Las Carimaguas de Colombia
La Plutocracia gobierna el campo
15/02/2008
- Opinión
Una nueva evidencia de como el Gobierno favorece negocios privados e implementa una política agrícola contraria a la democracia y a los derechos del sector rural, de las personas desplazadas es el caso de Carimagua conocido a través del diario El Tiempo el domingo pasado.
El predio Carimagua, de una extensión de 17 mil hectáreas en Puerto Gaitán, Meta, fue asignada, de acuerdo con fuentes de prensa citando ala Procuraduría General de la Nación , a 800 familias desplazadas. La propiedad ha estado a punto de pasar a manos de empresas del sector palmicultor e inversionista, con la decisión del Ministerio de Agricultura de entregárselo en concesión por 50 años. Las justificaciones apresuradas presentadas por el Ministro Arias, una vez que el negocio" estaba a punto de definirse, apuntan todas hacia un único propósito: hacer del campo un sector empresarial rentable.
El ministro Arias explicó el cambio de asignación a favor de los empresarios, porque dicho predio "no tiene infraestructura para recibir a un grupo de desplazados" y que "las tierras de Carimagua requieren de una gran inversión pues son muy ácidas para ser cultivadas por campesinos". Adicionalmente, la concesión a los empresarios "generará jugosos dividendos que luego serán reinvertidos en otras tierras para desplazados" y se convertirá "en un pulmón de desarrollo que genere más de 1.500 empleos de gente de la región, de desplazados" El Tiempo 11 de febrero de 2008.
La primera afirmación, la supuesta mala condición del predio, fue controvertida porla Procuraduría General de la Nación e ingenieros agrónomos, basándose en un estudio de la Fundación Nacional para Estudios Políticos, Económicos y Sociales ,Fundes. Dicho estudio había avalado la factibilidad de la adjudicación del terreno a familias desplazadas por la existencia de "infraestructura básica: vías internas en buen estado, puesto de salud, equipo básico de maquinaria, el bajo costo de la tierra, la baja densidad de población y por estar incluida en una de las 14 áreas de desarrollo rural seleccionadas por el Gobierno nacional, comprendida en el eje Puerto Gaitán-Carimagua" El Tiempo, 10 de febrero de 2008. Incluso, expertos que conocen el predio expresaron a la radio, que las familias desplazadas allí podrían convertir estas áreas en un proyecto de ecoturismo por la belleza y la riqueza en biodiversidad y de aseguramiento alimentario.
Es claro que la política pública no contempla a las víctimas del desplazamiento como sujetos de derecho. Y tampoco comprende desde una mirada humanitaria la atención en materia de tierra, de salud, de educación a los desplazados. Es la misma mirada productivista y guerrerista con que se aborda el conflicto social y armado y la situación de los secuestrados y o retenidos.
La segunda argumentación del ministro Arias no hace sino reafirma la decisión de la política agraria uribista, desastrosa para los campesinos beneficiosa para los empresarios, ya ampliamente conocida, apoyo crediticio e inversión para las empresas más no para los desplazados o los habitantes tradicionales del campo mestizos, afrocolombianos e indígenas. La mirada economicista, productivista se impone sobre una comprensión integral de respuesta a los derechos de los desplazados, de fortalecimiento técnico en modelos de calidad de vida para los campesinos y el bien de la humanidad desde otra lógica. La obsesión por el mercado de los "necro combustibles" derivados de la palma africana, la reforestación mercantil y el caucho como productos de control social, sustenta la priorización del sentido del uso de la propiedad. En este caso las empresas palmeras, Palmasol, sería una de las beneficiarias de créditos y subsidios la política de Agro Ingreso Seguro,AIS, en esta perspectiva de concentrar el crédito en manos de grandes empresas.
De acuerdo con el Senador Robledo en ocasión del debate sobre la ley de agrocombustibles, del 5 de diciembre pasado: "Según Finagro, el 46% de los créditos de AIS está concentrado en créditos de más de 500 millones de pesos. La asignación en créditos de menos de un millón de pesos está previsto para el 0,07%; el 33% de los créditos está en créditos de más de 1.500 millones de pesos".
Esta política de concentración del crédito va de la mano con la concentración de propiedad agraria, conseguida a sangre y fuego durante las últimas décadas. Millones de familias campesinas están sin tierras y desplazadas por el accionar conjunto de los militares, paramilitares, terratenientes, ganaderos y empresas que les arrebataron sus territorios. Organismos del Estado han indicado que entre 4 y 7 millones de hectáreas han sido apropiadas por el paramilitarismo en los últimos 15 años. Un reciente informe dela Controlaría General de la Nación indica, según Caracol Radio, que se trata de cerca de 2.9 millones de hectáreas, agregando que el gobierno no ha acatado debidamente la orden impartida por la Corte Constitucional y no ha entregado de manera oportuna los predios.
htpp://www.caracol.com.co/noticias/548760.asp.
Respecto a la concentración de la tierra, y la tendencia a sus acumulación en pocas manos, en 2003, de acuerdo con el investigador Darío Fajardo tomando fuentes oficiales "el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y Corpoica en un estudio denominado zonificación de los conflictos por el uso de la tierra en Colombia son: el 97 % de los propietarios tiene el 24% de la tierra, mientras el 0.4% de los propietarios tienen el 61% de la tierra" http://www.actualidadcolombiana.org/boletin.shtml?x=326.
A estas ciudadanas y ciudadanos, campesinos, afrodescendientes, indígenas desplazados el Gobierno los ha atendido diferencialmente. Si comparten el espíritu de la seguridad "democrática" y el Estado Comunitario reciben apoyo, por el contrario, si afirman su identidad como población civil, cuestionan las violaciones de derechos humanos y la impunidad, demuestran la ocupación de buena fe y se niegan a agronegocios oídos sordos y negación de derechos a la vida digna, la autonomía alimentaria, el territorio.
En el esquema de sociedad proyectado como Estado Comunitario que pretende consolidar el Gobierno, el papel del campesinado, del desplazado, del afrodescendiente es el de mano de obra barata, de preferencia dócil y callada, o vinculada a la reconciliación con estructuras empresariales beneficiarias de la violencia paramilitar o de las políticas públicas de agronegocios.
¿Para que entregar tierras a desplazados cuando pueden trabajar en las plantaciones de grandes empresarios? Para favorecer el poder de los ricos.
Y ¿quién está detrás de estos negocios, cuidados y privilegiados por el Ministro de Agricultura, el propio Presidente que vino a defender la decisión y el Director de Acción Social Luís Alfonso Hoyos Aristizábal, supuestamente encargado de coordinar la atención a la población desplazada? ¿Quienes son las firmas Palmera Santana, Palmasol, Sapuga y Esfinanzas? ¿Qué aspiraban a administrar la finca Carimagua? ¿Cuánto aportaron a la campaña de Luis Hoyos en Caldas? Cuánto aportaron a la campaña de Uribe?
Palmasol S.A. es una de las numerosas empresas del sector palmero que financió la campaña del Presidente Uribe en 2006. ¿No será que esta generosidad se paga luego con favores?
La empresa Palmera Santana se había beneficiado ya en el pasado de los favores de autoridades locales. Segúnla Procuraduría General de la Nación , La Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía , Corporinoquía, autorizó la concesión de aguas del predio rural " La Arboleda " a la firma Palmeras Santana Ltda., sin que existiera una petición de la firma titular de la concesión en la que manifestara su intención de traspasarla. Así mismo, precisó que los miembros de la Corporación no le comunicaron esta situación a la firma titular Soceagro S.A., desconociendo con ello sus derechos, como poseedores materiales del inmueble " La Arboleda " y el derecho al debido proceso. PGN, comunicado de prensa publicado en http://pgn-ms-10.procuraduria.gov.co/html/noticias_2006/noticias_061.htm.
Mario Escobar, uno de los socios de Sapuga S.A., es amigo de Luís Alfonso Hoyos Aristizábal, forma parte de la junta directiva de Acción Social y financió las campañas políticas de Hoyos. Aunque el director de Acción Social se apresuró a afirmar que Escobar "no tiene interés en participar del suspendido proceso de adjudicación para explotar los terrenos", tantas coincidencias no dejan de sorprender http://www.wradio.com.co/nota.asp?id=548514.
La política del gobierno de favorecer intereses privados ha llevado en este caso a desconocer los derechos de familias campesinas sin tierra o desplazadas, y en otros casos, los derechos ancestrales de los dueños originarios del territorio, comunidades afrodescendientes, como es el caso de las empresas palmicultoras y de extensión ganadera en el Curvaradó y Jiguamiandó. En este caso, como en otros conocidos del Valle del Cauca, se combinaron capitales privados con lavado de activo del narcotráfico. O en el caso del Cacarica donde la empresa Ci Multifruits Ltda. En apariencia desistió de una Alianza Estratégica en la que se encontraba involucrada la "Casa" del Comandante paramilitar el "Aleman", allí en el perímetro deLa Balsa se fomenta un nuevo negocio que vulnera los derechos de los afrocolombianos a través de nuevas empresas bananeras beneficiarias del paramilitarismo, involucrando en el negocio repobladores y reinsertados, que no son habitantes del Territorio Colectivo.
En todos los casos la lógica institucional, expresada en el presidente y sus ministros, se usan las mismas palabras de un supuesto "desarrollo" y "progreso", criterios de ganancia y de rentabilidad, que no son las mismas lógicas de las víctimas, a quiénes se les concibe como incapaces o sujetos de caridad.
La reciente salida de crear una comisión de especialistas para dar su opinión sobre las razones esgrimidas por el Ministro Arias y respaldas por Uribe son un mecanismo para sortear el escándalo. Su composición excluye a los desplazados y pretende es dar un concepto sobre las razones del Estado, ocultando los verdaderos dilemas y contradicciones. ¿Los desplazados son o no sujetos de derecho?
¿La política pública puede reconocer, apoyar otros modos de producción, de relación con la tierra que no sean los involucrados en la agroindustria de la palma, el caucho y la reforestación para la exportación? Por qué las facilidades de recursos en el campo son para los agronegocios? ¿Será acaso la salida la que plantea Fedepalma, ¿quién propende por la buena imagen del sector palmero, al indicar que todo debe reversarse y Carimagua debe continuar siendo una propiedad para la experimentación ambiental?. Y entonces ¿en qué quedan los derechos de los desplazados? ¿Se prioriza la buena imagen de la palma o los derechos de los desplazados?
¿O que no pensar de lo que sucede con el sector de los trabajadores palmeros. Hoy en Puerto Wilches completan tres días de protestas con un cese de actividades, denunciando las condiciones indignas laborales, la destrucción ambiental que se han producido con este agro negocio? Cfr. La tercerización: otro mecanismo de explotación del neoliberalismo
Muchos Carimaguas existen, los que se desconocen y han caído en el olvido por la fuerza de la impunidad y de la invisibilización, lo sin rostro del desplazamiento. La política pública se muestra como la expresión plutocrática. Ha sido la presión que se suscitó por la divulgación del artículo de El Tiempo el que permitió el escándalo, que salpica a Uribe, a Arias, a Hoyos. No hay que olvidar, que todo ocurre en momentos de que se habla la segunda reelección, en las que hay otros en lista para suceder a Uribe, y que son afectos a esa casa editorial. Los últimos beneficiarios en realidad han sido los desplazados, parcialmente se ha echado atrás la decisión, pero un nuevo ardid se está diseñando. "Business are business", ¡¡¡ no derechos ¡¡¡.
Adjuntos
Espacio de Trabajadoras y es de derechos humanos de Barranca. Paro Civico en Puerto Wilches 14 de febrero de 2008
El Tiempo, Tierras destinadas a víctimas del conflicto serán dadas a particulares por MinAgricultura e Incoder, 10 de febrero de 2008
Sacarle más recursos a Carimagua dará más recursos a desplazados': Minagricultura
http://www.wradio.com.co/nota.asp?id=548514.Director de Acción Social admite relación con socio de una empresa que aspiraba explotar Carimagua
http://www.caracol.com.co/noticias/548760.asp/seccionactualidad
Bogotá, D.C. Febrero 15 de 2008
COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ
El predio Carimagua, de una extensión de 17 mil hectáreas en Puerto Gaitán, Meta, fue asignada, de acuerdo con fuentes de prensa citando a
El ministro Arias explicó el cambio de asignación a favor de los empresarios, porque dicho predio "no tiene infraestructura para recibir a un grupo de desplazados" y que "las tierras de Carimagua requieren de una gran inversión pues son muy ácidas para ser cultivadas por campesinos". Adicionalmente, la concesión a los empresarios "generará jugosos dividendos que luego serán reinvertidos en otras tierras para desplazados" y se convertirá "en un pulmón de desarrollo que genere más de 1.500 empleos de gente de la región, de desplazados" El Tiempo 11 de febrero de 2008.
La primera afirmación, la supuesta mala condición del predio, fue controvertida por
Es claro que la política pública no contempla a las víctimas del desplazamiento como sujetos de derecho. Y tampoco comprende desde una mirada humanitaria la atención en materia de tierra, de salud, de educación a los desplazados. Es la misma mirada productivista y guerrerista con que se aborda el conflicto social y armado y la situación de los secuestrados y o retenidos.
La segunda argumentación del ministro Arias no hace sino reafirma la decisión de la política agraria uribista, desastrosa para los campesinos beneficiosa para los empresarios, ya ampliamente conocida, apoyo crediticio e inversión para las empresas más no para los desplazados o los habitantes tradicionales del campo mestizos, afrocolombianos e indígenas. La mirada economicista, productivista se impone sobre una comprensión integral de respuesta a los derechos de los desplazados, de fortalecimiento técnico en modelos de calidad de vida para los campesinos y el bien de la humanidad desde otra lógica. La obsesión por el mercado de los "necro combustibles" derivados de la palma africana, la reforestación mercantil y el caucho como productos de control social, sustenta la priorización del sentido del uso de la propiedad. En este caso las empresas palmeras, Palmasol, sería una de las beneficiarias de créditos y subsidios la política de Agro Ingreso Seguro,AIS, en esta perspectiva de concentrar el crédito en manos de grandes empresas.
De acuerdo con el Senador Robledo en ocasión del debate sobre la ley de agrocombustibles, del 5 de diciembre pasado: "Según Finagro, el 46% de los créditos de AIS está concentrado en créditos de más de 500 millones de pesos. La asignación en créditos de menos de un millón de pesos está previsto para el 0,07%; el 33% de los créditos está en créditos de más de 1.500 millones de pesos".
Esta política de concentración del crédito va de la mano con la concentración de propiedad agraria, conseguida a sangre y fuego durante las últimas décadas. Millones de familias campesinas están sin tierras y desplazadas por el accionar conjunto de los militares, paramilitares, terratenientes, ganaderos y empresas que les arrebataron sus territorios. Organismos del Estado han indicado que entre 4 y 7 millones de hectáreas han sido apropiadas por el paramilitarismo en los últimos 15 años. Un reciente informe de
htpp://www.caracol.com.co/noticias/548760.asp.
Respecto a la concentración de la tierra, y la tendencia a sus acumulación en pocas manos, en 2003, de acuerdo con el investigador Darío Fajardo tomando fuentes oficiales "el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y Corpoica en un estudio denominado zonificación de los conflictos por el uso de la tierra en Colombia son: el 97 % de los propietarios tiene el 24% de la tierra, mientras el 0.4% de los propietarios tienen el 61% de la tierra" http://www.actualidadcolombiana.org/boletin.shtml?x=326.
A estas ciudadanas y ciudadanos, campesinos, afrodescendientes, indígenas desplazados el Gobierno los ha atendido diferencialmente. Si comparten el espíritu de la seguridad "democrática" y el Estado Comunitario reciben apoyo, por el contrario, si afirman su identidad como población civil, cuestionan las violaciones de derechos humanos y la impunidad, demuestran la ocupación de buena fe y se niegan a agronegocios oídos sordos y negación de derechos a la vida digna, la autonomía alimentaria, el territorio.
En el esquema de sociedad proyectado como Estado Comunitario que pretende consolidar el Gobierno, el papel del campesinado, del desplazado, del afrodescendiente es el de mano de obra barata, de preferencia dócil y callada, o vinculada a la reconciliación con estructuras empresariales beneficiarias de la violencia paramilitar o de las políticas públicas de agronegocios.
¿Para que entregar tierras a desplazados cuando pueden trabajar en las plantaciones de grandes empresarios? Para favorecer el poder de los ricos.
Y ¿quién está detrás de estos negocios, cuidados y privilegiados por el Ministro de Agricultura, el propio Presidente que vino a defender la decisión y el Director de Acción Social Luís Alfonso Hoyos Aristizábal, supuestamente encargado de coordinar la atención a la población desplazada? ¿Quienes son las firmas Palmera Santana, Palmasol, Sapuga y Esfinanzas? ¿Qué aspiraban a administrar la finca Carimagua? ¿Cuánto aportaron a la campaña de Luis Hoyos en Caldas? Cuánto aportaron a la campaña de Uribe?
Palmasol S.A. es una de las numerosas empresas del sector palmero que financió la campaña del Presidente Uribe en 2006. ¿No será que esta generosidad se paga luego con favores?
La empresa Palmera Santana se había beneficiado ya en el pasado de los favores de autoridades locales. Según
Mario Escobar, uno de los socios de Sapuga S.A., es amigo de Luís Alfonso Hoyos Aristizábal, forma parte de la junta directiva de Acción Social y financió las campañas políticas de Hoyos. Aunque el director de Acción Social se apresuró a afirmar que Escobar "no tiene interés en participar del suspendido proceso de adjudicación para explotar los terrenos", tantas coincidencias no dejan de sorprender http://www.wradio.com.co/nota.asp?id=548514.
La política del gobierno de favorecer intereses privados ha llevado en este caso a desconocer los derechos de familias campesinas sin tierra o desplazadas, y en otros casos, los derechos ancestrales de los dueños originarios del territorio, comunidades afrodescendientes, como es el caso de las empresas palmicultoras y de extensión ganadera en el Curvaradó y Jiguamiandó. En este caso, como en otros conocidos del Valle del Cauca, se combinaron capitales privados con lavado de activo del narcotráfico. O en el caso del Cacarica donde la empresa Ci Multifruits Ltda. En apariencia desistió de una Alianza Estratégica en la que se encontraba involucrada la "Casa" del Comandante paramilitar el "Aleman", allí en el perímetro de
En todos los casos la lógica institucional, expresada en el presidente y sus ministros, se usan las mismas palabras de un supuesto "desarrollo" y "progreso", criterios de ganancia y de rentabilidad, que no son las mismas lógicas de las víctimas, a quiénes se les concibe como incapaces o sujetos de caridad.
La reciente salida de crear una comisión de especialistas para dar su opinión sobre las razones esgrimidas por el Ministro Arias y respaldas por Uribe son un mecanismo para sortear el escándalo. Su composición excluye a los desplazados y pretende es dar un concepto sobre las razones del Estado, ocultando los verdaderos dilemas y contradicciones. ¿Los desplazados son o no sujetos de derecho?
¿La política pública puede reconocer, apoyar otros modos de producción, de relación con la tierra que no sean los involucrados en la agroindustria de la palma, el caucho y la reforestación para la exportación? Por qué las facilidades de recursos en el campo son para los agronegocios? ¿Será acaso la salida la que plantea Fedepalma, ¿quién propende por la buena imagen del sector palmero, al indicar que todo debe reversarse y Carimagua debe continuar siendo una propiedad para la experimentación ambiental?. Y entonces ¿en qué quedan los derechos de los desplazados? ¿Se prioriza la buena imagen de la palma o los derechos de los desplazados?
¿O que no pensar de lo que sucede con el sector de los trabajadores palmeros. Hoy en Puerto Wilches completan tres días de protestas con un cese de actividades, denunciando las condiciones indignas laborales, la destrucción ambiental que se han producido con este agro negocio? Cfr. La tercerización: otro mecanismo de explotación del neoliberalismo
Muchos Carimaguas existen, los que se desconocen y han caído en el olvido por la fuerza de la impunidad y de la invisibilización, lo sin rostro del desplazamiento. La política pública se muestra como la expresión plutocrática. Ha sido la presión que se suscitó por la divulgación del artículo de El Tiempo el que permitió el escándalo, que salpica a Uribe, a Arias, a Hoyos. No hay que olvidar, que todo ocurre en momentos de que se habla la segunda reelección, en las que hay otros en lista para suceder a Uribe, y que son afectos a esa casa editorial. Los últimos beneficiarios en realidad han sido los desplazados, parcialmente se ha echado atrás la decisión, pero un nuevo ardid se está diseñando. "Business are business", ¡¡¡ no derechos ¡¡¡.
Adjuntos
Espacio de Trabajadoras y es de derechos humanos de Barranca. Paro Civico en Puerto Wilches 14 de febrero de 2008
El Tiempo, Tierras destinadas a víctimas del conflicto serán dadas a particulares por MinAgricultura e Incoder, 10 de febrero de 2008
Sacarle más recursos a Carimagua dará más recursos a desplazados': Minagricultura
http://www.wradio.com.co/nota.asp?id=548514.Director de Acción Social admite relación con socio de una empresa que aspiraba explotar Carimagua
http://www.caracol.com.co/noticias/548760.asp/seccionactualidad
Bogotá, D.C. Febrero 15 de 2008
COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ
https://www.alainet.org/de/node/125843?language=es
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