Han pasado más de dos décadas desde que el escritor argentino Ricardo Piglia acuñara la frase “La historia la escriben los vencedores y la narran los vencidos” que alude a cómo todo el conjunto de sectores subalternos, excluidos y vencidos por el Estado, siempre construye una narrativa que responde en paralelo a la oficialista. El Pacto Histórico, coalición de partidos y movimientos de izquierda liderados por el candidato presidencial Gustavo Petro, recoge parte de ese acervo y esas luchas que probablemente se traduzcan en una victoria en los comicios de 2022.

Sin embargo, dicha estrategia pensada únicamente en clave electoral difícilmente se traduzca en el corto plazo en una propuesta nacional-popular hegemónica que dispute al establecimiento la cotidianidad, el imaginario, y el sentido común de la sociedad.

En ese sentido es necesario resaltar que muchos de los electores que ahora se identifican con el Pacto Histórico (PH), y con la candidatura de Gustavo Petro, impugnan el pasado y se sienten defraudados con las promesas de los anteriores gobiernos. También que, en su momento como comerciantes y microempresarios lograron beneficios económicos tangibles de la bonanza de los commodities -petróleo, minerales- que jalonaron el crecimiento sostenido del PIB nacional durante una década, durante los Gobiernos de Uribe y Santos. Esa impugnación al pasado es reformista y no necesariamente es radicalmente rupturista contra el status quo y el orden existente. Es coyuntural.

De otra parte, sigue siendo contradictorio que, aunque Gustavo Petro logró 8 millones de votos en la segunda vuelta presidencial de 2018 defendiendo una agenda “antiuribista” y a favor de la paz, sus nuevos electores sean un amplio sector de opinión que votó con el uribismo en el plebiscito de 2016 y por Duque a la presidencia en 2018.

Dicho conglomerado está conformado por millones de defraudados con el slogan de Álvaro Uribe “seguridad democrática y confianza inversionista”, los cuales perciben que la promesa de "prosperidad económica" del proyecto uribista fue incumplida y que el ciclo en el Gobierno de ese proyecto de “Estado Comunitario” ha llegado a su fin.

De otro lado y a pesar de que el núcleo duro de votantes del PH proceden de nuevos y antiguos votantes de la izquierda, no deja de ser paradójico que la mayoría de electores del PH, no solo ahora sino desde antes de 2018, esté más a la derecha que los militantes y candidatos de dicha coalición. Lo anterior está relacionado con el sentido común que domina a Colombia, la historia de violencia acumulada del país y la posición antinacionalista de la clase política tradicional.

De ahí la importancia para el Pacto Histórico de las formas, los nuevos símbolos, la manera de dirigirse a esta ciudadanía despolitizada, atomizada, e influenciada por esa lógica del “sálvese quien pueda” que ha dominado a Colombia desde el auge del narcotráfico en los años ochenta. Como bien lo expresó Fernando Dorado en artículo reciente “el verdadero problema es clarificar qué imaginario estamos construyendo para ‘enamorar’ a las mayorías de la sociedad y cómo nos va leyendo la gente del común” (Dorado, 2021).

Sin lugar a dudas el fenómeno de esta alianza supra partidista, nacional y popular, desborda a la izquierda misma sin socavar sus principios y sus luchas históricas. Reconocer al Pacto Histórico como una nueva versión de agrupamientos de izquierda tradicional es repetir los errores de los momentos de mayor ascenso del Frente Social y Político (1997-2002) del Polo Democrático (2005-2015), y la Unión Patriótica (1985-1996).

Pacto Histórico: la trampa del “antiuribismo” y la disputa con Coalición de la Esperanza.

Es innegable que el país vive un auge democrático que recoge el acumulado de luchas sociales de la última década: el Paro Agrario de 2013, la firma del acuerdo de paz con las Farc (2016), las movilizaciones ciudadanas de 2019 y el gran paro nacional de 2021. No es redundante volver a repetir que el PH alberga una simbología que va mucho más allá de los ejes discursivos de la izquierda. Es más: a la deriva antidemocrática de los 8 años del Gobierno Uribe ha venido creciendo un movimiento supra-ideológico que busca radicalizar la democracia destituyendo del poder al denominado uribismo.

Gran parte de ese “antiuribismo” lo conforma electoralmente un nicho de opinión que se autodenomina de “centro”, el cuál votó por Sergio Fajardo y Humberto de la Calle en 2018. Dicha corriente de centro podría definirse como “reformismo liberal de nuevo tipo” que ha emergido con fuerza ante la inminente crisis de liderazgo de toda la derecha tradicional desprestigiada. Este sector, que apela a la meritocracia, y a la tecnocracia, fue bastión principal del Gobierno de Juan Manuel Santos durante sus 8 años en el poder.

Este bloque político está conformado por el Partido Verde y las demás agrupaciones que conforman la denominada Coalición de la Esperanza: los liberales disidentes de En Marcha -encabezados por Humberto de la Calle, Juan Fernando Cristo y Guillermo Rivera-, el “Nuevo Liberalismo” de Juan Manuel y Carlos Fernando Galán, Dignidad de Jorge Enrique Robledo, y Compromiso Ciudadano del ex Alcalde de Medellín Sergio Fajardo.

Alinderado a la centro-derecha del espectro político el “centro” ha ganado en las últimas dos décadas incidencia ante la creciente polarización y agudización de las contradicciones resultantes del proceso de paz y la supremacía política del uribismo. El centro se sitúa como una opción decente, antiradical, que defiende el statu quo, los derechos individuales,  las instituciones y la lucha contra la corrupción. Este último punto permitió que uno de sus referentes, la actual alcaldesa de Bogotá Claudia López, liderara una consulta nacional con más de 11 millones de votos que le permitieron la visibilidad y credibilidad suficientes para ganar en la capital de Colombia.

Este bloque, con amplia sintonía con los intereses y anhelos de la clase media de las ciudades principales e intermedias del país, encuentra en la apatía ciudadana y la antipolítica factores de adherencia a su proyecto.

El centro, liderado por el Partido Alianza Verde en 2019, fue el gran ganador de las elecciones regionales de ese año al lograr las Alcaldías de Bogotá, Cali, Manizales, Cúcuta, Florencia y Popayán, así como la Gobernación de Boyacá.

El modelo socio-económico sí está en juego: el deslinde entre el Pacto Histórico (PH) y la Coalición de la Esperanza (CE).

Aunque a ambos sectores los une la regeneración democrática, representada por la defensa de la constitución de 1991 y la salvaguarda de los derechos humanos, la diferencia de fondo entre Coalición de la Esperanza (CE) y el Pacto Histórico (PH) radica en la impugnación continua del PH al modelo económico y social que ha regido a Colombia durante las últimas 4 décadas, que se expresa en la mercantilización de los derechos sociales y colectivos, la firma de múltiples tratados de libre comercio que han desequilibrado desfavorablemente la balanza comercial nacional, y a en la privatización gradual del Estado, con la cual la CE está parcialmente de acuerdo.

Lo que más temen los sectores moderados y radicales del establecimiento, ligados a los sectores que convirtieron en commodities a la salud, la educación, la vivienda, y los servicios públicos,  es que aparezca un agente público eficiente que desprivatice, gestione exitosamente y logre buenos resultados.

También teme que el Pacto Histórico, más allá de sus veleidades internas, y las contradicciones de Gustavo Petro, su referente principal, logre movilizar a millones de personas empobrecidas con necesidades más reales e inmediatas que las de la clase media.

Muy bien caracterizó esta frontera material y de clase Yezid Arteta en su última columna al decir que “La gente del medio no tienen estos problemas. Razón para no comprender a los de abajo. Se duchan con abundante agua caliente, desayunan frutas y cereales, trabajan con el computador desde casa y sólo salen a la calle para llevar al perro a cagar. Convencer, organizar y movilizar a los pobres tiene más valor político y moral que sumergirse en una polémica sobre una fotografía en la que aparece Petro con un charlatán de iglesia”(Arteta Yezid, 2021).

Pacto Histórico, posneoliberalismo y transición democrática

La impugnación continua al fracaso de tres décadas en Colombia del capitalismo en fase de libre mercado, mejor conocido como “neoliberalismo” entre el común de las personas, deslinda radicalmente la agenda del PH de los demás proyectos políticos en disputa por la Presidencia de la República.

Indudablemente la ruptura del PH con el consenso entre las élites por la continuidad de este modelo neoliberal establece en el mapa político un único límite entre un nosotros popular y cotidiano, antepuesto a un ellos representado por los sectores de poder que siempre han controlado el país.

De hecho el término “posneoliberalismo”, como bien lo señala el economista ecuatoriano Pablo Dávalos “Fue una expresión utilizada por Emir Sader, Atilio Borón, Carlos Figueroa Ibarra, entre otros, para marcar una distancia con aquellos gobiernos neoliberales adscritos a la agenda del Consenso de Washington. Con el concepto de “posneoliberalismo” se trataba de ubicar en la nueva geopolítica a los regímenes latinoamericanos que surgían en disputa con EEUU y fuertemente críticos con el modelo neoliberal”(Dávalos, 2016).

Procesos postneoliberales o superadores del neoliberalismo, implementados con éxito en los últimos 20 años, permitieron que países como Brasil sacaran de la pobreza a 30 millones de personas mediante la ampliación presupuestal de la política social (Bolsa Familia).

En Ecuador, Uruguay, Argentina, y el mismo Brasil, la llegada de gobiernos progresistas, permitió que estos países renegociaran la deuda externa con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), decisión política que facilitó el cambio de prioridades presupuestales, lo que se tradujo en bienestar y aumento de calidad de vida para millones de personas.

De lograrse dicho viraje político en Colombia esto se traduciría en disminución de los índices de pobreza y pobreza extrema, reducción de las tasas de desempleo, aumento del gasto en educación, salud y vivienda pública e infraestructura para el desarrollo y competitividad del país.

De otra parte, es necesario precisar que parte de la financiación de dicha política social fue posible debido al boom de los precios de los commodities (petróleo, gas, minerales) entre 2005 y 2013. Dicha caída, sumada a la pandemia de la COVID-19, revirtió desmedidamente los avances de este periodo de prosperidad social. Según la Cepal, la emergencia sanitaria hizo retroceder esas conquistas sociales 10 años.

En suma, las condiciones objetivas marcadas por el flujo ascendente de una década de descontento y movilización social nacional (2011-2021), el desgaste sufrido por los Gobiernos regionales elegidos en 2019 y liderados por la Coalición de la Esperanza (CE), la emergencia sanitaria, el descrédito de la política tradicional, el declive del proyecto político hegemónico en Colombia durante dos décadas, encabezado por Álvaro Uribe (2002-2022), y el agotamiento del modelo neoliberal en el país plantean un escenario único para romper con el escepticismo sobre una eventual victoria del Pacto Histórico en los comicios generales de 2022 y dar al traste con aquella célebre frase que Humberto De la Calle hizo popular durante el proceso de paz con las Farc “El modelo económico no es materia de discusión en La Habana” .