A dos semanas del golpe que sacó del gobierno a Evo Morales, la autoproclamada presidenta Jeanine Áñez promulgó la ley que llama a elecciones presidenciales en Bolivia en un plazo de 120 días, en las que podrá participar el Movimiento al Socialismo (MAS), pero no Evo ni Álvaro García Linera, ambos exiliados en México.

Así, el gobierno golpista boliviano presume que está dando pasos firmes hacia la normalización del país al presentar una nueva ley electoral, pero los focos de resistencia y movilización no se detienen, mientras funcionarios de la Comisión Interamericana de derechos Humanos suman denuncias y más denuncias de los atropellos y matanzas de las fuerzas represivas. ¿Qué harán con ellas, se preguntan los familiares de las víctimas?

Tras varias horas de debate, el Ministerio de Gobierno, organizaciones afines al Movimiento Al Socialismo (MAS), Central Obrera Boliviana (COB) y los cinco sectores del Pacto de Unidad firmaron un convenio para pacificar el país.

Entre los ocho puntos acordados está garantizar los derechos constitucionales de las organizaciones sociales; respetar el fuero sindical; garantizar la continuidad en empresas estratégicas del Estado; respetar las fechas de las elecciones nacionales; no privatizar empresas; dar continuidad a los proyectos y planes sociales; y el repliegue de las FFAA.

Del convenio participaron el Gobierno central, la central obrera COB y el Pacto de Unidad con sus cinco organizaciones: Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia, Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu, Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia y la Federación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa.

Inmediatamente, la Fiscalía de facto ordenó la aprehensión del exministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana por pedido del ministro de Gobierno, Arturo Murillo, por los delitos de terrorismo, instigación pública a delinquir, sedición y financiamiento al terrorismo.

Asimismo, Gerardo García, vicepresidente del MAS, y Ramón Caro, secretario de Transparencia del partido, fueron enviado con detención preventiva a la cárcel de San Pedro en La Paz, por la presunta comisión de los delitos de uso indebido de bienes del Estado y robo agravado.

Elecciones

El debate parlamentario de la nueva ley electoral fue una formalidad, puesto que los términos fueron pactados durante duras negociaciones secretas entre el gobierno de facto y la mayoría del Movimiento al Socialismo. En el debate, los legisladores afines a la autoproclamada Áñez se llenaron la boca de palabras como imparcialidad, limpieza e independencia, al hablar de las cualidades que deberían tener las nuevas autoridades electorales

Para dar una prueba inequívoca de su interpretación de que es ser independientes, Áñez designó al séptimo vocal del Tribunal electoral a Salvador Romero Ballivián, politólogo y escritor. Quien ya había ocupado un cargo similar entre 2004 y 2008 ¿Quién lo nombró entonces? Carlos Mesa, presidente entonces y el perdedor de las elecciones ante Evo Morales, el 20 de octubre último.

Los seis vocales que faltan los nombrará la Asamblea Legislativa que no volvió a sesionar tras aprobar la ley electoral pasada porque no hay acuerdo en torno a la ley de garantías a los ciudadanos y ciudadanas que impediría las detenciones arbitrarias, la persecución política y la derogación del famoso decreto que libra a las fuerzas armadas y de seguridad de cualquier responsabilidad penal o civil por lo actuado en la represión.

Con esa vigencia, las masacres, entre ellas la de Senkata no encontrará responsables uniformados. El golpe no termina de naturalizarse en el deseo de paz, aun con la insistencia en las tandas publicitarias de todos los programas de televisión.

En las ciudades, siguen las largas filas para cargar gasolina, pero volvieron a abrir las escuelas. El gobierno de facto declara que Bolivia camina a paso firme a la normalidad, pero las tiendas tienen anaqueles semivacíos.

Al lado de las notas donde los ministros del gobierno dictatorial ofrecen mensajes alentadores, los medios locales publican otras que pintan un panorama apocalíptico para los productores agropecuarios y otros sectores.

Tensión permanente

Si bajó la tensión es porque las bases del Movimiento al Socialismo han dejado de manifestarse en La Paz los últimos días y porque en El Alto, la ciudad conurbana con larga tradición de protestas, y en otras zonas del país como Chapare, bastión de Evo Morales, decretaron una tregua para permitir el paso de mercaderías ­y combustible, pero sobre todo para realizar asambleas populares, definir si continúan o no los bloqueos.

Muchos se expresan porque se mantengan las movilizaciones, para que Áñez se vaya y a partir de ahí se den nuevas elecciones, y así lo hicieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante la que exigieron la liberación de los detenidos.

Entre ellos destacó la voz del joven Andrónico Rodríguez, quien fuera secretario de deportes, quien denunció -en un video viralizado- que en Bolivia no hay libertad de expresión desde el golpe, y que ahora los jóvenes bolivianos están conociendo lo que significa un gobierno de derecha. Reconoció que hay una tregua para organizarse, pero advirtió: No nos vamos a desmovilizar.

El centro de La Paz sigue secuestrado: tres filas de vallas, algunas atadas con cadenas y tres metros de altas, otras sostenidas por uniformados, custodian diez cuadras a la redonda de Plaza Murillo, rodeada del Palacio Quemado, sede de gobierno, el Palacio Legislativo y la Catedral.

Sullkata M. Quilla

Antropóloga y economista, analista asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)

http://estrategia.la/2019/11/26/bolivia-pacificacion-virtual-terror-y-resistencia-reales/