El 8 de octubre último con la firma de Joe Biden se convirtió en ley un proyecto que había sido previamente votado por unanimidad, tanto por el Senado federal como por la Cámara de Representantes, en una muestra poco frecuente de bipartidismo en los tiempos que corren en la política estadounidense. La ley se conocerá con el sugerente nombre de HAVANA, ya que sus redactores buscaron intencionalmente un título que estableciera un nexo entre la capital cubana y los supuestos, o reales, síntomas de salud que reportaron funcionarios de Estados Unidos en su embajada desde noviembre del 2016. 

La nueva legislación se titula Helping Americans Afflicted by Neurological Attacks Act, es decir, la Ley para Ayudar a los Estadounidenses Afectados por Ataques Neurológicos, y dispone un grupo de indicaciones generales dándole facultades al Jefe de la CIA y al Secretario de Estado para que determinen ellos a quiénes de los “afectados” se les dará compensación y en qué cuantía. Es decir, la principal “ayuda” para estos funcionarios sería entregarles dinero y no llegar a un diagnóstico certero de su padecimiento, hablar de tratamiento adecuado y finalmente encontrar el origen real de la afectación.

Al dar este paso, legisladores de uno y otro partido acudieron a cierto sentimiento de patriotismo de baja factura declarando  el compromiso con “aquellos que sirven a América en el exterior”, olvidando el pequeño detalle de que están acuñando para la historia el término de “ataque”, que había sido previamente descalificado por agencias federales estadounidenses y cometiendo la irresponsabilidad aún mayor de relacionar de modo definitivo la extraña historia con Cuba, único país que ha sufrido consecuencias directas por los hechos aún no aclarados. Pasaron por alto además que muchos análisis de Rayos X que se utilizaron como “pruebas” no muestran daño cerebral alguno y los que tuvieran alguna anomalía en ese órgano, no la pueden relacionar con ninguna de las posibles explicaciones que se han reiterado.

Varios medios de prensa al dar la noticia sobre la nueva ley, con más sensacionalismo que objetividad, se pertrecharon de las conclusiones a las que llegó un estudio de las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina en el 2019, en el que se hablaba de que el malestar sufrido por un amplio grupo de agentes de la CIA con pasaporte diplomático probablemente tendría su origen en el uso  de una energía dirigida, en específico, microondas. Los mismos medios comentaron por estos días que, de haber un responsable, detrás de supuestas acciones que no pasaban de supuestos teóricos, entonces era Rusia.

De forma coincidente diversos medios que cubrieron la creación de HAVANA citaron el mismo párrafo del documento de la Academia, aquel que ubica el inicio de esta historia en Cuba en el 2016, cuando “un funcionario estadounidense habría sentido durante la noche en su casa un dolor intenso y una presión sobre su rostro, más un sonido intenso en uno de sus oídos, lo cual le provocó nausea y falta de equilibrio”. Esta escena, que puede crear sentimientos de solidaridad en cualquier lector, es la misma que narran personas que sufren media docena de enfermedades distintas en cualquier país, que han estado recientemente en áreas de combate, hacen buceo con frecuencia, utilizan ciertas tecnologías en su trabajo diario, o consumen medicamentos o sustancias químicas específicas. Pero la narración sucesiva de varios “afectados” ante los interrogadores de entonces apuntó inmediatamente a la leyenda de los “ataques”.

Llama la atención que la firma de esta legislación no haya merecido la misma fanfarria que se articula cada vez que el Presidente firma nuevos textos legales, más aún en la actualidad que el Congreso estadounidense es uno de los menos productivos de la historia. No hubo grandes declaraciones del primer mandatario, ni regalo de bolígrafos que contribuyeron a la firma por segmentos. Una posible razón es que el actual gobierno, casi igual que sucedió con la salida mal organizada de Afganistán, sienta que le ha tocado dar frente a un problema que no contribuyó a crear, sobre el que ha tomado la decisión de continuar la narrativa, pero sobre el que es difícil hacer un diagnóstico futuro certero.

En Washington por estos días los periodistas disciplinados no preguntan, pero Biden y su equipo sí se cuestionan por qué al cabo de cuatro años de estos hechos, Trump salió ileso y a los demócratas les toca ponerle letra a una canción que no compusieron.

En la larga lista de datos y situaciones contradictorias relacionadas con el tema todos los legisladores, la Casa Blanca y hasta la prensa dejaron fuera del radar un pequeño detalle. Casi una semana antes de la aprobación de HAVANA el medio Buzzfeed News logró desclasificar un documento interno del Departamento de Estado del 2018 (un año anterior al de la Academia) que refería una indagación realizada por el Grupo Asesor JASON, según el cual se descartaba el uso de microondas como causa probable de los padecimientos de los funcionarios, después de que ya se había descalificado científicamente que la causa fuera el uso de sonidos.

Para el público general el nombre JASON no significa mucho, pero en la Casa Blanca y en el Capitolio se sabe que ese equipo está compuesto por especialistas de alto nivel en varias disciplinas, que ha asistido al ejecutivo estadounidense en la evaluación de innumerables amenazas a la seguridad nacional del país. Es decir, no se trata de principiantes, ni de oportunistas que van por ahí fabricando hipótesis para justificar nuevos gastos para la defensa.

Al realizar su revelación Buzzfeed aportó un nuevo fideo a esta sopa de confusión: el equipo que hizo el reporte de la Academia en el 2019 nunca conoció del trabajo previo de JASON en el 2018. Y la pregunta que corresponde hacer es: ¿Por qué han sido relegados una y otra vez aquellos informes que se acercan a la ciencia y que no contribuyen a la reproducción de la leyenda oficial?. Quizás otra sería: ¿por qué el gobierno de Trump después de contar con un texto concluyente con amplia base científica comisionó otro “estudio” que se hizo con menos rigor?

Los funcionarios de Biden han dicho, no obstante, que su visión del asunto no está representada por ninguno de estos dos textos y que continuarán las investigaciones, ampliarán el rango de posibilidades y de expertos, entre ellos incluirían “los que encontraron a Osama Bin Laden una década atrás”.

Y esta quizás sea una mención que pueda indicar el compromiso del gobierno a “encontrar una aguja en un pajar”, pero al mismo tiempo relaciona una historia mal contada, con otra explicada aún peor: los ataques del 2001 y sus gestores reales, más el propósito de la “lucha contra el terrorismo”.

No por gusto un reconocido periodista del Washington Post alertó en su edición del 28 de octubre sobre el parecido de los “incidentes de salud no identificados” con la narrativa construida sobre las supuestas armas de destrucción masiva, que nunca fueron encontradas en Irak, después de una guerra que también tuvo apoyo bipartidista y que causó grandes pérdidas.

Otras voces se han unido a esta línea de pensamiento llamando a la mesura, insistiendo en la necesidad de buscar evidencias concretas y explicaciones científicas antes de apuntar hacia posibles culpables y, mucho más, antes de determinar acciones de respuesta.

La cobertura del tema en este último mes ha tenido otros puntos comunes: se repite que los funcionarios estadounidenses han sido “atacados” en varias latitudes, pero se olvida intencionalmente mencionar que al menos una de estas “acciones” tuvo lugar en la capital estadounidense, por lo que varias agencias responsables de garantizar la seguridad dentro de su territorio habrían fallado masivamente en dar tal servicio, mucho más después de estar durante más de cuatro años buscando un comisor, construyendo posibles escenarios e imaginando ingenios tecnológicos inexistentes.

Por otro lado, hay cada vez más dedos índices apuntando hacia Moscú, donde se especula desde una supuesta responsabilidad estatal hasta la posible actuación de grupos "criminales” de origen ruso. Y aquí cabría también preguntarse por qué sólo personas al margen de la ley de aquel origen podrían estar interesados en dañar a funcionarios estadounidenses, existiendo cárteles y grupos mafiosos mucho más poderosos y cercanos, incluso dentro de las fronteras federales.

Este mes, como quizás nunca antes, se han reiterado las exigencias, no a la administración anterior, sino a la actual para encontrar una explicación y “tomar medidas”.

Como por arte de magia varios “tanques pensantes” le dieron la tarea a algunos de sus académicos para reciclar viejos argumentos y, sin nada nuevo que aportar, reiterar hasta el cansancio las palabras “ataques sónicos”, “microondas”, “daños cerebrales”, y sobre todo Cuba, Cuba, Cuba.

El 24 de octubre tres oficiales de la CIA de larga carrera salieron del anonimato y redactaron un texto en Cipher Brief, un medio digital relacionado con temas de seguridad, en el que casi a toque corneta plantearon que “a más de 200 oficiales (no funcionarios) de Estados Unidos se les ha perseguido por todo el mundo y se les ha utilizado como blanco por un adversario utilizando un arma misteriosa que causa daño cerebral permanente. Es hora ya de ser serios para contra atacar”.

El texto lógicamente cita los “estudios” que más aportan a la confusión y no los que se relacionan con la ciencia, para llegar a una conclusión peligrosa: “con independencia de la forma, las armas utilizadas en estos ataques no son menos que armas de terror, diseñadas para herir a no-combatientes”.

En medio de la confusión se reiteran las opiniones de funcionarios de la CIA, pero paradójicamente, no se da espacio para que el FBI, que visitó Cuba en cuatro ocasiones distintas, pueda defender sus criterios que fueron coincidentes con los expertos cubanos.

En estos momentos continúa la puja entre los que aconsejan mesura y diálogo y los que insisten en mantener el tema vivo y encontrar falsos positivos a toda costa.

En lo que continúa el debate entre ambas facciones, desde Cuba se vuelve a preguntar: ¿por qué siguen en vigor las medidas tomadas únicamente contra la Isla por estos hechos?; ¿cuáles son los argumentos de hoy para mantener las limitaciones de personal sobre las respectivas embajadas en Washington y La Habana?; ¿quién se beneficia con la reducción casi a cero de trámites consultares a nacionales cubanos en La Habana?