Los recientes comunicados del Secretariado de las Farc y del Gobierno Nacional han colocado en el centro de la atención nacional la discusión sobre la posibilidad del acuerdo humanitario que permita la liberación de los secuestrados políticos en manos de las Farc. Aunque los comunicados alientan la esperanza de un próximo encuentro entre el gobierno nacional y las Farc para discutir los términos del “canje de prisioneros de guerra”, según la expresión de las Farc, la cuestión no es sencilla, por las implicaciones que de él inexorablemente se derivarán. El hecho de que tanto el gobierno nacional como las Farc hayan asociado un encuentro exitoso a un eventual futuro proceso de paz evidencia la importancia que el encuentro tiene. Y es que el asunto no es de poca monta. Conviene recordar que desde 1998, cuando las Farc y el presidente Pastrana acordaron dar inicio a las negociaciones de paz, Manuel Marulanda propuso, en carta dirigida al Congreso, la expedición de una Ley de Canje que posibilitara la liberación de los presos políticos de las Farc a cambio de la libertad de los militares y policías en su poder. Ante las resistencias para tramitar una ley de esta naturaleza, el “Mono Jojoy” planteó la posibilidad de que las Farc recurrieran al secuestro de congresistas para forzar la voluntad de los legisladores en esta materia. Posteriormente, al instalarse la mesa de negociaciones en enero de 1999, a instancias de las Farc se abrió una mesa especial sobre el canje de “prisioneros”, al frente de la cual se puso Marulanda. Esta fue la única en la que participó directamente el dirigente de las Farc. La insistencia en la necesidad de una ley de canje pone en evidencia que las Farc pretenden contar con un instrumento permanente que permita regularizar la liberación de sus prisioneros sin condicionamiento alguno. Desde esta perspectiva no se trata de un instrumento para la paz, sino de un instrumento más en la regularización de la guerra, que permita el retorno periódico a sus filas de los combatientes en manos del enemigo. Así lo ha entendido el gobierno que, opuesto a una pretensión de esta naturaleza y con el propósito de evitar que la liberación de los presos políticos fortalezca militarmente al grupo insurgente, ha condicionado hasta ahora la liberación de los guerrilleros de las Farc al compromiso de éstos a no reintegrarse a las filas del grupo insurgente. ¿Han renunciado las Farc y el gobierno a sus posiciones? No hay elementos que permitan pensar que así sea. ¿Por qué entonces este renacer de ilusiones y el cruce de comunicados que alienta la posibilidad de un próximo encuentro? Las condiciones políticas han cambiado, así como las posiciones del gobierno y de las Farc en torno a este asunto y a la posibilidad de una negociación de paz. Después de ocho años de pedaleo en bicicleta estática por parte de los familiares de los secuestrados en poder de las Farc y de todos los que hemos propugnado por el acuerdo de intercambio, hay hechos que ponen de presente que, a pesar de las dificultades e implicaciones de un encuentro para el intercambio, el gobierno y las Farc están dispuestos a propiciarlo. En lo que tiene que ver con el gobierno, más allá de los triunfos que reclama en relación con la política de seguridad democrática, lo cierto es que ésta no fue suficiente para doblegar a la guerrilla y llevarla derrotada a la mesa de negociación, tal como esperaba hacerlo. El Plan Patriota fracasó en su objetivo de quebrarle la columna vertebral a la estructura militar de las Farc y modificar de manera irreversible la correlación de fuerzas a favor del Estado. A pesar de que en estos cuatro años las fuerzas militares retomaron la iniciativa en el campo de batalla, ampliaron el control territorial y obligaron a la guerrilla a cambios en la forma de combate, las Farc no han sufrido una derrota estratégica. Y si bien se han debilitado, no la ha sido tanto como para forzarlas a una negociación bajo las condiciones propuestas por el gobierno. Esto lo saben los militares y lo entiende el Presidente. Por eso abre puertas para una aproximación con las Farc que cree condiciones para buscarle una salida política al conflicto armado. El gobierno necesita esta aproximación por diversas razones, entre otras, porque no le quedan más que cuatro años en los que es claro que por la vía militar no logrará la pacificación que intentó infructuosamente en los cuatro años precedentes. En lo que respecta a las Farc, éstas han sentido los efectos de la presión militar a la que se han visto sometidas en los últimos años, y sufrido las consecuencias políticas del aislamiento político nacional e internacional como consecuencia del fracaso de las negociaciones de paz y de su inclusión en la lista de organizaciones terroristas por parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos y la Unión Europea. No es azaroso, ni se trata de una cuestión formal, el que de manera reiterada hayan exigido al gobierno que no los califique de terroristas y demanden, en su comunicado de octubre, que el gobierno adopte las medidas necesarias para ser retirados de estas listas. Las Farc necesitan abrir espacios políticos y romper el aislamiento internacional en el que se encuentran. Por estos y otros factores gobierno y Farc han modificado en algunos aspectos sus posiciones. El Presidente acepta hoy la posibilidad de un despeje temporal, luego de haber sostenido que no se “desmilitarizaría un milímetro del territorio nacional”. Ante la negativa de las Farc a aceptar los condicionamientos gubernamentales, ha recurrido a diversas instancias facilitadoras: iglesia, países amigos, personalidades políticas y acaba de autorizar al Alto Comisionado para reunirse con las Farc sin condicionamientos previos, con el objeto de lograr “un acuerdo de condiciones propicias para una eventual zona de encuentro” que permita discutir el acuerdo humanitario. Las Farc habían expresado de manera reiterada “que con Uribe no habrá intercambio humanitario. El país necesita un Presidente con voluntad política, no solo para el canje, sino para pactar con la insurgencia y con la participación del pueblo, la solución del conflicto sobre la base de cambios estructurales en lo social, económico, político y otros ordenes, que beneficien a las mayorías”. Sin embargo hoy están dispuestas a sentarse con este gobierno, no solamente para el canje sino para un posible proceso de paz. “Tenemos la decisión y la voluntad política de concretar el canje por profundas convicciones revolucionarias para que todos los prisioneros alcancen su libertad, incluyendo a Simón Trinidad y a Sonia” manifestaron en comunicado del 26 de septiembre; y poco después, el 2 de octubre, plantearon que “si el gobierno actual decide otorgar las plenas garantías para adelantar el canje de prisioneros de guerra, desmilitarizando por 45 días los municipios de Florida y Pradera en el Valle del Cauca, una vez liberados todos ellos, quedará al orden del día la búsqueda de acuerdos para superar el conflicto social y armado que azota al país”. Puede decirse que, tal como están las propuestas, nos encontramos en la situación de diciembre de 2005 cuando Francia, Suiza y España propusieron una zona en los municipios de Florida y Pradera en el Valle del Cauca, en la cual se hicieran presentes, sin armas, los voceros del gobierno y de las Farc a efectos de discutir sobre el acuerdo humanitario. La seguridad de la zona durante el encuentro correría por cuenta de garantes internacionales. Eso es parcialmente cierto. El comunicado gubernamental del 2 de octubre señala que esta propuesta de los tres países europeos configura las “condiciones específicas” para la zona de encuentro. Pero políticamente estamos en una situación nueva, generada por la decisión de las partes de jugar cartas en el espacio político y la manifestación explícita de estar dispuestos a sentarse para discutir las propuestas de cada uno. Para expresarlo más gráficamente: la mesa está colocada, y los jugadores manifiestan su disposición para jugar la partida. El fracaso de la opción militar empuja al gobierno al encuentro; la necesidad de oxígeno político empuja a las Farc. Pero pueden no ser suficientes estos factores para conseguir que se sienten e inicien la partida. De allí que resulte imperioso sostener y fortalecer las presiones positivas que de tiempo atrás vienen haciendo diversos sectores de la comunidad nacional e internacional y los familiares de los secuestrados. Si hay posibilidades de acercamiento y se presentan condiciones que lo favorecen, ello no significa que estemos ad portas del acuerdo humanitario. Si el acercamiento se produce, la negociación será difícil. Entre otras cosas porque las partes han comenzado a apostarle también a la posibilidad de la negociación de paz y, en esas condiciones, lo que se pacte para el acuerdo humanitario es precedente significativo para la futura posible negociación de paz. Hemos dicho en otras oportunidades que un acuerdo humanitario puede ser la puerta de entrada a la negociación de paz. Creemos que así puede ser. Pero, por ahora, lo sensato es que nos concentremos en lograr el encuentro que despeje el camino hacia el acuerdo humanitario. - Jaime Zuluaga Nieto es profesor emérito Universidad Nacional, Director académico de Indepaz Fuente: Corporación Viva la Ciudadanía.