Boaventura de Sousa Santos afirma que ya no necesitamos teorías de vanguardia, sino teorías de retaguardia para acompañar la dinámica de los movimientos sociales y, complementamos, también para recoger las aportaciones de la comunicación social a sociedades del bien común, y de la política a la democracia. Las teorías de vanguardia no se están ocupando suficientemente de estos procesos que, para abordarse, necesitan que nos desprendamos de algunas de las certezas acumuladas y encaminar construcciones críticas de pertinencia histórica en la cambiante vida contemporánea, a partir de la práctica cotidiana y organizativa de las ciudadanías que buscan su reconocimiento y el ejercicio de su derecho a la palabra.

En estos tiempos en los que el morbo, la primicia, el sensacionalismo y la banalización sometidos al rating están ganando los modos de comunicación naturalizando la anomia social, dos temas que necesitan sacarse de los anaqueles para devolverlos al lugar de donde emergieron: las sociedades plurales, son las políticas de comunicación y el derecho a la comunicación, que contienen principios altruistas y legislaciones humanistas como un referente ético y democrático de alta trascendencia, pero que paradójicamente se confrontan con prácticas instrumentalistas que los conducen a situaciones de inaplicabilidad, secundarización, ausencia, u olvido.

Siguiendo al maestro Luis Ramiro Beltrán, las políticas de comunicación se entienden como el conjunto de normas, principios y valores explícitos y duraderos que guían la acción, y son conquistas de alto valor democrático que constituyen un legado que, al igual que un faro, guía las navegaciones con o sin brújula de los procesos comunicacionales. Sus formulaciones se asientan en la inclusión ciudadana para Estados sociales de derecho, dinamizando democracias deliberativas construidas en base al diálogo y acuerdos con criterios de universalidad, equidad, ética, transparencia, calidad y responsabilidad social, reconociendo el poder de la palabra para construir el mundo disputando los sentidos de la vida con propuestas por la esperanza y por la vida digna.

En un ámbito conexo, lo recorrido en la formulación de leyes y normas expresa encaminamientos hacia la democratización de la comunicación. La libertad de opinión y la libertad de expresión reflejan los alcances y limitaciones que tienen los derechos de primera generación que están basados en el ejercicio de las libertades individuales. El Derecho a la Información establece los roles y deberes del periodismo, así como el sentido público de los medios de comunicación, cuya orientación contiene responsabilidades que el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos las define en el respeto a la reputación de las personas, la protección de la seguridad nacional, el orden público y la salud o moral pública. Siguiendo el proceso, el Derecho a la Comunicación, sintonizándose con el carácter colectivo de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), canaliza los derechos de los ciudadanos para construir sentidos de sociedad, de cultura, de política y de espiritualidad en procesos dialogales y de radicalidad democrática democratizando la palabra para democratizar la sociedad.

Es comprensible que en un mundo comunicacional desregulado, o parcialmente autorregulado, con teorías de vanguardia tolerantes, o indiferentes, lo escrito suene a una historia del mundo de las utopías perteneciente a la imaginería en las afueras de la normalidad, porque son planteamientos que incomodan y que por eso mismo necesitan seguir interpelando para que la comunicación contribuya precisamente a desandar la legitimación del absurdo socializado, encaminando andares por esos senderos sinuosos de los códigos de ética y del buen-convivir-bien.

Los principios altruistas y la legislación humanista no se están correspondiendo con las prácticas de gestión de la comunicación, entre otras razones porque la generalidad de los gobiernos de la región, con su comprensión reduccionista de la comunicación, establecen Estados en estado permanente de publicidad, creyendo ingenuamente poder organizar sociedades en democracia con inversiones millonarias en marketing y propaganda proselitista. De la misma manera, la preeminencia de un estilo mediático infoshow que sin ruborizarse expone descuartizados y mujeres violentadas en imágenes grotescas sucesivas y reiteradas como un espectáculo que naturaliza y no provoca ira, está contribuyendo a desescalar las posibilidades de aplicación de las políticas de comunicación y del derecho a la comunicación.

Estas prácticas no dejan ver que más allá de los oyentes, consumidores, votantes o clientes que suman rating, existen ciudadanos con derechos exigibles, con historias de vida, con dignidad, con cosmovisiones, con sueños y con voz propia. Pero claro, hoy por hoy, como en el mundo al revés, las ciudadanías están junto con los principios, normas y democracias participativas condenadas al destierro, mientras reinan las democraduras comunicacionales que no siempre respetan la legislación y que por lo general juegan a la participación ciudadana con programas de mero entretenimiento distractivo. 

Hacen falta teorías de retaguardia, salidas desde los bordes de la normalidad, para consolidar espacios de exigibilidad que incidan en las políticas públicas y en los lenguajes de los medios y de las redes sociodigitales. Para ello se tiene que transitar de la declamación de los principios altruistas y las legislaciones humanistas a las conquistas de la palabra en la práctica social, encarnada en las luchas de las ciudadanías por una democracia que los incluya, con voz y con justicia.

El autor es sociólogo y comunicólogo boliviano.