El mes de febrero ha sido un mes "caliente" en la historia reciente de Venezuela Un 18 de febrero, de 1983 se hizo evidente la poca sostenibilidad del esquema rentista petrolero cuando por primera vez ocurría una devaluación de la moneda, producto de la baja de los precios petroleros, en medio de intentos de liberalizar la economía. Un 27 de febrero, de 1989 se desnudó el nuevo mapa social y la explosión de la pobreza desbordó las calles, generándose una masacre de las masas hambrientas ante el asomo del primer programa de ajustes dictado por el FMI, dando así paso al pensamiento y acción neoliberal en Venezuela. Un 4 de febrero, de 1992 el modelo político, vigente por más de 30 años, se estremeció ante un intento de golpe, cuyos autores convirtieron la derrota en un triunfo a largo plazo 6 años después. Apenas el año pasado, un 2 de febrero se ponía fin a un paro de casi dos meses con la convocatoria a un "firmazo" para exigir un referéndum consultivo contra el presidente por parte de la oposición. Adicionalmente, febrero es el aniversario del natalicio de dos personajes históricos más importantes: el Mariscal de Ayacucho Antonio José de Sucre y de Ezequiel Zamora, el general de hombres libres. Este febrero de 2004, se cumple el quinto aniversario de la llegada al poder del Presidente Hugo Chávez. Cinco años de "Chavismo": lo que está en juego. Luego de 5 años de agitación política, profundización de la crisis económica y social, un golpe de Estado y una huelga general criminal que produjo un decrecimiento de 29% de la economía en el segundo semestre de 2003, el escenario se torna tenso y difícil. Nuevamente, como ha sucedido desde diciembre de 2001, cuando se intentaron poner en marcha paquetes legislativos orientados fundamentalmente a la democratización de la economía, así como, posteriormente, el desarrollo legislativo y práctico de la democracia participativa prevista en la Constitución Bolivariana, lo que está en juego en Venezuela es una lucha por reconfigurar el poder político y económico. Por una parte, es necesario ubicar a las élites económicas y políticas que controlaban el Estado redistribuidor de la renta petrolera, eran dueñas de la tierra más productiva, y servían de intermediarias para empresas transnacionales, quienes mayoritariamente fueron absorbidas por el modelo privatizador de los años 90 y ahora ven amenazadas en sus intereses; por la otra, amplios sectores excluidos que apenas contaban en el reparto de la torta o siquiera eran tomados en cuenta para decidir el rumbo del país, más allá de la ilusión electoral de cambiar de gobernantes entre socialdemócratas y socialcristianos, quienes ahora fundamentalmente siguen a un líder, atienden a los propósitos democratizadores del gobierno y poseen en la mano un instrumento esencial: la Constitución Bolivariana. Lo que está en juego es un nuevo esquema de poder político, porque las medidas contempladas en la Constitución suponen un nuevo modelo de país y de democracia. Sin embargo, la mayor parte de los principios contemplados en la carta magna, fueron cultivadas en su mayoría durante el último medio siglo, tanto desde las reivindicaciones de los movimientos sociales como desde las aulas de la Academia. Sin embargo, una y otra vez, fueron objeto de aplazamientos por parte de las élites bipartidistas que se turnaban en el poder, pensando en la eternidad de su dominio, y cediendo el paso al modelo económico globalizador predominante en el mundo. Hoy, paradójicamente, en el campo opositor se mueven dos corrientes convergentes en cuanto a retomar el camino neoliberal, pero divergentes en los métodos: quienes apuestan por el cambio radical, incluso apelando a la intervención extranjera, el estímulo a la Fuerza Armada para que tuerza el rumbo y produzca un "receso democrático"; y, quienes están aprendiendo aceleradamente y aprovechando de manera interesante, creativa y precisa, las bondades de la Constitución Bolivariana y las posibilidades que brinda su visión de democracia participativa, en función de sus intereses de retornar al poder. Logros parciales del "Proceso" A pesar de dar tantos tumbos, y ahogarse a veces en la ineficacia de la gestión institucional, la "revolución bolivariana" parece haber realizado varios aportes a la historia contemporánea venezolana, según el cristal con que se mire. Lamentablemente, los medios de comunicación no son la mejor vía para dar cuenta de esta historia, inmadura aún. Sin embargo, hasta para los opositores es imposible negar dos aspectos claves: una escalada inclusión social para los más pobres y una mayor ciudadanía de toda la población, incluyéndolos. La puesta sobre la mesa de un debate sobre la necesidad de un nuevo modelo económico y social, para democratizar la economía; el impulso, la promoción y apoyo a la organización popular y la participación ciudadana, para democratizar el poder político; el ensayo, a pesar de la hipertrofia institucional, de una política social que enfrenta aspectos claves del perfil de la pobreza como el analfabetismo, la exclusión educativa, las carencias de formación en oficios y formación profesional, la exclusión de la Educación Superior; el desabastecimiento alimentario popular; el desempleo y la atención directa en materia de salud primaria, a las densas capas de población marginalizada, constituyen componentes de una política que avanza a marchas y contramarchas, con dificultades propias de una burocracia que no tiene tiempo para aprender. Además, queda poco tiempo para la batalla electoral. Ante esto, los opositores al gobierno poco pueden hacer, especialmente, frente a las "misiones" que se han instrumentado para acometer problemas educativos, de salud y empleo. Las fuerzas opositoras se han visto en la necesidad de realizar algunas promesas (¿criminales?) en cuanto a que no cambiarán sustancialmente estos programas sociales ni tampoco creen que haya condiciones para un programa de ajustes tipo "shock". En este sentido, uno de los mayores aprendizajes de la clase media y alta del país ha sido haber descubierto al "otro", esa mayoría de alrededor de 80% de los 25 millones de habitantes que se encuentra bajo la línea de la pobreza. Por ello, la palabra favorita del sector opositor luego del golpe de abril de 2002 es la inclusión. Es una de sus principales ofertas, reconociendo que el modelo económico, social y político fue excluyente y generador de pobreza, cualquier escenario debe contemplar que "aquí cabemos todos". Lamentablemente, los líderes opositores han concentrado el debate en la salida del Presidente y no han contribuido a profundizar los debates de fondo que requiere la sociedad venezolana. Servida la escena electoral en 2004 Luego de estos cinco años, una profunda fatiga se está apoderando de amplios sectores de la población a quienes las empresas encuestadoras han denominado "Ni Ni". Cuantificado el sector opositor en un 33% aproximadamente y el sector pro- gobierno en 31%, está quedando un espacio para un término medio que puede inclinar la balanza electoral hacia un lado u otro dependiendo de la renovación de la oferta electoral que haga cada uno de los bandos en pugna. Una costumbre democrática del último medio siglo está influyendo en el colectivo: anteriormente cada cinco años se renovaban los poderes públicos. En esta oportunidad confluyen varias elecciones al mismo tiempo: gobernadores y legislaturas estadales, alcaldes, concejos municipales y juntas parroquiales. Pero, la expectativa mayor se la lleva la posibilidad de un referéndum revocatorio contra el Presidente, dado que ya ha cumplido la mitad de su período. Como nunca antes, es posible el ejercicio democrático. Y este año se demostrará fehacientemente. Desde las elecciones que se realizan en gremios profesionales, sindicales, hasta las autoridades locales y regionales, quedando para el año próximo la renovación de la Asamblea Nacional. Sólo una institución clave se resiste a contarse: los partidos políticos. Una muestra quizá que no han superado su propia crisis o que es preferible opciones "sucesorales" como el Partido Republicano en Estados Unidos o el Partido Popular en España. Sin embargo, es importante tomar en cuenta algunos aspectos de cara al momento electoral. Las fuerzas en pugna coinciden en su capacidad de movilización de masas, aunque ambos han tenido altibajos cuantitativos en el proceso. Pero, al mismo tiempo existe una gran diferencia: quienes apoyan al gobierno exhiben un saldo organizativo importante. Es así como desde 1999 se han organizado cientos de miles de personas en cooperativas (22.000), círculos bolivarianos, grupos de salud, fuerzas organizadas para asumir las misiones que combaten la exclusión educativa, particularmente importante ha sido el impulso de fuerzas organizadas tradicionales como estudiantes, sindicalistas, mujeres, indígenas y hasta reservistas militares. Sin embargo, lo anterior contrasta con la capacidad, carisma y diversidad de los líderes. Los opositores ofrecen una variedad de líderes quienes a su manera tienen una dudosa incidencia en sus seguidores, pero gran destreza y movilidad en la opinión pública. Mientras que, por parte del oficialismo, el liderazgo deja mucho que desear ante la aplastante presencia de la personalidad e imagen del Presidente. Este factor será decisivo para el desenlace electoral, ya que las encuestas demuestran claramente que si la oposición va unida pudiera derrotar a Chávez, de lo contrario, el actual Presidente derrotaría claramente a sus rivales. El Referéndum Revocatorio E1 13 de febrero vencía el plazo para decidir si las firmas recogidas en noviembre y diciembre para la revocatoria del mandato del Presidente y algunos diputados a la Asamblea Nacional eran suficientes para convocar a los 62 Referenda solicitados. En un proceso inédito en Venezuela y América Latina, el proceso de convocatoria a Referéndum ha transitado por diversos problemas. En primer lugar, debe recordarse que el referéndum era la propuesta oficialista frente a los opositores que demandaban durante la huelga general ¡elecciones ya!, recorte del mandato y otras especies destinadas a acortar el mandato de Chávez. Posteriormente a la firma de los acuerdos auspiciados por la OEA, el Centro Carter y el PNUD, el nombramiento de un nuevo Consejo Nacional Electoral se dilató como parte de una estrategia política opositora. Finalmente, tuvo que ocuparse el Tribunal Supremo de Justicia para que el país contara con un árbitro electoral. Desde ese momento no han cesado las presiones al nuevo ente electoral. A pesar del respaldo de los organismos internacionales y del propio gobierno, quienes con el Presidente a la cabeza reiteradamente han manifestado que acatarán sus dictámenes. Por el contrario, la Coordinadora Democrática conformada por un grupo de partidos y ONG's no ha concedido un mínimo de confiabilidad y se empeña en descalificar al árbitro electoral. Esta estrategia de ataque al CNE, tuvo su punto culminante cuando se convocó a una movilización en términos parecidos a los del 11 de abril de 2002, la cual aparte de ser una nueva ocasión para la medición de fuerzas y constatar el papel parcializado de los medios informativos, principales convocantes, no pasó a mayores. Como es obvio, el gobierno está exigiendo que se cumplan los lapsos y reglamentos establecidos. La oposición tiene plomo en el ala, debido a las denuncias y sospechas de engordar el número de firmas que intentó a principios de 2003 con el "firmazo". El hecho es que la apuesta del Referéndum como válvula de escape para la crisis política es muy relativa. El sector opositor viene debilitándose mientras el sector que apoya el gobierno viene en aumento, producto del despliegue de los programas sociales. Sólo entre octubre y diciembre de 2003, según una encuestadora identificada con los opositores, el Presidente aumentó su popularidad en 14 puntos arribando a un 41%, otras encuestas afines al gobierno le otorgan 50% y hasta 60%. Las proyecciones indican que hay firmas suficientes para convocar al Referéndum. Es cuestión de tiempo. Sencillamente porque es totalmente probable que en Venezuela haya 2,4 millones de electores que no quieran al Presidente. Pero la "ofensiva social" del gobierno, quién prefirió invertir tiempo y recursos en diversos programas sociales para combatir la pobreza, es la mejor carta para acometer con tranquilidad este proceso electoral, que probablemente ocurra en el mes de mayo, y salir ileso. Posteriormente, habrá otras ocasiones para continuar la contienda en las elecciones regionales y locales de agosto y diciembre.