La aceptación por Mauricio Macri en 2018 de los postulados del FMI supuso hipotecar la soberanía económica de Argentina pues tras el desembolso del FMI de cerca de 57.000 millones de dólares quedaba la rémora para el actual Gobierno de vencimientos de deuda para el 2022 estimados en cerca de 19.000 millones de dólares.

Dicho monto resultaba inasumible para el Banco Central de Argentina que dispondría de unas reservas líquidas de unos 2.500 millones de dólares, por lo que Argentina y el FMI habrían iniciado negociaciones para reestructurar el monto total de la deuda con dicho organismo estimada en 45.000 millones de dólares y el pasado 28 de enero se habría logrado el acuerdo para reestructurar dicha deuda.

Sin embargo, según el Banco Central Argentino, la inflación en Argentina seguirá desbocada en el 2022 (superior al 50%) lo que provocará la pérdida de competitividad de los productos argentinos con la consiguiente constricción en las exportaciones e incremento del déficit comercial que desembocará en una tasa de paro desoladora del 15%.

Una inflación descontrolada conlleva la pérdida de poder adquisitivo de trabajadores y pensionistas, la contracción del consumo interno y la desincentivación del ahorro y búsqueda de rentas fuera de las actividades productivas que podría desembocar en una desertización productiva que fuera incapaz de satisfacer la demanda de productos básicos.

Igualmente, la economía argentina estará más expuesta a una posible apreciación del dólar y la reversión de los flujos de capital asociados, lo que podría reeditar la “Década perdida de América Latina” (década de los 80) agravado por un notable incremento de la inestabilidad social, el aumento de las tasas de pobreza (cerca del 40 % de los argentinos rozaría el umbral de la pobreza) y un severo retroceso de las libertades democráticas.

Giro geopolítico de Alberto Fernández

Dada la miopía política del FMI al no aplicar una quita a la deuda argentina heredada de la etapa neoliberal de Macri, el presidente Fernández habría iniciado un acercamiento a Rusia y China para estimular las transacciones comerciales mutuas, así como atraer inversiones que se antojan imprescindibles para reflotar la maltrecha economía argentina.

Así, Fernández en su visita a Putin le ofreció la posibilidad de ser “la puerta de entrada a América Latina” y en su encuentro con Xi Jinping, confirmó la adhesión argentina al Proyecto de la Franja y Ruta de la Seda que podría significar para Argentina la escalofriante suma de 24.000 millones de dólares en inversiones y el dejar de pivotar en la órbita de Estados Unidos.

Sin embargo, la administración Biden estaría seriamente preocupada por la creciente presencia de China y Rusia en el país a raíz del suministro de insumos médicos en el contexto de la actual pandemia sanitaria y en especial por la posibilidad de que China instale una base militar conjunta con Argentina en Ushuaia a cambio de respaldo financiero chino para instalar un gigantesco centro logístico en la provincia de Tierra del Fuego.

A pesar de que el propio presidente argentino le habría prometido al enviado especial de Joe Biden, Juan González que “no habrá bases extranjeras en Argentina”, EE.UU. utilizará la estrategia kentiana del “palo y la zanahoria” para presionar al Gobierno argentino hasta lograr instalar una base conjunta en Ushuaia y así controlar el tráfico de mega contenedores por el Pasaje de Drake, alternativa al Canal de Panamá. En el supuesto de que el Gobierno de Alberto Fernández no sea sensible a los dictados de Washington, no sería descartable un "golpe blando cívico militar" que contaría con las bendiciones de la Administración Biden y cuyo primer esbozo serían las declaraciones del vocero del Grupo Clarín, Marcelo Longobardi, en Radio Mitre quien afirmó que "algún día tendremos una sorpresa porque vamos a tener que formatear a la Argentina de un modo más autoritario para manejar semejante descalabro".