El 7 de noviembre serán las elecciones en Nicaragua, pequeño país del corazón centroamericano. Lo que venga después está en el aire. Por lo pronto, a partir del miércoles 1 de septiembre Daniel Ortega, actual presidente en funciones, está ya registrado como candidato en busca una tercera reelección y un quinto mandato.

No es casual sino causal la inconformidad de amplios sectores de la sociedad nicaragüense con el presidente Ortega, que pretende continuar en el poder acompañado de su esposa, Rosario Murillo, en el cargo de vicepresidenta por cinco años más. Ortega fue presidente en 1985-1990, 2007-2012 y ahora en 2017-2021.

Esa es la razón principal por la cual el exlíder del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) no tiene todas las de ganar: le esperan algunas complicaciones. Por si fuera poco, la economía no marchaba bien y se agravó con la pandemia del covid-19.

Para una evaluación de la situación política, primero hay que ver la presión en contra del presidente, a partir de la entrada en vigor de la reforma al sistema de seguridad social en 2018 que le creó un rechazo generalizado. Presión por la respuesta violenta contra los manifestantes y el uso de la fuerza pública del Estado.

La violencia social derivó en amenazas del exterior como respuesta. Claro que Washington se pinta solo para generar desestabilización política y social en los países latinoamericanos; la reforma de 2018 fue aplicada a sugerencia del Fondo Monetario Internacional (FMI).

La campaña interna de los medios de comunicación encendió acusaciones como: autócrata, dictador, chavista enquistado en el poder, nepotista, es. Sin embargo, algunas críticas han sido ganadas a pulso por el presidente Ortega, mientra que ante otras porque ha sido soterradamente inducido.

Sobre esto último —por ejemplo—, la reforma pareció más una trampa orquestada por el FMI, armada además con el apoyo de la derecha empresarial agrupada en torno al Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP); más argucia preparada que salida al déficit del sistema de salud.

Los antecedentes de la reforma

Dicho sea que la crisis social y política que vive Nicaragua se gestó en 2018 y se agudizó con la pandemia en 2020. No obstante, las expectativas de la población son que las condiciones de vida mejoren con las elecciones de noviembre. El asunto es que la solución no apunta precisamente a ello.

En tanto, la desestabilización -social, política, económica- comenzó por lo siguiente:

1. Las protestas de 2018, que de abril se extendieron al resto del año —con secuelas hasta 2021—, mostraron el descontento popular a las reformas del sistema de seguridad social (el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, INSS, que cayó en déficit desde 2013) del gobierno de Ortega. La situación de protesta obtuvo como respuesta la represión, con un saldo de 264 muertes y 1.800 heridos (datos de la CIDH); además hubo también detenidos, encarcelados, torturados y juicios discresionales. También personas exiliadas: al menos 8.000 huyeron a Costa Rica por la violencia.

Cierto es que en 2013 el INSS entró en un déficit que para 2017 alcanzaría 2.186 millones de córdobas, y Ortega pondría en marcha la reforma porque las reservas se agotarían en 2019. Las medidas implicaban un costo fiscal: aumento en la contribución de empresas y empleados; reforma fiscal y nuevo impuesto para jubilados del 5 porcentual.

Anunciadas para entrar en vigor el día 18, las medidas en aportaciones al INSS eran como sigue: 0.75 por ciento para empleados y 2 por ciento para empresarios, con un incremento anual hasta llegar al 22.5 por ciento en 2020. Habría una reducción del 5 por ciento en las pensiones. Mientras los sindicalizados y empleados de la UNE apoyaron, la patronal COSEP (Consejo Superior de la Empresa Privada) la rechazó.

Entonces, el día de entrada en vigor de la reforma, la coalición opositora (el Frente Amplio por la Democracia), feministas y estudiantes se manifestaron frente al INSS en ciudad de León. Ahí fueron los enfrentamientos, el conflicto escaló en días posteriores y se generalizó la protesta en importantes ciudades como Granada, Estelí y la propia Managua.

2. Las movilizaciones continuaron hasta la exigencia de la renuncia del presidente Ortega. Demanda motivada por la reacción del gobierno a las protestas por el uso de la fuerza pública, y la creación de un ambiente de hostigamiento con el despliegue constante de policías y grupos civiles progubernamentales armados para intimidar a la población. Eso le valió al presidente las denuncias desde los sectores inconformes con la situación, el rechazo de los empresarios, los estudiantes y los campesinos.

El otro aspecto por el cual perdió terreno Daniel Ortega es el acoso a los medios de comunicación: prensa, radio y revistas digitales, cuyos voceros reclaman libertad de expresión —ellos son parte de la derecha opositora—, la detención de algunos directivos de medios y periodistas. Por eso para la OEA el gobierno de Ortega es una “dictadura”. Hablamos de Luis Almagro.

El presidente calificó a la prensa de “pequeños grupos” de oposición, financiados por EE.UU. que “criminalizaron las protestas”. ¿Descontrol político o impotencia?

Junto con la OEA, unos 13 países de la región, la CIDH, Naciones Unidas, la Unión Europea y Washington generalizaron las presiones desde afuera. Claro que la reforma se echó para atrás, pero las demandas contra Ortega continúan.

¿Cambios constitucionales o leyes a modo?

La reforma a la seguridad social es una de las tantas que Ortega ha puesto en práctica. Porque se han hecho cambios constitucionales, uno para asegurar su reelección y otro para adecuar el sistema electoral con el mismo fin.

Otras reformas que han sido aprobadas entre 2020 y 2021, son señaladas hoy por “criminalizar a la oposición y limitar los derechos ciudadanos”, como las siguientes:

1) La Ley de Terrorismo, aprobada por el Parlamento en julio de 2018, porque según el Alto Comisionado de la ONU funciona para criminalizar protestas “pacíficas”.

2) LA Ley de Agentes Extranjeros, que “obliga a las organizaciones sociales y personas individuales que reciben fondos del exterior a inscribirse en una oficina, además de someterse a una serie de restricciones y controles”.

3) La Ley de Cadena Perpetua, que reformó la Constitución para incrementar “las penas para delitos que el gobierno considera de odio, además de llevar el periodo de detención preventiva de 48 horas a 90 días; y, finalmente, una ley que sanciona a quienes participen o lideren acciones de oposición”.

4) la Ley de Ciberdelitos, “que incrementa la vigilancia obligando a las compañías telefónicas a suministrar los datos de personas que el gobierno considere de interés político”.

El tema es que han generado críticas, pese a contar con el respaldo empresarial. En pocas palabras, u Ortega se ha confiado demasiado para que nada ocurra con su permanencia en la presidencia, o se ha conducido hacia el caos político.

Las circunstancias apuntan a lo segundo. Ese es el peligro para el presidente Ortega y para la región Latinoamericana.

El injerencismo es golpismo

Por supuesto nadie ignora, dentro ni fuera de Nicaragua, que a nombre de la “democracia”, la “libertad” y los “derechos humanos”, los EE.UU. están siempre prestos a intervenir bajo cualquier argucia en el —despectivo y reducto de la doctrina Monroe— “patio trasero”.

Tampoco que, para operar en la región, como en cualquiera parte del mundo, el imperio echa mano primero de la derecha opositora para emprender tareas de desestabilización y luego de todo su arsenal disponible, como: embajadas, agencias como la USAID, la CIA y la antidrogas (DEA); su brazo militar y el pago de mercenarios.

Los organismos injerencistas son agentes promotores de violencia bajo el ardid del combate al narcotráfico o la lucha contra el terrorismo. En todo caso se trata de acciones terroristas desde un Estado terrorista.

Valgan como ejemplo los golpes de Estado siguiendo las tesis de Gene Sharp, del golpe blando, para derrocar a gobiernos no afines a los intereses imperiales. Que para ello son los financiamientos a partidos y organizaciones de las derechas golpistas regionales.

Las manifestaciones de protesta son ideales para la introducción de golpistas e infiltrados violentos, pago de civiles y agentes; generación de climas de rompimiento social. El mayor o menor éxito de dicha estrategia sharpista se debe al grado de fragilidad de la institucionalidad. Y en Nicaragua la situación es lo menos delicada.

La contratación de mercenarios está destinada a crear ejércitos bajo el paraguas de la sociedad civil, con fines criminales como el recién asesinato del presidente Jovenel Moïse de Haití, o las amenazas permanentes contra presidentes como Nicolás Maduro en Venezuela u Ortega de Nicaragua.

Dentro de ese ambiente de rompimiento del orden institucional, ciertamente en proceso de consolidación, y a sabiendas de que el financiamiento externo siempre encuentra destinatarios en traidores agrupados en torno a una derecha que no escatima abrazar el golpismo o las dictaduras modernas al estilo de Jair Bolsonaro en Brasil o Jeanine Áñez en Bolivia, Iván Duque en Colombia o Guillermo Lasso en Ecuador.

Conocido es que republicanos ni demócratas del imperio, que justifican el injerencismo con la “Doctrina Monroe”, ven con buenos ojos a presidentes como los de Cuba, Bolivia, Argentina, Nicaragua, México o Venezuela. Gobernantes pronacionalistas, como Díaz-Canel, Luis Arce, Alberto Fernández, López Obrador o Maduro, respectivamente.

Por eso el golpismo está de moda. El golpe blando está en marcha en los países mencionados: Cuba, Bolivia, Argentina, Nicaragua, México y Venezuela. Un proceso que se desata por etapas.

Es la estrategia desestabilizadora vía el golpismo financiado desde los EE.UU. donde agencias de “espionaje” como las embajadas en la región Latinoamericana están siempre prestas a derrocar gobiernos contrarios a Washington.

Elecciones, el caldo de cultivo

El próximo 7 de noviembre se elige presidente. El 2 de agosto se registraron siete fórmulas de candidatos a presidente y vicepresidente. Entre ellas Daniel Ortega y su esposa, por la Alianza Unida Nicaragua Triunfa, del FSLN.

Se vota también a 90 diputados a la Asamblea Nacional de Nicaragua y 20 diputados del Parlamento Centroamericano. Las campañas comenzaron el 21 de agosto y terminan el 3 de noviembre, de acuerdo a la ley electoral y el Consejo Supremo Electoral. Habrá resultados preliminares el día 15. Será hasta el 10 de enero la toma de posesión del nuevo presidente, en tanto el 9 los diputados a la Asamblea.

La policía de Nicaragua ha reportado que a la fecha ha detenido a 34 políticos opositores, entre ellos a siete precandidatos que no pudieron inscribirse. Tres de ellos acusados “oficialmente” de cometer el delito de “conspirar para cometer menoscabo a la soberanía nacional”.

Cristiana Chamorro, por ejemplo, está en arresto domiciliario acusada por presunta “gestión abusiva” y lavado de dinero durante su gestión al frente de la Fundación Violeta Barrios. Ella ha declarado: “No soy candidata oficial y pretenden inhibirme, qué miedo le tienen al cambio. Unida Nicaragua volverá a ser república”, dijo Chamorro.

Otras voces fuertes igual se pronuncian. Por ejemplo, el escritor y exvicepresidente Sergio García Ramírez le dedicó el premio Cervantes el 23 de abril de 2018, “a los asesinados en las calles por reclamar justicia y democracia” y a los jóvenes que luchan para que “Nicaragua vuelva a ser República”.

De igual manera, el poeta Ernesto Cardenal condenó la represión al recibir el Premio Mario Benedetti el 16 de diciembre de 2018 y lo dedicó a Nicaragua y al niño Álvaro Conrado, estudiante de secundaria que se volvió mártir a los 15 años de edad durante las protestas contra Daniel Ortega.

El juicio de José Mujica, expresidente de Uruguay, expresado ante el Senado de su país, fue lapidario: “Siento que algo que fue un sueño se desvía, cae en autocracia y entiendo que quienes ayer fueron revolucionarios perdieron el sentido de que en la vida hay momentos en los que hay que decir, me voy”.

Conflicto postelectoral

El conflicto postelectoral es casi seguro. Porque Daniel Ortega no la tiene fácil. Le irá bien si gana por amplio margen. Pero no, si gana con pocos votos, por la legitimidad. Él apunta a la continuidad. Y como sea que gane será una “elección fraudulenta” para los opositores; vendrán las denuncias y el desconocimiento de resultados, así como del “ganador”.

Aparte de que la sociedad sabe del pacto entre “caudillos políticos” de Ortega y Arnoldo Alemán del Partido Liberal Constitucionalista, para capturar el sistema electoral y trastocar la competencia, lo que abre la puerta a una serie de irregularidades, entre ellas la opción del fraude.

Eso ya complica las cosas. Y de suceder, la desestabilización por las fuerzas opositoras es previsible, como sucedió en 2018, de la mano de los señalamientos de la CIDH y la OEA, Naciones Unidas, el Congreso de EE.UU. y el Parlamento Europeo sobre los acontecimientos de 2018. En ese contexto EE.UU. Canadá, la UE, Suiza y Reino Unido impusieron sanciones a una veintena de funcionarios e instituciones del gobierno nicaragüense.

En fin. Elección democrática o golpe blando, esa parece ser la disyuntiva. Solo queda en claro una cosa: que sin voluntad política para una elección transparente, limpia y democrática, no habrá un presidente legítimo en Nicaragua con los consensos necesarios para resolver los problemas del país.

O quizás el proceso electoral abra la posibilidad del cambio democrático. Pero, de entrada, es claro que el presidente Daniel Ortega no está abriendo los espacios para la competencia electoral; todo lo contrario, al encarcelar y perseguir a sus oponentes.

Luego entonces, si la situación política no se resuelve internamente con elecciones, la amenaza del golpe blando —forma moderna de golpe de Estado—, entrará en acción. Además, la derecha se ha preparado con tiempo; al menos de 2018 a la fecha.

Esa es la principal amenaza hoy, operada internamente sí, pero promovida y financiada por factores externos. ¿Quién es el principal promotor? Si grazna como pato y camina como pato, ya se sabe de quién se trata.
 

Salvador González Briceño es Director de geopolítica.com