido de los beneficios de la ley a los trabajadores rurales. Finalmente no fueron aceptados por el Senado en la sesión realizada el 27 de abril, donde decidieron mantener su tesitura.

El 29 de abril, los diputados le dieron sanción definitiva rechazando las exclusiones con excepción de los marítimos y así el Poder Legislativo envió al Ejecutivo el nuevo texto el miércoles 4 de mayo de 1966. El presidente Illia debía promulgarlo o vetarlo antes del 19 de abril, ya que de lo contrario quedaría automáticamente promulgado.

En ese marco, la Acción Coordinadora de Instituciones Empresarias Libres (ACIEL), por las grandes corporaciones, y la Confederación General Económica (CGE), por las pequeñas y medianas firmas, le reclamaron el veto a Illia quien las derivó al ministro de Economía, Juan Carlos Pugliese, quién ya había hablado con el por entonces presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Juan Martín Oneto Gaona, mientras abundaban las solicitadas patronales y sindicales y los medios periodísticos impulsaban debates entre las partes involucradas.

Lo más cuestionado por los empresarios era la suba del tope indemnizatorio de 5.000 pesos por año a un mínimo de $ 47.250 ajustable sobre la base de tres veces el salario-mínimo.

Las otras objeciones más serias eran que las huelgas no eran causa de despidos aunque fueran declaradas ilegales y que los empleadores, cuando tercerizaban parte de sus actividades, como las automotrices y las constructoras, también debían hacerse responsables por la relación entre sus contratados y sus asalariados, amén de los efectos retroactivos que incluía la reforma aprobada.

Finalmente, Illia decidió acceder a los reclamos empresarios y así, el 19 de mayo, vetó 60 de los artículos de la ley, con lo cual la misma quedó vaciada de contenido.

Illia, al romper con sus amigos sindicalistas, dio pie al golpe del 28 de junio, que tuvo el apoyo de la cúpula peronista de la CGT y la pasividad de los “Independientes”.

- Fernando Del Corro es periodista, historiador, docente en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires.

Publicado en: www.marcelobonelli.com.ar