La Agencia Central de Inteligencia (CIA) y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos tenían documentos y soportes gráficos y de audio sobre la matanza en noviembre de 1989 de seis sacerdotes jesuitas, entre ellos el fundador de la Teología de la Liberación, Ignacio Ellacuría, y dos empleadas domésticas de Universidad Centroamericana en El Salvador, pero se negaron a dar información.

Esta acusación quedó confirmada tras los relatos de testigos durante la tercera sesión del juicio en la Audiencia Nacional de España contra Orlando Montano, ex viceministro de Seguridad Pública y coronel de las fuerzas armadas de El Salvador,  único imputado del caso, que fue extraditado a España.

Los otros 20 acusados fueron protegidos por el Estado salvadoreño. Montano es señalado como uno de los autores intelectuales del asesinato los jesuitas, cinco de ellos españoles

La madrugada del 16 de noviembre de 1989, la sangre salpicó las paredes y los patios de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas en la capital de El Salvador. Los cuerpos fueron minuciosamente masacrados, tiro a tiro. Las marcas del ataque quedaron estampadas en huecos profundos en las fachadas.

Los cadáveres de seis curas jesuitas y de dos mujeres, la cocinera de la residencia y su hija de 16 años, quedaron envueltos en sangre, bocabajo, en los cuartos o en el jardín. "Sus rostros y cerebros fueron despedazados como animales que se destazan sin piedad", recordó el portal oficial de los jesuitas para América Latina.

Todo había comenzado un poco antes, cuando soldados del Batallón de Infantería de Reacción Inmediata "Atlacatl", un comando entrenado en Estados Unidos, intentaron entrar por la fuerza a la casa de los curas, casi todos directivos de la Universidad.

Según documentos de la Comisión de la Verdad formada en El Salvador en 1992, la UCA era considerada un "refugio de comunistas" y los soldados habían recibido órdenes de eliminar a los "elementos subversivos conocidos". Después de cometer su encomienda esa noche, dejaron señales y pruebas falsas para que parecieran que los crímenes habían sido cometidos por la guerrilla insurgente.

Como está resumido en el reporte de la Comisión de Verdad, el Coronel Ponce, en la presencia del General Juan Rafael Bustillo, los coroneles Orlando Zepeda, Inocente Montano y Francisco Elena Fuentes, ordenó al coronel Guillermo Benavides que matara al padre Ellacuría y que no dejara testigos.  Esa misma noche, Benavides le ordenó a Espinoza que llevara a cabo la misión y no dejar testigos.

Espinoza y su sección llegaron a la Universidad de Centroamericana en San Salvador y en la madrugada del 16 de noviembre y se abrieron paso a través del Centro Pastoral.  Cuando los sacerdotes salieron para averiguar qué pasaba, fueron ordenados a salir al jardín y acostarse boca abajo en el suelo, mientras los soldados revisaban el edificio.  A este punto, el teniente Espinoza Guerra dio la orden de matar a los sacerdotes.

Al final, seis sacerdotes, la ama de llaves y su hija de 16 años fueron brutalmente asesinados, mientras los niños gritaban que no los mataran.

Casi 30 años después, en abril de 2018, una corte de Paz ordenó la reapertura del proceso para determinar la autoría intelectual y al año siguiente, un alto tribunal lo confirmó, sin que hasta la fecha se hayan dado avances.

En enero de este año, por primera vez en más de 30 años, el gobierno de Estados Unidos, que apoyó y financió la guerra civil en El Salvador, anunció restricciones de visa para los 13 exmilitares del batallón que la CIA entrenó y a los que se responsabiliza por la muerte de los seis jesuitas y las dos mujeres.

José Luis Navarro, letrado de las cortes españolas elaboró en 1990, cuando una delegación del Parlamento español viajó a El Salvador,  elaboró un documento en el cual se afirmó que el juez Ricardo Zamora, que investigaba el caso, se mostró preocupado porque los militares salvadoreños y los aparatos de seguridad de Estados Unidos, la CIA y el FBI, ocultaron información.

En el informe se documentó que entre los autores intelectuales de la matanza estaba el alto mando del Estado Mayor salvadoreño. Enrique Alcubilla, otro testigo, letrado del Congreso de los Diputados, recordó que en aquel juicio todo fue anómalo: no hubo interrogatorios ni se presentaron pruebas y todos los testimonios se basaron en declaraciones extrajudiciales, que exoneraban a los autores intelectuales.

Álvaro Verzi Rangel

Sociólogo venezolano, Codirector del Observatorio en Comunicación y Democracia y del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)

http://estrategia.la/2020/06/18/el-salvador-la-cia-el-fbi-y-la-masacre-de-jesuitas/