La muerte (a causa de un tumor maligno en la cabeza) del polémico juez federal Claudio Bonadío, deja detrás una historia con demasiadas oscuridades, aplicación del lawfare, y escasos intentos de hacer justicia.

Durante las décadas en la que estuvo al frente del juzgado maniobró, con más o menos voluntad de acción según los personajes investigados y los tiempos políticos, una cantidad numerosa de expedientes. Y cosechó decenas de denuncias ante el Consejo de la Magistratura. Pero siempre tuvo defensores y encubridores, sobre todo en la derecha y extrema derecha argentina.

Tomó importancia por su persecución obsesiva contra la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y su familia desde que ésta ocupó la presidencia entre 2007 y 2015, y también contra muchos de sus exfuncionarios, especialmente en el pasado gobierno de Mauricio Macri, donde amplificó su especialidad de armar causas falsas, por lo que ha sido y sigue siendo denunciado.

Llegó a su cargo en medio de un escándalo al que se llamó en los años 90 los “jueces de la servilleta” porque su nombre figuraba en una servilleta,  anotado por el ministro del Interior del ex presidente Carlos Menem (1989-1999), para ser favorecido -junto con otros “amigos”- con un nombramiento sin pasar por concurso, como sucedió en ese año.

Desde entonces ocupó la titularidad del Juzgado federal 11 bajo un sistema inconstitucional y dudoso ya que los nombramientos se daban por concurso. Menem necesitó armar un aparato de jueces que lo “cubrieran” y en eso tuvo un lugar de privilegio. Tenía más de 50 causas abiertas y demandas incluso por un episodio en que asesinó a tiros a dos jóvenes delincuentes que supuestamente intentaron asaltarlo, uno de los cuales estaba desarmado y el otro recibió un disparo por la espalda.

Nunca cerró este caso como otras denuncias elevadas al Consejo de la Magistratura donde nunca se hizo nada. Bonadío fue el preferido del “partido judicial” macrista e incluso de la Fundación Libertad, dependiente de Estados Unidos con una sede central en Rosario (Santa Fe), nido de las derechas ultras locales e internacionales, que persiguieron al kirchnerismo.

Allí daba conferencias y llegó a ser comparado con el juez Sergio Moro, de Brasil , a quien le han llamado el  “verdugo” del ex presidente Luis Inácio “Lula” Da Silva, y de la ex presidenta Dilma Rousseff ya que estuvo a la cabeza del golpe de 2016 que derrocó a esta mandataria.

Acumulaba denuncias por  extorsión, especialmente en los últimos tiempos amparado por la impunidad  del gobierno de Macri, trabajando con sectores de inteligencia local y extranjeras (en especial estadounidenses e israelíes) y además medios de comunicación y algunos periodistas cooptados, acusados en  juicios por extorsión y espionaje ilegal. 

Un día antes de la muerte de Bonadío, Cristina Fernández de Kirchner presentó un escrito judicial de unas 70 páginas donde describe una de las más acabadas formas de persecución contra ella y su familia.

Además de intentar llevarla a la cárcel, por decisión del expresidente Mauricio Macri y sus funcionarios, Bonadío armó casi una decena de causas falsas como la que se basó en las fotocopias no certificadas de cuadernos supuestamente escritos por el chofer de un exviceministro para acusar a Fernández de Kirchner, a funcionarios, a empresarios a los cuales extorsionó –como está denunciado- en sociedad con el fiscal Carlos Stornelli.

La elevación a juicio oral de la causa de las fotocopias de los cuadernos, en la que acusó a Fernández de Kirchner de ser jefa de una asociación ilícita dedicada al cobro de sobornos, fue una de las últimas decisiones que tomó como magistrado.

Su utilización del Memorándum de Entendimiento firmado por el ex canciller argentino Héctor Timerman y la cancillería de iraní para tratar de que jueces argentinos viajaran a Teherán para indagar a ex funcionarios de Irán, acusados sin pruebas por Estados Unidos e Israel del atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), sucedido en 1994, es un modelo de inequidad judicial.

Nunca se puso en acción ese documento, pero trató de forzar una causa ilegal como se ha demostrado jurídicamente. Bonadío impidió con enorme crueldad que Timerman, afectado por un cáncer de hígado, pudiera viajar a Estados Unidos donde tenía reservada una clínica donde iba a tratar de mejorar su situación clínica. Cuando lo autorizó era tarde.

La Sala I de la Cámara Federal decidió, en 2005, quitarle el expediente que investigaba el encubrimiento y las pistas falsas plantadas en la causa madre por "falta de imparcialidad": debía investigar a su colega Juan José Galeano y a Corach, de quien había dependido años atrás y a quien le debía el puesto de juez federal.

También es considerada como “una canallada antijurídica” los desesperados intentos de acusar la muerte (en realidad  el suicidio) del ex fiscal Alberto Nisman en enero de 2015 al gobierno de Fernández de Kirchner, negándose a recibir testimonios y pruebas que hoy saltan a la luz incluso en películas.

Dos veces pidió desaforar y detener a Cristina Kirchner. Seguramente Bonadío iba a terminar sus días en una cárcel, condenado por los graves delitos de extorsión y persecución ilimitada, al surgir en estos días  una cantidad de sorprendentes pruebas, que muestran la inocencia de varios de sus acusados  que están detenidos ilegalmente, pero en este caso no se hizo justicia.

En los últimos días de 2019, el juez Claudio Bonadio se encargó de salvar de responsabilidades a funcionarios macristas. Sobreseyó al exministro de Tranporte Guillermo Dietrich, al jefe de Gobierno Porteño, Horacio Rodríguez Larreta; al funcionario Franco Moccia (ministro de Desarrollo Urbano de la Ciudad) y a dos altos funcionarios de Autopistas Urbanas SA (Ausa) en la causa en la que se investigaba el supuesto direccionamiento de la licitación del Paseo del Bajo.

Bonadío es el magistrado que más denuncias recibió después de Norberto Oyarbide. La mayoría, 41 según la plataforma Justiciapedia, fueron desestimadas, mientras que fue sancionado en dos y otras ocho continúan en trámite.

Una de las denuncias ante el Consejo de la Magistratura fue motivada por su actuación al frente de la Causa AMIA, de la que se hizo cargo en 2000 y sobre la que avanzó poco y nada antes de que lo apartaran.

“Argentina vivió en los últimos años un proceso de utilización de la justicia para someter a la política Y él fue el estandarte. No queda duda alguna que va a quedar como el gran abusador de las presiones preventivas que metió miedo en mucha gente no solo en la política sino en varias empresas”, dijo el senador Maurice Closs.

Rubén Armendáriz

Periodista y politólogo, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)