La mañana del día viernes 05 de junio del 2009, mientras los limeños nos preparábamos para acudir a estudiar o trabajar, se ejecutaba el operativo policial de desalojo de los indígenas acantonados en “la Curva del Diablo”, en el departamento de Amazonas.

 

El saldo es ampliamente conocido: 33 muertos (23 policías y 10 civiles), 01 policía desaparecido, 205 personas heridas (172 entre indígenas y mestizos; 33 policías) y 100 personas investigados.

 

Recordemos que los indígenas protestaban contra los decretos legislativos dados en el segundo gobierno de Alan García Pérez porque vulneraban sus derechos fundamentales a la Consulta, al territorio, a la identidad, entre otros.

 

Definitivamente, sí. Pocos saben que los indígenas habían acordado retirarse pacíficamente del lugar de la protesta el 5 de junio. En el expediente judicial existe un memorial firmado por los manifestantes en donde indican expresamente tal situación.

 

Sin embargo, a pesar de que la policía nacional tenía conocimiento de esta decisión por medio de las autoridades municipales y eclesiásticas –quienes prácticamente se convirtieron en intermediarios entre protestantes y autoridades–, ejecutó el plan operativo desalojando a sangre y fuego a los manifestantes.

 

Definitivamente la policía nacional no actuó por iniciativa propia. Lo cierto es que existió una orden y ésta salió de la más alta autoridad del sector interior, del despacho de Mercedes Cabanillas. Frente a una situación similar, como fue el desalojo del caso Andahuasi, el ministro Wilfredo Pedraza dio la orden de abortar el operativo por falta de garantías.

Actualmente son cuatro grandes procesos que esperan el inicio del juicio oral:

 

- “Curva del Diablo”, por el homicidio calificado de 12 policías. Aquí hay 53 acusados (entre indígenas y mestizos), 9 a cadena perpetua (entre ellos 7 líderes indígenas), uno a 35 años y el resto a penas menores.

 

- “Estación Nro. 6”, por el secuestro con subsecuente muerte de 11 policías. En este caso se procesan a 26 indígenas, entre ellos a 05 líderes. Aún no hay dictamen del fiscal superior pero, de haber acusación, las penas irían desde 15 años hasta cadena perpetua.

 

- Proceso seguido contra 13 oficiales y sub oficiales de la Policía Nacional en agravio de 22 personas entre muertos y heridos. Aquí la investigación judicial o instrucción culminó. Está pendiente la decisión judicial de procesar o no a Mercedes Cabanillas.

 

- Proceso seguido contra 2 indígenas y 1 mestizo por la desaparición y probable muerte del Mayor PNP Felipe Bazán. En este proceso culminó la etapa de la Instrucción y se remitirán los actuados a la Fiscalía Superior para que se pronuncie.

 

El caso denominado “Curva del Diablo” se podría convertir en el primer juicio oral seguido contra los indígenas. Sin embargo, el panorama no es óptimo.

 

En marzo último, la Sala Penal de Bagua se declaró incompetente y remitió el expediente a la Sala Penal Nacional de Lima, la que le devolvió el caso porque consideró que no tomó en cuenta que la Resolución Administrativa Nº 257-2010-CE-PJ determinó la competencia de la Sala Penal de Bagua para estos casos, además de vulnerar el derecho de acceso gratuito a la justicia de los procesados.

 

Sin embargo, esta Sala puede: a) persistir en su incompetencia derivando el caso a la Corte Suprema para que dirima, b) señalar fecha para el juicio oral o c) acoger nuestro pedido y archivar el proceso por ausencia absoluta de pruebas. No esperamos que esto suceda, dado que existen demasiados intereses y presiones entorno a estos casos.

 

Fuente: http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=1073