Con los resultados de las elecciones presidenciales en EEUU de fondo, en América del Sur, se han producido antes y después, una serie de hechos que se expresan en cada país, según su historia, características y contexto. Nos referimos a los procesos de destitución de los presidentes en ejercicio, o bien, a crisis políticas profundas en dónde no se logra establecer un orden medianamente estable.

Recordamos al Brasil con el impeachment por corrupción, que desplaza de la presidencia a Dilma Rousseff; continúa con el ex-presidente Lula negándole a través de la Corte Suprema de Justicia la candidatura electoral, con su posterior encarcelamiento. En Bolivia, con el golpe de estado el año pasado a Evo Morales, o el reciente desplazamiento del poder ejecutivo de Martín Vizcarra, presidente del Perú por incapacidad moral permanente. Situación de inestabilidad que se transmite al presidente “breve”, Manuel Merino. Es el tiempo de Francisco Sagasti…

Pensemos también en Chile, en donde el pueblo en 2019 jaqueó al gobierno por más de un mes con protestas callejeras, forzando una reforma Constitucional que se llevará a cabo el año 2021. Y así, varios hechos ilustran lo que vamos a sostener.

Cada caso o situación, merece un tratamiento específico, pero la idea de esta nota es intentar definir un eje explicativo general que oriente la mirada de conjunto en la comprensión de los fundamentos y la localización de las causas de estos fenómenos. Una suerte de metapolítica de la crisis de representatividad política en nuestra región americana.

En la realpolitik, un interrogante esencial para comprender la situación es determinar “quién manda”. En compañía de este interrogante, el poder real dentro de cada estado nacional, es la resultante entre el dominio político y el dominio económico, que no siempre caminan juntos. No necesariamente el que accede a funciones de gobierno (Administración), detenta el poder político pleno, ya que este requiere del control de los resortes económicos-financieros.

El poder económico condiciona el poder político, se ejerce de forma indirecta, a pesar que aquel, en reiteradas situaciones, destina según el gobierno que se trate, sus propios cuadros para la administración central de los gobiernos.

Sin desconocer la existencia de la corrupción o la falta moral de los mandatarios y funcionarios, son muchas veces, un artilugio para crear y justificar las condiciones de su desplazamiento. Este mecanismo de creación de un relato, lo realizan por un lado los medios de comunicación y las redes sociales, y por el otro, el poder judicial que actúa en consecuencia. Como instrumento operativo final, de ser necesario, pueden ser usados los poderes legislativos si la constitucionalidad lo permite, o bien, las fuerzas de seguridad o policiales.

Esto ha sucedido en la mayoría de los países de América del Sur. Ahora bien, ¿A qué responde?

Esta falta de definición clara de “quién manda” en nuestros países, es consecuencia de una crisis orgánica, una crisis de hegemonía. Es decir, una crisis de conducción política, que va más allá de la denominada administración de los gobiernos. En concreto, sostenemos que es una crisis sistémica de mediación política, de los cuadros políticos y sociales. La crisis abarca tanto a la fuerza electoral que se encuentra en el ejercicio del gobierno, como a la oposición.

Los sistemas de partidos políticos, se han distanciado de la representación social de la población, de sus necesidades más profundas. La maquinaria electoral, su misma evolución o involución está destruyendo el vínculo entre lo social y la esfera de lo político.

El resultado de la alquimia electoral termina en el poder legislativo, que junto al poder judicial encarnan “la norma, la ley”, pero se aleja de las cuestiones sociales y de las aspiraciones de la población, que pierde de vista la razón de ser de sus representantes políticos.

En la actualidad, algunos académicos reconocidos ubican el problema principal no en la representación política “el Congreso, la norma”, sino en el espacio de “la decisión”, del poder ejecutivo y su relación con la sociedad. Se habla del Buen gobierno, del ejercicio del gobierno (Pierre Rosanvallon, 2015); o que la legitimidad se justifica a partir del valor de los procedimientos democráticos (Daniel Innerarity, 2020)¹

Por su parte, el contenido social e ideológico existente en los orígenes de cada partido político, ya no son lo mismo. A modo de ejemplo, en la Argentina, el significado de ser peronista o radical ha cambiado a lo largo del tiempo

¿Qué ha sucedido desde nuestra perspectiva?

Las formas financieras de valorizar el capital unido a la implementación de las tecnologías de la comunicación y la información aplicadas en todos los órdenes de la vida, han transformado toda la estructura social y económica de la sociedad de tipo industrial o agraria tradicional. Nuevos actores políticos surgen a partir de los nuevos segmentos sociales. Por otra parte, el trabajo asalariado industrial no es necesariamente el eje principal en que se estructura la sociedad. La esfera de la realización (comercio, servicios, transporte, logística), ocupan hoy un lugar estratégico.

Esto lo podemos ver en las formas que toma la protesta social en todos nuestros países. Tenemos que agregar a los movimientos sociales que se organizan territorialmente, no sindicalmente y a los ciudadanos que de forma individual, no se identifican con ninguna organización, así como a los jóvenes solos u organizados que están presentes en las protestas actuales en América del Sur.

El poder financiero se ha des-territorializado, al mismo tiempo que la estructura social de nuestros países se ha fragmentado y atomizado. Los llamados poderes indirectos (Grandes corporaciones financiero-mediáticas; empresas transnacionales de la explotación de los recursos naturales; laboratorios medicinales globalizados; exportadoras de granos; etc.; etc.) sacan provecho de un estado de caos permanente y divisiones al interior de cada estado nacional.

La finalidad, para estos intereses es la no resolución de los problemas de legitimidad política de nuestras naciones. Se trata de mantener el conflicto interno de forma permanente expuesto o latente. El discurso de la seguridad jurídica necesaria para la llegada de las inversiones, son una excusa para no hacerlo, y relegarnos a una región que solo se dedique a labores agro-ganaderas o a la producción de alimentos y proveedora de recursos naturales.

Como consecuencia de este estado de situación los gobiernos llegan debilitados, lotean el aparato del estado y lo reparten según las consideraciones del voto. Carecen de concepción unificada, de la necesaria centralización de las políticas de gobierno para el conjunto social y para las sucesivas generaciones.

En resumen, lo que aparece como corrupción, bajo la intervención de los medios de comunicación y del poder judicial, expresa una crisis política de las mediaciones políticas entre la sociedad y el estado, pero también de las mediaciones dentro de la misma sociedad, las que son más horizontales.

Las transformaciones que la sociedad ha experimentado, merecen una nueva institucionalidad y no forzar lo nuevo social en esquemas institucionales que hablan de una sociedad que ya no existe.

No son los organismos de control de lo existente. Es una nueva institucionalidad, que exprese los cambios sufridos en el seno mismo de la sociedad. Es desde la Comunidad el camino.

Noviembre de 2020

Carlos Chino Fernández

CEES-CGT / Dossier Geopolítico