Una década de boom minero deja un rosario de complicaciones: pasivos ambientales, polarización social, pérdida de legitimidad de los gobiernos y ningún problema de fondo resuelto.

“No es un accidente”, gritan los miembros del Movimiento de Afectados por la Minería (MAM). “Es un acontecimiento de total responsabilidad de las empresas”, asegura Mario Zonta quien destaca que las empresas no monitorean las represas donde almacenan desechos tóxicos, como las que se rompieron el pasado 5 de noviembre provocando un río de lodo contaminado que destruyó poblados, provocó la muerte o desaparición de más de 20 personas y dejó miles de afectados.

Se trata de una tragedia social y ambiental provocada por la minera Samarco en el estado de Minas Gerais, Brasil. Dos diques de contención de la mina de hierro a cielo abierto se rompieron, y el lodo liberado sepultó el poblado de Bento Rodrigues donde vivían 600 personas, a poco más de 20 kilómetros de la ciudad de Mariana y a 120 de Belo Horizonte, capital del Estado.

Las 500 personas que fueron rescatadas por los bomberos, atrapadas en medio de lodos tóxicos, debieron ser sometidas a un proceso de descontaminación ya que contenían sustancias tóxicas. Samarco es propiedad de Vale y BHP Biliton. “Los accidentes e impactos de la minería son permanentes y las empresas continúan con la misma postura prepotente hablando de responsabilidad social y ambiental”, dice un comunicado de decenas de organizaciones sociales.

“La Vale lleva 70 años en Minas Gerais”, asegura Zonta del MAM. “Hay experiencia suficiente como para contener este tipo de acontecimientos, por lo tanto consideramos que son los principales responsables por los muertos y desaparecidos” (Brasil de Fato, 6 de noviembre de 2015).

Un análisis del lodo a 300 kilómetros de las represas, reveló que tiene concentraciones increíbles de hierro, manganeso y aluminio, que superan miles de veces la concentración normal (R7 Noticias, 11 de noviembre de 2015). Según los toxicólogos, el metal más problemático es el manganeso que puede provocar alteraciones musculares, problemas óseos, intestinales y agravar problemas cardíacos.

Al principio la empresa dijo que los vertidos eran sólo arena, pero cuando fue consultada a la vista de los análisis oficiales, no respondió. Se aferró a un discurso de que “el barro no contiene desechos tóxicos para los seres humanos, sólo material inerte en compuestos de arena” (R7 Noticias, 11 de noviembre de 2015). Sin embargo, por los niveles de contaminación existentes el tratamiento de agua fue suspendido en nueve ciudades afectando a 800 mil habitantes, en tanto la prefectura decretó situación de calamidad pública.

Irresponsabilidad empresarial y estatal

El Movimiento de Afectados por la Minería sostiene que el problema de fondo es que son las propias mineras las que se encargan de los estudios para monitorear la situación real de las minas. “Ellas contratan las empresas que realizan los estudios de impacto ambiental para presentar a la Secretaría de Medio Ambiente”, dice Zonta (Brasil de Fato, 6 de noviembre de 2015).

En paralelo, destaca que existe el suficiente know how por parte de las empresas como para poder prever roturas como la que ocurrió en Mariana. “Como la lógica es extraer a todo vapor, la cantidad de desechos que se forman día a día es mucho mayor que hace 20 años. Ellas saben de los riesgos, pero no tienen ningún compromiso con las cuestiones ambientales y las comunidades”.

El resultado, según el MAM, es que existe un descontrol de las políticas mineras y de los ritmos de extracción, almacenamiento de desechos y traslado de minerales ya que todos los controles los hacen las mismas empresas.

El mismo día que sucedió la tragedia de Mariana se realizaba el Forum Brasileño de la Minería en Belo Horizonte. Los empresarios recordaron que Brasil está entre los seis mayores países mineros del mundo y que en los próximos años ese sector recibirá las mayores inversiones de la economía del país (unos 53 mil millones de dólares hasta 2018), por lo que llamó a “aumentar la seguridad jurídica de los inversores” (Brasil de Fato, 7 de noviembre de 2015).

El secretario de Desarrollo Económico del estado, Altamir Roso, dijo que la minera Samarco fue “víctima de la ruptura” de las represas. Fue más lejos aún que los empresarios: “Afirmo con toda tranquilidad que existe exceso de rigidez en el otorgamiento de permisos y un exceso de organismos involucrados”. Su propuesta es que la fiscalización “no necesita hacerla el Estado, que puede delegar en otros”.

El gobernador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, del Partido de los Trabajadores, envió al parlamento estatal un proyecto de ley que altera el Sistema Estatal de Medio Ambiente para “dar más agilidad a los procesos de permisos” (Brasil de Fato, 7 de noviembre de 2015). Un evidente doble discurso, porque el mismo gobernador condecoró al presidente de los empresarios diciendo que “el medio ambiente no puede ser rehén de la economía y la economía no puede ser rehén del medio ambiente”.

Por su parte, la Articulación Internacional de los Afectados por la Vale, difundió un comunicado en el que afirma que lo sucedido en Mariana es “un crimen”, rechazando que se trate de un accidente. Los ambientalistas denunciaron que la mayoría de los 31 diputados que integran la comisión de la cámara de diputados que discute el nuevo Código de Minería, tuvieron sus campañas electorales de 2014 financiadas por las empresas mineras.

Gustavo Gazzinelli del Foro Nacional de la Sociedad Civil en los Comités de Cuencas Hidrográficas, cree que el desastre de Mariana “va a resucitar algo similar a lo ocurrido en 2013”, cuando millones de personas salieron a las calles protestando contra el aumento del transporte público, conocido como Jornadas de Junio. El escándalo es mayúsculo porque se rompió una represa que se decía era muy segura, propiedad de una empresa que ha ganado varios premios de sustentabilidad y se presenta como defensora del medio ambiente.

Un rosario de accidentes

En la minería los accidentes son la norma. El 12 de setiembre se produjo un derrame de un millón y medio de litros de agua cianurada en la mina de oro Veladero, en la provincia de San Juan (Argentina). El accidente provocó una situación delicada para Barrick Gold, la empresa propietaria de la mina, ya que la justicia comenzó una investigación exigiendo a la empresa la solución inmediata del problema o, en su defecto, “dejar de incorporar cianuro en el proceso de lixiviación hasta tanto desaparezcan las anomalías” (EFE y AFP, 11 de noviembre de 2015).

Una de las consecuencias del derrame es la renuncia de director ejecutivo de Barrick Gold en Argentina. El derrame se produjo por una falla en una tubería de transporte de la solución cianurada, pero el vertido masivo muestra que las empresas no tienen alternativas cuando se produce situaciones de este tipo.

Los vecinos de Jáchal decidieron bloquear el acceso a la mina Veladero, ya que muchos decidieron incorporarse a las acciones ante la gravedad de lo sucedido. Varias semanas después del derrame la Universidad Tecnológica Nacional y las universidades de Cuyo y San Juan, difundieron informes que aseguran la “presencia de metales pesados en el agua” y “la existencia de cianuro en diversas muestras de agua” (Lavaca, 23 de octubre de 2015).

La policía detuvo a 23 personas que se manifestaban, pero los culpables del desastre no fueron molestados hasta ahora. La consideración de que se trata de accidentes y no de irresponsabilidad empresarial, contribuye a dar la impresión de que los problemas que genera la minería no tienen responsables directos que deban ser encauzados por la justicia.

El crecimiento de los llamados accidentes se debe al crecimiento exponencial de las explotaciones mineras. Un reciente estudio dedicado al Perú, asegura que en este país de tradición minera, entre 1992 y 2014 “el número de concesiones se multiplicó por ocho, mientras que la superficie lo hizo por once”[1]. La región de Moquegua tiene el 71% de su territorio ocupado por concesiones mineras. Le siguen Apurímac, La Libertad, Ancash, Lima y Tacna con 55 al 67%. Las demás regiones mineras oscilan en torno a 50% de sus territorios ocupados por la minería.

La intensidad de la extracción ha crecido gracias a las nuevas tecnologías y, muy en particular, por las modalidades de trabajo a cielo abierto con la afectación de montañas enteras con explosivos y maquinaria de gran porte. En base al Anuario Estadístico de la Minería Mexicana de 2013, elaborado por el Servicio Geológico, se supo que en los diez últimos años las mineras extrajeron 774 toneladas de oro.

Si se compara esa cifra con las 190 toneladas extraídas en tres siglos de colonia, la conclusión es que “en diez años las mineras extrajeron cuatro veces más oro que en tres siglos de colonia” (La Jornada, 9 de noviembre de 2015). Esa brutal intensificación del ritmo de extracción provoca, en un extremo, enormes ganancias, pero a su vez una tremenda afectación al medio ambiente y a las poblaciones. Los “accidentes” son, por lo tanto, parte del negocio minero.

La minería no es un buen negocio

Cuando se discute la conveniencia de la minería, se colocan en lugar destacado los problemas ambientales y sociales que genera. Son los temas más debatidos por parte de los movimientos sociales, de los gobiernos, las universidades y las ONGs ambientalistas. En el caso del Perú, la renta minera capturada por el Estado creció considerablemente: frente a los 800 millones de nuevos soles de 2003 se alcanzó un pico de 11.283 millones en 2011, para caer hasta 6.000 millones de soles en 2014.

Esos aportes llegaron a representar el 23% de los ingresos del gobierno central en el período de mayores precios, entre 2006 y 2011. Los gobiernos de las regiones mineras consiguieron financiar una parte sustancial de sus obras por el canon minero, que llegó a representar hasta el 53% del presupuesto de inversiones[2].

Pero esta dependencia del Estado de los ingresos de la minería generó dos graves problemas. El primero comenzó a detectarse apenas cayeron los precios de los minerales y se plasma en la drástica reducción de las capacidades de inversión. Si en 2010 en Perú los gobiernos regionales financiaban un cuarto de su presupuesto con el canon y las regalías mineras, en 2014 cayó al 10%. En cuanto a las inversiones, en 2010 la mitad eran financiadas con el canon y las regalías, pero en 2014 descendió hasta el 22%.

Esta dependencia del extractivismo, que no genera encadenamientos productivos y emplea muy poco personal, intenta ser modificada con la apertura de nuevas rubros, según el Plan Nacional de Diversificación Productiva publicado en 2014. Sin embargo, “cuenta con poco apoyo del gobierno nacional” y los actores empresariales y estatales “pretenden continuar con el modelo extractivo actual”[3]. Al parecer la renta extractiva genera adicción, quizá por el facilismo que genera a todos los niveles, desde los gobiernos hasta la propia población.

Pero hay un segundo factor que no suele visibilizarse. “Dado que el canon se distribuye solo entre las regiones donde se realiza la actividad minera, se genera una profunda desigualdad en la distribución nacional de los recursos de inversión”[4]. Además, en cada región el reparto de los recursos privilegia a las provincias y distritos donde se desarrolla la actividad minera, con lo que la desigualdad se profundiza.

Se han producido graves conflictos por este motivo, como el sucedido en Moquegua en 2008, en el sur peruano. Durante la década de boom minero, “la inequitativa distribución de recursos, amplió las brechas sociales y económicas, dejando en evidencia la falta de capacidades y el déficit de institucionalidad del Estado, fenómenos que, agravados por la corrupción, impidieron sentar las bases de la reforma y modernización estatal”[5].

Este es el balance que realiza un organismo que no rechaza la minería[6]. Si estas son las conclusiones del período donde más crecieron las exportaciones mineras y en el cual los estados más se beneficiaron de los impuestos, el panorama a futuro es muy preocupante. Pasado el boom, los problemas ambientales y sociales se agravaron; los estados y las instituciones perdieron parte de su legitimidad, y los problemas de fondo no se han resuelto. La minería fue un mal negocio.

- Raúl Zibechi es analista internacional del semanario Brecha de Montevideo, docente e investigador sobre movimientos sociales en la Multiversidad Franciscana de América Latina, y asesor a varios grupos sociales. Escribe el “Informe Mensual de Zibechi” para el Programa de las Américas cipamericas/org/es

16 noviembre 2015

Fotos de Brasil de Fato

Notas:

[1] Grupo Propuesta Ciudadana, “Al final de una década de boom, ¿Qué le dejó la minería al Perú?”, Lima, noviembre de 2015, p. 14.

[2] Idem, p. 9.

[3] Idem, p. 5.

[4]Grupo Propuesta Ciudadana, “Vigilancia de las industrias extractivas. Reporte Nacional N° 19”, julio de 2015, p. 16.

[5] “¿Qué le dejó la minería al Perú?”, ob cit p. 5.

[6] Los citados informes fueron realizados con apoyo de USAID, entre otros.

Fuente: Americas Program http://www.cipamericas.org/es/archives/17440