El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, sigue insistiendo en el carácter "revolucionario" de su "revolución bolivariana". Sin embargo, a poco más de dos años de iniciado el proceso, contados a partir de la toma de posesión de la jefatura del Estado el 1 de febrero de 1999, no se vislumbra con claridad el perfil económico alternativo del proyecto, ni la puesta en práctica de una plataforma participativa popular y más bien crecen las dudas sobre la concentración del poder en el mandatario, cuyo equipo de colaboradores -por otro lado- no ha dado muestras fehacientes de eficiencia y eficacia en la conducción del país. Entre sectores sociales progresistas del país, entretanto, aumenta la sensación de que Chávez y el equipo que le acompaña en las distintas esferas del ejecutivo, parlamento y partidos políticos, están perdiendo una oportunidad histórica para una transformación genuina del país, que tenga como norte la participación popular, una economía de carácter social que ataque las causas de la pobreza y no sólo contribuya a que los pobres sobrevivan. El presidente logró con éxito, y acogiéndose a las reglas democráticas liberales, poner punto final al viejo sistema político venezolano. Lo alcanzó porque supo interpretar el hastío popular, la sed de cambios y le imprimió su innegable carisma, una comunicación con los sectores más pobres y excluidos, que siguen identificando en él una esperanza histórica de transformaciones, de justicia y mejor porvenir. Una vez logrado el objetivo primero de su revolución bolivariana: al barrer completamente con los viejos partidos y con una nueva dirigencia y una institucionalidad naciente (estrechamente ligadas al proceso, como le llaman los chavistas a este período de cambios), no se observa con claridad cómo se orientarán los siguientes pasos. Para todos está claro que debe producirse una reactivación económica (y seguramente el precio del petróleo contribuirá con el aumento del crecimiento macroeconómico) que riegue al país, permita recuperarse al empresariado nacional y posibilite una recuperación del empleo y de los ingresos. Por esa vía se comenzaría de forma concreta a atacar la exclusión social y la pobreza. Chávez, en Québec, defendió el adjetivo participativo para la democracia y así quedó expresada una reserva de Venezuela en la declaración final de la Cumbre de las Americas. Sin embargo, dentro del país no se perciben señales claras y coherentes de que pueda lograrse una democracia participativa, tal como lo plasma la flamante Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de diciembre de 1999. A poco más de dos años de haberse iniciado el proceso en Venezuela, el país cuenta con un nuevo marco político, una institucionalidad nueva en gestación, una oposición pequeña (dispersa e histérica) y un liderazgo omnímodo. Sobre los otros aspectos existen más dudas que certezas, más interrogantes que respuestas. ¿Todo el poder para Chávez? El presidente sigue teniendo, sin discusión alguna, la gran habilidad política de ser quien coloca los temas de agenda pública en el país. Hizo gala de esa capacidad mediática con dos temas poco antes de irse a su más extensa gira internacional (13 de mayo al 2 de junio). Por un lado, Chávez dejó abierta la posibilidad de decretar un estado de excepción, lo cual le significaría (tal como lo establece la Constitución) poderes extraordinarios en materias específicas. Se han manejado diversas hipótesis sobre esa posibilidad, lo cierto es que entra dentro del marco constitucional vigente, pero cabría preguntarse si necesita Chávez mayor poder para enfrentar la nada fácil tarea de adelantar una genuina transformación social de Venezuela. Algunos creen que sí. En 1999, en el primer año de su mandato, Chávez recibió poderes especiales vía una Ley Habilitante. Este tipo de figura le da al ejecutivo la potestad de dictar leyes sin que pasan por el debate legislativo. No es una práctica nueva en el país y casi todos los mandatarios la han usado. En septiembre de 2000, Chávez recibe nuevamente el poder de dictar leyes con una segunda Habilitante para un paquete de unas 40 leyes, casi todas de carácter económico y social. En mayo, después de siete meses de contar con todo el poder para ello, el ejecutivo apenas había tramitado siete (cuando tenía planificado tener 29 para este momento). También desde el año pasado se adelanta un vasto plan llamado la sobremarcha, para el cual se destinaron importantes recursos para financiar obras de desarrollo de diverso tipo que contribuyeran a la reactivación económica. Pese a tener los recursos disponibles y el poder para ello, sólo la mitad del dinero se había ejecutado. La completa renovación política-institucional del país ha arrojado que el presidente Chávez tenga mayoría calificada en la Asamblea Nacional (parlamento), que la mayoría de gobernadores, alcaldes, concejos municipales, parlamentos regionales, esté en manos de dirigentes del Movimiento V República (MVR), el partido político de Chávez, o de otras agrupaciones afines al proceso. Por la vía democrática por excelencia, las elecciones, Chávez ha logrado cimentar el poder con el que cuenta en este momento. Un poder, que unido a sus altas tasas de popularidad, le dan una oportunidad única de adelantar los cambios y transformaciones necesarias. Paralelamente, el presidente anunció la resurrección del Movimiento Bolivariano Revolucionario (MBR-200), la organización que gestó la frustrada rebelión militar de febrero de 1992, que sirvió para catapultar a Chávez al escenario político nacional, pero que prácticamente se diluyó con la necesidad de contar con un aparato electoral, que vino a ser el MVR. El anuncio presidencial fue hecho sin consultar previamente con los factores políticos que le respaldan (se enteraron al igual que el resto del país en un acto donde habló Chávez), con el fin de consolidar un "movimiento de movimientos". De forma casi simultánea, en cual reflejo de la emotividad de Chávez, el Movimiento al Socialismo (MAS) fue distanciado del proceso a la par que se acogió nuevamente a Patria Para Todos (PPT). No se sabe con exactitud en lo que devendrá, políticamente, este renacimiento del MBR, así como de la revisión de la alianza gubernamental. En esto, así como con la cuestión del estado de excepción -"estamos esperando la opinión del presidente", que parece ser la opinión visible de las figuras claves del gobierno y su principal partido, el MVR. La propuesta de retomar el MBR cruza un punto central. Chávez se encuentra en un momento en el cual la encrucijada no es la toma del poder, ya cuenta con él, tal vez como ningún otro presidente venezolano en décadas y seguramente como ningún otro jefe de Estado latinoamericano, con excepción sí de Fidel Castro. Ahora, sin duda, el reto es implementar de forma eficiente, eficaz, coherente, un plan de transformaciones que vaya más allá de los deseos presidenciales. Esto sólo podría ser fruto de la participación, del diálogo, en una construcción participativa que abra puertas para que tengan cabida no sólo los que acompañaron a Chávez en su intento de rebelión militar de 1992 o durante el período en que estuvo encarcelado. Un proyecto de país, cualquiera que sea, requiere de construcción colectiva, de aporte participativo, de sueño común. Chávez demostró el liderazgo necesario para desencadenarlo, pero aún no despeja las dudas sobre su capacidad política para conducirlo coherentemente.