Las nuevas medidas coercitivas unilaterales impuestas desde la Unión Europea a Venezuela, han marcado la agenda informativa venezolana, pues las mismas han tenido como respuesta la declaración de persona no grata de la representante del bloque en el país y la solicitud de retorno de la misma. Sin embargo, a la par hay otros hechos como la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos de Juan Guaidó y otras veintisiete personas que fueron diputados y diputadas en la saliente Asamblea Nacional. Hasta ahora medida jurídica más dura, contra estos opositores, mientras que estos formaban parte de una amplia agenda con la embajada estadounidense en Venezuela, que despacha desde Colombia. Finalizamos comentando parte de la dinámica legislativa y como siempre las novedades sobre el manejo de la pandemia.

Las nuevas agresiones desde la Unión Europea o un diálogo a medida

El Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea ha emitido una resolución contra diecinueve venezolanos y venezolanas, que en la actualidad son actores políticos (incluyendo a los de oposición) y funcionarios del Estado venezolano, tanto en el poder legislativo, como en el electoral, así como militares. Con esta nueva medida coercitiva unilateral, ya suman cincuenta y cinco personas afectadas en total. En este caso afirmó un comunicado del bloque que “Los individuos añadidos a la lista son responsables, en particular, de menoscabar los derechos electorales de la oposición y el funcionamiento democrático de la Asamblea Nacional, y por serias violaciones de los derechos humanos y restricciones de libertades fundamentales”.

Desde Venezuela las reacciones no tardaron en aparecer. En primera instancia la Asamblea Nacional, una de las instituciones más activas desde principio de año, rechazó por unanimidad la acción de los países europeos en conjunto.  Acto seguido, el canciller venezolano por instrucciones del presidente Maduro, convocó a reunión a los embajadores de Alemania, Francia, Países Bajos y España, a los cuales le hizo entrega personal de una nota de protesta frente a la medida unilateral. De igual manera el canciller venezolano, se reunión con la embajadora de la Unión Europea en Venezuela, Isabel Brillhante, a la cual además de entregar una nota de protesta, se le informó que se le declara persona no grata y que se establecía un plazo de setenta y dos horas para abandonar el territorio venezolano. A la fecha que se termina esta nota, domingo 28 de febrero, ya se ha vencido el plazo y fuentes diplomáticas informaron que por razones logísticas la diplomática no ha podido abandonar el país.

Desde la oposición venezolana liderada por Juan Guaidó se ha alabado la medida injerencista desde Europa y se ha rechazado la medida del gobierno bolivariano. Mientras que la Unión Europea hace un llamado al gobierno venezolano de reconsiderar su decisión de expulsar a su representante, alertando que de mantenerse, se profundizará el aislamiento del país y de manera recíproca ha declarado persona no grata a la representante venezolana, Claudia Salerno; ante la Unión Europea, sólo que está no está obligada a abandonar el territorio europeo, pues es simultáneamente embajadora alterna en Bélgica y Luxemburgo y son estos Estados quienes deben pedir su salida.

En el marco de estas tensiones diplomáticas, se realizó una visita a Colombia de la ministra de Asuntos Exteriores española, Arancha González Laya, con el propósito de abordar la relación de cooperación entre ambos países, que tiene como interés prioritario el apoyo al proceso de paz y la atención a los migrantes venezolanos en vecino país, para lo cual el gobierno español ha destinado ciento veinte millones de euros, a dispensarse en los próximos cuatro años. En la visita, la ministra española visito la ciudad fronteriza de Cúcuta para conocer la atención a los migrantes y las migrantes venezolanas, por parte del gobierno colombiano. Desde el gobierno bolivariano se denuncia que el gobierno colombiano usa el asunto de los migrantes y las migrantes venezolanas como un mecanismo para acceder a fondos de la cooperación internacional, sin que existan garantías plenas que los mismo se utilicen para los fines declarados, en palabra de los voceros gubernamentales venezolanos estos recursos terminan en manos de mafias. En particular, a raíz de la visita de González Laya el presidente Maduro ordenó poner en revisión la relación con el Reino de España y en respuesta la ministra ha ratificado su adhesión a la política del bloque comunitario.

Para comprender la decisión de promover una nueva medida coercitiva unilateral, es necesario referir que esta política viene siendo impulsada por sectores conservadores y de derecha que este momento tienen la correlación de fuerza a su favor en los espacios de gobernanza de la Unión Europea y que históricamente se han mostrado en contra de la revolución bolivariana. Además estos actores están vinculados activamente con la oposición venezolana, que promueve un cambio de gobierno de manera expresa y sin condiciones, los cuales tiene una sostenida agenda de presión sobre diputados, embajadores, ministros y otros personajes de influencia.

Llama la atención que el canciller europeo Josep Borrell, declare que desde Europa se promueve el diálogo, mientras que con esta medida busca afectar a los que son sus interlocutores claves, como lo es el chavismo y sectores de oposición que han participado en los procesos de negociación recientes, que son alternos al promovido por el gobierno de Noruega y el Grupo de Contacto que impulsa la Unión Europea. Es muy difícil avanzar en el diálogo, con estas acciones, pero no hay que descartar que esta sea una táctica para un propósito que está por conocerse.

A la fecha se ha implementado más de 450 medidas coercitivas unilaterales desde los Estados Unidos y la Unión Europea a Venezuela, las cuales son ilegales y se manifiestan de manera negativa y de múltiples maneras en la población venezolana, tal como lo ha afirmado recientemente la Relatora Especial de Naciones Unidas Alena Douhan.

Parte de la oposición inhabilitada para cargos públicos y en reunión con los estadounidenses

Esta semana la Contraloría General de la República inhabilitó para el ejercicio de cargos públicos a los parlamentarios de la Asamblea Nacional del periodo legislativo 2015-2020, que no presentaron la declaración jurada de patrimonio ante ese ente. La legislación venezolana obliga a quienes ostenten cargos públicos, bien sea de elección o de designación que deben presentar una declaración jurada de su patrimonio al inicio y al final la responsabilidad en cuestión, de no realizarlo, una de las sanciones previstas en la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos por un periodo determinado de tiempo. Entre los afectados por esta medida se encuentran Juan Guaidó y otros 27 diputados y diputadas. Es destacable apuntar que esta medida, ha sido la más dura contra el dirigente opositor y su círculo político más cercano, mientras que desde distintos sectores del chavismo y de la misma oposición se demanda que se inicie los procesos jurídicos para establecer su responsabilidad en diversos delitos en los que presuntamente se encuentra involucrado.

En paralelo el equipo político de Juan Guaidó, desarrolló una intensa agenda de reuniones en Bogotá, organizada por la embajada estadounidense. Los detalles fueron revelados por el presidente de la Asamblea Nacional Jorge Rodríguez, justo antes de la llegada de los opositores a Colombia. Entre las actividades previstas, se encuentran reuniones virtuales con diversas instancias gubernamentales en los Estados Unidos de América. El propósito de esta intensa jornada ha sido revisar la acción opositora y ajustar la estrategia, así como las próximas acciones. Una muestra más, de la subordinación de estos sectores opositores a la política exterior estadounidense.

La Asamblea Nacional en marcha

La Asamblea Nacional venezolana sigue con una activa dinámica, que no ha sido afectada por las tensiones diplomáticas. Entre otras actividades se reseña que aprobó de manera unánime un acuerdo en rechazo a las medidas de fuerzas adoptadas por el Gobierno de la República del Perú contra los venezolanos migrantes en condición de movilidad humana en sus fronteras. Recordemos que en las últimas semanas se ha desarrollado una fuerte campaña xenofóbica contra los venezolanos y venezolanas en ese país, sin que se valore una posición firme en contra por parte del ejecutivo peruano. Igualmente aprobó por unanimidad, en primera discusión, la derogatoria de la Ley de la Regularización de los Periodos Constitucionales y Legales de los Poderes Públicos Estadales y Municipales, un paso clave para la realización de las elecciones regionales y municipales, que se estiman se realice este año. En este mismo sentido se anunció que este jueves vence el plazo para las postulaciones de candidatos y candidatas a rectores en el Consejo Nacional Electoral (CNE).

En paralelo las comisiones legislativas siguen operando, por ejemplo la Comisión Permanente de Finanzas, Economía y Desarrollo Nacional de la Asamblea Nacional (AN) se reunió con las autoridades del Banco Central de Venezuela (BCV) para aportar soluciones como mecanismo para avanzar en política monetaria y cambiaria. La Comisión Especial para la Defensa del Territorio de la Guayana Esequiba sostuvo una reunión con el alto mando militar para evaluar asuntos geoestratégicos del país. La Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración, realizó una sesión donde se presentaron propuestas de leyes para la agenda legislativa 2021-2022, en especial el Proyecto de Ley de Cooperación Internacional y la Ley Especial del Estatuto del Personal de Servicio Exterior.

El inicio de clase en tiempos de pandemia

Dentro del esquema de flexibilización intersemanal, comenzamos una semana donde las restricciones se levantan. Y se esperan que comiencen a desarrollarse actividades presenciales en las escuelas, en paralelo anunció el presidente Maduro que se iniciará el proceso de vacunación para los maestros y las maestras del país.

Informaron las autoridades que en marco del período de flexibilización ampliada por el asueto de carnaval, del 15 al 21 de febrero, los sectores económicos se activaron en un 63%. De ellos, el comercio tradicional se activó en 76 %, mientras que el sector comercial de servicios en 68%, el comercio industrial en 36% y el de esparcimiento en 76%.

Febrero cierra con 6.557 casos activos del Covid-19, lo que representa un 6 % de los 139.076 casos diagnosticados en el país a la fecha.  Y las muertes por el virus, ascienden a 1344. En función de los indicadores, el presidente Maduro ha ordenado un plan especial para la zona capital, para abordar el paulatino aumento de casos.

Breves:

·         La alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, destacó esta semana progresos en el trato a los detenidos en Venezuela, especialmente un mejor acceso a la atención médica, y expresó su confianza en que aumente la cooperación entre su oficina y el Gobierno de Nicolás Maduro.

·         El presidente Nicolás Maduro durante su participación telemática este lunes en el segmento de alto nivel de la 46° sesión del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), reiteró que el Estado venezolano trabajará decididamente con los actores de esta instancia multilateral y que «no aceptaremos la injerencia o intervención de ningún mecanismo inquisidor contra la patria venezolana».

·         El presidente Nicolás Maduro autorizó la apertura de cuentas en divisas convertibles en diferentes instituciones bancarias del país. Un paso en dirección a la formalización de un ambiente económico donde coexisten varias monedas, en paralelo con el Bolívar.

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