Dado que hoy 12 de octubre es el día de la resistencia y persistencia indígena, recordemos lo siguiente de mi gran amigo Baldomero Cáceres Santa María: “La costumbre del coqueo fue vista con malos ojos por los colonizadores. El considerado apóstol de los indios, Fray Bartolomé de las Casas, reconoció que la practicaban "por salud y mantenimiento", pero registró que “daba grande asco verlos, a nosotros digo". La Iglesia Católica, mediante el Segundo Concilio Limense, intentó prohibirla en 1567, por estar íntimamente unida a la religiosidad andina, pero de inmediato un consultor político de esas épocas objetó: "querer que no haya coca es querer que no haya Perú" (Matienzo, 1567), pensando en la productividad del trabajo indígena que había asegurado el apogeo de Potosí. Fue así como se consagró una distancia entre runas y mistis.” (Coca y mundo andino) 

La continuada estrategia fracasada de erradicación de cultivos coca exedentaria y acusaciones de mal uso de fondos internacionales en la agencia peruana encargada de ello que es la llamada Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas DEVIDA, precipitó la renuncia irrevocable de Fidel Pintado, jefe de ese organismo, mediante una carta pública rechazando las acusaciones del Ministro del Interior Luis Barranzuela, en mi opinión injustas y calumniosas. Ello podría arrastrar a su acusador, Barranzuela y podría provocar la primera baja del gabinete Mirtha Vázquez recientemente conformado. 

Esto sucedió cuando le estaba dando los toques finales a este artículo, pero no altera las principales críticas y propuestas sobre cómo encarar un problema complejo como es la coca, el narcotráfico y el crimen organizado. 1) La erradicación de coca sin alternativas viables para los agricultoresy sin distinguier coca legal de la ilegal, expande los cultivos a otras zonas, los dispersa y provoca daños ecológicos de magnitud sideral: el problema es la demanda, no la oferta. 2) Desde hace 40 años está política no ha funcionado y los datos están allí para demostrarlo: desde 1983 hasta el 2019 se ha erradicado 364 mil hectáreas por varios gobiernos y sigue habiendo entre 70 y 80 mil has al 2021. 3) El enfoque erradicador y penal-policial represivo no ha funcionado en ninguna parte del planeta y lo mismo sucede con otros delitos: lo reconoce la ONU, la UE y los estudiosos del tema, pero los EEUU no. 

Lamentablemente y desde junio de este año, se reinició la política errada de erradicación de coca, sin darle alternativas a los cultivadores ya que el llamado desarrollo alternativo no ha sido hasta hora desarrollo alguno y tampoco alternativo. Desde hace muchos años mi posición al respecto es contraria a esta política que no sólo es errada, sino estúpida y los que la impulsan siguen adictos al fracaso, desde hace más de cuatro décadas, en las que priorizan impulsar un enfoque penal-represivo y policial-militar sobre las actividades ilícitas en general. Esto sucede con un gobierno de izquierda, que ha asumido compromisos con los agricultores de coca y busca “hacer buena letra” con ellos, defendiendo sus reivindicaciones que están embalsadas desde hace años. 

El Profe y los cambios en su Gabinete de retazos y panakas 

El Profesor Pedro Castillo Terrones, Presidente del Perú desde el 28 de julio del presenta año, ya ha cumplido 77 días en el gobierno, tratando de gobernar con el viento en contra, con una oposición mafiosa y vengativas que todos los días busca vacarlo, con un Gabinete de retazos de partidos políticos y políticos independientes, cado uno representando a por lo menos siete panakas como he señalado en otro escrito (ver: “De retazos, panakas y saharauis”). 

Pero hace menos de una semana, el miércoles 6 de octubre, el Presidente cambió a siete de sus ministros, para incrementar la equidad añadiendo a tres mujeres – ahora son cinco, la Primera Ministra Mirtha Vásquez, la vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social Dina Boluarte, la de la Mujer y Poblaciones Vulnerables Anahí Durand de Nuevo Perú, a las que se suman la congresista de Perú Libre Betssy Chávez, una de las más críticas contra Cerrón y Bellido y la activista por los derechos humanos y memoria histórica Gisela Ortiz. Con una cajamarquina, abogada, luchadora social y defensora de los derechos territoriales de las comunidades contra la minería salvaje, Mirtha Vásquez reemplazó a Guido Bellido Ugarte, un dirigente duro de Perú Libre, nacido en Chumbivilcas en el Cusco, para “aerear” su gobierno de izquierda con caras nuevas y cumplir con el Plan Perú al Bicentenario sin Corrupción que lo llevó al triunfo en junio de este año, por muy estrecho margen (ver: “El Profe a dos meses: mirando el bosque”. 

En ese artículo, mirando el vaso medio lleno, he destacado los siete aspectos positivos que ha realizado el Gobierno del Profe y he señalado que: “También está claro que, con esta frazada de retazos y articulación de panakas, se han cometido errores y no pocas designaciones erráticas. Pese a ello, considero que estamos marchando hacia la cuarta restructuración del Estado y la sociedad peruana en 50 años, que la derecha no desea” (ver: Perú: El profe Castillo y la grita opositora), pero si una buena parte de la población nacional. Tan es así, que es la principal conclusión de las últimas encuestas de IPSOS y el IEP, correspondiente a septiembre. Contra todo pronóstico de limeños urbanos y analistas nacionales y extranjeros, la de IPSOS arroja que en el mundo rural el 52% aprueba la gestión del Presidente Castillo, 57% en el Sur y en Lima sólo el 29% (ver: Estudio de opinión El Comercio - Ipsos). Similar resultado dice la encuesta del IEP: 55% en lo rural, 58% en el sur y 25% en Lima (ver: IEP Informe de Opinión – Septiembre 2021).  

Ofertismo y criminalización con adicción al fracaso 

Desde los noventas, pero especialmente del 2005 en adelante, gracias a políticas erráticas y contraproducentes de carácter “ofertista”, de “seguridad nacional” y de “criminalización”, el Perú se ha mantenido como uno de los principales centros de producción de coca-cocaína y delitos conexos. Del 2005 al 2021, los resultados de la medición de los cultivos de coca y su erradicación como política central, ha tenido magros resultados: 

• han aumentado o se han mantenido los cultivos de producción de coca y sus derivados para fines ilícitos que se pretendía reducir; 

• se han trasladado los cultivos hacia otras cuencas hidrográficas (“efecto globo”), dispersado en las mismas cuencas (“efecto mercurio”) y fronterizado hacia los extremos del territorio con Bolivia, Brasil, Colombia y Ecuador (“efecto membrana”); 

• se ha producido articulación y sinergias cada vez mayor con otros delitos como tala ilegal, minería informal-ilegal, trata de personas, contrabando, tráfico de tierras, comercio ilegal de flora y fauna, sicariato, lavado de activos y dinero, etc.; 

• han tenido y tienen impactos importantes, muchas veces desastrosos, sobre la sociedad, los recursos naturales, la economía y la cultura de los pueblos indígenas y no indígenas en las zonas de producción y con repercusiones a nivel nacional; 

• han fracasado los esfuerzos, las políticas y las estrategias del llamado “desarrollo alternativo”, que no resultan siendo uno ni lo otro; 

• han constituido una traba fundamental para el impulso del uso tradicional e industrial benéfico de la hoja de coca como recurso natural, valor de uso y símbolo de identidad de los pueblos andino-amazónicos, así como para la Empresa Nacional de la Coca ENACO, como ente público acopiador y comercializador legal de la coca y derivados lícitos; y, 

• En 2020 y 2021 los impactos de la pandemia del COVID 19 sobre los cultivos de coca destinados al tráfico ilícito de drogas, así como otros delitos asociados, se han disparado, acentuando los  fracasos de una política basada en la oferta, la seguridad nacional y la criminalización de su producción y usos. 

La estrategia erradicadora ha sido impulsada por los diversos gobiernos a través de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas DEVIDA y la cooperación internacional: la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito UNODC, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID, la Oficina de la Casa Blanca de la Política Nacional para el Control de Drogas ONDCP, la Unión Europea UE y la Cooperación Técnica Alemana GIZ. 

Los magros resultados obtenidos, justifican la necesidad de revisar el “instrumento” básico utilizado, es decir la erradicación de cultivos, la criminalización de los que cultivan coca, la satanización de los que consumen tradicionalmente la hoja de coca y su industrialización benéfica y el llamado “desarrollo alternativo” que ha sido en general un fracaso, con relación a otras políticas de mejor calidad, en base a evidencias y experiencias, realizadas con justicia y sustentación científica. Existe suficiente experiencia nacional e internaciona1, basada en evidencias y criterios socioculturales, ambientales, económico-productivos, institucionales y de seguridad ciudadana, que pueden servir de base para diseñar políticas públicas alternativas, justas y eficaces sobre la hoja de coca, las drogas, sus usos y los tráficos con fines ilícitos 

El CORAH de los Estrados Unidos 

La política adicta al fracaso, la ejecuta el Proyecto Especial de Control y Reducción del Cultivo de la Coca en el Alto Huallaga CORAH – aunque desde 1994 erradica en varias otras cuencas -, que fuera creado por el DS Nro. 043-82-AG, acorde con el Convenio de Cooperación suscrito el 26 de setiembre de 1981 entre los gobiernos de EEUU y el Perú. Aunque depende administrativa y funcionalmente de la Oficina Ejecutiva de Control de Drogas OFECOD – que ahora se llama Dirección General contra el Crimen Organizado del Ministerio del Interior -, el CORAH es financiado totalmente por la Sección de Asuntos de Narcóticos NAS de la Embajada de los Estados Unidos en el Perú. 

El hecho es que, por exigencia de ese gobierno extranjero y en cumplimiento del rimbombante y pomposo “Plan Anual de Reducción del Espacio Cocalero Ilegal con Responsabilidad Social en el Perú 2021”, que se publicara el 22 de febrero del 2021 durante el gobierno del Presidente Francisco Sagasti Hochhausler, se realizan estas acciones absurdas, fracasadas e interesadas desde junio del 2021. Es así como se ha erradicado cocales en Ucayali y Huánuco, ello con el argumento de haber encontrado laboratorios de cocaína, según denuncian los dirigentes de la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios de las Cuencas Cocaleras del Perú CONPACCP, fundada en el 2002, que agrupa más de 250,000 agricultores de coca en varias cuencas del país. 

Aún no se sabe bien quien le dijo al CORAH que continúe en “piloto automático”, luego de la instalación del Gobierno del Profesor Pedro Castillo, pero sospechamos que ha sido la Embajada de los Estados Unidos en el Perú. Por ello y muchas otras razones, en mi opinión, urge cambiar a las autoridades que ven este tema con criterios tan obtusos. En el XII Congreso de la CONPACCP, realizado en Pichari-Cusco el sábado 2 y domingo 3 de octubre, en donde estuvo presente el Presidente Castillo, se aprobó una moción en rechazo a esta política erradicadora de fracasos. 

Erradicar la erradicación y tomar al toro por las astas 

Sostengo hace tiempo que hay que erradicar la erradicación de la cabeza de los burócratas adscritos a la embajada estadounidense e impulsar el control social sobre los cultivos con fines ilícitos que, no cabe duda, son mayoritarios en todos los valles cocaleros, estrategia que ha funcionado en Bolivia con la coca, en Tailandia con la amapola y también en el Perú, como son los casos del Alto Huallaga y el Huallaga Central. Junto con ello se debe impulsar una verdadera política de desarrollo territorial rural integral, respetando los cultivos de coca para su uso tradicional e industrial benéfico. 

En lo inmediato, tomando al toro por las astas y aunque no soy nadie para hacerlo, le he sugerido al Gobierno del Profe que es necesario formar un organismo dependiente de su despacho y de la Presidencia del Consejo de Ministros, bajo la batuta técnica del Ministerio de Agricultura, que agrupe a las cinco agencias que dicen luchar contra las drogas – Devida, Corah, Enaco, Dirandro y proyecto especial VRAEM - y a la Cancillería, bajo el título de Agencia Peruana de Promoción de la Coca y la Lucha integral contra las drogas y delitos conexos APECOCAD. Claro está que se trata de la promoción de la coca legal para su uso tradicional e industrial benéfico, más no de la destinada a usos ilícitos, que son la gran mayoría de las áreas cultivadas actualmente (“Perú: la danza andina de las cifras y la encuesta de hogares sobre el consumo de coca tradicional”). La composición del Directorio de esta entidad debería ser: 1) uno/a por cada una de las 5 instituciones mencionadas, más la Cancillería, la PCM y MINAGRI; 2) uno/a por los cultivadores de hoja de coca, 3). uno/a por los acullicadores de coca, 4). uno/a por los industrializadores de coca y 5). uno/a por los consumidores de drogas o instituciones de rehabilitación. Hacerlo más tarde que ahora, será … demasiado tarde 

Gabinete nuevo en cerebros viejos 

Al cambiarse el Gabinete el miércoles 6 de octubre, pasando del cusqueño Guido Bellido a la cajamarquina Mirtha Vásquez, que en mi opinión es un acierto de aireamiento gubernamental, se cambió también al cuestionado Ministro del Interior anterior y se designó a Luis Barranzuela Vite. Pero este también está siendo cuestionado por la derecha fujimontesisnista en sus diversas fracciones, por los medios concentrados del diario El Comercio y también por la Policía Nacional del Perú. 

A su turno, el sábado 9 de octubre en el diario El Comercio, el ex Director Ejecutivo de Devida, Rubén Vargas, que también fuera Vice Ministro del Interior, señaló que “ahora se ha ideologizado la lucha contra las drogas … que el gobierno tiene que salir de esa zona de indefinición en la que se encuentra y asumir la responsabilidad, ya que existe una política nacional de lucha contra las drogas con metas específicas que se tienen que cumplir” refiriéndose a la erradicación de cultivos. El problema es que esta política de erradicación no es nacional sino es la que impone y financia el gobierno de los Estados Unidos a través del CORAH, que además ha sido ineficaz y fracasada desde hace décadas. Vargas señala que “si sumamos el mensaje equivocado que sale desde el gobierno, entonces el escenario es apocalíptico” para concluir que “estamos camino a convertirnos en un peligroso narcoestado”. 

El analista Jaime Antezana sostiene en un artículo para Diario Uno, en similar concordancia con Rubén Vargas, que “en el discurso del presidente Pedro Castillo ni en la Política General de este gobierno no existe el narcotráfico ni el crimen organizado. No se plantea nada y se hace muy poco para frenar el notable crecimiento de la coca ilegal y el narcotráfico. Lo que hay es un discurso de lucha contra la corrupción sin enfrentar el crimen organizado ni las drogas. En cambio, eso sí, hay un apoyo abierto tanto de la bancada de Perú Libre y del presidente Pedro Castillo al proyecto de ley de la coca de los cocaleros articulados en la CONPACCP. Así, desde el gobierno se alienta la legalización de parte de la coca en un contexto en el que podemos superar a Colombia en ese campo y la producción de cocaína. La combinación de un gobierno que apoya una ley legalizadora de la coca y para quien parece no existir el narcotráfico ni el crimen organizado nos puede llevar, no al narcoestado que encarnaba el fujimorismo, pero si a una república cocalera”. 

En la última semana de agosto del 2021, se publicó un verdadero tratado de 204 páginas titulado “Las economías criminales y su impacto en el Perú: ¿cuáles? ¿cuánto? ¿dónde? ¿cómo?” cuyos autores son el exministro del interior Carlos Basombrío, el ex viceministro del interior Ricardo Valdés - ambos abogados - y el sociólogo Dante Vera, asesor de ambos. La investigación fue auspiciada por la ONG peruana Capital Humano y Social CHS – que cobija a los tres autores -, la fundación alemana social cristiana Konrad Adenahuer y la agencia de los Estados Unidos USAID. 

Siento envidia sana por la publicación de este libro y con la investigación seria y documentada que han realizado, en la que sistematizan información y análisis de fondo y actualizados, sobre varias economías ilegales: la usurpación de propiedades y tráfico de terrenos, la tala ilegal de madera, la trata de personas, el contrabando, la minería ilegal y el narcotráfico. Pero también abordan brevemente otras como la pesca ilegal, la orientada a la harina de pescado por embarcaciones peruanas, como la realizada por flotas pesqueras extranjeras dentro de las doscientas millas y dan cuenta de la piratería de películas, discos de música, libros y otros productos, el tráfico de flora y fauna y el tráfico ilícito de inmigrantes. 

La tesis central de los autores es que: “El Perú es un país especial en América Latina debido a la alta presencia de economías ilegales que operan transversalmente en sus regiones. Contribuyen a ello algunas particularidades: a) la alta tasa de informalidad a nivel de la población económicamente activa (actualmente por encima del 75% de la PEA en promedio, aunque hay provincias en que supera el 90%), la más alta de América; b) la complejidad geográfica y la diversidad de recursos naturales; c) la inconstante presencia del Estado en zonas alejadas o de difícil acceso; d) la relativa fragmentación política del Estado; e) la corrupción de las instituciones y algunas empresas privadas; f) la impunidad; g) la pobreza y pobreza extrema, y h) la tolerancia social ante lo ilícito. Estas variables crean, con frecuencia, un escenario propicio para el desarrollo de actividades algunas veces vinculadas a sectores de la criminalidad organizada trasnacional, otras a organizaciones delictivas locales (que incluyen organizaciones sociales y políticas), y, la mayoría de las veces, con vínculos con actividades legales e informales”. 

Como conclusión señalan que “la vasta economía informal es uno de los elementos que coadyuvan al desarrollo de las economías ilegales, pues entre ambas existe un canal fluido que las conecta a nivel de recursos como a nivel de personas involucradas y, por otro lado, también existe una parte de la economía formal que involucrada en las actividades ilegales que no ha sido debidamente tomada en cuenta todavía.” 

La magnitud económica del conjunto de estas economías ilegales estudiadas por los autores asciende a US$ 7,565 millones “que corresponde a S/. 23,657 millones (con el dólar a un cambio de S/. 3.58), que debe ser vista por todos los indicios de magnitud como un piso y no un techo. Es equivalente al 7.77% del Presupuesto General de la República para el 2021 (S/. 183,029,770,158) y al 3.2% del Producto Bruto Interno del año 2019 (S/. 757 mil millones)”. 

Saludo que los autores tengan una visión integral de estos asuntos y que, por seguir las preocupaciones del gobierno de los Estrados Unidos, no se limiten únicamente al tráfico ilícito de drogas como si fuera el único delito existente en el país. Es más, coincido con varios de los aspectos que desarrollan en el estudio, que son cada vez más “sentido común”, como aquel en el que reconocen que una parte importante de la población sigue consumiendo hoja de coca de manera tradicional lo que se debe respetar. 

Así escriben que: “En cuanto a cultivos de coca, se distingue entre el cultivo para fines tradicionales, cuya demanda ha crecido tanto en el número de consumidores (de 4.6 millones de consumidores en el 2003 a cerca de 6 millones de consumidores en el 2019) como en la cantidad de hoja de coca empleada (que pasó de 8,787 toneladas en el 2003 a 10,691 en el 2019); y, por otro lado, el cultivo dedicado para abastecer las necesidades del narcotráfico. Los primeros deben ser comercializados por la Empresa Nacional de la Coca (Enaco S.A)”. Sin embargo, sostienen que: “Con el paso de las décadas, los cultivos de coca para fines ilegales se expandieron dramáticamente, primero a la zona del Alto y Bajo Huallaga, luego al Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), y, finalmente, a zonas de Puno y Loreto, lo que respondió a las necesidades de los narcotraficantes y a las rutas de salida a otras zonas del país” 

El hecho es que Devida sigue con cabeza erradicadora y penal-represiva en un tema que, en mi opinión y la de muchos otros, es principalmente agrícola, socioeconómico y cultural. Estos analistas desde hace años tenemos propuestas al respecto, equipo profesional para implementarlas, experiencia y capacidad de convencimiento abajo con los agricultores, arriba con los burócratas incrédulos y afuera con los EEUU, Canadá y Europa, además de posibilidad de recursos con la Unión Europea. Es así como, durante la gestión de Rubén Vargas en DEVIDA hasta julio del 2020, se trabajó una propuesta de financiamiento en modalidad “blending” (combinando deuda-donación de la UE para proyectos de inversión en los países beneficiarios por cooperación externa) con varios bancos de España (AECID), Francia (AFD), Banco Europeo de Inversión, por alrededor de EU 300 millones de préstamo concesional - 1% de interés, 30 años de repago y 10 años de gracia -, más EU 10 millones donados para aplicar en proyectos emblemáticos en el VRAEM. 

No obstante, ex ministra del MEF María Antonieta Alva rechazó en su momento esta posibilidad por razones inexplicables. Pero es posible reactivar esta forma de apoyo, no solo para el VRAEM sino para otros valles, teniendo en cuenta que los europeos y Alemania en particular, así como los canadienses, a diferencia de los estadunidenses de la DEA/USAID, tienen un enfoque de seguridad humana y no de seguridad nacional en este tema, así como un diagnóstico que prioriza la demanda por drogas, no la oferta de las mismas y, en el tema de los cultivos con fines ilícitos, sostienen la tesis de poner los caballos del desarrollo rural delante de la carreta fracasada de la erradicación y no al revés como son las propuestas y acciones que exigen la DEA/USAID al otorgar financiamiento y cooperación. 

¿Más de lo mismo? 

Es preocupante la presencia del ministro Luis Barranzuela en Ministerio del Interior y debemos ser cautos, analizar bien sus antecedentes e intenciones. Si está de acuerdo con modificar la estrategia y el mal “sentido común” que se ha impulsado durante años, se podría trabajar con él, pero si ha sido puesto allí para salvarle el pescuezo a algunos personajes como los que ha defendido hasta antes de asumir el cargo, se debería tomar distancia de sus acciones. 

Una hipótesis es que el Ministro, para hacerse “potable” a las propuestas erradicadoras de la DEA/USAID, promoverá la erradicación al norte del Vraem en Satipo (territorio Asháninka), en Puno (San Gabán y Putina Punku), Aguaytia (territorio Kakataibo), fronteras (Putumayo y Codo del Güepí) y Alto Marañon, zonas alejadas en las que no habría una reacción cocalera notable. Pero me temo que Barranzuela no significa otra cosa que seguir haciendo lo mismo, además de ser el primer palitroque del nuevo gabinete en ser censurado, ya que la derecha le ha puesto la cruz. Aunque, como decimos en otro artículo, la derecha no quiere que se cambia de cara, sino simplemente vacar al gobierno.