Distintas organizaciones sociales, campesinas y políticas –como la Federación Nacional Campesina (FNC), el Partido Paraguay Pyahurã, el Frente Guasu y la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay (OTEP)–, se encuentran realizando una manifestación frente a la sede de la Conmebol, donde se lleva a cabo la última jornada de la 44ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA).

 

El principal motivo de la protesta, señalaron, es el preocupante deterioro de los derechos sociales y económicos de la población paraguaya durante el gobierno de Horacio Cartes. Entre las denuncias sobre violación de derechos humanos citan el asesinato impune de dirigentes campesinos, el desplazamiento violento e ilegal de comunidades rurales enteras, los procesos judiciales irregulares y corrompidos contra agricultores paraguayos, especialmente el caso de Curuguaty. También la utilización de la Fuerzas Armadas para la represión al movimiento campesino en defensa de grandes empresas transnacionales de la agroexportación, el déficit estructural de una política de seguridad interna, la persecución sistemática a los movimientos sindicales y confiscación de equipos y cierre de numerosas radios comunitarias en violación al derecho de la libertad de expresión.

 

 

Entre otros reclamos, sostienen que existe una profundización de la concentración de la propiedad de tierras y aumento grave de las contradicciones sociales, modelo económico agroexportador “generador de exclusión social, omisión total a la situación de la estructura tributaria del país, a la que se califica de la más desigual del continente”. También señalan el retroceso en las políticas de inversión social, entre las más bajas de América. Apuntan, asimismo, a la Ley de Alianza Público-Privada (APP), a la que califican de inconstitucional y de ir en contra de los intereses del pueblo paraguayo, ya que constituye la entrega de todo el patrimonio público a empresas extranjeras.

 

En la agenda de la Asamblea figura la ratificación de la Convención contra toda forma de discriminación e intolerancia, que el Gobierno paraguayo adelantó que no suscribiría alegando que abre las puertas al matrimonio gay y el aborto. Sin embargo, el texto de la convención no hace referencia a estos puntos, pero sí a un tema especialmente sensible para el gobierno de Cartes, que es el desalojo y la represión del que son víctimas los sectores más humildes por su condición socioeconómica. La convención obliga a los Estados a “prevenir, eliminar, prohibir y sancionar” las acciones represivas motivadas por razones de “nacionalidad, edad, sexo, orientación sexual, identidad y expresión de género, idioma, religión, identidad cultural, opiniones políticas o de cualquier otra naturaleza, origen social, posición socioeconómica, nivel de educación, condición migratoria, de refugiado, repatriado, apátrida o desplazado interno, discapacidad, característica genética, condición de salud mental o física, incluyendo infectocontagiosa, psíquica incapacitante o cualquier otra”.