“La justicia no solo puede definirse con la lente de la ley formal sino por la tasa de ganancia, cuando la ley responde a los intereses económicos y políticos dominantes se transforma en el instrumento violento estructural contra la justicia es la forma jurídica que expresa poder del capital que aplasta los derechos históricos de nuestros pueblos que se manifiestan en mayor grado en los indígenas, garífunas, familias campesinas y la clase trabajadora”.

Carta a la conciencia, Juan Almendares

En el marco de la pandemia del coronavirus (Covid-19), Honduras se ha caracterizado por tener un sistema precario de salud, alta corrupción, narcotráfico. No obstante, del endeudamiento internacional a través de préstamos, donaciones y proyectos multimillonarios; se ha revelado una profunda crisis por el sistema de salud que ha colapsado y agravado por la falta de apoyo a médicos, enfermeras, microbiólogos, técnicos y a todo el personal de salud, lo cual se ha reflejado en el incremento en la morbilidad y mortalidad de estos trabajadores y de la población en general, particularmente los sectores más pobres y explotados.

Sumado a lo anterior, se han incrementado las violaciones a los derechos humanos, masacres, violencia intracarcelaria, intrafamiliar, corrupción escandalosa de parte del Estado, despidos masivos de trabajadores, racismo, violencia de género y exclusión social

Dos eventos significativos son: el secuestro de los jóvenes garífunas que llevan 8 días sin aparecer y la decisión del Estado de inhabilitar a la Diputada María Luisa Borjas.

“¹El equipo legal de Borjas presentó un recurso de casación frente a la sentencia que el 29 de enero de 2019 dictó el presidente de la CSJ, Rolando Argueta, condenándola por dos años y ocho meses de prisión, y además ordenando su inhabilitación especial e interdicción civil por el tiempo que dure la pena principal, condición que le prohíbe seguir en el Congreso Nacional...

En ese contexto, el pasado 21 de julio la CSJ declaró “sin lugar” la casación de la diputada... “

Las formas jurídicas, las leyes y políticas del Estado están en relación muy estrecha con la economía política o el modelo económico vigente y también con la geopolítica.

En este siglo XXI, el Estado hondureño se ha caracterizado por ser un estado militar, policial, carcelario y persecutorio, violador de los derechos humanos y ocupado su territorio por bases militares estadounidenses con una alta presencia del Comando Sur de Estados Unidos de América. En el plano económico se caracteriza por una economía dominada por el sistema neoliberal con tratados comerciales desiguales que protegen los intereses transnacionales y que progresivamente han invadido los territorios desalojando violentamente las comunidades por las empresas mineras, múltiples represas, monocultivos de palma africana, plantaciones de azúcar, siembras transgénicas inundando el país de plaguicidas, fertilizantes, metales pesados y produciendo enfermedades y muertes, sobre todo en las poblaciones indígenas, garífunas, misquitas, tolupanes, campesinas y urbanas empobrecidas como resultado de esta barbarie, han surgido en el corazón del pueblo dirigentes ambientalistas y defensoras de los derechos humanos como Bertha Cáceres, heroína que defendió el derecho de los ríos, las aguas, las montañas y las comunidades, así como la defensa de los derechos de la madre tierra a nivel mundial, por lo cual su lucha fue objeto de asesinato y cuyo crimen aún continúa impune.

¿Quién asesinó a Berta Cáceres?

Las investigaciones de estos casos generalmente toman un enfoque juridicistas y las leyes están diseñadas e impuestas por la política neoliberal que desde luego protegen los intereses del capital transnacional y nacional.

Nuestra reflexión parte de que generalmente se culpa a personas singulares y se excluye a los autores intelectuales. En otras palabras, que pueden ser las mismas empresas transnacionales, la banca internacional e incluso la política de otros países sin ética al expropiar a nuestros pueblos y comunidades que son despojados del agua y sus territorios.

No obstante, reconocer el esfuerzo de los juristas en aclarar este crimen, siempre he considerado que un enfoque interdisciplinario de varias profesiones desde luego bajo compromisos éticos y con respeto a los derechos humanos, pueden aclarar mejor esta situación, no obstante, las leyes nacionales e internacionales están diseñadas para proteger los intereses del gran capital.

La otra alternativa ha sido los tribunales de los pueblos que realmente están constituidos por intelectuales y representantes de las comunidades que se fundamentan en la verdad y en la justicia y con un profundo compromiso con los pueblos.

En todo caso, los estados militares y represivos tienen extraordinarios servicios de inteligencia; siempre hemos creído que tanto la verdad de los desaparecidos en toda América Latina, la verdad de los garífunas secuestrados y el asesinato de Bertha Cáceres la conocen los aparatos del Estado, más pareciera que las investigaciones son pura formalidad y por eso decimos con Gramsci “Que la suprema injusticia es causada por la hegemonía acorazada de coerción” que en el caso de Bertha Cáceres se criminaliza la voz del pueblo.

¿Quién es María Luisa Borjas?

Conocimos a la Comisionada María Luisa Borjas, quien visitó nuestro centro CPTRT cuando fue destituida de su cargo por denunciar a miembros de la policía involucrados en violaciones de los derechos humanos y porque sentía amenazada su vida; la sub directora del CPTRT, Alba Medina, defensora de derechos humanos y feminista, tomó el caso y procedimos a brindarle protección.

En el curso de esta relación María Luisa se convierte en una cooperante voluntaria del CPTRT y conocimos de su compromiso honesto, valiente y sustentado a la verdad y a la justicia. Entre los hechos más relevantes: ha arriesgado la vida en defensa de jóvenes y mujeres de los barrios, estudiantes, personas privadas de libertad, ha denunciado crímenes de policías y militares por actos de corrupción, ha cooperado legalmente en la salida del país de personas amenazadas de muerte convirtiéndose en una de las luchadoras más comprometidas en la defensa de los derechos humanos, se ganó la confianza, el respeto del pueblo y fue electa diputada ante el Congreso Nacional por la fuerza de oposición del Partido Libertad y Refundación (LIBRE). Entre otros hechos, se encuentra su gran compromiso en la defensa del medio ambiente, de los derechos de los ambientalistas, desde luego, ha arriesgado la vida en el esclarecimiento del asesinato de Bertha Cáceres.

En consecuencia, de todo lo anterior apelamos a la conciencia nacional e internacional:

Primero que se diga la verdad y se haga justicia en el asesinato de Bertha Cáceres.

Segundo que el gobierno de Honduras garantice la libertad y se respete la vida de María Luisa Borjas, de sus hijos y familia.

Tercero se le respete su estabilidad en su cargo en el Congreso Nacional como corresponde a derecho porque según la defensa no ha cometido el delito de difamación ni calumnia.

Cuarto: demandamos la solidaridad nacional e internacional con María Luisa Borjas, representante de la voz del pueblo ante el Congreso Nacional y continuar con la demanda de solidaridad porque se pongan en libertad los presos políticos, la libertad para los garífunas secuestrados y se respete la vida de los dirigentes de OFRANEH, Guapinol, Plataforma Agraria y el Comité de Bienes Comunes.

Tegucigalpa M.D.C, 26 de julio de 2020

Nota