“Para nosotros el caso de El Mozote sienta un precedente histórico para que haya justicia para todas las víctimas en El Salvador…” indicó Wilfredo Medrano, representante legal de las víctimas de la masacre en El Mozote y miembro de Tutela Legal “María Julia Hernández” en conversatorio realizado en la Escuela de Derechos Humanos de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, PDDH.

La masacre de El Mozote fue cometida por el Batallón Atlacatl, bajo el mando del Coronel Domingo Monterrosa, los días 10,11 y 12 de diciembre de 1981, en los cantones de El Mozote, La Joya y Los Toriles, del norte de Morazán, y sus víctimas, entre hombres, mujeres y niños, alcanzan el millar de personas, convirtiéndose en el principal acto de violencia contra población civil ejecutado por agentes gubernamentales.

El gobierno de esa época negó la masacre, pero esta fue denunciada por el periodista Raymond Bonner del New York Times en enero de 1982. Y el reconocimiento de la masacre aparece en el Informe de la Comisión de la Verdad de 1992. Desde entonces se han realizado múltiples esfuerzos por esclarecer la verdad y castigar a los culpables.

Explica Medrano que “voy a compartirles acerca del estado jurídico del proceso, obstáculos y acciones de la defensa para entorpecer los casos y la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con su sentencia de 2012”.

“Debo decirles que este es un caso inédito en nuestro país, realmente histórico, ya que se ha logrado sentar en el banquillo de los acusados a 18 altos jefes militares tanto del Alto Mando de las Fuerzas Armadas –como el exministro de Defensa, José Guillermo García- como de las jefaturas de la cadena de mando del Batallón Atlacatl”.

Los militares en su arrogancia han desafiado permanentemente al Juez del caso, el Juez de Instrucción de San Francisco Gotera, Jorge Guzmán, ya que cuentan con 24 defensores particulares, y solo el Coronel Rafael Bustillo se vale de un defensor público de San Francisco Gotera. La defensa de los militares rechaza los hechos, y el juez Guzmán les ha garantizado sus derecho a un debido proceso. Se les acusa los militares de nueve delitos, entre estos el de asesinato, robo, terrorismo, etc., y en el transcurso del proceso se les ha acumulado nuevos delitos, como el de desplazamiento forzado de personas, desaparición forzada y doble subsunción, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.

Frente a esto, los defensores interpusieron un recurso de apelación bajo la clara estrategia de dilatar indebidamente el proceso. Por cierto, entre los defensores se encuentra el Bufete del exfiscal Girón Flores, que defiende a tres generales.

Pero la Cámara favoreció al juez, ante lo cual la defensa de los militares promovió un antejuicio contra el mismo juez Guzmán Urquilla, alegando violación del principio del derecho internacional Pero no les funcionó esta maniobra porque la Corte en Pleno reconoció el esfuerzo del Juez Guzmán y le dio su aval. El juez argumentó que los Convenios de Ginebra regulan este tipo de casos y El Salvador es parte de este convenio. Les repito, la Corte en Pleno avaló la actuación del juez.

Considero que el Juez Guzmán se ha ido formando en este proceso, capacitándose, al principio les voy a confesar que yo tenía mis dudas sobre su actuación. Me preocupó al inicio al intimar a los abogados defensores lo sentí temeroso. Pero después fue cambiando, incluso en su léxico, se fue transformando, fue creciendo…en el mismo proceso. Por ejemplo, el juez tiene facultades para puntos de aclaración, y lo hace adecuadamente. Todos estos cambios enriquecieron la participación de las víctimas en los interrogatorios.

Contamos con 45 testigos de cargo y también declararon dos testigos exmiembros del Batallón Atlacatl, que están bajo régimen de protección, llamados Sol y Luna. De los sobrevivientes se han tratado de llevar testigos de los 6 cantones, entre estos dos mujeres que fueron violadas, a una la violaron 5 soldados y a otra 14. Esto es duro porque se revictimiza a la persona, pero es importante.

Una de las víctimas declaró que tenía ocho meses de embarazo cuando fue violada y que no se lo contó a su esposo por temor a que él la dejara, y el año pasado declaró y dice que antes de declarar le contó a su esposo, y que sí oía noticias que no se preocupara, que todo eso sucedió hace casi cuarenta años y no se lo dijo en el momento por temor a que la dejara…han sido muchas las entrevistas, esa es una deuda que tiene el Estado con todas estas personas. No se les ha dado atención psicosocial a esas mujeres, a esas familias. Han sido dos de muchas, las que han tenido la valentía de declarar acerca de que fueron violadas.

Repito, son 44 testigos de cargo, y 2 exsoldados del Batallón Atlcatl, estamos en la búsqueda de autores mediatos y separar a autores materiales, a través de los exsoldados hemos logrado ubicar a un capitán que estuvo al mando, de un grupo de 10 soldados que sacaban familias de sus casas y otro grupo los mataba. Ellos mientras tanto afirman que cuidaban a su capitán. Identifica que había compañías en el lugar. La defensa objetaba y trataba de bloquear a este testigo. Cuanto tiempo estuvieron? Por cinco días. Identificamos a un coronel que les enviaba alimentación. Estamos tratando de ubicar a guías y cargadores de mochilas, para que nos ayuden a ubicar a los cadáveres.

El coronel Belloso Morales de la Unidad 1 y el Mayor Noé Pineda, Jefe de Archivo nos dijeron que había información en el Estado Mayor, que todas las unidades tienen archivos, pero es en el Estado Mayor que se encuentran los de todos los Batallones de Reacción Inmediata, los BIRIS, en tres cajas y estantes, y es por esto que las inspecciones al Estado Mayor no son antojadizas, sino surgen de las declaraciones de estos dos oficiales. Fíjense que el nombre clave de esta operación militar de El Mozote era Operación Rescate.

Hablan los generales

En determinado momento del proceso los generales decidieron hablar. El General Flores Lima aseguró que ellos cuando estaban ejerciendo el mando mantenían una comunicación fluida con el presidente Ingeniero José Napoleón Duarte, y protestó porque su nombre no aparece en la causa. El coronel Abdul Gutiérrez, por su parte, habló de forma prepotente, alegó que ellos habían defendido la patria ante la agresión comunista y que volverían a hacerlo.

El Coronel Guillermo García reclamó que porque solo estaban ellos en el juicio y no se encontraban los exmiembros de la Junta Revolucionaria de Gobierno y al finalizar gritó: el ejército vivirá mientras viva la república! El coronel Bustillo por su parte, acusó a las víctimas de ser parientes de los guerrilleros, que esos niños eran todos niños guerrilleros y que él era el único militar de los ahí presentes, que no había sido señalado en el Informe de la Comisión de la Verdad, por lo que era inocente y al hablar levantaba un libro con el texto de los Acuerdos de Paz de 1992.

El en su declaración indagatoria reconoció la masacre, alegando que había sido una “locura del coronel Monterrosa.” Indicó que se dio cuenta de la masacre cuatro días después de ocurrida, y le prestaron un helicóptero para ir a las montañas de Morazán, y luego respondió locuras. Al indagar acerca de archivos militares respondió: vayan a la Fuerza Armada, no me pregunten a mí.

Y se pasaba preguntando quien estaba pagando por la acusación. Informó que la tropa no llegó en helicópteros sino en camiones del MOP lo que es falso ya que la gente vio helicópteros trasladando a soldados y disparando a los ranchos. Bustillo ha sido el único que ha declarado. Existe prueba abundante de la masacre, hay incluso peritaje militar de un especialista peruano contratado por la acusación particular.

Y hoy sabemos que todo destacamento militar es réplica del estado Mayor, integrado por cinco unidades: inteligencia, operativo (define accionar) logística, civiles (asistencia militar desplazados, robarse los niños huérfanos, etc.). Y que los planes militares son estandarizados. En el peritaje documental contamos con una especialista estadounidense. Explica que los Boinas Verdes adiestraban al ejército, y siempre le preguntaban al Coronel Monterrosa porque no había prisioneros, y el respondía que las bases militares eran muy pequeñas. En realidad, era porque los asesinaban.

Otros peritajes fueron los de los forenses del equipo argentino. Ellos escanearon primeramente el convento. Concluyeron que 136 niños fueron ejecutados en su interior por 23 tiradores adultos y también afuera niños fueron ejecutados. Se le practicaron pruebas de ADN a 400 osamentas en cantones. Hubo también peritaje de antropólogos culturales, para reconstruir el tejido social de ese momento. Por su parte, la Fiscalía realizo un peritaje con antropólogos salvadoreños. Y también hubo peritaje archivístico, para realizar la diligencia en el Archivo General de la Nación.

Sobre los archivos, cuando le preguntamos al Coronel Morales el nos señaló las Actas de Expurgo, que son los procedimientos que realizan las instituciones, en el caso de las Fuerzas Armadas nombran a un técnico para expurgo, junto a otros dos, son comisiones de tres personas. En los destacamentos militares las actas dicen: por el valor histórico y legal que estos documentos no sean destruidos sino trasladadas al Estado Mayor Conjunto, incluyendo los planes militares de cada batallón del 81 al 89. Pero cuando el juez requiere esa información a inicios de este año, le dicen que no existe.

La próxima semana, Tutela Legal junto con Cejil le pedirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, medidas provisionales para ordenarle al Estado salvadoreño que protejan estos archivos. Mientras nosotros seguimos trabajando, todo esto queda en el proceso, y está con nosotros la Fiscalía, y presenciamos actos de desobediencia al juez, actos arbitrarios, etc.

Los dilemas

Son estas ya las últimas diligencias que van quedando pendientes, y ya el Juez tiene que decidir con que código penal se va a juzgar, el de 1973 o el actual. Hay ya suficiente prueba para llevarlo a plenario. En el caso que sea el del 73 se iría a jurado y esta es una institución débil y va a ser complicado máxime en un pueblito, donde toda la gente se conoce. En el jurado se convoca a diez y a cinco suplentes. Los jurados se pueden recusar, y sabemos que existe el temor. En el caso de jurado la sentencia es inapelable.

Si es con el código actual los jueces van a volver a valorar la prueba, y hay testigos que ya murieron. Y se re victimizará a la gente, necesitaremos hacer de nuevo peritajes, es por esto que estamos a la expectativa de lo que el juez decida. Para mí lo ideal fuera que un tribunal técnico de sentencia decidiera, esa sería mi opción. Aquí la sentencia se puede someter a revisión o recurso. Finalmente comentar que el caso del Mozote es el más completo, el más documentado: hay participantes y cuerpo del delito. En otras masacres no hay cuerpo del delito, no ha habido exhumaciones.

En términos del cumplimiento de la sentencia de 2012 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el Mozote todavía hay por parte del Estado salvadoreño tareas pendientes: en el caso de la ley de amnistía se da por cumplido, pero en otros casos no, como los de los desplazamientos, el proyecto habitacional, desarrollo agrícola, reparaciones económicas, investigación de funcionarios, y otras. Hay que señalar que el gobierno ha mejorado escuelas, pero todavía falta mucho por hacer.

San Salvador, 21 de octubre de 2020 (SIEP)