La tradición oral boliviana señala que en el país hubo más golpes de estado que años de independencia. Más allá de la veracidad de este aserto, es indudable que varios períodos estuvieron signados por esa clase de sucesos; los hubo de toda duración y modalidad, incluyendo el peculiar narcogolpe de L.García Meza.

A pocos días del último asalto a la democracia se puede afirmar que el presente golpe cuenta con algunas características singulares. En primer lugar, fue detonado por numerosos sectores de la Policía, una corporación mafiosa que cuenta sin dudas con el servicio de inteligencia más vasto y eficiente, que opera tanto para perseguir delincuentes como en beneficio de los pillajes propios. En segundo lugar se ubica la apelación a ciertos símbolos y preceptos religiosos del cristianismo conservador, utilizados como instrumentos disciplinadores y factor de confrontación con una sociedad pluricultural considerada como lastre (¿se trata de uno de los presupuestos ideológicos para una futura balcanización funcional a los intereses del Departamento de Estado de los EEUU?). En tercer lugar se encuentra la rauda disposición de las FFAA para reprimir y masacrar, a pesar de los múltiples recitados de patriotismo y defensa de la soberanía en años recientes, que resultaron una hábil comedia. Tal y como en la tradicional fábula de la rana y el escorpión, no lograron desembarazarse de su propia identidad criminal. La ponen de manifiesto asesinando a personas inermes y vuelven a ser coherentes con su historial: las únicas batallas ganadas por las FFAA bolivianas fueron contra campesinos, amas de casa y trabajadores desarmados, o contra guerrilleros famélicos y en harapos.

Una cuarta característica de este golpe de estado es el ejercicio procaz de la kakistocracia (o “gobierno de los peores”). Comenzamos con la propia Autoproclamada Añez, que cuenta con un franco historial de racismo y discriminación de tipo colonial al cual se agrega ahora su voluntad de sentarse sobre bayonetas. Es conveniente recordar que en las últimas elecciones su agrupación obtuvo un mísero 4% de los votos (cuatro diputados de ciento treinta y un senador de treinta y seis). A renglón seguido el Ministro de la Presidencia, abogado defensor de violadores en grupo. Destaca además el Ministro de Gobierno, el cual era descripto hace un tiempo por el poderoso empresario Samuel Doria Medina –su jefe y fundador del partido político al que pertenece- de la siguiente manera: “…El Arturo es un cojudo (imbécil) ¿no ve? Lastimosamente no tiene mucha cabeza…le planteas un temita un poquito más complejo y sale con la fuerza...”. Estupidez, brutalidad y violencia se combinan en este personaje que hoy es nada menos que el encargado de la represión.

No les va a la zaga la actual Canciller, ocupada en materializar viejas obsesiones de la derecha local y transnacional como son las expulsiones del cuerpo diplomático venezolano y la misión médica cubana, la salida de Bolivia de UNASUR y ALBA-TCP, y el reconocimiento del (otro) Autoproclamado, J.Guaidó. Siguió al pie de la letra el guion pergeñado por Washington. La Ministra de Comunicación se encargó por su parte de aguijonear la sospecha contra cualquiera que exprese opiniones libremente. Periodista mediocre, tuvo su minuto de gloria antes del golpe por difundir ampliamente la entrevista a un falso sacerdote católico que mostraba documentos con supuestas cuentas de Evo Morales en la banca vaticana; un montaje burdo que tuvo vida efímera. Esta especialista en fakenews se acopla ahora a la perfección con la prensa monopólica, que enmudeció en cuestión de horas con relación a los numerosos asesinatos, detenciones arbitrarias, secuestros, humillaciones y atropellos que sufre el pueblo que reclama la renuncia de la Autoproclamada; dichas manifestaciones son invariablemente denostadas como la acción de hordas, turbas, terroristas o vándalos masistas. En contraposición, cualquier demostración de grupos anti-Evo, incluyendo a los más violentos, es atribuida a la ciudadanía libre, plataformas cívicas, grupos de oración, universitarios organizados, jóvenes indignados y luchadores por la democracia y la libertad, en una reedición actualizada de la contienda entre civilización y barbarie que planteaba hace un siglo el destacado discriminador argentino Domingo F.Sarmiento. Al estilo de los aparatos de propaganda dictatoriales, periódicos como El Deber, Página Siete o televisoras como Unitel se ocupan de presentar sistemáticamente al MAS y sus simpatizantes como la peor abominación del siglo, sumándose a una descomunal campaña de amedrentamiento.

La CIDH

En su comunicado de prensa 296/19 la CIDH presentó una síntesis de la situación en Bolivia y su propia posición: 1) Condena enérgicamente el uso excesivo de fuerza por parte de la Policía y FFAA; 2) Solicita garantizar el derecho a la vida, a la reunión pacífica y al trabajo de periodistas; 3) Aboga por un diálogo amplio y creíble para una salida constitucional a la crisis; 4) Muestra preocupación por la realización de operaciones combinadas entre Policía y FFAA sin sustento legal; 5) Constata la vulneración al derecho de información por medio de amenazas, agresiones, detenciones y limitaciones a la labor de periodistas; 6) Manifiesta preocupación por la participación de las FFAA en operativos de control que corresponden a entes policiales, y en particular por el reciente Decreto 4078, que exime de responsabilidad penal a personal de las FFAA; 7) Condena discursos de odio racial contra los pueblos indígenas y sus símbolos; 8) Toma nota que el bloque minoritario del Senado, votando sin el quórum requerido, eligió a la nueva líder del cuerpo legislativo “que se declaró a sí misma presidenta interina”, respaldada por el Tribunal Constitucional.

Salvo pequeños grupos de poder, el pueblo boliviano nunca experimentó mejoras con golpes de estado. Históricamente fueron el origen de procesos de limitación de derechos, saqueo de recursos, crímenes de lesa humanidad, genocidio, dolor, muerte y luto. El actual, con un macabro récord de más de treinta muertos y varios centenares de heridos, detenidos y desaparecidos en menos de diez días no será la excepción.