Desde hace varias décadas, en el marco del incremento global de la concentración de la riqueza y de la acentuación de la pobreza y la desigualdad, las migraciones forzadas irregularizadas y de carácter transfronterizo no sólo son provocadas por contextos de falta de niveles de desarrollo básico y procesos de violencia e impactos medioambientales en las localidades de origen. También son producidas por las motivaciones y la capacidad de acción de millones de personas en diferentes regiones del mundo que, anualmente, intentan tener una vida digna y otro futuro posible. En el continente americano, México, tradicionalmente un país del que salían masivamente miles de migrantes, se ha convertido en un lugar/territorio estratégico de y para diversas poblaciones migrantes que, desde el sur (sobre todo el norte de Centroamérica), se dirigen a EUA. 
 
 

Así, desde hace años, México no sólo es un país de tránsito (de decenas de miles de migrantes irregularizados anualmente), sino también, y mucho por su ubicación geopolítica y la presión de la agenda anti inmigrante estadounidense, se prefiguraba ya como un enorme dispositivo de contención y desarticulación de las poblaciones migrantes irregularizadas. Esto fue sobre todo notorio con la administración Trump. Situación que se expresó, desde las dinámicas de criminalización migrante, hasta los procesos de externalización de las fronteras de EUA (hacia México), y con estrategias y políticas estadounidenses puntuales como los Protocolos de Protección Migrante (Programa Quédate en México), que forzaron a los miles de migrantes (la mayoría de la norte de Centroamérica) que querían pedir asilo a EUA a realizar dicho trámite desde México. 
  
 

No obstante, con la Pandemia del Covid19 esto empeoró. México no sólo continuó como territorio nacional y regional de contención, sino también de confinamiento de miles de migrantes. Esta dimensión de México como territorio de confinamiento de migrantes irregularizados se produjo por dos procesos importantes. En primer lugar, la securitización y el cierre de fronteras en el norte de Centroamérica y en el (sur) de EUA, mediante el uso político de argumentos sanitarios (que dejó varados, desprotegidos e inmovilizados a los migrantes irregularizados que se encontraban en tránsito por México). En segundo lugar, también en el caso de EUA, por la aplicación del Título 42, medida política que permitía expulsar migrantes con motivo de la Pandemia y negarles el derecho de petición de asilo.  
 
 

En este orden de ideas, recientemente, la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes (REDODEM) en México, publicó Movilidad humana en confinamiento: contención, vulneración de derechos y desprotección en México, Informe REDODEM 2020, correspondiente al primer año de la Pandemia del Sars Cov2. Se trata de un ejercicio de colaboración entre organizaciones y grupos pro migrantes, cuyo cometido, como desde hace años, fue producir un documento relevante de diagnóstico sobre las migraciones irregularizadas en tránsito por México. En el marco del año 2020, la pertinencia de dicho informe se apuntala en términos de la descripción de tres procesos: (1) la reducción y precarización de las condiciones de los migrantes, (2) el aumento de los controles estatales migratorios, (3) y la mayor precariedad y criminalización de los migrantes y las organizaciones y grupos pro migrantes.  
 
 

En lo que respecta a los migrantes, el informe registró que decenas de miles de personas migrantes transitan por México, la gran mayoría procedentes del Norte de Centroamérica (principal y mayoritariamente de Honduras). Y cerca del 30 % de todos los migrantes tienen entre 30 y 44 años. Respecto a las causas de la migración, hubo una relativa continuidad con años previos. En primer lugar, estuvieron las de carácter económico: pobreza, malos salarios, falta de trabajo, bajos niveles de desarrollo. Luego siguió lo relativo a los procesos de violencia. Finalmente, en tercer lugar, los impactos medioambientales. Asimismo, dio cuenta de los efectos de la Pandemia con relación a la profundización de las brechas en el acceso a derechos y factores de vulnerabilidad y riesgo. Entre los impactos se documentó: el aumento de migrantes en situación de calle; crisis emocionales; mayor riesgo de contagio del Sars Cov2; y, finalmente, menor acceso a empleo y apoyos.  
 
 

Además, se dio cuenta de la profundización de las diferentes violencias que sufren los migrantes en tres ámbitos: (1) por parte del crimen organizado; (2) lo relativo al control migratorio del gobierno mexicano y de EUA; (3) y la mayor contención (con el uso político del argumento sanitario en plena Pandemia). También se apuntala que la política migratoria mexicana está en función de la agenda estadounidense de contención de las movilidades transfronterizas. Se da cuenta del enfoque estatal de la migración como un problema “seguridad nacional” y de transgresión de leyes y de riesgo de salud; lo que se opone con una perspectiva del ejercicio de los derechos humanos y del respeto de los migrantes. Y, finalmente, en el caso de los grupos pro migrantes se describió la capacidad de adaptación y resiliencia de las casas y albergues de la sociedad civil, frente al escenario crítico de los peores momentos del primer año de la Pandemia del Covid19. No obstante, como se destaca en dicho trabajo, para las organizaciones pro migrantes las dificultades no fueron pocas: en pleno pico de la Pandemia (en el año 2020 ) se tuvo que reducir la atención a los migrantes, así como disminuir en cerca del 50% el personal con el que laboraban normalmente y, consecuentemente, se duplicó la carga de trabajo. Frente a estos contextos de adversidad, hubo dinámicas de adaptación, reorganización y agencia. Aunado a lo anterior, el informe no sólo presenta un abordaje cuantitativo y macro, sino que, también, pondera la centralidad de las voces migrantes y de las personas de las casas y albergues de migrantes (mediante un enfoque más cualitativo). 
 
 

Finalmente, dicho informe es un ejercicio de intervención sociopolítica, particularmente en lo relativo a una serie de reflexiones para una política efectiva de protección e integración. En este tenor, se destacan tres procesos: (1) un posicionamiento a favor de las poblaciones migrantes y del respeto a sus derechos humanos; (2) la denuncia y visibilización de procesos de exclusión, violencia, y un rotundo no a las estrategias de control de la movilidad y de criminalización de las poblaciones migrantes; (3) y, por último, recomendaciones puntuales hacia una política migratoria oficial con un eje en la dignidad humana de los migrantes.