La revelación de que siete niños murieron en un bombardeo militar y que continúan las ejecuciones extrajudiciales vendidas como muertes en combate, detonó malestar tanto en los detractores como los defensores del ministro colombiano de Defensa Guillermo Botero, tras la moción de censura presentada en su contra, que lo dejó con un pie fuera del gabinete.

Muy golpeado salió el ministro Botero de su debate de moción de censura. La oposición, los liberales y Cambio Radical anunciaron que pedirán su salida del cargo. Al concluir el debate en el Senado, se quedó sentado por media hora, rodeado por la cúpula militar, sus asesores, para luego recibir la arenga del muy contrariado expresidente y ahora senador Álvaro Uribe

Era la segunda moción de censura que el ministro de Defensa afrontaba en los 14 meses desde que ocupa el cargo. El senador Roy Barreras, que hace dos semanas había puesto contra las cuerdas al ministro a quien calificara de haber fracasado al frente de la política de seguridad, se destapó con dos informes de Medicina Legal que lo destrozaron.

Uno, del caso de Flower Trompeta, un líder campesino que apareció muerto en el Cauca a quien las autoridades lo dieron como muerto en un combate contra disidencias de la guerrilla. Barreras señaló que se trató de otro falso positivo, de otra ejecución extrajudicial “vendida como muerte en combate”. El dictamen de Medicina Legal demuestra que lo mataron “fusilado por la espalda con tiros de uno en uno”.

Pero el golpe mayor fue la revelación sobre un bombardeo contra las disidencias de las Farc, en el que fallecieron al menos siete menores de edad, presentados como “delincuentes muertos en desarrollo de operaciones militares”.  En su momento, el presidente Iván Duque calificó de "impecable" y "meticulosa" la operación en la que murieron siete niños

En medio de las reacciones adversas por el rearme de Iván Márquez y otros jefes de las Farc, el 30 de agosto el presidente Iván Duque y el ejército anunciaron un operativo exitoso en San Vicente del Caguán: fue bombardeado un campamento de una disidencia de las Farc en el que murió su jefe Rogelio Bolívar Córdoba, alias Gildardo Cucho, junto a 14 de sus hombres.

 “Ministro, usted le escondió a Colombia que ese día de septiembre bombardeó siete niños y quizás son cuatro más, porque las pruebas de Medicina Legal muestran que otros cuatro cuerpos llegaron tan despedazados, que solo pudieron identificar que tenían menos de 20 años. Llegaron restos de cadáveres que se calculan están entre los 15 y 20 años”, dijo Barreras.  

El expresidente Uribe ratificó la validez del bombardeo en Caquetá en septiembre, que dejó como saldo siete menores muertos, advirtiendo que se desconocía su presencia al momento de hacer el operativo. Eso sí, dijo que él sí hubiera comunicado los hechos. “Si hay unos niños que están en el campamento de un terrorista, ¿qué supone uno? ¿Llegarían allá por su curiosidad a jugar fútbol o fueron reclutados por el terrorista?”, manifestó.

Extrañamente, en los 45 minutos que tuvo el ministro Botero para defenderse, nunca se refirió al caso de Flower Trompeta ni al bombardeo en el que murieron los menores de edad. Fue el mismo Uribe que pidió una moción de orden para que Botero que se pronunciara y entonces Botero reconoció que el ministerio no tenía conocimiento de la presencia de niños en dicho campamento, pero advirtió que el operativo se desarrolló bajo las reglas del Derecho Internacional Humanitario. 

Para que el ministro sea destituido de su cargo se necesita la mayoría absoluta de la plenaria del Senado que se constituye con 55 votos (de 108). Se da por descontado que la oposición votará por la salida de Botero, a los que se debe sumar los votos del Partido Liberal y Cambio Radical.

El asesinato de Dimar Torres

El día en que el ministro Guillermo Botero dijo a los medios de comunicación que el desmovilizado excombatiente de las FARC Dimar Torres había muerto en medio de una refriega, el subteniente John Javier Blanco Barrios se debatía entre contar la verdad o quedarse callado. Optó por lo primero, y lo echaron del Ejército.

El 24 de abril, dos días después de la muerte del desmovilizado de las Farc, Botero sostuvo que Dimar le había intentado arrebatar el fusil a Daniel Eduardo Gómez Robledo, cabo segundo del Ejército. La Fiscalía desvirtuó esa primera versión del ministro: a Gómez Robledo le imputó el delito de homicidio en persona protegida, ya que entre él y la víctima no hubo refriega alguna. Se trató de un asesinato a sangre fría y en estado de indefensión.

Según la revista Semana, la Fiscalía tiene en sus manos chats, testimonios y documentos que indicarían que detrás de la ejecución extrajudicial hubo un plan macabro liderado por el teniente coronel Jorge Armando Pérez Amézquita, hoy en libertad.

“A ese ‘man’ no hay que capturarlo, hay es que matarlo porque no aguanta que se vaya de engorde a la cárcel”, escribió el oficial en un grupo de WhatsApp, que Gómez Robledo creó con el nombre de “Dimar Torfres” para reportar los seguimientos. No tenían una orden judicial para ello.

El subteniente Blanco y varios soldados más entregaron a la Fiscalía pantallazos de chats y contaron lo que sabían del plan para asesinar a Dimar. De ese modo, el coronel Pérez y los soldados Alarcón, Buriticá y Casilimas quedaron en el radar como coautores del asesinato.