La crisis de las relaciones de los gobiernos de Colombia y Venezuela, de los gobiernos de Colombia y Ecuador y más recientemente de Colombia con Nicaragua, nace paradójicamente del manejo de una política equivocada en torno a un problema doméstico, el tema del intercambio humanitario en particular y de la confrontación con las guerrillas en general, durante los cinco años en que ha gobernado el presidente Álvaro Uribe Vélez.

Recordemos que Uribe logró la presidencia de la república de Colombia sobre el fracaso estruendoso de la política de negociación del presidente Andrés Pastrana Arango (1998-2002) que le había reconocido estatus político a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, les había concedido una zona de despeje de 42 mil kilómetros cuadrados en el Cagúan y les había permitido una negociación en medio del conflicto. Las FARC sin ningún reato habían seguido secuestrando, habían incrementado su participación en el cuidado de laboratorios de procesamiento de clorhidrato de cocaína e incursionado en su procesamiento, aumentado los cultivos de coca, etc. Todo ello los condujo a un gran descrédito dentro de la población que no veía como seguían delinquiendo y aprovechando la zona de despeje para cometer delitos sin que por otra parte presentaran alternativas concretas en la mesa de diálogo para avanzar en la negociación política del conflicto armado que sostienen con el Estado Colombiano desde hace ya más de 40 años. Sobre éste descrédito Uribe prontamente ofrece derrotarlas en cuatro años, ofrece mano dura con el agravante que él mismo es una víctima de las FARC, puesto que su padre Alberto Uribe Sierra fue asesinado por este grupo guerrillero en confusos hechos ocurridos en la década de los años ochenta del siglo XX. Una buena parte de su gabinete son víctimas directas de las FARC: su canciller, Fernando Araújo Castro, estuvo secuestrado por más de cinco años; su ministra de educación Cecilia María Vélez, sufrió el secuestro de varios de sus familiares más cercanos; otros de sus más íntimos también han sufrido en carne propia los desmanes de esta guerrilla.

Llegado al poder Uribe arremete contra las FARC que en los últimos meses del gobierno de Pastrana ya habían sido incluidas en la lista de las organizaciones terroristas tanto por el gobierno de los Estados Unidos como también por la Unión Europea. Uribe profundiza la condena e intenta en cuanto Foro se realiza en la región de América Latina de que los Estados de esta parte del mundo incluyan a las FARC en el listado de organizaciones terroristas. Hasta ahora no lo ha logrado. Todos los gobiernos quizás con la excepción de México bajo el gobierno de Vicente Fox que cerró una oficina de las FARC en ciudad de México se han negado a aceptar esta solicitud reiterada de Uribe en cuanto Foro se realice en nuestro continente. Los gobiernos de la región se han negado a concederle este punto al gobierno puesto que siempre han considerado que independientemente de que éstas organizaciones armadas cometan actos terroristas, cometan delitos de lesa humanidad como el secuestro, participen en negocios del narcotráfico, siguen siendo expresiones políticas con las cuales tarde o temprano habrá que sentarse a la mesa del diálogo y de la negociación política.

Precisamente esta postura política es la que ha permitido que gobiernos de América Latina y en particular los gobiernos de Venezuela, Ecuador y Nicaragua se hayan distanciado siempre en este punto de la política de Uribe al respecto. Hoy sabemos que a partir de allí han mantenido una fluida relación con las FARC a raíz de su papel en el intercambio humanitario. Las revelaciones del computador de Raúl Reyes recientemente muerto por acción de tropas colombianas señalaría que a raíz del papel creciente de Francia, Venezuela y Ecuador, éstas relaciones de diálogo y las liberaciones unilaterales por parte de la guerrilla de seis secuestrados se dieron entre otras razones por las fluidas relaciones entre los gobiernos y las FARC representadas en Raúl Reyes.

La internacionalización de los acuerdos humanitarios

Durante los cinco años del gobierno de Uribe se ha cerrado la puerta una y otra vez la puerta para intentar la negociación que conduzca a un acuerdo humanitario y al diálogo político para salir del conflicto armado interno. Ello parte de un diagnóstico ideológico de los principales asesores de Uribe que niegan contra toda evidencia empírica la existencia de un conflicto interno. Evidencia empírica como la existencia en Colombia de cerca de 4 millones de personas desplazadas principalmente de las zonas rurales; de cinco mil asesinatos relacionados con la política durante los últimos diez años; de 47 secuestrados, políticos y militares y policías, a quienes las FARC ha mantenido en cautiverio durante más de cinco años esperando una negociación con el Estado Colombiano a cambio de que le liberen a un centenar de presos de dicho grupo; de la suerte de otros 650 secuestrados que mantienen en cautiverio para cobrar recompensas económicas de los cuales las FARC no quieren hablar, todo ello, pese a que el gobierno negocio con bandas armadas de la derecha, los llamados grupos paramilitares o de autodefensa. Para ellos estableció una zona de despeje en el norte del país en Santafe de Ralito que estuvo activa durante más de ocho meses.

Las cifras del gobierno indican que 31 mil paramilitares entregaron sus armas y se sometieron a un proceso muy cuestionado en Colombia por los altos niveles de impunidad. Estas pruebas ácidas indicarían que existe un conflicto de bastas proporciones. Sin embargo, los genios más cercanos a Uribe señalan que en Colombia no hay conflicto armado de naturaleza política sino que de lo que se trata es de una amenaza terrorista y por ello se han negado a despejar una zona de dos municipios, Pradera y Florida, en el departamento del Valle del Cauca sobre la costa del mar pacífico colombiano, para que durante 45 días y bajo vigilancia de la comunidad internacional, se lleven a cabo los diálogos y las negociaciones para que se pueda efectuar el intercambio de secuestrados en manos de las guerrillas por presos de las FARC en manos del Estado.

Tanto Uribe como las FARC han hecho del intercambio humanitario un pulso político. Uribe considera que si permite el despeje durante unos días y accede a la negociación para la liberación de los militares y policías en manos de las FARC de hecho les esta concediendo estatus político con lo cual el mito de la amenaza terrorista caería rápidamente en descrédito. Pero además lo mostraría frente a la opinión pública colombiana como un mandatario débil que finalmente tiene que negociar con los terroristas. Para las FARC también el pulso de naturaleza política. Si obtienen una zona de despeje aún sea por tiempo limitado enviarían el mensaje que no están derrotadas y que han logrado doblegar a Uribe. Lo han obligado a negociar. En esta lógica perversa los secuestrados mueren lentamente en las Selvas en donde viven privados de todo derecho, encadenados, maltratados, etc.

Es sobre esta realidad que se levanta la intervención de terceros países. No hablemos de todos los subterfugios que ha utilizado Uribe para oponerse al intercambio humanitario. Aquí solo nos vamos a referir a la fase final. Dada la presión internacional de la Unión Europea, de parlamentarios norteamericanos principalmente del Partido Demócrata, de países de América Latina y de Francia dada la doble nacionalidad de la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, de las Agencias de Naciones Unidas, el presidente Uribe decidió nombrar como facilitadores para buscar el acuerdo humanitario a la Senadora Liberal Piedad Córdoba y al presidente Hugo Chávez Frías de Venezuela el 15 de agosto de 2007. Uribe anuncia el 31 del mismo mes que autoriza a Chávez para que reciba a un delegado de las FARC. Al mismo tiempo en Colombia Uribe pide gestos unilaterales a las FARC y él decide, a solicitud del presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, la liberación unilateral de Rodrigo Granda llamado equivocadamente canciller de las FARC. Este guerrillero había sido secuestrado por organismos del Estado colombiano en Caracas el 13 de diciembre de 2004. En su momento Uribe habló de razones de Estado para ponerlo en libertad hecho que ocurrió el 5 de junio de 2007.

Abruptamente el 21 de noviembre de 2007 el presidente de la república, Álvaro Uribe Vélez, unilateralmente decidió retirar de la mediación tanto a la Senadora Piedad Córdoba como al presidente de Venezuela Hugo Chávez. Su mediación solo podría ir hasta la liberación de Clara Rojas, su hijo Emmanuel y Consuelo González, es decir, el 31 de diciembre de 2007. El motivo formal para terminar la mediación fue una llamada de Piedad Córdoba al Comandante General del Ejército de Colombia, Mario Montoya y un saludo de Chávez al mismo General. El motivo de fondo es que con el logro de la liberación de las dos secuestradas el tema del intercambio humanitario se internacionalizo con la consecuencia de que Venezuela de hecho aceptó a las FARC como interlocutor válido, es decir, le reconoció carácter político lo cual quedo en evidencia con la reunión realizada el 11 de noviembre de 2007 entre el presidente Chávez e Iván Márquez miembro del secretariado de las FARC.

La guerrilla de las FARC entendió muy rápidamente que lo que Uribe les negaba en Colombia lo podrían obtener de los gobiernos interesados en el acuerdo humanitario. Gobiernos que además podrían facilitarles ciertas condiciones de respiro en el combate militar que a diario sostienen con las Fuerzas Armadas de Colombia. Estatus político y posibilidades de lograr presión para obligar al gobierno de Uribe para dialogar con ellos.

Chávez a su vez entendió que parte de sus problemas internos podrían ser aliviados con una gran operación política y mediática alrededor de la liberación de los primeros secuestrados. Delegación al más alto nivel de nueve países incluido el ex presidente de Argentina Néstor Kirchner y hasta el director de cine norteamericano Oliver Stone. Una gran operación política y un gran show mediático a cambio de otorgar de hecho a las FARC el carácter de grupo insurgente de naturaleza política. Esto ya era inaceptable para Uribe y para sus asesores. Ya no solo se destruía el mito de la inexistencia de un conflicto armado interno sino que además se abrían las puertas para un trabajo internacional a las FARC a los más altos niveles. Tales niveles que el presidente francés grabó un programa en el cual se dirigió a Manuel Marulanda Vélez líder máximo de este grupo para señalarle que debería liberar a Ingrid Betancourt. Esto no lo habían soñado las FARC replegados militarmente y de alguna manera golpeados por el Estado colombiano quien le ha propinado algunas bajas de comandantes significativos de sus filas, lo que de contera, muestra que si bien no están derrotadas si están replegados en lo más profundo de nuestras selvas.

Aquí comienza un escalamiento del conflicto por parte del gobierno colombiano con sus vecinos. Chávez que no es un buen ejemplo de la prudencia ni de la diplomacia se despecha contra Uribe, el embajador de Venezuela es llamado a consultas, desde diciembre de 2007 no ha regresado, no recibían al embajador de Colombia en Venezuela, Chávez amenaza con afectar el intercambio comercial que en 2007 llegó a los 5200 millones de dólares. De hecho Venezuela es el segundo socio comercial de Colombia después de los Estados Unidos. En medio de esta situación las FARC desacreditas con las pruebas de vida que muestra con su crueldad, su inhumanidad, decide la liberación unilateral de un segundo grupo de rehenes. Salen a la libertad el miércoles 27 de febrero los ex congresistas Gloria Polanco, Orlando Beltrán, Jorge Eduardo Géchem y Luís Eladio Pérez, quienes estuvieron en manos de las FARC durante los últimos seis años. Las FARC solo reconocen como interlocutores válidos tanto a la Senadora Liberal Piedad Córdoba como al presidente de Venezuela, Hugo Chávez. A ellos les entregan los secuestrados.

La intervención militar de las Fuerzas Armadas colombianas en el Ecuador

Todo apunta a que el acuerdo humanitario seguía avanzando, pero ya no solo sobre los entendimientos de las FARC con Hugo Chávez sino que también y de eso hoy cabe muy poca duda con el Presidente Rafael Correa del Ecuador. Las FARC encontraron que era más rentable negociar con los gobiernos de la vecindad que con un gobierno sordo, preso de su propia vanidad por los resultados de las encuestas que le dan una opinión favorable entre los colombianos en un porcentaje cercano al 80% según las encuestas. Presionado por la comunidad internacional que no entiende la inhumanidad de las FARC pero mucho menos la del gobierno que debe ser la expresión del interés público y el protector de la vida, honra y bienes de todos los colombianos y en primer lugar de los secuestrados. Así pues no cabe la menor duda que el gobierno ecuatoriano también entró al tema del intercambio humanitario y es probable que haya facilitado las comunicaciones y la instalación de un campamento cerca de sus fronteras desde el cual Raúl Reyes establecía una agenda política y militar. En el grupo de los liberados estaría incluida Ingrid Betancourt quien se encuentra gravemente enferma.

Es en este contexto que el gobierno de Uribe toma la decisión incursionar militarmente en el campamento de Raúl Reyes que estaba ubicado en territorio ecuatoriano violando de paso la soberanía nacional de dicho país. De ello no cabe hoy tampoco, la menor duda. Reyes fue muerto en territorio ecuatoriano en donde había un campamento de dicha guerrilla. Las Fuerzas Armadas incursionaron en dicho campamento mediante el uso de la fuerza con el resultado por todos conocido, muere Reyes y con él 22 guerrilleros más, pero lo que nadie reclama es que el comando colombiano haya incursionado y haya traído el cadáver de Reyes y otro guerrillero mientras dejo a varias guerrilleras heridas en el sitio de los acontecimientos. Aventajados alumnos de los israelitas. Uribe quiere llevar su confrontación con las FARC a la arena internacional así ponga en crisis la propia economía y las relaciones de buena vecindad. Aplicando la teoría de que en la guerra contra el terrorismo todo vale se lleva de calle el derecho internacional y proyecta una imagen de conspiración internacional contra los intereses de Colombia.

Es obvio que si dejamos de lado el nacionalismo y el chauvinismo y nos adentramos en el examen sereno de la situación deberíamos concluir por donde comenzamos con este artículo y es que la confrontación con nuestros vecinos obedece a una decisión política a todas luces equivocada. Me refiero a la negativa de Uribe a negociar un Acuerdo Humanitario que permitió que terceros países, invitados inicialmente por él mismo para tratar de mostrar que quienes no quieren el acuerdo humanitario con las FARC. Ello no resistió la prueba de los meses y nos ha llevado a una escalada en la cual tres países prácticamente han roto relaciones diplomáticas con el gobierno de Colombia: Ecuador, Nicaragua y con Venezuela en la práctica están rotas.

Frente a la crisis política y diplomática es necesario retomar el camino del diálogo y la negociación que no será fácil dado el carácter de la confrontación y el estilo de los presidentes que consiste en escalar la confrontación hasta sus límites de manera pública. Hay que insistir en una salida negociada.

Pero al mismo tiempo y aún con la liberación posible de Ingrid Betancourt y otros secuestrados hay que insistir en el acuerdo humanitario que, con las lecciones aprendidas, debería hacerse en territorio colombiano en una zona desmilitarizada por tiempo limitado y con la presencia de la comunidad internacional. Hay que retomar el camino de la negociación y evitar al máximo las interferencias foráneas. Ahora bien, lo que dificulta esta salida es la terquedad de Uribe y los intereses que se mueven por parte de terceros dentro de los cuales obviamente se encuentran los Estados Unidos.

Por lo pronto las sociedades civiles de Colombia, Ecuador y Venezuela deberíamos levantar sin ninguna reticencia nuestro rechazo a la guerra y a las amenazas militaristas. Hay que encontrar los escenarios internacionales adecuados para dirimir por la vía política las contradicciones que se han presentado en las últimas semanas.


- Pedro Santana Rodríguez es Presidente de la Corporación Viva la Ciudadanía