“El Perú del siglo XIX fue un país a la deriva. Diez guerras internacionales y once guerras civiles generaron un clima de permanente inestabilidad e incertidumbre. Las más rescatables de esas guerras fueron la independencia, la revolución liberal de 1854 y 1855 y la revolución de 1894-1895. Las victorias políticas más importantes fueron la instauración de la República (1821), la libertad de los esclavos y la eliminación del tributo indígena (1854-1855)...” (López, 2021) .En la primera etapa republicana, el Perú fue un país anárquico, inestable e ingobernable: “De 1821 a 1845 hubo diez congresos, siete constituciones, cincuenta y tres gobiernos…” (Aljovín, 2000).

Cien años después en que según Basadre se abría la “promesa de la vida republicana”, en que el Perú sería dueño de su propio destino, sin la imposición de una nación remota (España), y tendríamos una nación de ciudadanos, fueron las luchas entre caudillos y las sublevaciones militares lo que Basadre señalaría como la causa de una “evaluación desencantada” del primer centenario de la Republica.

De cara al Bicentenario, tenemos desigualdad y corrupción como características estructurales, de un inacabado proceso de construcción nacional y junto al orgullo por nuestros recursos naturales, nuestra diversidad cultural, nuestro destacado boom gastronómico, tenemos progreso económico de minorías y derechos no ejercidos por todos y un modelo extractivista no superado, basado en la explotación, hasta el agotamiento del guano, el salitre y el caucho, al que seguirían el cobre y el litio. Y en estos 200 años, ni la ley ni la justicia han sido ni son iguales para todos.

La igualdad sigue siendo la principal promesa pendiente y tenemos dos estrategias en desencuentro: la vieja promesa republicana y el proyecto neoliberal de fines del siglo XX, por lo que la Republica no ha garantizado el bienestar mínimo, por un modelo que nos lleva a un balance negativo, en una situación que favorece solo a pocos.

Una situación con servicios públicos de baja calidad, que dejan como consecuencia en la pavorosa cifra de 200.600 fallecidos como consecuencia de la COVID-19, con niños ausentes de las escuelas, una brecha de 100 mil millones de dólares en déficit de estructura educativa y ni que hablar de la dimensión de género en el orden constitucional iniciado en la República hace 200 años, con doce constituciones en donde las mujeres pudimos ejercer recién con la décima constitución, nuestros derechos políticos (1956).

2021, la crisis destituyente

Pedro Castillo Terrones asumió su mandato presidencial luego de un quinquenio de inestabilidad política destituyente que, si bien es cierto que no es igual a la señalada en este texto por Sinesio López, representa para los siglos XX y XXI la situación de un Perú en una democracia de baja intensidad y de aguda crisis política y de una institucionalidad democrática impredecible, expresada en el último quinquenio con una crisis del Poder Ejecutivo y 5 presidentes en un solo periodo constitucional, amén de los procesados, investigados, condenados, con orden de extradición y uno suicidado.

El saldo de esa crisis incluye nueve gabinetes ministeriales (2016-21), un aproximado de 200 ministros y actualmente, en menos de 100 días, dos gabinetes (Bellido/Vásquez) aproximándonos y 30 ministros de Estado y los actuales bajo amenaza de ser interpelados o vacados uno a uno.

En los últimos tres años (2019-2021) tres Congresos de la República, el último con 75% de rechazo de la ciudadanía, evidenciando también una crisis en el Legislativo, cerrado el 30 de setiembre del 2019, sostenido con el grito de la calle demandando “que se vayan todos”.

El conjunto de Sistema de Justicia muestra su propia crisis, evidenciada en el cierre del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM Audios) y el procesamiento de la totalidad de sus integrantes, la destitución del Fiscal de la Nación, la orden de extradición del juez Hinostroza Pariachi de España.

A ello hay que agregar el grave proceso de corrupción de los “Cuellos Blancos”, que afecta al sistema de justicia en su conjunto, y la búsqueda de un Tribunal Constitucional “express” al servicio de un nuevo Congreso prontamente desgastado y que no presenta resultados opositivos ni rinde cuentas de una gestión de 100 días.

No podemos ignorar que en actual período de la pandemia hemos contado siete ministros de Salud, ni debemos descartar, en el caso de las Fuerzas Armadas, un proceso de corrupción y/o destituciones (desde el caso Donayre, hasta el caso Astudillo) y una inusual presencia de cuatro ex militares: Jorge Montoya (Acta de Sujeción), Roberto Chiabra (habría ascendido irregularmente al piloto de Humala), José Cueto (habría asignado de forma irregular custodia a Lopez Meneses) y William Zapata, (este último estaría involucrado en la masacre de Accomarca, como jefe de la patrulla en que participaba el repudiable Telmo Hurtado).

Los cuatro integran una articulación de los partidos comprometidos con el impulso de la vacancia presidencial, algunos involucrados en la convocatoria a mítines vacadores, el último de ellos fracasado, el pasado 10 de noviembre y con un reintento de convocatoria el 27 de noviembre por Rafael López Aliaga.

Si a eso agregamos que es improductivo en términos legislativos la gestión de este núcleo de la ultraderecha vacadora, que aún no logra consenso parlamentario para defenestrar a Castillo, no cabe duda de que la crisis se ubica en la derecha, como lo ha demostrado el rechazo de la mayoría de las bancadas a la sorpresiva moción presentada por la vociferante congresista Patricia Chirinos, para vacar al presidente.

La vacancia de noviembre 2020

El 9 de noviembre del 2020 el Congreso aprobó la vacancia del hasta entonces presidente Martin Vizcarra y quedó como encargado de la Presidencia Manuel Merino de Lama, lo que consumó un golpe parlamentario, carente de legitimidad, por lo que el régimen no pudo sostenerse ante el vigor de las manifestaciones espontaneas en Lima y en diferentes puntos del país.

Con la segunda marcha nacional del 14 de noviembre, la ciudadanía movilizada restituyó la democracia, sacando a Merino de Lama y a su gabinete del poder.

Ni olvido ni perdón

Las manifestaciones constituyeron un hito en la historia del Perú, ya que impidieron la permanencia de un gobierno ilegitimo y se estima que representaron la mayor movilización ciudadana de la vida republicana, superando la marcha de los cuatro suyos. Según las encuestas, la protesta ciudadana contó con un apoyo del 73% .

El 14 de noviembre se cumplió un año del asesinato de Inti Sotelo y Brayan Pintado, como consecuencia de la desmedida represión policial, que arrojó además 200 heridos; por lo cual el actual gobierno creó una Comisión para atender a deudos y víctimas, misión consignada en la Resolución Suprema que crea la “Comisión Multisectorial para atender a los deudos de las marchas de noviembre que se extendieron hasta diciembre del 2020”. También se produjeron fallecidos en La Libertad, Jorge Muñoz, Reinaldo Reyes y Kaumer Rodríguez (16 años). El plazo de esta comisión es de 180 días.

La Inspectoría de la Policía Nacional archivó el caso sin formular cargos contra los 11 policías de diversa graduación señalados en primera instancia como responsables, pero el Tribunal Policial determinó que hubo omisiones en el procedimiento y dejó sin efecto el dictamen de la Inspectoría, reabriendo el caso.

El nuevo ministro del Interior, el ex fiscal Avelino Guillen garantiza, por su línea de conducta y convicciones democráticas, que su cartera nombrará personas imparciales para investigar nuevamente los luctuosos sucesos, que paralelamente investigarán la fiscalía.

De Vizcarra a Castillo

La vacancia de Vizcarra, producida en noviembre del 2020, y las posteriores movilizaciones en las que se estiman participaron tres millones de personas en todo el Perú constituyeron un aprendizaje de la ciudadanía y también una lección que el actual Congreso vacador, obstruccionista e improductivo, debiera tomar seriamente, pues si la vacancia se volviera a dar, regresaríamos a las calles.

Y así como las protestas de 2020 no apoyaban a Martin Vizcarra, que ya se hundía en el barro de la corrupción y la ineficiencia en el manejo de la pandemia, habrá que tener presente que una vacancia en el actual contexto de crisis destituyente, con el desplome de la popularidad del Congreso y un balance de vaso medio lleno del actual ejecutivo, podrían representar una explosión social cuyo desborde representará el grito de “no a la impunidad y no a la vacancia”.

Aida García Naranjo Morales es integrante de las Comisiones Políticas del Movimiento Nuevo Perú y el Partido Socialista