"Han entrado al gobierno como una banda de atracadores […] y hemos pasado de una lógica de rapiña a otra lógica de rapiña… Los que han entrado al Palacio son una fuerza tan destructiva... El juego simbólico biblia vs. Wiphala es un juego teatral [...] Otro tanto de lo mismo le pasa a la Canciller del Estado que ridículamente nos habla de que va a cambiar el país. La frase de por sí resulta ridícula pero revela la ambición de quedarse allí el mayor tiempo posible”, señala molesta María Galindo, una feminista radical cuya política se expresa en el conjunto de grafitis callejeros en la ciudad de La Paz.

Es inequívoca la descripción del gobierno asaltante y golpista. Empero, Galindo evita señalar la naturaleza de ese gobierno, que ella misma ayudó a construir, obviando sus funestas prácticas de violación de los DDHH. Olvida decir que éste es un régimen golpista, nacido de las entrañas de un movimiento sedicioso cívico-policial-militar, patriarcal, filo-religioso y, como tal, absolutamente ilegal en su origen y criminal en sus consecuencias. El acceso de Añez al gobierno, violando deliberadamente procedimientos legislativos, coronada con la bufonesca recepción de la banda presidencial de manos de un sargento de la casa militar, revela su patético desenlace.

El rasgo depredador del nuevo gobierno es ya un signo indiscutible como lo es su inconstitucionalidad bañada en sangre. Represores y ladrones al mismo tiempo. El mismísimo Ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano, fue denunciado por un viceministro de comunicación por tráfico de influencias e intentos de enriquecimiento ilícito mediante la firma de contratos millonarios dirigidos a empresas extranjeras de comunicación a menos de 3 semanas de llegar al gobierno ilegal. Un verdadero récord cleptocrático que no es ajeno a otras esferas del régimen. Se acaba de denunciar que otro alto funcionario del mismo ministerio fue designado Viceministro de Movimientos Sociales pese a que recae en él y un director suyo una denuncia por estafa por más de 320.000 Bs. Asimismo, el flamante Director Ejecutivo de la Agencia de Vivienda, Alberto Melgar, acusado de corrupción en el Beni, opera puertas adentro para otro mafioso que gobierna desde abajo, Ernesto Suárez S.

La instalación del gobierno golpista tiene prisa de asaltantes. Poseen poco tiempo para el trabajo sucio y por ello se eligen a los amigos íntimos para el saqueo rapaz. De esto no escapan los flamantes funcionarios de la burocracia ministerial en Relaciones Exteriores a la cabeza de la nueva canciller, Karen Longaric, antigua funcionaria de esta institución y hasta hace poco Directora Ejecutiva de la Fundación IDEA, un centro educativo cuya tarea fundamental reside en transferir mecánicamente manuales administrativos para facilitar la incursión de jóvenes desempleados en el mercado de trabajo. Buena parte de la cancillería ya fue ocupada por militantes de Acción Democrática Nacionalista (ADN), entre ellos Yovanka Oliden, Alvaro Calderón, Alvaro del Pozo o Freddy Abastoflor, militantes del viejo partido que perteneció al ex dictador Hugo Banzer S. y cuya tarea es la de disponer la mayor cantidad de cargos para su respectiva subasta mafiosa.

De un modesto horizonte académico y de ideas vagas sobre la complejidad de la Política Exterior, Longaric repite cacofónicamente frases extraídas del conjunto de intelectuales y diplomáticos liberales de fines del siglo XIX y mediados del XX como Prudencio Bustillo, Luis Fernando Guachalla, Ostria Gutierrez, etc. Las referencias epigráficas de la Canciller retratan a alguno de aquellos personajes que hicieron del oficio diplomático su trinchera burocrática y cuyos complejos de culpa, por pertenecer a un país de indios, los obligaban a pensar en generalidades geográficas autodefensivas e inocuas. Con el tiempo, la apelación recurrente a este pensamiento geográfico acomplejado le valió el título de profesora emérita y cargos importantes en el Instituto Internacional de Integración (III) “Andrés Bello”, así como en la Universidad Andina.

Empero, para un gobierno de transición no hace falta tanta sabiduría como convicción para la obediencia. Para ejercer el oficio de canciller se requiere un poco de decoro y otro tanto de dignidad, aunque aparente. Longaric está demostrando que tiene déficits severos en ambos mundos. A tiempo de elegirla se ha preferido alguien que obedezca y evite bucear en la complejidad dialéctica de las relaciones exteriores. Longaric cumple el requisito. Su parsimonia intelectual evita incursionar en los análisis acerca del dominio y el orden capitalista, que en último caso determinan el lugar que ocupan nuestros países, o explorar las dinámicas geoeconómicas o de supremacía tecnológico-militar con las que se mueve el mundo. Es una diplomática de premisas simples. Pausada como es, se esmera en creer en el valor que otorga la periferia subdesarrollada y en sus vicios geográficos parroquiales.

La nueva canciller forma parte de ese ruinoso pelotón de funcionarios que, con un mínimo de esfuerzo, satisfacen la mediocracia que los rodea. Alguna vez, más por azar que por necesidad, tocan el altar del pensamiento liberal en las páginas de Foreing Affairs. Pertenece a ese colectivo del pensamiento cómodo, alimentado por la cultura de la capitulación en favor de nuestros tradicionales mandamases. Anquilosados en frases semiafortunadas, no se les pasa por la cabeza que la Política Exterior es partera de la codicia, que se construye sobre tableros tortuosos o intereses intrincados que reflejan la musculatura económica, el poder industrial, el dominio estatal sobre el territorio y sus recursos naturales, así como la capacidad de decidir en medio de una fauna financiera sedienta de excedentes y materias primas.

De mentalidad dócil, eluden pensar que los procesos de integración regional operan como campos de fuerza asimétricos en busca de configuraciones de poder autónomos y democráticos frente a viejas estructuras de poder hegemónico con proyección imperial. Prefieren la simplicidad shumpeteriana de que lo pequeño es hermoso. De ahí ese pensamiento cómodo y subalterno acostumbrado a tributar batallas antes de que empiece la guerra. Constituyen un colectivo que busca explicaciones fáciles refugiados en el voluntarismo, en el método cortesano de la genuflexión, en la quimera de las promesas vacuas y en la teoría de lo afable.

Longaric pertenece a una generación de diplomáticos a quienes acostumbraron a moverse en medio de categorías elementales que sirvieron para castrar y adormecer la potencialidad geográfica, económica, social y productiva del país bajo el alero del discurso neoliberal: libre mercado, competencia complementaria, ventajas competitivas, acuerdos de cooperación, libre comercio, globalización etc. Son como los Fukuyamas criollos que piensan que ya no hay nada que hacer como país, que llegamos tarde a la historia y que lo que corresponde es dejarnos conducir como un manso rebaño por los amos del mundo que sí tienen una historia victoriosa que enseñarnos. Pensar en el mercado interno, la industrialización, la sustitución de importaciones o la construcción de grandes proyectos geoenergéticos constituyen quimeras faraónicas o lujos a deshora que no pueden darse en un país pobre como el nuestro. Prefieren abrir las grandes alamedas del país para que transiten libremente todas las mercancías que sean necesarias en medio de la competencia abierta que pone a prueba nuestra capacidad de consumo, no de producción.

Esta pedagogía simple para oprimidos felices funcionó casi a la perfección de relojero. En medio siglo de vida “institucional”, la cancillería no produjo más que generalidades maniqueas entre las cuales sobresale un famoso silogismo filosófico: “a caballo regalado no se le miran los dientes”, como decía un célebre canciller, con la adustez de un patricio romano. Un gobierno, que hace de la mendicidad o del obsceno culto a lo pedigüeño una política de Estado, ha decidido que su patria sea una colonia abyecta. Por ello, los gobiernos europeos y el norteamericano, en particular, junto a la cooperación internacional vivían en Bolivia como en el mejor de los mundos; en el mundo en el que mandaban sin abrir la boca. Esta corporación diplomática, que representaba una suerte de superioridad civilizatoria per sé, conocía de primera mano que la extrema pobreza facilita la colonización. De ahí que no resultó nada difícil para los yanquis instalarse tanto tiempo en el país al amparo de su política letrinocrática. En medio del festín criollo del poder, ellos llegaban con regalos como semidioses en medio de la miseria. USAID se mostraba como un gobierno poderoso y caritativo mientras los ministros y sus funcionarios serviles libaban copiosamente el alcohol que dejaban gotear los gringos. Instalar letrinas en el campo, hacer escuelitas de un aula con ayuda de Acción Cívica, distribuir cartillas sobre educación sexual o recibir migajas para construir un camino vecinal constituían signo de progreso y modernidad que la burocracia criolla celebraba y agradecía con entusiasmo.

Aferrada a la nueva función que le toca desempeñar en un momento crucial para la historia y el destino del país, Longaric se resiste a admitir que éste es un régimen golpista y ella la Canciller de la dictadura. En su primera comparecencia internacional en Rio Grande do Sul (Brasil), en el marco de la XV Cumbre de Presidentes del MERCOSUR, la primera canciller de la primera dictadura golpista del siglo XXI tuvo que enfrentar la bochornosa interpelación del canciller uruguayo que le recordó que su gobierno es un gobierno de facto, que ascendió vía golpe y que correspondía aplicarle la carta democrática del MERCOSUR. 

Pero más allá de lo que piense o diga la Canciller sobre la cualidad política del gobierno que pretende maquillar, que en este caso resulta irrelevante, son las decisiones asumidas las que traducen la verdadera naturaleza del régimen en materia de política interna y política exterior.  El régimen tuvo que apelar al cerco mediático en lo interno y a la creación de una “delegación internacional” para que se ocupara de sostener la narrativa sobre la sucesión constitucional y reafirmar que la violencia de las calles formaba parte de “protestas pacíficas”.

Se está tratando de desconocer que en lo interno, la trayectoria del régimen se mueve entre una brutal represión policial-militar contra las protestas sociales y la persecución de dirigentes y ex-funcionarios públicos, delatando su carácter dictatorial, con más de 30 muertos a cuestas y una jauría de fiscales amaestrados para el oficio del atropello. Mientras Longaric se esfuerza por esconder los muertos o mantener silencio cómplice frente a la comunidad internacional, su colega Murillo, tristemente llamado “mariscal de Senkata y Sacaba”, celebra sobre charcos de sangre el miedo sembrado en la gente.

Si la política exterior representa en gran parte la coherencia de la política interna, queda claro que éste es un régimen que se define por la cantidad de muertos sin que importe el dolor de la gente ni sus consecuencias políticas o jurídicas. La pacificación del país pareciera significar entonces la suma de brutalidad policial y militar aplicada a las denominadas “hordas indígenas y subversivas”. El sustrato de la violencia estatal ha exigido al régimen construir un lenguaje binario para encubrir las masacres, otorgarle un velo de impunidad a militares y policías y transferir responsabilidades a los sujetos movilizados a los que se los despoja de toda condición humana que no sea la aplicación del castigo.

Ciertamente, la apelación a la amenaza terrorista, la denuncia de la existencia de núcleos subversivos o grupos sediciosos armados sólo encubren la necesidad de más violencia estatal o la justificación de una mayor brutalidad represiva. Se “matan entre ellos” dice orondo el ensangrentado Ministro de Gobierno. “No toleraremos terroristas ni sediciosos, los estamos vigilando” repite hasta el cansancio este sujeto que parece un sanguinario comisario de la Gestapo. La producción del miedo pareciera ser la materia prima de la política interna almidonada con las amenazas siniestras. ¿Cómo podría justificar la canciller, que dice representar a un gobierno democrático, una vocería de la tragedia y del crimen despiadado, cuya obsesión es aplacar la aparente existencia de actividades sediciosas y terroristas en un país acostumbrado a la convivencia pacífica? ¿Resulta coherente hablar de democracia cuando se otorga impunidad a las fuerzas militares para masacrar a indígenas?

Este lenguaje intolerante, violento y deshumanizado vinculado a la existencia de un enemigo al que hay que destruir es el que nutre la desfachatez de un gobierno que solo pareciera haber llegado para cumplir tareas insanas. Por ello, resulta necesario fabricar cortinas de humo, inventar amenazas y crear organismos antiterroristas para dar fe de que ésta es una cruzada pacificadora y restauradora.

¿Cómo explicar esta política criminal y tanática del régimen transitorio que acaba de posesionarse? ¿Era inevitable esta cuota de sangre de compatriotas para darle estabilidad al régimen asaltante? ¿Cuáles serán los argumentos que cancillería usará para justificar el baño sangriento entre bolivianos en la comunidad internacional?

No cabe duda que la cancillería lleva la marca de un régimen golpista, convertido en dictadura, a pesar de maquillar la sucesión presidencial o las cándidas promesas de “institucionalizar” este sector tan importante del Estado Plurinacional. En aras de la simplicidad administrativa, debemos señalar que no podría producirse “institucionalidad” en un régimen transitorio breve pero tampoco allí donde existe vacancia de legitimidad y legalidad gubernamental. En contrapartida, sí puede producirse un rasgo más consistente con el régimen anómalo que es la “masacre blanca”, que no es otra cosa que el despido masivo del personal del gobierno derrotado. El barniz de formalidad para esta sangría burocrática se sostiene en el argumento de la politización de la Política Exterior. La despolitización entonces ha exigido a la Canciller la cesación de 80% del cuerpo diplomático en el extranjero, el despido masivo de cónsules y una “razzia” indolente con la planta administrativa del propio Ministerio de Relaciones Exteriores, exonerando de sus cargos a más de un centenar de funcionarios.

¿Corresponde a un régimen transitorio aplicar limpieza burocrática –comparable a una limpieza étnica– en nombre de la institucionalidad?  ¿Cuál es el contenido o alcance conceptual del “nuevo orden institucional”? ¿Se trata de un nuevo orden o más bien el retorno al viejo poder colonial en el que las decisiones de Estado la asumían otros actores extranjeros, incluyendo al propio canciller? Al parecer, el concepto de “institucionalidad” que maneja la canciller pertenece a la misma familia gramatical que fue usada durante décadas en este mismo ámbito burocrático y que por razones de precisión debiera llamarse “botín de casta”, para no abusar del simulacro.

En el pasado inmediato, previo a la llegada de los indios al poder, “institucionalizar la política exterior” constituyó una vieja fórmula demagógica que encubría la necesidad de despedir al adversario para luego contratar a la pandilla de amigos por afinidad pigmentocrática. A cada gobierno le correspondía la sucesión de una pandilla. La rotación política operaba como un “factor de ajuste clientelar” que se correspondía con el color de piel, apellido, alcurnia familiar e influencia partidaria. De esta manera, la “institucionalización” escondía la astucia del abolengo y la mediocridad de clase.

El reacomodo neocolonial de la cancillería golpista

Más allá de la querella conceptual acerca de la institucionalidad que se pretende aplicar, queda claro que son las decisiones políticas las que señalan el rumbo de la Política Exterior. Dime lo que decides (autónomamente o no) frente al mundo y te diré quién eres, reza el adagio popular.

Provengan o no las decisiones de la esquina de la Plaza Murillo o de la Avenida Arce, lo cierto es que el imperativo es la destrucción, por ultraje, de la política exterior del gobierno derrotado. El nuevo gobierno necesita desvertebrar o sustituir los aparentes mitos de la política exterior del “Vivir Bien”, como el resto de políticas gubernamentales, para justificar su acomodo oportunista. La legitimación del “buen gobierno” pasa entonces por la construcción de un nuevo relato político sobre los escombros del pasado inmediato, ya sea como venganza o como explicación de su inviabilidad.

Se trata pues de lapidar el posicionamiento del Estado Plurinacional en el concierto de las naciones, borrar los grandes logros sociales y económicos, satanizar el liderazgo de Evo Morales y mostrar el potencial del proceso de cambio como una caricatura del socialismo del siglo XXI. En suma, la meta es demostrar que las relaciones exteriores de 13 años fueron un solemne fracaso y que lo conveniente ahora es reparar el daño, especialmente en la relación bilateral con el “hermano mayor”, esto es EEUU. No es para menos, los actuales funcionarios sienten que la retórica antiimperial de Evo Morales y su gobierno constituyó poco menos que una afrenta que debe ser desagraviada con la mayor cantidad de concesiones. Longaric ya empezó la expiación de culpas suspendiendo la exigencia del visado a los ciudadanos norteamericanos e israelíes sin importar si esa misma franquicia se otorgará a compatriotas a la hora de viajar al Norte. Lo cierto es que esta cruzada expiatoria pasa por olvidar que Bolivia logró universalizarse por el liderazgo indígena y el conjunto de políticas sociales y económicas que sacaron de la ruina a más de la mitad de la población.

La reconstrucción de la política exterior del nuevo régimen de facto no depende de la burocracia posmoderna, ni de la nueva canciller, peor aún de la posibilidad de autodeterminación estatal, que es una quimera, como de la benevolencia de la potencia hegemónica. La debilidad gubernamental es tan volátil que su permanencia dependerá de lo que diga o haga Washington y sus aliados en su favor. Teniendo en cuenta que su proyección internacional depende de la voluntad extranjera, la prioridad de la administración de facto es la de priorizar la “normalización” de la relación. Este ejercicio de vuelta al pasado significa llevar a cabo una suerte de “extirpación idolátrica” para apaciguar la ira imperial. Más de una década con los indios en el poder, fanáticos nacionalizadores, ejerciendo una retórica antiimperial que terminó expulsando su estructura de poder del país, resulta no sólo incómodo sino humillante para Washington. La normalización colonial de la política exterior significa entonces extirpar los símbolos profanos o idolátricos, comenzando por el lenguaje antiimperial, las instituciones y los aliados.

En esta perspectiva, el objetivo mayor de la nueva política exterior del régimen transitorio es, además de devolverle a EEUU el lugar casi natural que le correspondía en su relación con Bolivia antes del 2006 –supremacía colonial de por medio–, concederle nuevamente el derecho de decidir la política exterior criolla de alineamiento y enajenación. En breve: convertir la cancillería boliviana en un apéndice funcional del Departamento de Estado sin costo alguno.

Acusar al gobierno derrotado de ejecutar una política exterior “ideologizada”, que solo produjo aislamiento en el mundo moderno o de haber pasado del imperialismo norteamericano a depender de los imperialismos chino y ruso, forma parte de su coartada discursiva. En ese afán delirante de buscar chivos expiatorios para juzgar el fracaso de la política exterior del gobierno saliente, nada más cercano que mostrar el aparentemente costoso relacionamiento con los gobiernos de Cuba y Venezuela a quienes se los acusa de injerencia política. Aún no se ha dicho mucho sobre las relaciones con China, Rusia e Irán.

Longaric, más allá de su propia convicción, ha recibido el encargo de destruir 13 años de proyección internacional, con luces y sombras, pero también la tarea de manufacturar una política exterior de claro signo neocolonial. Desde esta perspectiva, la Canciller no solo representa la vuelta al vergonzoso pasado de dependencia servil, sino también a una humillante condición de encomendera.

Bajo la batuta de Yanine Añez -asesorada por el inefable agente de la diplomacia cortesana de EEUU, Erick Foronda-, la canciller está consciente que debe aplicar la ruta crítica ineludible de la política exterior en tiempo récord.  La orden ejecutiva cursada a su despacho establece prioridades, entre ellas, aplicar acciones de escarmiento contra los aliados del proceso de cambio, Cuba y Venezuela, principalmente.

Sin demora alguna y sin mediaciones protocolares, se procedió al desmantelamiento y destrucción de los vínculos bilaterales con ambos países a los que se los acusa de promover el comunismo, ejercer injerencia interna y constituir el “eje del mal” en la región. La orden también incluye una campaña brutal de desprestigio, induciendo a la población a una persecución agresiva e intolerante contra sus funcionarios. Extraña manera de interpretar maldad en dos pueblos hermanos que solo dedicaron recursos, tiempo y hombres en mejorar las condiciones de vida de los bolivianos que otros hombres, recursos y tiempo se encargaron de engañarlos y envilecerlos.

En efecto, fue el Ministerio de Gobierno el que preparó la coartada perfecta para justificar la ruptura de las relaciones con el gobierno venezolano de Nicolás Maduro. En un acto público, el jueves 14 de noviembre, a dos días de asumido el gobierno, se presentó a 9 trabajadores venezolanos contratados por una empresa privada constructora de caminos en la frontera brasilera/boliviana (Guayaramerín), acusados de portar armas de “grueso calibre” e instigar a la sedición y terrorismo. En ningún momento la policía mostró siquiera una escopeta de caza y, hasta ahora, ninguno de los 9 ciudadanos detenidos y presentados por la policía guarda detención. Peor aún, no existen declaraciones ni indicios que sustenten objetivamente la denuncia. Los 9 venezolanos desaparecieron como por acto de magia una vez presentados ante la prensa.

La teatralización policial sirvió para que Longaric, en un arranque de indecencia diplomática, comunicara la ruptura de relaciones con Venezuela, la expulsión de sus funcionarios diplomáticos y el retiro de Bolivia de la Alianza Bolivariana y el Tratado Complementario de los Pueblos (ALBA-TCP). 24 horas antes, Añez había condenado la relación Bolivia-Venezuela anunciando el reconocimiento del presidente golpista, Guaidó, a quien le recomendó que enviara a su representante diplomático a Bolivia.

Casi en simultáneo, el mismo Ministerio de Gobierno junto al de Comunicación montaron una aparatosa campaña mediática para acusar al gobierno de Cuba de involucramiento en acciones subversivas y desestabilizadoras. La policía detuvo a 4 médicos cubanos que el viernes 15 de noviembre retiraban recursos del Banco Unión en una acción de rutina administrativa. Los recursos servían para el pago de alquileres y servicios de 107 miembros de la Brigada Médica Cubana que trabajaban en la ciudad de El Alto. Sin previo proceso de investigación fiscal, los ministerios de Comunicación y Gobierno acusaron injustamente y promovieron una campaña comunicacional potencialmente agresiva dirigida a desacreditar la labor social de los médicos cubanos en Bolivia.

La insidiosa campaña mediática, alimentada por el morbo político y el ensañamiento policial, indujo al hostigamiento de grupos de choque contra la embajada y el personal cubano, obligando al gobierno de La Habana a replegar a su país a más de 700 médicos y técnicos de la Brigada Médica Cubana (BMC). El arsenal de mentiras con el que se promovió esta campaña anticubana gozó del apoyo casi incondicional de los medios privados de comunicación alimentada por la mordacidad vengativa del Colegio Médico y del Ministerio de Salud, aliados políticos en el golpe de Estado contra Evo Morales.

Los médicos cubanos fueron acusados de servir de fachada para operaciones de seguridad e inteligencia además de participar en actos “terroristas”. Se los acusó de ganar salarios fastuosos y de recibir privilegios de distinta naturaleza, los cuales fueron desmentidos por su gobierno. Igualmente, el Ministerio de Salud, apoyado por la policía, procedió a intervenir ilegalmente la “Clínica del Colaborador” en la zona de Achumani. Esta instalación médica, que formaba parte de los acuerdos bilaterales en materia de salud, prestando servicios en favor de la BMC y de ciudadanos bolivianos de escasos recursos, fue intervenida ilegalmente, violando con ello la Convención de Viena de 1961. El recinto forma parte de la Embajada de la República de Cuba y, por lo tanto, goza de inmunidad diplomática.

Si el Ministerio de Gobierno amenazaba con realizar cacerías humanas contra quienes fueran acusados de sedición y terrorismo, la Cancillería no se quedó atrás. Armonizando prolijamente con el concepto de “cacería”, Longaric hizo suyo el trabajo de destruir en menos de 48 horas más de 13 años de relaciones constructivas entre Bolivia, Cuba y Venezuela. Sin contar con informes previos, sin datos tangibles sobre los resultados de los diversos proyectos sociales que estaban en ejecución y sin conocimiento alguno de los beneficios logrados por la población hasta ese momento, la cancillería boliviana se puso en línea con el ministerio de gobierno para dar fin, unilateralmente, a la diplomacia de la cooperación solidaria entre nuestros países. Con ello cumplía al pie de la letra los mandatos impuestos por la embajada americana.

La campaña de odio dirigida contra Cuba y Venezuela fue planificada y ejecutada con anterioridad a las elecciones del 20 de octubre. El plan destructivo contra los gobiernos bolivarianos formaba parte de la estrategia regional de reposicionamiento de la desacreditada imagen del gobierno norteamericano en América Latina, durante las últimas décadas. No hay que olvidar que EEUU asignó presupuesto a sus agencias, en particular a USAID, para llevar a cabo una campaña de descrédito contra las labores humanitarias de las brigadas médicas cubanas en todo el mundo. Lo hicieron en Brasil apoyados por el fascista de Bolsonaro, logrando la expulsión de más de 10.000 médicos, Ecuador se allanó con Lenín Moreno y ahora Bolivia con la servil presidenta autonombrada.

El golpe de Estado fue la mejor oportunidad para promover la ruptura de las relaciones bilaterales de Bolivia Venezuela y poner distancia con Cuba. De hecho, personal de la embajada gringa se dio a la tarea de supervisar el cumplimiento de todas aquellas acciones dirigidas a golpear y desmantelar la cooperación cubana. El caso más dramático fue la detención de la directora de la Brigada Médica Cubana y su especialista logístico. A la misma hora en que Interpol-Bolivia detenía ilegalmente a estos funcionarios, vehículos de la embajada americana se encontraban estacionados a una cuadra del hecho. 

Durante los últimos años, el gobierno norteamericano montó en Bolivia, mediante su política de diplomacia pública, una gigantesca campaña de desprestigio contra los gobiernos de Venezuela y Cuba con el fin de erosionar la relación trilateral y desacreditar sus proyectos sociales y políticos.

Longaric perdió la batalla de la decencia diplomática frente a la política de seguridad interna en la que el Ministerio de Gobierno cumplía el triste papel de dirigir masacres y promover odio entre bolivianos. A pesar de que su familia había logrado sostener buenas relaciones con la cancillería cubana en décadas pasadas y haber obtenido su doctorado en la Universidad de La Habana, en ningún momento tuvo el decoro de prevenir o evitar los excesos de los esbirros del Ministerio de Gobierno y de los agentes extranjeros.

Longaric nunca se enteró, o no quiso hacerlo, de los beneficios obtenidos por el pueblo boliviano como producto de las relaciones con Venezuela y Cuba en los campos de salud, energía, hidrocarburos, educación, tecnología, construcción de infraestructura o producción. Particularmente con Cuba, en los 13 años de esa relación constructiva, se logró más de 73 millones de consultas en el área urbana y rural por médicos cubano-bolivianos, 508.403 intervenciones oftalmológicas gratuitas, 1.529.301 intervenciones quirúrgicas, la atención de más de 60.000 partos, además de la formación profesional en Cuba de más de 5.000 médicos bolivianos de escasos recursos.

La canciller de la dictadura ignoró que la cooperación Cubana-Venezolana permitió derrotar el secular analfabetismo en Bolivia, dando al mismo tiempo un enorme impulso a las políticas de inclusión social para miles de discapacitados del campo y de la ciudad. Estos resultados, además de otros que por la extensión del texto no son consignados, forman parte del legado de la relación entre Cuba, Venezuela y Bolivia sin que mediaran intereses geopolíticos, económicos o financieros.

Paralelamente a la destrucción de las relaciones bilaterales con Cuba y Venezuela, el gobierno de la presidenta autonombrada –como era previsible– impulsó la reconstrucción de las relaciones con el gobierno estadounidense. La señal era clara e inequívoca: para que EEUU normalizara sus relaciones con Bolivia, la condición establecía romper o modificar las relaciones con los aliados políticos de Evo Morales. De esta manera, EEUU volvería a gobernar el país sin interferencia alguna. En efecto, una vez cumplidas las consignas destructivas, Longaric procedió a configurar el nuevo tablero de relaciones con EEUU y actores claves para la legitimación del régimen: Departamento de Estado, Organización de Estados Americanos (OEA), Naciones Unidas y países aliados. 

Sin mayor demora, el 20 de noviembre se anunció el nombramiento de Jaime Aparicio como embajador permanente de Bolivia ante la OEA. La rapidez del nombramiento tenía relación con la urgencia del Secretario General de la OEA, Luis Almagro, para entregar el informe definitivo de la auditoría a las elecciones del 20 de octubre. En efecto, el 04 de diciembre la OEA entregó el Informe Final de Análisis de Integridad Electoral que sirvió para que Aparicio destacara públicamente que las elecciones fueron un “fraude descomunal” (LT, 04/12/2019), ratificando con ello la postura unilateral que Almagro adoptó para sancionar políticamente al gobierno de Evo Morales.  La apelación al “fraude monumental”, sin que se demostrara objetivamente el hecho y sin las pruebas consistentes del presunto delito electoral fue usada más como una consigna dentro de la estrategia política por los golpistas, por las fuerzas políticas de la derecha y por la propia OEA que fungió como el comando central del golpe, por encargo de los EEUU.

La designación de Aparicio ante la OEA responde fundamentalmente a la necesidad de disponer de una pieza clave en el tablero político de esta organización tanto para desacreditar oficialmente al gobierno de Evo Morales como para legitimar el régimen y enfrentar las futuras denuncias de violación de DDHH contra las autoridades responsables del gobierno de transición. Debemos recordar que Aparicio defendió hasta el hartazgo las flagrantes violaciones de DDHH durante el gobierno de Sánchez de Lozada en las luctuosas jornadas de febrero del 2003 y la masacre sangrienta de El Alto en octubre del 2003. En ambos episodios murieron más de un centenar de personas y se registraron más de 1.000 heridos producto del empleo discrecional de armas de fuego y el uso desproporcionado de la fuerza policial/militar. Desde esta perspectiva, Aparicio se constituye en un abogado experto en defender regímenes violadores de los DDHH inspirado en su enconada enemistad con gobiernos progresistas o líderes populares.

En su condición de embajador de Bolivia ante EEUU (2002-2005), Aparicio no sólo cumplió el triste papel de encubrir la condición criminal de su tutor político, Gonzalo Sánchez de Lozada y su ministro de gobierno Sanchez Berzaín, sino también de proveerle el mayor apoyo político y la búsqueda de recursos económicos de las arcas norteamericanas para intentar salvar la debacle financiera en la que se encontraba el viejo régimen neoliberal el 2003. De hecho, Aparicio es un hombre de confianza del establishment ultraconservador norteamericano, quien en ningún momento se alejó de Sánchez de Lozada ni Sanchez Berzaín, personajes buscados por la justicia boliviana y protegidos por el gobierno de EEUU.

Una semana después, el gobierno usurpador de Yañez designó a Oscar Serrate Cuellar como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario ante EEUU con el objetivo de restablecer la normalidad diplomática en las relaciones bilaterales luego de su traumática ruptura el 2008. En septiembre de aquel año, Evo Morales decidió expulsar al embajador de EEUU, Philippe Goldberg, por su involucramiento directo en el golpe de Estado contra el proceso de cambio.

Además de la necesidad perentoria del régimen, la designación de Serrate tiene una connotación especial en la medida en que pertenece al equipo de expertos bolivianos cercanos al proceso de privatización de los recursos energéticos. Serrate es un antiguo funcionario de la Shell, pero además logró dirigir Transredes, una empresa transnacional vinculada al transporte de gas al Brasil. En los últimos años trabajó como gerente de Konsulnet, una red de consultores en temas ambientales, sociales, energéticos y comunicacionales para proyectos gubernamentales y privados.

La designación del experto en áreas estratégicas, en condición de embajador, envía una señal implícita muy importante al gobierno norteamericano, que desde hace mucho tiempo mantuvo enormes expectativas por retomar el dominio del sector de energía e hidrocarburos en Bolivia. Entre otras cosas, Serrate ya había desempeñado la función de Embajador ante NNUU entre 1991 y 1993, durante el gobierno de Jaime Paz Zamora, tiempo en el cual se inició el dramático proceso de privatización de empresas públicas y recursos naturales en favor del capital extranjero.  

El imperativo de normalizar las relaciones con EEUU y proyectar la imagen de un gobierno democrático ante la comunidad internacional, que aún se resiste a reconocerla, exigió a la presidenta autonombrada y a la canciller de la dictadura crear una Delegación Internacional con el objetivo de explicar su mermada legitimidad, así como las circunstancias de la violación de DDHH atribuidos a Evo Morales. Para cumplir ambas tareas fue designado Jorge (Tuto) Quiroga, un expresidente de Bolivia (2001-2002) cuya trayectoria política es ciertamente deleznable. El expresidente Morales ironizó esta designación señalando que Quiroga era un “experto” en defender dictaduras.

En efecto, Tuto Quiroga es un viejo político favorecido por el ex-dictador Hugo Bánzer S. (1971-1978) que le permitió ascender rápidamente al podio partidario de Acción Democrática Nacionalista (ADN), un partido con el que logró competir en las elecciones nacionales de 1997, en calidad de candidato a vicepresidente. Una vez consagrada su titularidad a la Vicepresidencia (1997-2001), Quiroga llegó a la Presidencia (2001-2002) por sucesión constitucional ante el fallecimiento del Gral. Bánzer. En los tres años de vicepresidente y en el último de presidente, Tuto Quiroga se caracterizó como operador real de la política antidrogas ante EEUU a quienes prometió “coca cero” hasta el año 2002, bajo el “Plan Dignidad”. Esta política –ciertamente agresiva y brutal– obligó a ejecutar sistemáticos actos de represión policial/militar contra el movimiento cocalero, produciendo un saldo de más de 40 muertos y centenares de heridos en el trópico de Cochabamba. Quiroga se caracterizó como uno de los más fervientes promotores de la militarización y defensor a ultranza de la política antidroga y antiterrorista de EEUU, que lo llevó a estigmatizar al movimiento cocalero como un movimiento narco-terrorista. Durante su gestión, promovió la consolidación de la base militar norteamericana en el Chapare y la sumisión de las FFAA a los soldados extranjeros.

El delegado internacional del régimen golpista se mostró ante los medios nacionales como un adversario político rabioso contra los movimientos sociales democráticos, ofreciéndose a la comunidad política ultraconservadora de derecha como el adalid antipopulista y antiboliviariano. Encumbrado en este mandato, recibió cuantiosas sumas de dinero de distintas organizaciones políticas y agencias de gobierno de EEUU, en particular del núcleo fascista del partido republicano de Miami. Junto a otras ex-autoridades políticas de la derecha regional emprendió una ofensiva mediática fuertemente apoyada por medios hegemónicos contra líderes socialistas y nacionalistas populares de América Latina y el Caribe como Fidel, Chávez, Lula, Dilma, Correa, Evo o Maduro.

Quiroga es ampliamente conocido por su conducta servil y abyecta a las políticas norteamericanas para las que trabajó incansablemente desde que dejó la presidencia en 2002. Su relación carnal con dirigentes ultraconservadores de la región como Uribe o Duque en Colombia, Guaidó en Venezuela, Bolsonaro del Brasil, Toledo en Perú, Noboa en Ecuador o Macri de Argentina explica su alineamiento incondicional a políticas neoliberales dirigidas desde Washington. Entre el 2006 y 2010, de acuerdo a los cables desclasificados de Wikileaks, Quiroga fue, junto a Oscar Ortiz, uno de los mayores soplones y confidentes políticos a sueldo del embajador norteamericano golpista, Phlilip Goldberg, en Bolivia. Su afición al dinero fácil lo llevó a enfrentarse públicamente con su propio Ministro de Gobierno, Leopoldo Fernández (2002), con quien disputó la posesión ilegal de cuantiosos recursos estatales denominados “gastos reservados”. Dirigentes políticos como Quiroga, Samuel Doria Medina y Carlos Mesa no solo comparten conductas serviles a EEUU, sino también un odio larvario y feroz de clase contra Evo Morales y la dirigencia obrera-campesino-indígena.

Entre la cuota de embajadores, de los que se espera aboguen por un gobierno escuálido, se destaca el nombramiento de Rubén Darío Cuellar como nuevo embajador permanente ante las NNUU. Sin ninguna pereza mental, Cuellar declaró que su labor principal sería la de desmontar la mentira del golpe de Estado y clarificar la sucesión constitucional de la actual presidenta autonombrada. Sin duda, dos tareas titánicas cuyos costos financieros astronómicos para el país contrastarán con la duración de la gestión de la presidenta breve.

Convendría no olvidar que Cuellar es un aliado importante del núcleo ultraconservador de los senadores republicanos instalados en Miami quienes lo han favorecido generosamente con recursos económicos para su campaña política en nombre de los DDHH. Durante varios años Cuellar se desempeñó como Director de la Fundación Observatorio de Derechos Humanos y Justicia, una institución de fachada que sirvió desde su constitución en una cantera de dirigentes políticos ultraconservadores. La filosofía de la Fundación apunta a hacer desaparecer el Estado (Estado mínimo, Hayek) para dar paso a la iniciativa privada considerada como el reino de la libertad. Más que el reconocimiento a la trayectoria política conservadora de Cuellar, el nombramiento constituye una broma de mal gusto que pone en tela de juicio el mandato real de la Fundación de marras. Resulta que el Observatorio de Derechos Humanos que antes del golpe cuestionaba la violencia estatal durante la gestión de Evo Morales, ahora tendrá como tarea esconder la mano criminal del Estado.

Para cualquier ciudadano inadvertido, Cuellar podría aparentar cierta solvencia en las lides diplomáticas. Lo cierto es que su nombramiento obedece pura y llanamente a la necesidad de explicar el origen constitucional del régimen, esconder a los ojos de la comunidad internacional las decenas de muertos y heridos o presentarlos como “hordas salvajes terroristas” al estilo Murillo, en clara contradicción con las tareas que desempeñaba antes de su nombramiento. Rubén Darío Cuellar en realidad forma parte del equipo político de Oscar Ortíz (Unidad Demócrata) y de su pequeña cofradía mafiosa receptora de ingentes recursos económicos del extranjero, que nunca rindió cuentas ante la Contraloría General del Estado Plurinacional. Solo basta revisar las asignaciones de recursos de las fundaciones norteamericanas, NED, por ejemplo, para notar que dicha fundación no tenía nada que ver con los DDHH, sino con la formación de líderes conservadores bajo el apostolado neoliberal a ultranza.

Como parte de su agenda de normalización diplomática de Bolivia con el mundo, Longaric prometió restaurar la relación bilateral con Israel. Aunque pareciera una decisión insólita, dado el escenario político que vive Bolivia y la distancia que media entre La Paz y Tel Aviv, la decisión solo explica el carácter ultraconservador del régimen y su tentación autoritaria, considerando los antecedentes genocidas del gobierno sionista. En agosto del 2009, Evo Morales rompió relaciones con Tel Aviv como consecuencia de la brutal ofensiva israelí contra los palestinos en la Franja de Gaza que dejó un saldo de más de 1.000 personas cruelmente asesinadas. Israel es el Estado militarizado que trae consigo uno de los expedientes más funestos en materia de DDHH durante el último medio siglo: asesinatos en masa, ocupación territorial, tortura, desplazamientos, asesinatos selectivos, secuestro, genocidio y otros.

A la hora de anunciar el restablecimiento de las relaciones, Longaric cuestionó la ruptura con Israel como una “medida política” que no había considerado sus efectos colaterales para el turismo boliviano. Para la canciller de la dictadura estaba claro que la masacre de palestinos no merecía ningún reproche internacional o, cuando menos, que la decisión debía ser estudiada desde el punto de vista económico y no desde los derechos humanos, considerado un enfoque político. Con esta conclusión, la cancillería dejaba claro que los crímenes de lesa humanidad no deberían ser tratados políticamente sin un previo análisis económico para decidir en consecuencia. Menuda lógica desideologizada de las relaciones internacionales la de Cancillería.

El afán de restaurar la relación con el mayor socio militar de EEUU en Medio Oriente no sólo tiene como objetivo un cálculo económico, sino también, y fundamentalmente, constituye una decisión política altamente ideologizada por parte del régimen. Implica aceptar las políticas sionistas cuyo centro de gravedad constituyen la violación sistemática de los DDHH como por ejemplo el uso genocida de la fuerza militar contra poblaciones civiles, detenciones indebidas de niños y ancianos, bombardeos contra reductos protegidos por la Cruz Roja Internacional y otros. Restablecer relaciones con Israel significa un alineamiento automático a las políticas de dominio y expansión territorial sionista, así como a sus brutales políticas antiterroristas, cuya matriz doctrinaria procede del Departamento de Defensa y de las agencias de seguridad de EEUU. El restablecimiento de relaciones también implica aceptar las estrategias de dominio imperial de EEUU en Medio Oriente, sustentadas en el despliegue de su maquinaria militar, en el potenciamiento de su complejo militar-industrial y en la búsqueda de control y hegemonía geopolítica en áreas vinculadas con la explotación de recursos naturales estratégicos para sus empresas transnacionales.

Congruente con la decisión de Longaric, el Ministerio de Gobierno anunció inmediatamente la petición de cooperación y asistencia técnica a Israel en favor de la policía nacional en el campo de la lucha contra el terrorismo. Un gobierno represor con más de 30 muertos a cuestas solicita a un gobierno genocida asistencia técnica para perfeccionar el oficio de la masacre. Dicho de otra manera, la política exterior del régimen golpista empezó echando raíces en el componente antiterrorista en un país que históricamente ha rechazado la violencia armada o el uso del terror como método para acceder al poder.

Este conjunto de decisiones, que en apariencia apuntan a restablecer la normalización de las relaciones internacionales de Bolivia con el mundo, no significa otra cosa que el retorno al viejo republicanismo colonial en el que cancillería juega el singular papel de garantizar la enajenación de la soberanía nacional.  La promesa de institucionalizar la cancillería, de despojarla de la carga ideológica con la que se manejó con Evo Morales y de someterla a cálculos políticos no es más que una broma de mal gusto.

Por lo que vimos, en un tiempo récord, la cancillería se ocupó por una militancia partidaria ávida de cargos rentables, canonjías y prerrogativas. Como en los viejos tiempos en los que imperaba la pigmentocracia, restablecieron disposiciones destinadas al uso del “vestido”, “terno y corbata” y “trajes oscuros” para dar apariencia señorial en desmedro de los usos y costumbres ancestrales que forman parte de la diversidad e identidad nacional. Como algún intelectual señalara en su momento, en cancillería se estaba produciendo el “requiem del Estado Plurinacional que daba paso al retorno del Estado colonial”.

La política de restauración del viejo modelo republicano, neoliberal y colonial alcanzó su mayor expresión con este régimen mediante la suplantación de las decisiones estatales estratégicas. Estas pasaron rápidamente de manos de funcionarios de cancillería a manos de agentes de quinta categoría que Washington destinó para el funcionamiento del “gobierno de transición”. No fue casual la visita del vicesecretario de Estado Adjunto para la Democracia, DDHH y Trabajo, Roger Carstens, recibido solemnemente por Longaric cuando correspondía que sea recibido, por su jerarquía, por un viceministro o por el jefe de protocolo de Cancillería. Este curioso detalle revela el grado de sumisión política del régimen a sus patrones de siempre. 

El conjunto de cambios que ocurren en cancillería, y seguramente en otras áreas del régimen imperante, traducen el espíritu del momento que vive el país asociado a un clima autoritario, cargado de odio y miedo, además, signado por el predominio de abuso del poder policial y autoridades de fiscalía que echaron por tierra cualquier rasgo democrático de respeto a los DDHH. En medio de este clima de transgresiones, la presidenta autonombrada y la canciller de la dictadura pasaron por alto todos los procedimientos administrativos, burocráticos y constitucionales a la hora de designar funcionarios que representarán al Estado Plurinacional de Bolivia en el contexto internacional. Eludieron el conducto parlamentario, evitaron informar a la Asamblea Legislativa acerca de las tareas para las cuales fueron designados o los objetivos que se debieran lograr y, finalmente, ni esperaron que los gobiernos u organismos ante los que acreditaron a los nuevos funcionarios otorgaran el beneplácito respectivo.   

La propia canciller en un acto abusivo y arrogante, violando la Convención de Viena de 1961, procedió a difundir públicamente a os medios de comunicación la nómina de personas asiladas en la embajada de México poniendo en riesgo no solo la seguridad de ellos como la de su propia familia.

Bolivia vive una de sus peores circunstancias democráticas, en la que una pandilla de dirigentes políticos fracasados y vengativos de extrema derecha tomaron el poder por la vía del golpe de Estado, con apoyo extranjero. No cabe duda que las decisiones apresuradas, arbitrarias e inconstitucionales en el campo de la política exterior del nuevo régimen obedecen a la necesidad de fortalecerse internamente y lograr legitimarse internacionalmente.

Concluidas las tareas sucias de cancillería y la designación a dedo de las embajadas claves, destinadas a constituir una especie de escudo diplomático ante la comunidad internacional, resta dar el segundo paso: el restablecimiento del dominio y la estructura de aplastamiento de la soberanía nacional que está en curso. El retorno de las agencias de seguridad y desarrollo de EEUU –USAID, NAS, DEA, CIA, PL-480, MILGROUP y otras– constituye una condición ineludible para el restablecimiento de las relaciones bilaterales con EEUU. Para la potencia dominante, la normalización de las relaciones bilaterales pasa por instalar sus diversos mecanismos de control y dominio colonial en cada institución, ministerio, gobierno local, cuartel militar o policial, entidad civil, ONG, iglesia o gobernación como ocurría antes del 2006.

Por cierto, quedan pendientes otras decisiones trascendentales para la recomposición de poderes e influencia extranjeros contra la Nación como el restablecimiento de relaciones con Chile. En última instancia, el golpe no tendría sentido entretanto no se convierta a Bolivia en un Estado marioneta. Las condiciones internacionales de signo hegemónico exigen hacer del país un pequeño apéndice colonial para darle fuerza al alicaído Grupo de Lima, impulsar la guerra económica contra Venezuela, debilitar la UNASUR o cumplir el triste papel de eco servil para favorecer el esmirriado prestigio de la OEA. Incluso pretender restablecer las relaciones diplomáticas con Chile forma parte de una agenda que sólo sería posible en un régimen tan abyecto como el que estamos experimentando los bolivianos.