La dictadura cívico-militar de 1976 vino a terminar con el modelo de industrialización y sustitución de importaciones para imponer el de acumulación basada en la valorización financiera. Dicho modelo procura mediante la deuda y la apertura externa, comercial, y de capitales, subordinar a la economía nacional a la mundial. Para ello fue necesario darles a los bancos el poder de organizar los mecanismos de deuda y de financiamiento del aparato productivo y, de esa manera, desplazar en esas funciones al Estado.

Primero carcomieron el poder del peronismo mediante el “Rodrigazo”, que al devaluar nuestra moneda en un 160% (el 4 de junio de 1975 el dólar pasó de valer 10 a 26 pesos) la depreció terminalmente. Esa fue una escala necesaria y obligatoria para dar lugar a la valorización financiera y a la puja constante entre el precio del dólar y los rendimientos de los títulos públicos que, a su vez, financian a un Estado que no cobra los impuestos que corresponden a los sectores rentísticos del país, empezando por el mismo sistema financiero, los que fugaron capitales, la renta agropecuaria y minera, etc.

Para ello cuentan con la reforma financiera de 1977, aún hoy en su esencia vigente, conformada por la ley 21.382 de Inversiones Extranjeras; la ley 21.495 sobre Desnacionalización y Descentralización de los depósitos; la ley 21.526, que estableció el nuevo Régimen Legal de las Entidades Financieras [i]; la ley 21.572 de creación de la cuenta Regulación Monetaria (de esa manera le remuneraba el BCRA los depósitos en cuenta corriente a los bancos), y las leyes 21.364, 21.547 y 21.571, que modificaban la Carta Orgánica del BCRA.

Como no era suficiente, Domingo Cavallo profundizó la apertura en 1992 mediante la ley 24.144, que le confirió al BCRA el poder de comprar dólares al Tesoro de la Nación (divisas que el Estado nacional consigue esencialmente por endeudamiento) y, a su vez, estableció que sean los bancos los únicos que le pueden comprar esos dólares al BCRA.

En consecuencia, la Administración Nacional se endeuda y esa deuda la fugan, como pasó en el gobierno de Cambiemos, que nos endeudó por más de 100.000 millones de dólares, de los cuales 45.400 millones son con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y una parte se empleó para pagar deudas anteriores (unos 24.000 millones de dólares), pero 86.200 millones de dólares se fugaron, según el Informe «Mercado de cambios deuda y formación de activos externos, 2015-2019” del BCRA.

Primer mito: la liberación de las fuerzas productivas

El mito era que había que liberar al sistema financiero para que se liberen las fuerzas productivas. El sistema por sí solo se expandiría y asignaría el ahorro de la población a los sectores más rentables, atribuyéndoles a los bancos esa capacidad que sólo puede tener un Estado. El resultado no pudo haber sido peor, con un PIB (Producto Bruto Interno, que es la cantidad de bienes y servicios finales que produce el país) en 2021 menor en dólares constantes que en 1974 (y con veinte millones más de habitantes).

EL PIB en 1974 fue de U$S 72.437 millones y en 2000 de U$S 379.845 millones. Pero la depreciación del dólar en estos 45 años supera el 524% que crece nominalmente el PIB argentino.

Producimos menos bienes (y sobre todo bienes) y servicios que en 1974, la tasa de crecimiento del PIB en la Argentina es menor que la depreciación del dólar. De hecho, en dólares el PIB argentino es 20 veces menor que el de los EEUU y en 1974 era 10 veces menor.

En 1974 existían más de 800 entidades financieras distribuidas en todo el país, las cuales, mayoritariamente, eran cajas de créditos y sociedades cooperativas en que el total de préstamos al sector privado sobre el PIB era del 43,55%. La Argentina era la nación más integrada del continente, donde menor diferencia había entre un pobre (y una familia pobre) y un rico (y su familia). La tasa de desocupación abierta era del 4% y la pobreza, del 6%. Uno de los pilares de esa redistribución progresiva del ingreso era que el crédito se volcaba esencialmente a la producción y al consumo popular.

En 2021 quedan en pie 78 entidades financieras, de las cuales 65 son bancos. De ellos, 52 son de capital privado y 13 públicos (incluidos los oficiales nacionales, Banco de la Nación Argentina y BICE, 10 provinciales y el municipal de Rosario) y el crédito total al sector privado es sólo el 11% del PIB [ii]. La pobreza supera el 42% de la población, alcanzando a 19.300.000 personas, con el agravante que más de la mitad de los niños de la Argentina son pobres.

La reforma financiera de 1977 no sólo aumentó la rentabilidad relativa e importancia del sector, sino que, además, tuvo significativos impactos estructurales sobre la economía real. El primero de ellos fue la caída en la inversión productiva. Al contrario de lo que ocurría durante la industrialización, no se produjo un proceso de crecimiento económico por la expansión de la inversión, sino de estancamiento y crisis, porque los recursos que deberían haber impulsado la inversión bruta fija se fugaron al exterior.

Es más, se usa básicamente el endeudamiento externo, que artificialmente aumenta la oferta de divisas retrasando su precio, para favorecer el carry trade y, después, cuando se produce la corrida cambiaria, se estatiza la deuda. El resultado es una minoría enriquecida con capitales en el exterior, el Estado endeudado, el país con bajo nivel de inversión y con más población empujada a la desocupación y a la pobreza.

El dinero y su ahorro provienen del circuito productivo argentino y no pueden ser apropiados por los bancos y que sean ellos los que determinen en qué se emplean. La mayoría de las veces es para obtención de renta de muy corto plazo –en lugar de apuntalar planes de inversión–, por eso las LELIQs (letras de liquidez que coloca el BCRA en los bancos) son a siete días. Los depósitos, en su mayor parte, se renuevan cada 30 días y la renovación de las líneas de crédito es cada seis meses.

Continuar con el concepto de banca universal de la ley 21.526 va en desmedro de constituir la necesaria banca de inversión que fondee planes de mediano y largo plazo. El sistema financiero debe tener un piso de crédito para pymes por ley y se debe desalentar la compra y venta de dólares y de activos financieros como forma de aumentar ingresos. Por su parte, las LELIQs se deben emplear para constituir un activo consolidado de un año y prestar desde allí a la producción y a obras de infraestructura, tanto pública como privada.

Segundo mito: la restricción externa

Las relaciones de nuestro país con el exterior nos demuestran que no existe un problema de restricción externa clásico, esto es, no necesitamos que crezcan las exportaciones para que la economía lo haga en forma sostenida y compatible con la balanza comercial. De hecho, desde 2003 hasta los últimos datos oficiales a junio de 2021, se acumuló un superávit comercial total (las exportaciones superaron a las importaciones) en 163.452 millones de dólares, que es una suma significativa en cualquier lugar del mundo.

El problema real es que la legislación financiera y cambiaria heredada de la dictadura de Jorge Rafael Videla, del menemismo y del macrismo [iii], permitió que las empresas paguen supuestas deudas externas e importar en forma anticipada mercaderías, comprándole dólares al BCRA al precio oficial [iv].

La economía argentina es un importante exportador de alimentos, según informa la Bolsa de Comercio de Rosario. El nodo portuario del Gran Rosario, que abarca al complejo industrial oleaginoso y portuario en 70 kilómetros de costa sobre el río Paraná se convirtió, en forma creciente y desde hace varios años, en la principal zona portuaria de exportación de granos, aceites y subproductos en el mundo. Le sigue, después, el distrito aduanero estadounidense de Nueva Orleans, Louisiana, en Estados Unidos y, en tercer lugar, por volumen exportado, se ubica el puerto brasileño de Santos. Entre Timbúes (al norte) de Rosario y Arroyo Seco (al sur de la ciudad) se encuentran localizadas unas 31 terminales portuarias que operan distintos tipos de cargas.

Se trata básicamente de diez empresas que comercializan y tienen los puertos sobre el río Paraná, que realizan las ventas externas por declaración jurada. No existe un control estricto de lo que exportan por parte del Estado. Los exportadores triangulan sus operaciones, como lo demuestra claramente el caso Vicentin, su asociación con la multinacional Glencore en “Renova S.A.” y la posterior venta de su participación, que implicó las presentaciones judiciales y el pedido de quiebra de dicha firma. También lo expone la denuncia sobre venta de carne a Uruguay a un precio mucho menor al internacional para que desde ese país se venda al mundo al precio real, entre otras maniobras.

Tercer mito: la prescindencia del Estado

Adam Smith fue un economista e ideólogo del imperio británico que escribió su libro La riqueza de las naciones en los albores de la revolución industrial, cuando sus colonias se dispersaban en todo el mundo y eran dueños de los mares, con el objetivo que ellos fueran los industriales y los demás, meros proveedores de alimentos y materia prima. Gran Bretaña no dejaba que se produzcan telas en sus colonias, de allí la lucha por la independencia de las 13 colonias en la costa este de América del Norte.

En ese marco, inventa el mito de que “lo mejor que puede hacer el Estado por la economía nacional es dejar que esta funcione según sus reglas naturales, que son las de la oferta y la demanda”.

En verdad, la política económica, en el sentido amplio de la palabra, es el conjunto de estrategias y acciones que formulan los gobiernos, y en general el Estado, para orientar, influir y/o conducir la economía de los países. Como toda estrategia, debe responder a un plan global: grandes objetivos y distintas medidas que se deben adoptar para cumplir con esos objetivos.

No existe Estado sin fijar metas, que son en sí mismas la esencia del diseño del proceso de planificación de un gobierno, ya que, al orientar su gestión, le permiten alcanzar sus objetivos. Son parte también de la compleja interrelación de las políticas públicas como instrumentos para alcanzar los fines.

Conclusión

No hay un plan económico que nos abarque a todos. Lo demuestran los niveles de exclusión social y las débiles respuestas oficiales ante el drama. La legislación financiera y cambiaria que se emplea es la de la dictadura, con agravantes realizados por Menem-Cavallo y por la anulación del decreto 2581/1964 por parte de Macri, por un lado. Por otro lado, sabemos que los circuitos ilegales están directamente conectados con el sistema financiero formal, que no son compartimentos estancos, ni separados por exclusas. Los “financistas” son los dueños y CEOs de los principales bancos privados del país y conectan puntas entre inversores y tomadores de crédito [v].

El cruce de dinero entre plazas financieras puede vincular Montevideo, Nueva York, Hong Kong o Londres mediante el llamado “dólar cable” (que consiste en girar dólares en efectivo a través de una cueva financiera), que fondea parte de la oferta del dólar blue y que incide fuertemente en la fuga de capitales de las divisas originadas en el país.

Se sigue dejando al capital financiero el poder de organizar los mecanismos de deuda y de financiamiento del aparato productivo y, de esa manera, se desplaza en esas funciones al Estado.

Así nos va y así nos va a ir.

Notas

[i] La ley 21.526 le concedió a los bancos comerciales realizar “todo aquello que esta ley no prohíbe”. Les otorgó ventajas exclusivas, al establecer que serían los únicos habilitados para captar depósitos en cuenta corriente y emitir cheques y poder captar depósitos en cualquier parte del país y prestarlos en los centros de decisión.

[ii] Crédito que representa el 11% del PIB, con casi un 5% del PIB para préstamos personales (45% de los préstamos otorgados) que financian, principalmente, descubiertos en las tarjetas de débitos y de créditos. Sólo queda un poco más del 6% del PIB para financiar a las empresas (créditos comerciales).

[iii] Macri anuló la Emergencia Cambiaria, que obligaba a exteriorizar la compra de divisas al BCRA mediante acuerdo firmado por la máxima autoridad de comercio exterior del país, de Aduana y del BCRA (decreto 2581/1964) y la redujo sólo al BCRA.

[iv] Que se hubiera evitado derogando el decreto 893/2017, que a su vez había anulado la Emergencia Cambiaria del decreto 2581/1964, vigente durante 53 años.

[v] BlackRock tiene participación accionaria en los cuatros mayores bancos privados por volúmenes de depósitos: Santander-Río, Galicia, BBVA y Macro.

* Licenciado en Economía, profesor de Política Económica y de Instituciones Monetarias e Integración Financiera Regional en la Facultad de Ciencias Económicas (UBA). Fue Director Nacional de Programación Macroeconómica. Analista senior asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).

https://estrategia.la/2021/08/23/premisas-falaces-que-solo-han-aumentado-la-exclusion-social-en-argentina/