Las modificaciones a la ley INRA, ha puesto en evidencia nuevamente las visiones opuestas que tienen los sectores involucrados respecto al acceso y tenencia de la tierra; no es de extrañarse, por tanto, que ésta temática genere confrontación y complica a cualquier gobierno que intenta implementar alguna política al respecto, máxime si el pasado reciente devela amargas experiencias y escasos resultados, principalmente para el sector indígena campesino que lleva una larga historia de marchas, trámites interminables y compromisos gubernamentales incumplidos.

Hoy, por un lado avanza la marcha indígena que reivindica su propuesta de modificación a la ley agraria, presentada en junio al parlamento vía el poder ejecutivo; por otro lado, hay presiones de los gremios agroempresariales para que no se apruebe dicha propuesta de ley, a pesar de haberse favorecido con el accionar del INRA en el pasado.

Para nadie es secreto que en vez de “sanear” la propiedad agraria en el país -cual era el propósito- la ley INRA ha servido, en muchos casos, para consolidar latifundios. No es culpa de la ley -que no es perfecta-, pero sí de su aplicación y por tanto, de quienes estuvieron a cargo de aplicarla en todo este tiempo, es decir, funcionarios de los gobiernos de turno. Esto es fácil explicarlo porque muchos de los ex funcionarios provenían o respondían a los gremios agroempresariales; prueba de ello es que, después que perdieron el poder y por ende sus cargos públicos, éstos retornaron a sus gremios de los cuales hoy son dirigentes o asesores; a su vez, varios de ellos son ahora diputados o senadores.

Mientras en el país los sectores se movilizan, en el parlamento está en tratamiento el proyecto de modificaciones a la ley que tiene correlato con las aspiraciones y propuestas del movimiento indígena campesino del país. Esto ha provocado el rompimiento del diálogo por parte de los gremios empresariales con el gobierno, bajo el argumento de que dicha ley acabará con el aparato productivo del oriente boliviano.

Mientras esto sucede, ante los ojos de las bolivianas y bolivianos, en la provincia de Guarayos del departamento de Santa Cruz, viene dándose un conflicto que representa uno de los casos más emblemáticos de la problemática de la tierra en nuestro país.

Por cuarta vez, en cuestión de dos meses, en los municipios de Ascención y Urubichá hubo enfrentamientos; cada uno de ellos ha dado como resultado varios golpeados e incluso heridos de gravedad, como lo ocurrido en el último enfrentamiento. Hoy hay familias amedrentadas, hogares violentados, personas amenazadas, otras escondidas y hasta “prisioneras” porque no pueden salir de su comunidad a sentar una denuncia bajo amenaza de ser agredidos nuevamente. Aunque parezca extraño, esta vez se trata de una disputa entre guarayos. He ahí la tragedia. ¿Cómo es posible que un guarayo ataque a cadenazos, puñetazos y palazos a otro, quizás pariente, pero con certeza, hermano, hermanos del pueblo guarayo, como se llaman entre los indígenas? ¿Cómo fue que llegaron a ese punto, por qué pelean?

Por tierra y poder, es la respuesta.

En realidad, el conflicto data de tiempo atrás, desde cuando dirigentes aferrados a los cargos de la COPNAG (Central de Organizaciones de Pueblos Nativos Guarayos), máxima organización reivindicativa del Pueblo Guarayo, negociaron tierras con empresarios que, al amparo de algunos asesores de las organizaciones indígenas y ex funcionarios y ex autoridades del INRA, hicieron aparecer como “conciliaciones” –figura legal-. Así, los empresarios interesados consolidaron sus tierras y dirigentes indígenas consolidaron recursos económicos a cambio de tales favores.

Es recién en el año 2005 que la Central Comunal de Urubichá (CECU), afiliada a la COPNAG, se propuso encabezar una investigación a fondo sobre cómo se habían consolidado tantas propiedades privadas dentro de la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) del Pueblo Guarayo. No demoraron en develar que todo aquello fue resultado de actos de corrupción en desmedro de su territorio. Los resultados se hicieron públicos, el pueblo guarayo caía en cuenta que partes de su territorio, por el cual marcharon y lucharon tanto, habían sido vendidas de manera irregular. Cuando fue momento de identificar a los culpables, más allá de los funcionarios del INRA y empresarios, la lista de los guarayos involucrados se hizo larga, entre ellos figuran los ex dirigentes de la COPNAG. En una asamblea determinaron una serie de sanciones a estos “hermanos traidores” que iban desde el castigo moral hasta procesos penales, pasando por la destitución de los cargos dirigenciales.

Los sancionados hasta hoy no han pagado por “su delito”, es que se refugiaron en quienes tienen el poder político y económico en los municipios, la provincia y el departamento de Santa Cruz, aquellos empresarios con quienes “conciliaron” irregularmente sus tierras. Gracias a esta protección es que, por ejemplo, los procesos penales se paralizaron.

Actualmente, cuando se trata nuevamente de defender una ley modificatoria a la norma agraria que apunta a favorecer, en justicia, a campesinos e indígenas y a revertir las tierras malhabidas de supuestos empresarios del agro y la madera, los dirigentes comprometidos con los actos irregulares son alentados por sus “protectores” a acallar a los dirigentes y pobladores denunciantes, entonces estos “malos dirigentes” devuelven la gentileza por la protección y acatan órdenes en sentido de organizar a unos cuantos predispuestos a todo por unos reales, para que agredan a todo aquel que, comprometido con la defensa de su TCO, pretende asumir la dirección de la COPNAG y desde allí cambiar el rumbo de la organización en defensa del Pueblo Guarayo, así tenga que pedir el desalojo y sanción de los avasalladores –en este caso los empresarios que hicieron las “conciliaciones”- ante las autoridades pertinentes.

Es que los dirigentes “conciliadores” no quieren dejar la COPNAG, pues estar en el poder es mantener el círculo de complicidad y protección con todos los involucrados en estas irregularidades, empresarios que a su vez tienen fuertes lazos con las autoridades locales, prefecturales y comités cívicos.

El tratar de recuperar partes de la TCO y defenderla, o de consolidar tierras para su explotación individual, lleva a pelear también por el poder, pues éste da, en cierta medida, garantías para salir ganando de esta batalla que por ahora cobra heridas, mucha tristeza y daño a la “hermandad del Pueblo Guarayo” que corrompidos y honestos, son todos perdedores. Entonces ¿quiénes son los que ganan en toda esta historia?

- Leila Cortez es comunicadora en CIPCA Santa Cruz.