Cuando fue a vivir en Jardim Emburá, en el extremo sur de la ciudad de São Paulo, Katia Marques se enteró de que el agua no era entubada y, sin opción, vio la rutina de llenar baldes en el tanquero convertirse en parte de su realidad. Lo que ella no imaginaba es que, más de cinco años después, la situación todavía sería la misma.

Así como Katia, que es madre de dos niños de 7 y 13 años, cientos de familias del barrio sobreviven en las mismas condiciones. Ellas forman parte del 16% de la población, aproximadamente 35 millones de personas, que no tienen acceso al agua tratada en Brasil, según las cifras más recientes del Sistema Nacional de Información sobre Saneamiento (SNIS).

Los pozos de agua no tratada están en casi todos los patios de las casas de Jardim Emburá, localizado en el distrito Engenheiro Marsilac. Para no depender de los escasos tanqueros que envia la Compañía de Saneamiento Básico del Estado de São Paulo (SABESP), la única opción de Katia es utilizar el agua del pozo para cocinar y bañarse. 

“El agua sale [del pozo] marrón y tenemos que esperar a que se asiente. Tomamos el cloro que dan en el puesto para nosotros mismos tratar el agua. Esperamos unas tres horas para que el cloro limpie un poco”, explica Katia, de 33 años, que relata consecuencias en la salud de la familia. 

En la casa donde vive Felipe con su esposa y dos hijos, el acceso al agua sólo es posible porque su suegro, que vive cerca y toma agua de una tubería local, extendió una manguera de más de 300 metros para bombear agua hasta la casa de su hija. 

Felipe afirma que las regiones del distrito de Marsilac que circundan a Jardim Emburá tienen agua tratada y entubada. En el barrio que está a medio camino, sin embargo, no sale ni una gota del grifo. 

Según el joven, muchos de los aproximadamente siete mil moradores del barrio ya buscaron a la SABESP para presionar por la llegada de agua tratada, pero no tuvieron éxito. Ahora el recoge firmas para un documento que sera entregado a la empresa y a las autoridades de salud. 

“Ellos saben de la situación. Tanto saben que nos dan cloro para tratar el agua en casa. Hay personas que viven aquí hace más de 30 años y hasta desistieron [de luchar por el agua tratada]”, cuestiona. 

Derecho fundamental

El cotidiano en el Jardim Emburá es apenas un caso entre tantos de la realidad brasileña que ponen en jaque la resolución de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), firmada el 28 de julio de 2010, que determina que el acceso al agua limpia y segura y al saneamiento básico son derechos humanos fundamentales. 

Otros datos constatan la gravedad del escenario. Em 2019, apenas 46% del saneamiento generado en el país fue tratado y casi 100 millones de personas utilizaron medidas alternativas para lidiar con los desechos, sea por medio de pozos ou arrojando el desagüe directamente a ríos.

Edson Aparecido da Silva, secretario ejecutivo del Observatorio Nacional de los Derechos al Agua y al Saneamiento (Ondas), resalta la importancia de la resolución de la ONU, pero señala que muchas naciones todavía no incorporaron ese derecho a sus instrumentos legales. 

Es el caso de la Constitución Brasileña, que por medio del artículo 6º establece la salud, la educación, la seguridad, la vivienda, entre otros, como derechos sociales, pero no cita el acceso al agua y al saneamiento.

El explica que la mayor parte de la población desasistida se concentra en las regiones Norte y Nordeste del país, así como en las periferias de las grandes ciudades, en los cerros, en las favelas y en las casas de palafitos.

“El derecho humano al acceso al agua y al alcantarillado sanitario es efectivamente cumplido cuando todas las personas, independientemente de su capacidad de pagar por los servicios, independientemente de donde y de las condiciones que vivan, tienen acceso a esos servicios. Estoy hablando, inclusive, de incorporar ese derecho para la población que vive en situación de calle, que está completamente excluida”, critica.

Es que a pesar de la situación crítica de buena parte de los brasileños, el especialista pondera que, desde el inicio de los años 2000, hubo avances en las políticas del área, a partir de la creación del Ministerio de las Ciudades – en 2003, por el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva – y del desarrollo de políticas urbanas.  

En los últimos años, sin embargo, en opinión del secretario ejecutivo del Ondas, hubo un empeoramiento a partir de la reducción de inversiones y extinción de instrumentos de control social creados anteriormente. 

Para el, el nuevo marco del saneamiento básico es la expresión máxima de ese retroceso. Sancionada por Jair Bolsonaro (sin partido) el 15 de julio, la ley facilita la privatización de los servicios prestados por el sector. A partir de ahora, empresas públicas no podrán ser contratadas directamente, y deberán disputar una licitación con empresas privadas.

El presidente vetó, además, el artículo que permitía la extensión de los contratos actuales con las empresas públicas por 30 años más. El dispositivo era resultado de una articulación entre la oposición y gobernadores críticos a los efectos de la privatización de servicios esenciales.

Asesor de saneamiento de la Federación Nacional de los Urbanitarios (FNU), Silva afirma enfáticamente que la lógica del lucro, que guía al sector privado en el saneamiento, es incompatible con la idea de universalización del acceso. 

“Los grupos interesados en el saneamiento de Brasil son grandes grupos financieros, empresas controladas por fondos de inversiones. BRK Ambiental, una de las mayores empresas privadas de saneamiento en el país, tiene como principal controlador un fondo de inversión canadiense. Aegea, la segunda empresa más grande, tiene un fondo de inversión de Singapur. Es evidente que el saneamiento en la mano de esos grupos se va a convertir, efectivamente, en un gran negocio”.

Agua es salud

Informaciones del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) registran que, en 2016, hubo 166,8 internaciones hospitalarias por 100 mil habitantes en Brasil debido a enfermedades relacionadas con la falta de saneamiento. Considerando una población de 207,7 millones en esa época, fueron 346,5 mil internaciones hospitalarias por enfermedades causadas por "saneamiento ambiental inadecuado".

Acceder a agua tratada es, incuestionablemente, una cuestión de salud pública en todo el mundo. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) por ejemplo, en 2017, más de un cuarto de las muertes de niños menores de cinco años fueron causadas por factores ambientales como contaminación, falta de saneamiento y uso de agua no apta para el consumo. 

La profesora asociada del Instituto Salud y Sociedad, de la Universidad Federal de São Paulo (UNIFESP), complementa que vectores de enfermedades como dengue, zika y chikungunya tienen sus criaderos en depósitos de agua improvisados en los barrios que no disponen de abastecimiento regular de agua – similar a los pozos artesianos de Jardim Emburá, en Marsilac.

Traducción: Pilar Troya

Edición: Rodrigo Chagas

https://www.brasildefato.com.br/2020/07/28/hace-diez-anos-onu-declaraba-acceso-al-agua-y-saneamiento-como-derecho-humano