En 1982 llegó a El Salvador el coronel norteamericano John Waghelstein con el fin de asesorar a los oficiales del ejército en su lucha contra la guerrilla. Él trajo a la región una nueva concepción de la guerra contrainsurgente: "Lo que queremos hacer entender al grupo de oficiales salvadoreños es que la insurgencia es causada por problemas económico-sociales de raíces profundas y no es simplemente un caso de conspiración extranjera". El primer militar converso por esta doctrina fue el teniente-coronel Domingo Monterrosa, cuyo helicóptero fue derribado en Morazán, muriendo sus ocupantes. Monterrosa propuso un catálogo de prácticas para disputarle "las masas" a la insurgencia: a) El respeto a los derechos humanos, aunque no como prioridad, pues ésta es la derrota del enemigo. b) El buen trato y respeto a la vida del prisionero, no como principio para humanizar la guerra, sino para privilegiar el trabajo de inteligencia. c) No priorizar los métodos de guerra sucia, d) La necesidad de reformas y programas de desarrollo comunal, pues el origen de la guerra se encuentra en gran medida en la miseria en que vive la población. e) Incorporar a la población civil a la reconstrucción de las obras y bienes públicos destruidos por la guerrilla. Siguiendo a Monterrosa, el coronel Sigfrido Ochoa, a quien entrevisté a finales de 1986 en su cuartel de Chalatenango, diseñó un plan de pacificación para el departamento que incorporaba el desarrollo comunal y la incorporación progresiva de población civil al lado del gobierno mediante la "persuasión y el razonamiento". Pero el primer plan reformista de pacificación se llamó Plan CONARA (Comisión Nacional de Restauración de Áreas) y se implementó en la zona para-central de San Vicente y en la zona sur de Usulután, durante 1984. Se desarrolló combinando el despliegue de tropas por la región, con la entrega de alimentos a la población y una cierta reforma agraria dirigida por el presidente Napoleón Duarte. No funcionó. La fuerza de la guerrilla golpeó muchas veces a las tropas sin cuartel, obligándolas a retroceder a las ciudades; la reforma agraria fue un amago tímido que sólo benefició a base de la democracia cristiana; y las acciones "humanitarias" del ejército duraron lo que duró su osadía de convivir con la población. "Unidos para Reconstruir" fue un nuevo plan inspirado y organizado por los expertos norteamericanos en El Salvador. Comprendía medidas económicas y sociales, y lo que se llamó pomposamente "acciones psicológicas", todo ello con el fin de consolidar la presencia del ejército y de la administración del Estado en las zonas en disputa. El general Onecífero Blandón no dudó en calificar este plan como "un esfuerzo en la búsqueda de la paz". Lo definió además como un esfuerzo conjunto "entre el gobierno, la Iglesia, la empresa privada, los campesinos y los trabajadores honestos". El proyecto fue financiado por la Agencia Internacional para el Desarrollo. Una de las ideas clave de "Unidos para Reconstruir" era la establecer zonas seguras para la población civil –una especie de aldeas estratégicas-, bajo el cuidado de una fuerte presencia militar, mediante un procedimiento de tres fases: a) Operaciones de limpieza que incluyen el desalojo de insurgentes. b) Acciones de consolidación militar de las fuerzas del gobierno. c) Programas económicos y sociales en beneficio del campesinado y población en general. En la práctica, las operaciones de limpieza incluyeron el desalojo de población civil considerada base social de la guerrilla. Este fue el primer programa en el que la empresa privada se involucró. Este plan también fracasó, en 1986, por la imposibilidad del ejército de cumplir el primer requisito. Fueron tantas las bajas que sufrió que nunca logró consolidar su presencia, requisito básico para organizar zonas pacificadas. Sin embargo, pese los fracasos de estas experiencias, tanto CONARA como "Unidos para Reconstruir" no son sino diseños ideales para una contrainsurgencia capaz de contemplar todos los aspectos del problema. En realidad el Informe Kissinger sobre Centroamérica sentó las bases de esta doctrina que no confía el desenlace de la guerra únicamente a la fuerza militar. Lo que los militares salvadoreños deseaban era "quitar el agua al pez" ganando a la guerrilla en correlación de fuerzas sociales en las propias zonas en disputa. No pudieron hacerlo y se vieron obligados a entrar en la lógica de un proceso de paz que culminó el 16 de enero de 1992. Sin duda el Plan Colombia es un esquema contrainsurgente. No contempla la negociación con la guerrilla sino derrotarla. Lo que se está jugando en la pre-mesa de donantes que se reúne en Londres el 10 de julio es la posición de los países europeos al Plan Colombia, aun cuando formalmente el tema a tratar sea el de la "Cooperación con Colombia". Probablemente la reunión resolverá un apoyo claro al gobierno de Uribe en sus esfuerzos por terminar con el conflicto armado y, contradictoriamente, se dirá algo en favor de una solución negociada. En mi opinión esto último responderá a una retórica necesaria para salvar el rostro civilizado de la UE, pero en la práctica lo decisivo será el apoyo a un gobierno que promueve la guerra. La cuestión es clara: tanto Estados Unidos como Uribe conciben los esfuerzos económicos y sociales, los "laboratorios de paz", la atención a población desplazada y la reconstrucción del tejido social, con la misma filosofía que los asesores de la CIA y los oficiales salvadoreños concebían sus planes contrainsurgentes. La diferencia está en que el mundo ha cambiado mucho; el gobierno colombiano es más creíble y está más legitimado que los gobiernos salvadoreños de los ochenta; las guerrillas fueron en aquellos años fuerzas legitimadas internacionalmente; en Europa las tendencias son más conservadoras; los respaldos internacionales –tras el 11 de septiembre- son más fáciles de lograr para las doctrinas de seguridad que se presentan habitualmente como: lucha antiterrorista, "buen gobierno" y progreso, los tres principios de las guerras de baja intensidad. Para un esquema que de fondo es contrainsurgente es lógico que el gobierno colombiano no quiera verse fiscalizado, ni mucho menos negociar, con la sociedad civil más crítica e independiente. En realidad la posición más saludable desde la sociedad civil, sería aquella que de forma clara denunciase la carga de profundidad de la estrategia que diseñada por Estados Unidos y el gobierno de Colombia pretende incorporar como "tonto útil" a la Unión Europea con el fin obtener fondos y respaldo político. Digamos claramente que la solución debe ser política y negociada; y digamos muy alto que los derechos humanos deben ser respetados por completo por un gobierno que los viola sistemáticamente. Digamos que la escalada militar del gobierno sólo conduce a más guerra y a más muerte. Digamos también que su "compleja relación" con el paramilitarismo está llena de alargadas sospechas. Lo demás, entrar en la lógica de los matices a la agenda de discusión que se propone para la pre-mesa de donantes, es un asunto peligroso.