En el transcurso de la reforma y achicamiento del Estado y sus funciones propugnadas por el capitalismo neoliberal, se instala la idea de la cultura evaluativa, cuyos patrones – en doble sentido – responden a la idea de eficiencia, calidad y pertinencia.

Estas nociones reducen el hecho educativo a un funcionalismo pragmático, que expulsa toda posibilidad de pedagogía crítica, transformadora y abre el camino a la “nueva máquina educativa del capitalismo cognitivo de la tercera revolución industrial”[1].

La epistemología ligada a la primera y segunda revolución industrial no se acoplaba ya a la lógica de la acelerada innovación que promovía el capitalismo cognitivo. En el contexto de la tercera revolución industrial, al aumentar la velocidad de la innovación se produce un desajuste, convirtiéndose en inalcanzable para las reformas educativas.

El informe Faure (Unesco, 1973) señalaba que a pesar de constituir el gasto educativo la segunda posición en términos mundiales, la sociedad rechazaba los productos de la educación, los que en épocas anteriores eran absorbidos fácilmente.

Al capital, en su avance depredador, no le interesa construir sentido crítico, formas de solidaridad o respeto a los derechos humanos. Desde ese conflicto base se impulsaría entonces una nueva fase de programas evaluativos perfilados a cimentar un nuevo momento del capitalismo en el ámbito educativo.

Este formateo tendría que ver no solamente con la privatización y exclusión de la función niveladora de lo público, sino también con la imposición de la tecnología digital.

A partir de la pandemia todo esto se profundiza. Los estados nacionales se desentienden de su responsabilidad en relación a garantizar la educación. La consecuencia es la expansión de un nuevo modelo de privatización y estratificación.

La virtualidad educativa sitúa la condición de posibilidad educativa en relación al acceso, la calidad de la conectividad a internet y a la posesión de equipos de tecnología digital, amenazando con ello el derecho fundamental a la educación y provocando una amplificación de las desigualdades.

Entre los desafíos que plantea este marco de aceleración, es necesario que la pedagogía abra el debate sobre cómo construir formas que contribuyan a procesos emancipatorios.

Del mismo modo, para no caer en procesos de educación bancaria virtual, hoy se hace preciso encarar un programa masivo de alfabetización digital.

Los docentes como engranajes de funcionalidad en la óptica educativa de mercado

La ola neoliberal de los 90’que instaló la idea de educación como negocio, generó la contradicción entre el discurso garantista constitucional del Derecho a la educación, frente a las prácticas de participación empresarial como la concesión tercerizada y la oferta de servicios educativos por parte de transnacionales.

Más allá de la obvia segmentación social y endeudamiento que generó, esto trajo también consigo la estandarización evaluativa en base a criterios eficientistas globalizadores, medidos desde una óptica empresarial. De allí surgen las pruebas estandarizadas a las y los estudiantes y los sistemas de evaluación docente, que actúan como mecanismos de control y flexibilización laboral hacia los profesionales.

La apertura a la concepción social meritocrática que trae consigo esa visión corporativa, induce una fuerte presión hacia la competencia y una supuesta capacitación permanente. A su vez, el docente es sometido a mediciones de retención, repitencia, calidad educativa en base a pruebas estandarizadas, siendo obligado a ser funcional al sistema mercantil, so pena de perder el empleo o no poder ascender en el escalafón salarial.

Por otro lado, la racionalización del gasto público impone falta de recursos, hacinamiento, problemas de infraestructura, carencia de docentes de apoyo en detrimento de condiciones educativas adecuadas para el alumnado, pero también en relación a la salud física y mental de los profesionales, sobrecargados de tarea y presionados en su desempeño.

A este funcionalismo cosificador, que arremete contra toda posibilidad de compromiso social, se suman el señalamiento y la persecución contra las organizaciones de docentes con el objetivo de desacreditarlas socialmente o de cooptarlas para que colaboren con el régimen vigente.

Ante estas afrentas y dificultades que suponen una restricción efectiva de la libertad de expresión y de cátedra se requiere fortalecer el movimiento pedagógico alternativa, tomando las banderas de una pedagogía crítica que contrarreste el sentido neoliberal.

Al mismo tiempo, se abre el interrogante sobre cómo deben ser los procesos de evaluación, entendidos desde una mirada comprometida con una educación que apunte al crecimiento humano de todos los componentes de la comunidad educativa.

Haití: caminos para fortalecer la educación pública

La grave situación educativa en Haití se relaciona con elementos estructurales y elementos coyunturales.

Entre los elementos estructurales, se halla la conformación de un Estado oligárquico, un sistema de exclusión violenta y la educación como un mecanismo de esta exclusión. El gasto social es muy bajo, siendo la partida presupuestaria destinada a Educación de un 2 a 3% del PIB.

El nivel de alfabetización es alarmante: un 26% de la población no sabe leer ni escribir, y el analfabetismo en las mujeres rurales llega al 58%. Además existe una terrible discriminación lingüística contra el kreól por la priorización del francés colonial como idioma dominante.

A este panorama se suma la concentración de instituciones educativas en el medio urbano, lo que genera una fuerte migración interna y también hacia la República Dominicana, en cuyas universidades estudia un número cercano al doble de estudiantes haitianos que en su país de origen.

Completa el difícil cuadro el hecho de que 90% de la infraestructura educativa es privada, fruto de la privatización masiva neoliberal y correlato de políticas exigidas por las instituciones financieras internacionales.

Entre los elementos coyunturales pueden señalarse cuatro choques sufridos por la Educación en Haití. El terremoto de 2010, que destruyó gran parte de la infraestructura edilicia la que luego no fue reconstruida adecuadamente; conflictos políticos con un gobierno ilegal e ilegítimo, lo que acarreó sucesivas huelgas y bloqueos de caminos; la corrupción y finalmente, la pandemia del Covid-19.

A todo ello se agrega la precarización de la condición docente, la eliminación de subvenciones, el manejo de organismos rectores por actores privado y el mandato de las instituciones financieras internacionales que ordenaron al estado haitiano restringir la inversión en el nivel terciario para favorecer la escolarización primaria. Esto, si bien a simple vista es lógico, atenta contra la posibilidad de transformaciones profundas en los contenidos educativos, aún signados por la herencia colonial.

Una suerte de aureola mística alrededor de la tecnología digital se instaló para, una vez más, ahondar la privatización sistémica y el negocio de particulares.

El bucle es evidente: para garantizar el Derecho a la Educación es preciso transformar el Estado y para transformar el Estado hace falta una gran transformación educativa. Desde esta perspectiva cobra un enorme sentido la lucha de los movimientos sociales frente a un gobierno sin legitimidad, apoyado por el imperialismo y con nula credibilidad y respaldo popular.

De allí que se hayan sucedido severos episodios de represión contra movimientos estudiantiles y contra sindicatos docentes.

Haití no necesita misiones como la MINUSTAH o su reemplazo, que forman parte de la agenda de militarización imperialista de la Cuenca del Caribe.

Los movimientos populares haitianos necesitan una mayor conexión y participación de hermanas y hermanos solidarios de Latinoamérica. Es preciso emprender una gran campaña de alfabetización para retomar el sueño de libertad popular del 86’, momento en el que el pueblo pudo dar fin a la pesadilla de la sangrienta dictadura del clan Duvalier.

Brasil: Algunas victorias en medio de procesos de austeridad y privatización

La educación es un derecho humano fundamental y su garantía depende de que se invierta más en los países de la región, que se encuentran entre los más desiguales del mundo. Estas desigualdades se manifiestan en el número de niños que acceden a la escuela, en la baja inversión, que en promedio es del 4,5% del Producto Interno Bruto en Educación, lo que hace que la inversión promedio por estudiante en los países latinoamericanos sea inferior a la inversión realizada en los países de la OCDE.

La pandemia ha dejado a un gran número de estudiantes sin acceso a la educación y obviamente estos son los más pobres, que dependen de la infraestructura de las escuelas y sus maestros para tener derecho a la educación. Los estudiantes más desfavorecidos son, por lo general, los más pobres y ya sufren muchas privaciones, no tienen acceso a la tecnología, cubren gran parte de su alimentación en las escuelas y pertenecen a familias más pobres con baja escolaridad.

Hay una necesidad imperiosa de mayor inversión que garantice escuelas capaces de ofrecer acceso a las tecnologías, un plan de estudios que sea coherente con los cambios de nuestro tiempo y profesores que tengan una buena remuneración y mejores condiciones de trabajo, así como salas que no estén superpobladas, con un número adecuado de estudiantes por clase.

Esto habla de que tenemos que reestructurar las escuelas, mejorar las condiciones de suministro y hacerlas capaces de recibir a nuestros estudiantes. Para eso, obviamente necesitamos más inversión.

Pero vivimos en la región con políticas de cambio que ponen los intereses económicos por encima de la vida y la dignidad de la población. Se trata de políticas como la Enmienda Constitucional nº 95 de 2016 en Brasil, que congela las inversiones en áreas sociales como la educación y la salud durante 20 años.

Esta enmienda y la falta de compromiso del gobierno brasileño para garantizar el derecho a la educación han deteriorado las condiciones de funcionamiento de la educación brasileña, como consecuencia de la constante reducción de su presupuesto.

Pero también hay buenas noticias como la aprobación de la Enmienda Constitucional 108 de 2020, que aprueba el nuevo Fondo para el Mantenimiento y Desarrollo de la Educación Básica y la Valoración de los Profesionales de la Educación (Fundeb), la que fue lograda gracias a la fuerte incidencia de la Sociedad Civil, especialmente de la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación.

El Fundeb es el principal medio de financiación de la educación básica en Brasil, alrededor del 63% de las matrículas dependen de este fondo.

Además de hacer permanente el Fundeb, se pudo asentar en la Constitución la aprobación del mecanismo del Costo Alumno Calidad (CAQ, por sus siglas en portugués) -creado por la Campaña Brasileña-, que define los insumos necesarios que el país debe garantizar en cada escuela para promover la educación de calidad. Es decir, para que los profesores puedan enseñar y los estudiantes aprendan.

También se consiguió aprobar una mayor participación del Gobierno Federal en la financiación de la educación básica, es decir, en la complementación del Fundeb, que favorece la mejora de las escuelas y la valorización de los profesionales de la educación.

Hay muchas luchas por delante, pero también victorias y la aprobación de Fundeb con el CAQ, fue una gran victoria.

Los conceptos vertidos en esta nota son parte del aprendizaje realizado en el conversatorio virtual  Educación Pública en Riesgo: Privatización, Financiamiento y Docentes organizado por la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), el Foro Venezolano por el Derecho a la Educación (FOVEDE), la Red Salvadoreña por el Derecho a la Educación (RESALDE), la Campanha Nacional pelo Direito à Educação (CNDE) y la Reagrupación Educación para Todas y Todos (REPT) de Haití.

Como ponentes participaron Luis Bonilla-Molina –coordinador de la Red Global/Glocal por la Calidad Educativa, Martha Alfonso –integrante del Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (FECODE)-, Catarina de Almeida -miembro del Consejo Directivo de la Campanha Nacional pelo Direito à Educação- y Camille Chalmers –secretario ejecutivo de la Plataforma Haitiana por la Defensa de un Desarrollo Alternativo (PAPDA). La moderación estuvo a cargo de Guadalupe Leiva (RESALDE) y William Thélusmond (REPT).

La actividad tuvo lugar el 10/11 en el marco de las sesiones de debate hacia la XI Asamblea Regional de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) «Derecho Humano a la Educación: horizontes y sentidos en la post pandemia», que se lleva a cabo del 13 de octubre al 26 de noviembre de 2020.

^[1] Bonilla Molina, Luis. La cultura evaluativa y la virtualización educativa: dos tenazas del capitalismo cognitivo de la tercera revolución industrial. Recuperado de https://luisbonillamolina.wordpress.com/2020/03/26/la-cultura-evaluativa-y-la-virtualizacion-educativa-dos-tenazas-del-capitalismo-cognitivo-de-la-tercera-revolucion-industrial/