Clarisa Mensa trabaja con familias campesino- indígenas en la Córdoba profunda. En diálogo con EL COMEJÉN explica por qué es necesario refundar el modelo agrario argentino y qué se puede esperar del nuevo gobierno en materia de soberanía alimentaria. Además, opina sobre el anuncio sorpresivo de expropiación de Vicentin: uno de los gigantes del agronegocio en el país.

“Soy del Cerro Colorao

Ande no sabe llover

Ande naides cruza el río

Cuando le da por crecer”

“Aquí hay ríos muy pequeños, que nacen en la sierra y desaparecen. Cada uno de sus tramos tiene su nombre. El más conocido es Piscohuasi pero no llega a la Mar Chiquita, se pierde antes de los bañados del río Dulce, que ya es Santiago del Estero, ya es otra geografía, otros cantares”. La que habla es Clarisa Mensa, trabajadora social afincada desde hace tiempo en San José de la Dormida, al norte de Córdoba. 

Clarisa Mensa del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE). Argentina

Desde 2008 participa en Los Algarrobos, una organización que defiende la supervivencia de las familias campesino-indígenas de la zona. El encuentro de Clarisa con la agricultura familiar se hizo esperar. Nació en Freyre, colonia de piamonteses ubicada también en Córdoba, pero en el límite con Santa Fe. El pueblo integra lo que se conoce como “Pampa Gringa” y en él se asientan cooperativas agroindustriales dedicadas a la producción láctea. “Siempre la idea del sacrificio, el trabajo y la producción como guía. Siempre con el objetivo de la acumulación y el progreso por sobre el disfrute de la vida”, sentencia Clarisa sobre su lugar de origen. Si bien su familia guardaba lazos con el mundo rural, ellos pertenecían a una realidad diferente de la que ahora vivencia en el departamento de Tulumba. 

“Mi familia se fue mudando cada vez más al norte por cuestiones de trabajo y, de tan al norte, llegamos a San José de la Dormida. Mi padre tenía maquinarias y prestaba servicios de siembra y cosecha en otros campos que no eran suyos. A medida que nos fuimos trasladando, conocí otras realidades y me fui enamorando de este otro campo. Esa combinación del modo de vida y la producción.”

El 8 de junio, luego de más de 2 meses de aislamiento por el Covid-19, el presidente argentino Alberto Fernández rompió el letargo nacional con un anuncio: la intervención y posible expropiación de Vicentín. La empresa, una de las exportadoras de granos más grandes del país, mantiene una deuda millonaria con la banca estatal y se declaró en concurso de acreedores a principios de marzo. La mayoría de las organizaciones de la agricultura familiar apoyaron la decisión del Gobierno. También el Movimiento de Trabajadores Excluidos, la plataforma nacional donde Clarisa y sus compañeros están insertos.

¿Por qué es acertado que el Estado argentino tome el control sobre Vicentín? 

Nosotros levantamos las banderas de la soberanía alimentaria y la reforma agraria integral y popular, y evaluamos esta medida como un pequeño paso en esa dirección. El mercado de granos en Argentina es la principal fuente de divisas, pero también la actividad de mayor evasión fiscal. Eso debe cambiar. Debe cambiar también su matriz transnacional con predominio de la exportación de comodities, por una industria de exportación de bienes con valor agregado que genere empleo local y derive en bienes industrializados también para el mercado interno.

¿Cómo el control sobre Vicentín contribuiría a los cambios que mencionás? 

Cuando hablamos de Vicentín, debemos entender la matriz agropecuaria de la Argentina. En nuestro país existe una gran concentración de la renta asociada a la propiedad de la tierra, donde un 2% concentra más del 50% del territorio. En números absolutos son 1500 familias que explotan algo así como 30 millones de hectáreas. La medida del Gobierno debe contribuir a modificar esta realidad. 

Permitir a través del control de precios y de la regulación en la industria alimenticia que pequeños productores logren rentabilidad y rompan con la premisa que pregona el agronegocio: aquella que postula a la “rentabilidad de escala” como la manera de sostenerse en el sector, que no es otra cosa que el fundamento económico para concentrar la tierra en pocas manos. Además, nos encontramos con la necesidad de pensar en nuevos modelos de gestión empresarial, en modelos mixtos, con control y participación de los diferentes sectores y el Estado. Es necesario poner en debate el rol que empresas de la magnitud de Vicentín deberían jugar en la lucha contra el hambre, en la producción de alimentos sanos. 

El departamento de Tulumba comprende 10.164 km² y se extiende a lo ancho del territorio cordobés. Limita con las provincias norteñas de Catamarca y Santiago del Estero. En su inmensidad abarca paisajes diversos. Hacia el este, llanuras donde predominan el agronegocio, el uso del glifosato y los desalojos de familias campesinas. Hacia el centro-oeste el paisaje que aflora es la sierra: terrenos irregulares, precordilleranos, donde el agua no abunda. Quizás esos dones contribuyeron para colocar a la región por fuera de la frontera verde, aquella que divide tierras aptas para la siembra de monocultivos de las que no lo son. 

Las sierras concentran lo poco que queda de monte nativo en la provincia. Allí, Clarisa y Los Algarrobos trabajan junto a 100 familias. Se aprovecha la floresta para la apicultura. Del piquillín se obtiene vinagre y de la algarroba y la tuna se produce arrope. Colaboran con el desarrollo de redes de almacenamiento y distribución de agua, organizan perforaciones comunitarias y despliegan estrategias para comercializar lo que se cultiva en los mercados de cercanía. Las familias llevan adelante lo que se denomina “ganadería mixta”: cría de cabras, vacas, ovejas, cerdos y pollos. 

Tulumba conserva su acervo campesino e indígena, asentado en la cultura comechingona y saravirona. El Cerro Colorado, quien fuera descripto con inigualable maestría por Atahualpa Yupanqui, se erige como centro espiritual de la región. Las pictografías en sus paredes atesoran 1100 años de Historia. Caballos y jinetes, por ejemplo, anoticiaron sobre la llegada de la conquista española a suelo tulumbano. 

¿Te sorprendió escuchar “soberanía alimentaria” en boca de Alberto Fernández? 

La bandera de la soberanía alimentaria es una reivindicación histórica de los movimientos sociales, de las organizaciones agrarias. Que hoy el Estado argentino, de la mano del presidente, la plantee públicamente y considere la necesidad de intervenir en los procesos productivos en pos de resguardar las fuentes laborales, no deja de sorprendernos y lo consideramos un avance significativo. Lo mismo experimentamos cuando en su discurso de asunción, calificó a la “agricultura familiar” como sector estratégico. 

¿No es contradictorio que se hable de “soberanía alimentaria” cuando el objetivo con la intervención de Vicentín es resguardar una empresa que produce comodities?

Se podría decir que sí, si no tenemos en cuenta cuál es el contexto de la decisión. Nos encontramos en un momento inicial de la problematización de las políticas agroalimentarias. El control estatal sobre Vicentín puede permitir avanzar en ese camino, con autonomía, con la construcción de un modelo de producción de alimentos basado en la agroecología, con la integración de diferentes sectores, con control público y un Estado presente. 

Organización Indígena-campesina en Córdoba (Argentina)

La soberanía alimentaria no es solo un pronunciamiento, una resolución del Congreso. Es un camino que se recorre y conquista de la mano de las organizaciones sociales. Es una alianza del campo con las ciudades. A este modelo de inclusión y armonía ambiental se le opone un sector históricamente favorecido por el modelo de acumulación, de explotación y traducido en los últimos años en capitalismo financiero, que no estará dispuesto a ceder un solo privilegio ante una propuesta de redistribución y control estatal.

La discusión sobre la producción de alimentos y el tipo de agricultura que el país debería desarrollar ha adquirido mayor visibilidad en la Argentina de los últimos años. Decenas de organizaciones han conseguido desplegarse a nivel nacional y aglutinar fuerza al calor de la demanda de cambios estructurales en el modelo agropecuario vigente.  La rama rural del Movimiento de Trabajadores Excluidos es un botón de muestra de dicho fenómeno. Inició su desarrollo en 2015 y solamente en Córdoba organiza familias en al menos 11 territorios de la provincia.

Existen quienes consideran que la exportación de bienes primarios para países como la Argentina es sumamente importante en tanto única fuente generadora de divisas que, a su vez, se tornan vitales para el pago de la deuda externa y la importación de insumos industriales. 

¿Crees que el país debería abandonar por completo un modelo agrícola basado en el agronegocio? 

En el corto plazo, es inviable abandonar el modelo agrícola hegemónico, pero sí debe ser fuertemente controlado por un Estado presente en todas sus dimensiones. En la dimensión productiva debe ser regulado y reemplazado el uso de agrotóxicos y el monocultivo. En la dimensión ambiental debemos asegurar la protección de los bienes naturales y avanzar en el desarrollo de tecnologías amigables y recuperación ambiental. En la dimensión social se debe proteger la propiedad campesina e indígena de la tierra, su arraigo y reproducción social. En la dimensión económica se debe ejercer un estricto control de la evasión fiscal, con impuestos progresivos a la renta agraria y límites a la concentración y extranjerización de la tierra. También se trata de dar rentabilidad a cultivos alternativos, apostar al desarrollo local, los mercados de cercanía y las economías regionales. Cuando hayamos avanzado en estos supuestos, estaremos más cerca de poder abandonar el modelo agroexportador ofreciendo al mercado global alimentos y ya no comodities con fines energéticos o de insumos.

¿Existen posibilidades de avanzar en los supuestos que mencionás durante la presidencia de Alberto Fernández?

Las organizaciones hemos iniciado el camino de la unidad. El año 2019 nos encontró en el Primer Foro Agrario por un Programa Agrario Soberano y Popular, donde se definieron las bases sobre las que consideramos se deberían asentar las políticas orientadas al sector de la agricultura familiar, campesina e indígena. Hay numerosos proyectos de ley presentados que proponen regular la concentración de la tierra y las semillas, la protección de los cinturones productivos, el freno a la extranjerización de la tierra, el freno a los desalojos de campesinos e indígenas, entre otras demandas. El gobierno actual cuenta con el apoyo crítico y con el capital simbólico del sector. De la lectura de la correlación de fuerzas va a depender la decisión política de atender a nuestras demandas históricas.

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Esta entrevista fue realizada para EL COMEJÉN por Cristian Ariel Peña, pedagogo y activista argentino, residente en Noruega. Ha trabajado para LAG (Comités de Solidaridad con América Latina) en Brasil. Fue líder de LAG entre el 2019 y el 2020.

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