Introducción

Entendemos que hay guatemaltecos entusiastas que quieren celebrar el 200 aniversario de la Independencia de Centroamérica y en particular de Guatemala. Después de 298 años de dominio colonial, en los que el régimen instituido por la Corona española configuró una sociedad basada en la opresión, la explotación y la discriminación, es plausible celebrar no sólo el fin de ese régimen, sino también el nacimiento de un Estado independiente llamado a promover la libertad y el desarrollo individual y social de sus habitantes.

El 15 de septiembre de 1821, fecha en la que se declaró la Independencia de Centroamérica, es ciertamente importante para los países que hasta entonces formaban parte de la Audiencia de Guatemala. Sin embargo, tras la declaración de independencia por una junta de importantes personajes criollos y españoles para “prevenir las consecuencias que serian temibles en el caso de que la proclamase de hecho el mismo pueblo” (Acta de Independencia de Centroamérica, 1821), la sociedad guatemalteca conservó muchas de las características del régimen colonial. Esto ha hecho que los guatemaltecos tengan opiniones a favor y en contra de la celebración del bicentenario de la independencia.  

1. Los planes oficiales para la celebración del Bicentenario de la Independencia de Guatemala

La celebración del Gobierno de la República se enmarca en la historia oficial de la Independencia de Centroamérica. De hecho, es esta historia la que se exalta, principalmente a través de los “Próceres de la Independencia” como Pedro Molina y José Cecilio del Valle, quienes desde los periódicos El Editor Constitucional y El Amigo de La Patria asumieron posiciones radicales y moderadas, respectivamente. Pero esta historia demasiado simplificada dice poco sobre la dinámica social, económica y política en juego en Centroamérica durante esos años. Por eso es necesario decir algo sobre las disputas entre las facciones liberales y conservadoras en que se había dividido la clase criolla antes de la Independencia.

En efecto, el nacimiento de los primeros grupos liberales en Centroamérica debe situarse en el contexto de los cambios ideológicos, políticos y económicos de finales del siglo XVIII en Europa y Estados Unidos (Woodward, 2002, págs. 24-74). Porque es innegable que en Centroamérica fue la influencia de estas nuevas ideas la que provocó la fractura ideológica de la clase criolla, que hasta entonces había permanecido más o menos integrada. Sin embargo, la división de este grupo social tuvo también otras razones subyacentes. Por un lado, el aumento del comercio entre la metrópoli y la colonia favoreció la aparición de una élite comercial cada vez más poderosa, lo que provocó graves divergencias entre las familias terratenientes y las comerciales. Por otro lado, el monopolio comercial ejercido por las familias de la ciudad de Guatemala produjo serias animadversiones regionales entre las élites de la capital y las de las provincias.

Como resultado, los criollos se dividieron en dos bandos políticos distintos: mientras los conservadores querían mantener el statu quo colonial, los liberales, inspirados en el liberalismo político y económico francés y estadounidense, querían cambiarlo. Además, fueron estas facciones de la clase criolla, que a menudo se reproducían por líneas de parentesco o matrimonio (Casaús Arzú, 1992), las que sentaron las bases de los partidos liberales y conservadores en toda Centroamérica. En general, los conservadores representaban a las familias poderosas y de arraigo de finales de la época colonial, mientras que los liberales representaban a las familias de los hijos ilegítimos de la élite, las clases profesionales y los sectores medios altos de la sociedad colonial.

Podemos decir, por tanto, que la dinámica social, económica y política en la que se vio envuelta la clase criolla determinó, o en todo caso condicionó, la declaración de la Independencia de Centroamérica. Particularmente importante en este sentido fue el papel de la familia Aycinena, que maniobró astutamente con el radical Pedro Molina y el moderado José Cecilio del Valle. En efecto, tras deshacerse del régimen liberal español que había restablecido la Constitución de Cádiz en 1820, las familias criollas conservadoras lideradas por los Aycinena retiraron su apoyo a Pedro Molina y se pasaron a José Cecilio del Valle, ¡el héroe de la independencia guatemalteca! que redactó el Acta de Independencia para adelantarse a la declaración de facto de otros sectores sociales que también estaban conspirando.

…Congregados todos en el mismo Salón: leidos los Oficios expresados: discutido y meditado detenidamente el asunto; oido el clamor de viva la independencia q. repetia de continuo el pueblo que se veia reunido en las Calles, plaza, patio, corredores, y ante Sala de este palacio se acordó: por esta Diputación é individuos del Exmº Ayuntamiento. 1º Que siendo la independencia del gobierno Español, la voluntad gral. del pueblo de Guata., y sin perjuicio de lo q. determine sobre ella el Congreso q. debe formarse, el Sor. geje Político la mande publicar pa. prevenir las consecuencias q. serian temibles en el caso de q. la proclamase de hecho el mismo pueblo. (Acta de Independencia de Centroamérica, 1821).  

Si una reunión de importantes personalidades criollas y españolas decidió declarar la independencia de Centroamérica para evitar las temidas consecuencias en caso de que fuera declarada por el propio pueblo, ¿qué propone entonces el Gobierno de la República para celebrar el bicentenario de la Independencia de Guatemala?

Dado que la conmemoración del bicentenario se enmarca dentro de la historia oficial de la Independencia de Centroamérica, y que el objetivo de esta conmemoración es glorificar el acto político por el cual los criollos tomaron el poder que antes tenía la Corona española, las actividades programadas del 27 de febrero al 14 de septiembre de 2021 buscan proyectar una imagen positiva de la Independencia de Guatemala a través de eventos culturales que incluyan al pueblo en sus celebraciones.

De hecho, la inauguración de las celebraciones del bicentenario tuvo lugar en Iximché, la antigua capital del reino cakchiquel destruida por los españoles durante la conquista (Memorial de Sololá, 1980), y primera capital de Guatemala, con una muestra y cartografía del Popol Vuh, el libro escrito por los quichés en los primeros años de la colonia para dejar constancia escrita de su cosmogonía, historia y genealogía (1982), amenazada por la invasión española. Por otro lado, el programa de festejos incluye una serie de actividades culturales que exaltan el legado de la civilización maya, referente histórico del pueblo de Guatemala.

Además del “fuego patrio” de una antorcha en forma de Monja Blanca[1] que recorrerá el país hasta el 14 de septiembre, el gobierno celebrará la independencia con “200 actividades y eventos enfocados a la cultura y el turismo”, la construcción de 22 parques Bicentenario, la publicación de libros emblemáticos de autores nacionales, entre otros.

El objetivo será “rescatar” la identidad nacional, “reconociendo nuestra diversidad, buscando la reconciliación y la armonía social” (La Hora, 10 de febrero de 2021), para que la celebración del bicentenario sea motivo de “unidad nacional”. Por ello, el presidente de la República, Alejando Eduardo Giammattei Falla, en la inauguración de los festejos del bicentenario, fue claro al referirse a los grandes retos que tiene Guatemala: “Tenemos grandes retos que lograr. Tenemos que fortalecer la justicia, luchar por la igualdad de oportunidades, mantener y defender nuestras libertades. Somos una república democrática, se dice fácil, pero sabemos que debemos esforzarnos cada día más por preservar los privilegios que nos da vivir en democracia” (Prensa Libre, 27 de febrero de 2021).

El presidente Giammattei Falla, de ascendencia italiana por parte de su padre, también está emparentado con algunas de las familias más ricas de ascendencia española de Guatemala por parte de su madre. Es, pues, una especie de criollo contemporáneo, no uno de los “beneméritos de la conquista” o de los primeros años de la colonia, pero criollo al fin y al cabo por su origen europeo y su pertenencia a la clase dominante. Sin embargo, piensa en la nación y es optimista sobre su futuro. “Somos privilegiados como nación. Tenemos nuestros problemas, como todos, pero son más nuestras fortalezas y similitudes las que nos unen” (Diario de Centro América, 28 de febrero de 2021), exclamó el presidente en la ceremonia de apertura de las actividades conmemorativas del bicentenario.

Ahora bien, este enfoque de las celebraciones de la independencia ha llevado a muchos guatemaltecos a pensar que los criollos contemporáneos representados por Alejandro Giammattei Falla están liderando la conmemoración del bicentenario y convocando a los ciudadanos a participar en las actividades programadas hasta el 14 de septiembre de 2021, porque quieren mantener vivos los ideales criollos.

2. Los argumentos contra la celebración del bicentenario de la independencia de Guatemala

El llamado contra la celebración de la Independencia de Guatemala proviene especialmente de un sector letrado de la sociedad guatemalteca que se identifica con las ideas de Severo Martínez Peláez (1998). Para ellos, no hay nada que celebrar, porque la independencia de Centroamérica fue el resultado de un acuerdo entre las familias criollas conservadoras y las autoridades del decadente Imperio español.

Sin embargo, reconocen que no fueron los descendientes de los conquistadores ni los primeros colonizadores quienes tomaron el poder en 1821. En efecto, si las familias de los beneméritos de la conquista y los criollos empobrecidos no aparecieron durante el proceso de independencia, fue porque la burocracia española había comenzado a desplazarlos desde mediados del siglo XVI. De hecho, a lo largo del período colonial, dicho desplazamiento produjo una “pugna de los criollos con la burocracia” que se libró particularmente entre el Ayuntamiento, órgano de gobierno de nivel medio controlado por los criollos, y la Audiencia, el más importante de los órganos de gobierno representativos del poder central, en manos de la burocracia (Martínez Peláez, págs. 80-84).

El desplazamiento de los criollos por la burocracia española fue tal que los descendientes de los conquistadores y primeros colonizadores desaparecieron del “Reino de Guatemala” sin dejar rastro en menos de dos siglos. Tanto es así que ninguno de ellos ocupaba un cargo en el Ayuntamiento de Guatemala a finales del siglo XVIII y para cuando se produjo el proceso de independencia, los descendientes de los “beneméritos” sólo seguían existiendo en las nostálgicas narraciones de la Recordación Florida escrita por don Francisco Antonio de Fuentes y Guzmán a finales del siglo XVII. Sin embargo, la “aristocracia criolla” que nuestro historiador llama también “clase dominante a medias” porque “compartía el poder económico y político, en un plano de subordinación, con la monarquía española representada en sus funcionarios” (Martínez Peláez, págs. 28-29), “se renovó continuamente, conservó y aún fortaleció su posición en lo económico, y fue, en fin, la clase social que se halló capacitada para tomar el poder a la hora de la Independencia” (Martínez Peláez, pág. 84).

El gran aporte de Severo Martínez Peláez al estudio de la independencia de Centroamérica, y de Guatemala en particular, radica, por un lado, en su reconstrucción de la dinámica social y política que precedió a la Independencia y, por otro, en su esbozo de los “rudimentos” de las clases sociales que participaron en el proceso independentista. En efecto, el historiador marxista muestra que la “capa media alta urbana” que lideró el proceso de independencia de Guatemala, que se inició en 1808 y concluyó en 1823, no sólo estaba integrada por el sector urbano letrado comúnmente conocido (oficinistas, empleados, estudiantes, curas, profesionales). Además de algunos comerciantes medios que, como Basilio Porras, participaban en las reuniones secretas de Pedro Molina, había algunos agricultores que poseían alguna propiedad rústica mediana o pequeña. Había, por tanto, un grupo de agricultores medios y pequeños y otro grupo de comerciantes medios que estaban bloqueados por los terratenientes y comerciantes grandes y que por eso mismo apoyaban abierta o disimuladamente a la capa media alta urbana que aparecía liderando la lucha por la Independencia.

Desconocemos las pugnas que pudieron existir entre los agricultores y comerciantes medios y la aristocracia criolla (“naciente burguesía criolla” o “burguesía criolla en formación” según nosotros) compuesta por los terratenientes y grandes comerciantes que apoyaban la emancipación para librarse definitivamente del poder español. Lo cierto es que la capa media alta urbana que desde 1808 lideró el proceso de la independencia que finalmente capitalizó la naciente burguesía criolla, contó con el fuerte apoyo tanto de la “pequeña burguesía en formación” compuesta por los comerciantes medios, como de la “naciente clase de agricultores medios y pequeños”.

Ahora bien, mientras la mayoría de los miembros de estas clases sociales en formación eran “ladinos”, la mayoría de los miembros de la capa media alta urbana eran criollos. Recordemos que tanto la pequeña burguesía en formación como la naciente clase de agricultores medios y pequeños surgieron del pequeño grupo de ladinos y criollos empobrecidos que iniciaron un proceso de adquisición de tierras por diferentes vías (compra, alquiler, usurpación) a partir del siglo XVII para romper con el bloqueo que les imponía el sistema colonial.[2] 

En efecto, en un minucioso análisis de documentos de archivo, Severo Martínez Peláez descubre los rudimentos de una clase de pequeños y medianos agricultores y de una pequeña burguesía con representantes en las ciudades y cuya amplia ramificación en los pueblos les dio un vigor particular. Formada por comerciantes medios que no se beneficiaban del monopolio de Cádiz retenido por las treinta grandes firmas comerciales de la Audiencia de Guatemala, la naciente pequeña burguesía (que incluía también a algunos productores artesanales, manufactureros, explotadores de mano de obra asalariada) propugnaba la ampliación del mercado interno y la abolición de las barreras a la producción. Por otro lado, la rudimentaria clase de medianos y pequeños agricultores, formada por todos los propietarios de tierras compradas a indígenas o españoles, o usurpadas, o adquiridas en condiciones difíciles y sin ayuda oficial (que formaban fincas medianas y pequeñas trabajadas por sus propietarios o con mano de obra asalariada), constituía la “capa media alta rural” de los pueblos, que prolongaba y completaba la clase media alta urbana.

De hecho, como la estructura colonial —las relaciones coloniales de producción— bloqueaba el desarrollo económico de este grupo de agricultores, la emancipación que ellos buscaban no debía ser controlada por la burguesía criolla en formación que no tenía ningún interés en liberar los mecanismos de obtención de la propiedad territorial. Si a lo anterior agregamos que una Independencia controlada por la naciente burguesía criolla tampoco favorecería un cambio en el régimen de trabajo ni la ampliación del mercado interno, se puede comprender que la pequeña burguesía en gestación y el rudimento de la clase de agricultores medios y pequeños luchara por una independencia que contemplara cambios estructurales.

Pero insistamos en lo que dijo el autor de La patria del criollo: no todos los liberales que lucharon por la independencia de Centroamérica eran criollos. De hecho, muchos de los miembros de la capa media alta que lideraron los movimientos de San Salvador (en 1811 y 1814), de León y Granada en Nicaragua (1811-1812) y de la célebre Conjuración de Belén en la ciudad de Guatemala (1813) no pertenecían a la clase criolla. Tampoco pertenecían a la “capa artesanal proveedora”, aunque puede haber algunos que los apoyaran. Eran, sobre todo, religiosos, hombres de la talla del presbítero Tomás Ruiz, uno de los líderes más radicales de Belén, y de Benito Soto, un religioso que fue condenado y asesinado por el asunto de Granada.

También hubo varios médicos. Entre ellos sobresalen Pedro Molina, Cirilo Flores, Mariano Suárez, Santiago Celis, mártir de San Salvador. Entre los abogados destacan José Francisco Córdova y Venancio López. Hubo además varios empleados, entre ellos varios escribanos y oficinistas en las dependencias del gobierno: Simón Bergaño y Villegas, deportado en 1808, el joven Mariano Bedoya, preso cinco años por lo de Belén y asesinado en 1821, Andrés Dardón, Manuel Ibarra, Juan José Alvarado, Francisco Montiel, “todos ellos jóvenes y de cierto desarrollo intelectual, para quienes la sociedad colonial no ofrecía otra perspectiva que envejecer en las oficinas públicas o en empleos mal retribuidos” (Martínez Peláez, págs. 256-282).

Entre los integrantes de la capa media alta también aparece Cayetano Bedoya, “hermano del mártir y de la admirable doña Dolores, esposa del doctor Molina”. También se contó con “algunos militares de mediana y baja graduación, como los de Belén”: el teniente Joaquín Yúdice, los sargentos León Díaz, Felipe Castro y Rafael Arazamendi, y por supuesto el alférez José Francisco Barrundia.

Además, se contó con “la presencia de tres notables hombres de origen indígena”: Fray Tomás Ruiz, “religioso doctorado en filosofía, conjurado de Belén; el mártir Manuel Tot, comerciante joven, llegado de la Verapaz, probablemente a la Universidad, y el estudiante Modesto Hernández, indio noble, pasante de derecho, preso por agitador y por sus contactos con Mateo Antonio Marure”.

Ahora bien, aunque la participación de las diferentes clases sociales y grupos étnicos que hemos señalado en el proceso independentista es un hecho probado, la Independencia de Centroamérica fue la toma del poder por parte de los criollos y no supuso la transformación de la estructura colonial ni, por tanto, en el caso de Guatemala, la emancipación del pueblo. De hecho, los grupos y clases sociales pobres, en su mayoría indígenas, continuaron sometidos a condiciones de opresión y explotación hasta la Revolución Democrática del 20 de octubre de 1944, que finalmente abolió toda forma de “servidumbre y esclavitud” en 1952 (Murga Armas, abril-junio de 2009).

3. Por qué la conmemoración del bicentenario de la Independencia de Guatemala es una falacia

En Centroamérica, y particularmente en Guatemala, nos han dicho que somos una nación independiente porque nos separamos de la Corona española el 15 de septiembre de 1821. También nos han dicho que somos libres, soberanos e independientes porque somos una república democrática. Sin embargo, aunque cada 15 de septiembre celebramos un nuevo aniversario de la “independencia patria”, en Guatemala no hay independencia porque el Estado nació capturado por una minoría y no ha sido capaz de valerse por sí mismo para garantizar a sus habitantes el disfrute de sus derechos y libertades.

En efecto, con la Independencia de 1821 y la partición de la Audiencia de Guatemala en cinco pequeñas repúblicas, los criollos liberales crearon un Estado y una Constitución liberal para desplazar a los criollos conservadores. Luego, con la entronización de Rafael Carrera en el poder, los criollos conservadores que añoraban los tiempos de la Corona española crearon un Estado conservador (de 1839 a 1871) que, en alianza con la Iglesia Católica, les permitió consolidar su poder sobre sus rivales liberales.

Más tarde, con la Revolución Liberal de 1871, el pequeño grupo de criollos y ladinos que se benefició de ese movimiento tomó el control del Estado y llevó a cabo la Reforma Liberal que les permitió concentrar el poder y la riqueza del país. Así nació la clase dominante contemporánea, una oligarquía que desde entonces es dueña de gran parte de las mejores tierras agrícolas y monopoliza los grandes negocios de la agricultura, el comercio, la industria y las finanzas a través del CACIF (Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras).

Sólo los hombres y mujeres surgidos de la Revolución Democrática del 20 de octubre de 1944 intentaron cambiar esta situación promulgando la Constitución de la República de 1945 y gobernando democráticamente con Juan José Arévalo (1945-1951) y Jacobo Árbenz Guzmán (1951-1954). Pero la invasión “liberacionista” liderada por el coronel Carlos Castillo Armas y auspiciada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, la Agencia Central de Inteligencia (CIA), la United Fruit Company (UFCO) y los grupos de poder más reaccionarios del país (oligarquía, iglesia católica, cúpula del ejército) puso fin al proceso de aplicación del Decreto 900 Ley de Reforma Agraria. Así, tras el golpe de Estado de 1954, los contrarrevolucionarios anticomunistas instauraron una dictadura militar disfrazada de democracia, que condujo a una guerra interna de 36 años que dejó más de 100.000 mil víctimas, entre asesinados y desaparecidos.

Después de 31 años de dictadura disfrazada de democracia, el agotamiento del modelo militar condujo a un proceso de transición política: una nueva Constitución Política de la República de Guatemala fue aprobada en 1985 y un gobierno civil elegido libre y popularmente inició la era de la “apertura democrática” en 1986. Sin embargo, el gobierno de Vinicio Cerezo Arévalo (1986-1991) fue parte de una democracia bajo la tutela de los militares y la expresión demagógica de un régimen que promovería las libertades individuales y defendería el statu quo oligárquico.

El fin de la guerra interna, el 29 de diciembre de 1996, propició un intento de restauración democrática basado en los principios y proyectos que dieron forma a los Acuerdos de Paz firmados por el Gobierno de la República y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG). Sin embargo, el conservadurismo de la clase y grupos dominantes, ajenos al bienestar social y nacional, impidió su pleno desarrollo. De hecho, hoy tenemos un sistema democrático limitado y un capitalismo dependiente que no favorece el bienestar del pueblo ni garantiza el desarrollo del país.

Aunque la Constitución establece que “Guatemala es un Estado libre, independiente y soberano, organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y de sus libertades” (Artículo 140) y aunque cada 15 de septiembre celebramos un nuevo aniversario de la independencia nacional, Guatemala no es independiente porque el Estado sigue capturado por un pequeño grupo social que lo instrumentaliza en su propio beneficio y porque, en consecuencia, el Estado ha sido incapaz de valerse por sí mismo para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y libertades. Esta realidad desafía a los guatemaltecos a definir exactamente qué tipo de independencia quieren tener: ¿nos conformamos con la situación establecida por los criollos con la independencia del 15 de septiembre de 1821, que de alguna manera sigue condicionando el funcionamiento del Estado, la economía y la sociedad? ¿O, por el contrario, queremos una independencia nacional que se traduzca en la emancipación del pueblo y en la constitución de un Estado verdaderamente libre y soberano?

En cuanto a la independencia declarada por los criollos en 1821, es evidente que se trata de una independencia política que ciertamente separa a Centroamérica de la Corona española. Sin embargo, también es evidente que con este tipo de independencia, quien ejerce el mando económico, político, militar e ideológico, la mayoría de las veces manejando los hilos del Estado desde sus dominios, es la clase dominante de criollos contemporáneos que ejercen el poder a su antojo comprando la voluntad de la clase burocrática, militar y política o haciendo alianzas con otros poderes (ejército, partidos políticos, iglesias, organizaciones no gubernamentales, asociaciones empresariales nacionales, empresas multinacionales, entre otros).

Estamos pues ante una forma de independencia que funciona aparentemente bajo los principios de una democracia representativa en el marco de un Estado libre y soberano, pero que en realidad responde al poder de una clase dominante que instrumentaliza la embrionaria institucionalidad democrática para conservar sus privilegios y obtener otros nuevos. De hecho, el aparato estatal es un instrumento disfrazado de república diseñado para favorecer los intereses de los grupos dominantes.

Es precisamente este problema el que está en el centro de las preocupaciones de quienes se niegan a celebrar, o incluso a hablar, de la independencia de Guatemala: dado que la independencia significó el traspaso de poder de la Corona española a la naciente burguesía criolla, y aunque ciertamente otras clases sociales y grupos étnicos participaron en el proceso de independencia, consideran que la supervivencia de la república creada por los criollos liberales y conservadores contradice el concepto mismo de independencia. Por eso, argumentan, Alejandro Giammattei promueve la celebración de la independencia e insiste en perfeccionar la “república democrática” surgida de la patria de los criollos.

Si Giammattei dice hoy que “somos una república democrática” y llama a “fortalecer la justicia, luchar por la igualdad de oportunidades y mantener y defender nuestras libertades” (Diario de Centro América, 28 de febrero de 2021), no es porque quiera que Guatemala sea una república verdaderamente libre, soberana e independiente. La república, como sabemos, es “lo público” y eso no es precisamente lo que le interesaba a la “clase dominante a medias” antes de la independencia, ni a la clase dominante que se formó después de la independencia, ni a la oligarquía terrateniente y comercial que se consolidó con la Revolución Liberal a finales del siglo XIX y que se sigue imponiendo hasta hoy. Esto queda claro por el apoyo incondicional de Giammattei al Plan “Guatemala no se detiene” de los grandes empresarios (Diario de Centro América, 16 de febrero de 2021), por la adquisición de la finca El Nacimiento y la construcción de “su” carretera cerca de las fincas de la familia Falla (Vox Populi, 26 de noviembre de 2020) y por sus actitudes hacia los pueblos indígenas que, por cierto, lo declararon “Non Grato” en sus territorios (El Periódico, 23 de julio de 2020).

Si Giammattei reclama hoy el fortalecimiento de la justicia, no es precisamente porque quiera hacerlo. De hecho, su apoyo en el Congreso de la República a los diputados del “Pacto de Corruptos” que quieren consolidar una república conservadora que favorezca la corrupción y la impunidad (Prensa Libre, 15 de enero de 2021), su actitud ante las peticiones de los grupos de la sociedad civil que luchan para fortalecer la justicia, desmiente rotundamente la idea de que quiera hacerlo. Lo mismo puede decirse de su simpatía por algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia que están en contra del fortalecimiento de la justicia y la lucha contra la impunidad. Finalmente, la actitud del presidente a favor de algunos de los nuevos magistrados de la Corte de Constitucionalidad elegidos para coronar el Pacto de Corruptos también confirma que no quiere fortalecer la justicia (Prensa Libre, 12 de marzo de 2021).

Aunque hablar de “igualdad de oportunidades” en este contexto suena a demagogia, el recordatorio de “mantener y defender nuestras libertades” no lo es. En efecto, las libertades que hoy disfrutamos son el resultado de una lucha tenaz del pueblo guatemalteco y no sería raro que los sectores más reaccionarios del país pretendieran debilitarlas o anularlas para fortalecer el concepto de “república” de los criollos (Murga Armas, julio de 2009). Cuidemos, pues, nuestras libertades, porque en el contexto actual son lo poco que hace creíble la afirmación de que en Guatemala exista una república democrática.

Por otro lado, el inusitado interés del gobierno de la República por los 3.000 años de pasado milenario del pueblo guatemalteco, por el patrimonio arqueológico y su interés por la cultura y la identidad nacional, son aspectos que llaman la atención en el discurso del presidente en la ceremonia de apertura de las actividades de celebración del bicentenario de la independencia: “Lo que puedo afirmar con certeza es que Guatemala no debería ser un país con los actuales niveles de pobreza pues, con tanta riqueza cultural y natural, es imperativo que reconozcamos que la cultura debe ser uno de los motores del desarrollo económico y un facilitador de desarrollo sostenible para muchas comunidades”.

Si durante el largo y arduo período republicano de guerras y dictaduras (de 1821 a 1985, con excepción de la breve experiencia democrática vivida por los guatemaltecos de 1944 a 1954), la clase dominante se apropió de todo lo que pudo para consolidar su riqueza y poder, no debe extrañar que hoy, justo cuando celebran y conmemoran los 200 años de su constitución, se interesen por la riqueza cultural de Guatemala.

En efecto, lo que más llama la atención de la conmemoración oficial del bicentenario de la independencia de Guatemala es el componente cultural relacionado con la historia del pueblo guatemalteco: la inauguración de los festejos en Iximché, “el show y mapping del Popol Vuh”, la valoración de los ancestros, “nuestros pueblos indígenas”, Tikal, Yaxhá, Tak’alik Ab’aj, Naj Tunich, El Mirador, en fin, todo el patrimonio tangible e intangible legado por los mayas, base histórica y cultural de Guatemala. Todo esto, que antes era visto casi con desprecio, y que desde hace algunas décadas se ha convertido en objeto de saqueo, no puede tener ningún valor para los grandes empresarios guatemaltecos, la mayoría de ellos miembros de la clase dominante, si no se mide en dinero y si su existencia no se traduce en negocios. Esto es lo que nos dice el presidente cuando afirma que “tenemos un patrimonio como nación que debemos aprovechar”. Además, “…la cultura debe ser uno de los motores del desarrollo económico y un facilitador de desarrollo sostenible para muchas comunidades” (Diario de Centro América, 28 de febrero de 2021).  

Como vemos, la conmemoración de la independencia de Guatemala se convierte en una justificación para que el gobierno, en alianza con el sector privado controlado por las grandes empresas, explote la cultura nacional, es decir, el patrimonio tangible e intangible legado por los mayas a la humanidad. Por eso el turismo ocupa un lugar central en la celebración del bicentenario de la independencia: “El Gobierno de Guatemala, a través del Ministerio de Cultura y Deportes y el Instituto Guatemalteco de Turismo —Inguat— trabajarán para promocionar de manera conjunta la conmemoración de esta importante fecha durante el transcurso del año 2021. Se han preparado 200 actividades y eventos enfocados a la cultura y el turismo que se realizarán en varios municipios de los 22 departamentos del país. Las tradiciones, la gastronomía, los héroes de las distintas épocas y la esencia de una nación serán resaltados” (Prensa Libre, 27 de febrero de 2021).

¿Paradoja de la historia o ironía de la vida? Los criollos, que durante siglos han despreciado al “indio” por su supuesta inferioridad (Martínez Peláez, 1998), descubren ahora que la cultura y la identidad de sus antepasados también pueden hacerles ganar millones de quetzales. Pero advirtamos que no es que estemos en contra del turismo, ni de que el patrimonio material e inmaterial de Guatemala beneficie a las comunidades que son las legítimas herederas del legado histórico y cultural maya. El problema, está comprobado, es que el Estado, capturado por la clase y grupos dominantes desde su fundación, realiza estos proyectos en beneficio exclusivo de las grandes empresas. Estamos en presencia de una paradoja: en el 200 aniversario de la “independencia nacional”, los criollos contemporáneos pretenden “aprovechar” la cultura y la identidad maya.

Pero, ¿qué tipo de independencia queremos?

Si bien es cierto que la Constitución que hoy tenemos proclama formalmente la libertad, la soberanía y la independencia del Estado, y si es cierto que la limitada democracia que ahora tenemos también puede potenciar estos valores, también es cierto que el impedimento para hacerlo es, por un lado, la existencia de grupos dominantes que sólo piensan en su propio beneficio y, por otro lado, la falta de unidad de los guatemaltecos que no han sido capaces de ejercer su poder como un solo pueblo para realizar las transformaciones políticas, jurídicas, institucionales, económicas, sociales y culturales necesarias para lograr su verdadera emancipación y la independencia real del Estado a nivel nacional e internacional.

Queremos una sociedad libre de los grupos de poder que históricamente han utilizado al Estado para su propio beneficio. Un Estado democrático de derecho, verdadero dueño y principal beneficiario de la riqueza nacional, económicamente solvente para garantizar los derechos sociales, económicos y políticos de los guatemaltecos. Una economía nacional fuerte, no controlada por grupos oligárquicos, capaz de garantizar el desarrollo del Estado y de su pueblo. Finalmente, una nación dueña y principal beneficiaria de su historia, cultura e identidad. Por lo tanto, entendemos la independencia nacional como la capacidad del pueblo guatemalteco de tomar sus propias decisiones, de realizar su propio proyecto político y de valerse por sí mismo en el contexto global.

Conclusión

Observamos que la razón por la que el bicentenario de la independencia de Guatemala ha generado tanto interés entre la clase dominante criolla es porque la celebración de este acontecimiento histórico les permitirá reforzar su ideología y hacer grandes negocios. También vemos que un sector ladino letrado se opone a las celebraciones porque ha tenido acceso a una educación que le ha permitido conocer la historia con espíritu crítico, tomar conciencia de la realidad y plantear la necesidad de una verdadera independencia nacional. Sin embargo, la visión culturalista presente en sus análisis hace que sigan viendo a los indígenas, ladinos y demás grupos étnicos como compactos, homogéneos y sin relación alguna, lo que promueve la división de los pueblos en segmentos culturales inmutables, sin darse cuenta de que “la identidad es representación, estrategia e historia”, y que “también es una cuestión de elección” (Murga Armas, septiembre de 2019).

Vivimos así un acontecimiento histórico nacional y regional en el que los pueblos indígenas siguen siendo los principales espectadores. Si bien es cierto que los mayas son la base histórica, social y cultural de Guatemala, también es cierto que en esta discusión intelectual y política se mantienen al margen. Quizás porque consideran que la celebración y conmemoración del bicentenario de la independencia de Guatemala es una falacia.

Bibliografía

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Casaús Arzú, M. E (1992). Linaje y racismo. San José, Costa Rica: FLACSO.

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Diario de Centro América (16 de febrero de 2021). Lanzan plan intersectorial Guatemala No se Detiene. Consulta 15 de abril de 2021, en https://dca.gob.gt/noticias-guatemala-diario-centro-america/gobierno-suscribe-convenio-para-atraer-inversiones-a-guatemala/

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Jorge Murga Armas es Doctor en Antropología y Sociología de lo político. Investigador del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala (IIES-USAC).