Hablar de Asamblea Constituyente es hablar de cambios, de transformar las relaciones entre el Estado y la sociedad, de la reconfiguración del poder … en definitiva, de renovar la reglas del juego en que nos queremos mover a partir de ahora, las bolivianas y bolivianos, gobernantes y gobernados, en base a también renovados principios que hacen a la democracia; pero no cualquier democracia, al menos desde buena parte del movimiento de mujeres, soñamos, demandamos y construimos una democracia con participación activa y efectiva, con irrestricto respeto a la diversidad y a las autonomías, con equidad y justicia social. Nos sumamos a la lucha de hacer realidad la Asamblea Constituyente con estos sueños, con la aspiración de remover estructuras que todavía sostienen la exclusión, la discriminación, el racismo, la desigualdad, la impunidad, entre otros factores que distorsionan el sistema democrático y el estado de derecho; más todavía, distorsionan el carácter y ejercicio ciudadano de las personas. El primer amargo despertar de estos sueños fue la LECAC (Ley Especial de Convocatoria a la Asamblea Constituyente) aprobada en marzo. A pesar de las gestiones y los fundamentos de la propuesta de las mujeres por la paridad, por que se garantice la presencia de las mujeres en igual número que los hombres, la cuota del 50% no fue incorporada en la ley y nos quisieron contentar con la incorporación de la “alternancia”, que nosotras también propusimos. Los resultados no se dejaron esperar: si revisamos las listas, por ejemplo en Santa Cruz, las candidatas mujeres son aproximadamente el 47% y a nivel nacional ocupan alrededor del 43%. Las proyecciones hechas en función al perfil de las candidatas y al lugar que ocupan en las listas, se prevé que de los 255 asambleístas, unas 88 serán mujeres, es decir un 33%, según datos proporcionados por la Coordinadora de la Mujer. Avance en la participación femenina, para unos, o un porcentaje todavía lejano a la igualdad genérica para otras. Para Ximena Machicao, Coordinadora General de REPEM (Red de Educación Popular Entre Mujeres), “En América Latina y el Caribe el concepto de paridad y sus alcances para la democracia aún está lejos de establecerse sostenidamente en los debates actuales y menos aún en las prácticas políticas…”. Nada sería el escuálido 33%. Sigamos con el análisis ¿Quiénes son las candidatas y ese probable 33% de mujeres asambleístas? En lo que respecta a las candidatas de Santa Cruz, alrededor del 90% son de bajo perfil político. A muy pocas de ellas las hemos visto en la palestra pública, durante los años que ya tiene el proceso constituyente, refiriéndose siquiera a este tema. De algunas, más o menos conocidas, se sabe de su paso por el poder judicial o por algún cargo público-administrativo sin que hayan mostrado necesariamente un perfil reformista o innovador; y hubo por ahí candidatas que participaron en alguna elección anterior. Si en nuestros sueños movilizantes hemos imaginado una Asamblea Constituyente soberana, refundacional o que al menos renueve principios fundamentales como sustento de un nuevo pacto social y político, si hemos pensado en una Constituyente que contenga la diversidad de la sociedad boliviana para que valga la pena ese nuevo pacto ¡Otra ingenuidad la nuestra! ¿A quiénes representan esas candidatas? ¿Cuáles son sus bases sociales? ¿Cuál es su trayectoria de lucha dedicada a quienes estuvieron mayormente al margen de la vida política del país y que hoy en la Asamblea Constituyente -por eso una Constituyente- deberían estar si queremos otra Bolivia? (estas interrogantes también valen para los candidatos varones). Vayamos más allá ¿Cuáles de ellas -e incluso ellos- llevarán las propuestas de las mujeres? ¿Cuáles de ellas defenderán la agenda de las mujeres y los derechos que demandamos estén en la primera parte de la CPE como derechos fundamentales y que pasan por la constitucionalización de los convenios, pactos y declaraciones de derechos internacionales? Un análisis aparte merece la presencia de mujeres indígenas y campesinas en la Constituyente (que son las menos). Luchadoras incansables, retadoras de la discriminación y exclusión, vencedoras porque llegarán allá para debatir sobre la nueva CPE… Hasta ahí podemos afirmar que hay una nueva fisonomía en el ejercicio de la política en el país. Sin embargo, ¿Cuál es su agenda? ¿Cuáles son sus prioridades? ¿Qué las moviliza? Son los “grandes temas nacionales” y la reivindicación étnico-cultural y de clase. En su lucha y representación no han incorporado cuestiones que hacen a mejorar la vida de las mujeres rurales de manera específica. Las propuestas que han ido construyendo junto a sus organizaciones no mencionan siquiera asuntos como, por ejemplo, la protección al trabajo agrícola de las mujeres rurales, no aluden una vida libre de violencia, aunque ésta sea el pan de cada día de la mayoría de ellas. ¿Podemos esperar todavía una Asamblea Constituyente que de a luz un nuevo pacto social para una Bolivia más democrática y equitativa que amplíe el ejercicio ciudadanos de las mujeres? Ojalá corramos similar suerte que el proceso constituyente de Ecuador en cuyo nuevo texto constitucional se incorporó el tema género como eje transversal, además del derecho a trabajar en igualdad de remuneración, reconocimiento al trabajo doméstico, la violencia intrafamiliar, derechos sexuales, participación política de las mujeres, todo producto de una masiva movilización de las ecuatorianas, según publica el periódico virtual Hoy On Line de Quito; o el proceso de Brasil donde, una campaña para incluir los derechos de la mujer en la nueva Constitución, que antecedió a la elección de los y las constituyentes, culminó con miles de mujeres movilizadas, que elaboraron la "Carta de las Mujeres a los Constituyentes" con todas sus reivindicaciones (www.eurosur.org/FLACSO/mujeres/brasil/orga.htm). Todavía nos queda, entonces, el segundo tiempo: lograr cambios en el texto constitucional. A pesar de los bruscos despertares, las ganas de soñar continúan… - Leila Cortez Perez es Comunicadora en CIPCA Regional Santa Cruz. CipcaNotas, Boletín Virtual No 151, Año 5. Abril de 2006. www.cipca.org.bo