El gobierno nacional consiguió bajarle presión a la caldera de la movilización social. Lo ha hecho mediante la amenaza de involucrar al ejército en el despeje de carreteras, obligando a la dirigencia de las Dignidades papera y lechera a levantar los bloqueos pero manteniendo la movilización campesina al borde de las carreteras.

Tal amenaza la hizo aprovechando los desmanes y actos delincuenciales protagonizados por jóvenes pagados por las Bacrim, como lo ha denunciado la Alcaldía de Bogotá a través de sus funcionarios. Confundir –artificialmente– a “vándalos” con manifestantes, ha sido una estrategia utilizada por regímenes fascistas en momentos de agitación social y política. 

 

Sin embargo, el gobierno de Santos se niega tozudamente a revisar los Tratados de Libre Comercio en la mesa de negociaciones de Tunja. Igualmente se opone a entablar un diálogo institucional con la Mesa de Interlocución y Acuerdo MIA, que lidera masivas movilizaciones campesinas en Putumayo, Caquetá, Tolima, Cauca, Nariño, Santander, Meta, Valle, Antioquia, Casanare y Arauca.

 

La táctica del gobierno ha sido aprovechar la falta de centralización del movimiento – que es su gran debilidad – para montar negociaciones sectoriales y regionales. Así, logró dividir el movimiento de las “dignidades”, negociando sólo con papicultores y productores de leche de Boyacá, Nariño y Cundinamarca, desconociendo a los caficultores, cacaoteros y otros sectores productivos.

 

Aunque la dirigencia papera y lechera reunida en Tunja no ha levantado el paro, al suspender los bloqueos de carreteras (para evitar una masacre en las vías, han dicho), le permiten al gobierno respirar, retomar la iniciativa política para debilitar el movimiento y tratar de derrotarlo plenamente.

 

Es así como el gobierno convocó a las carreras a los partidos políticos de la Unidad Nacional, a gremios empresariales, a gobernadores y alcaldes de ciudades capitales para informar sobre la aprobación de un “pacto nacional por el sector agropecuario y el desarrollo rural” que fue también anunciado con bombos y platillos en Medellín frente al congreso nacional de diputados de asambleas departamentales.

 

En la reunión con gobernadores y alcaldes de ciudades capitales diseñaron la estrategia de contención y derrota del paro, obteniendo de esas autoridades regionales y locales su “respaldo a la defensa de las instituciones”, supuestamente amenazadas por la protesta social. Hoy, la ofensiva apunta a desmovilizar las concentraciones campesinas periféricas.

 

La dirigencia popular ya puede ir sacando conclusiones de lo que viene sucediendo. Hay que tratar de ayudar para que el movimiento agrario salga bien librado de esta batalla pero desde ya debemos prepararnos para jornadas mucho más contundentes para poder derrotar las políticas neoliberales a las cuales se aferra el régimen con patas y manos.   

 

Que el gobierno recurra a la represión desembozada, a la amenaza, a la mentira, al saboteo y a todas las artimañas para desgastar la protesta campesina y sostener su intransigencia frente a puntos que considera “línea roja” o puntos inamovibles como la revisión o renegociación de los TLCs., significa que el pueblo colombiano debe repensar sus estrategias de lucha y unificarse mucho más fuertemente para enfrentar al régimen.

 

Ésta experiencia de lucha nos deja – hasta ahora – importantes lecciones. Lo más positivo, hacer visible entre el conjunto del pueblo colombiano los efectos nocivos de los Tratados de Libre Comercio y las consecuencias dañinas sobre la economía agraria. También ha generado una creciente solidaridad entre la población de las ciudades y desnudado la nefasta política agropecuaria del gobierno.

 

Pero la más importante lección es la certeza de que el gobierno no está en capacidad de negociar políticas estructurales que vayan en contravía al paquete neoliberal como la renegociación de los TLCs y mucho menos su derogatoria. Que en ese aspecto la oligarquía está unificada. Uribe dijo: “Mucho ojo con cerrar la economía”. Dicha política neoliberal se ha impuesto en Colombia desde el gobierno de Alfonso López Michelsen (1974-78) y se profundizó durante el gobierno de César Gaviria con su “apertura económica” (1990-94).

 

Es por esa situación que el gobierno se limita a presentar en la mesa de negociaciones unas soluciones mínimas sobre aranceles y control de precios de fertilizantes que no satisfacen a los campesinos movilizados ni se corresponden con el impacto que los TLCs han traído sobre la economía de cientos de miles de productores de todo el país.

 

Si frente a un paro nacional agrario que ha comprometido a importantes fuerzas sociales rurales de gran parte del territorio nacional, el gobierno asume una estrategia de negar su impacto, minimizar su fuerza, señalarlo de estar infiltrado, reprimirlo con medidas de guerra, dividirlo y desgastarlo negociando por sectores y regiones, y no cede en aspectos esenciales para proteger la producción nacional, es porque definitivamente los intereses que resguarda están por encima de los intereses del pueblo colombiano.

 

La dirigencia del movimiento popular debe entonces reflexionar a fondo sobre este aspecto. Se requiere con urgencia construir una fuerza de tal tamaño que se coloque como meta inmediata no ya la negociación con un régimen político que demuestra su desprecio por los problemas del pueblo sino su derrocamiento, a través de la movilización social.

 

Allí es donde debemos llegar. Hay quienes temen afrontar esta discusión. Alaban a los pueblos vecinos que han elegido gobernantes demócratas y progresistas como en Ecuador y Bolivia, pero ocultan que dichas elecciones y la aprobación de sus avanzadas Constituciones Políticas sólo fue posible después de grandes explosiones populares que derrocaron a varios presidentes casados con la agenda neoliberal.

 

En Colombia hemos llegado a esa situación. No va a ser con paros y movilizaciones sectoriales como vamos a derrotar el modelo neoliberal. La tarea central del momento es construir una agenda o plataforma de lucha[1] que unifique a las mayorías nacionales y preparar las fuerzas para un gran Paro Nacional Popular contra el modelo neoliberal y la entrega de nuestras riquezas a las transnacionales extranjeras.

 

Hemos entrado en la fase en donde la soberanía nacional se ha llenado de reivindicaciones populares. El movimiento popular colombiano está en la obligación de presentar ante los colombianos una propuesta que obligue a los partidos políticos y gremios productivos a definir su posición. Es el momento de las definiciones: o se está con la “institucionalidad” neoliberal y oligárquica o luchamos por un régimen realmente democrático que esté al servicio de las mayorías.  

 

Popayán, 2 de septiembre de 2013

 

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