Estos tiempos, sin duda alguna, son complicados en Venezuela. No se vislumbran salidas claras a la crisis política y esto podría incidir en que hagan apuestas por "atajos", que podrían significar un quiebre institucional, como los llamados que de nuevo se dejan oír hacia el sector militar con el fin de provocar un pronunciamiento castrense, que presione al gobierno. Los rasgos principales de esta aguda situación son: extrema polarización (que implica el no reconocimiento del otro), incapacidad gubernamental para implementar realmente el proyecto de justicia social que fue su principal carta electoral, y por otro lado, insuficiencia opositora para mostrarnos cuál programa de gobierno implementará (y quién) en caso de lograr su objetivo de desalojar al presidente Hugo Chávez del poder. Como complemento a lo anterior, tenemos a una sociedad movilizada (de lado y lado), que no necesariamente responde a líneas organizativas o agrupaciones cohesionadas con objetivos de largo aliento. Venezuela, también sin duda, está ante su más grande desafío de la historia contemporánea. Este año debe resolverse (de alguna forma) un marco de convivencia democrática en el que quepan todos los venezolanos y podamos aceptarnos y reconocernos en nuestras diferencias. Estamos ante una gran encrucijada, ante la cual la llamada solución electoral (cualquiera que esta sea), en realidad es un primer paso en un horizonte de mucho más largo aliento. La realización aislada de unas elecciones, en esta coyuntura, lo que nos pondrá ante los ojos es la realidad de que el país está fracturado, y no necesariamente partido en dos, aunque la polarización y los extremos no quieran cerrar el campo de visión y limitarlo a que las opciones son sólo dos. Desde el lado oficialista, asumir que sólo apelando a la Constitución se dará respuesta, no parece ser suficiente. En realidad, la situación actual requiere una salida negociada, un acuerdo político compartido entre oposición y gobierno que le dé un marco de gobernabilidad mínimo al país. Hace cuatro años ya, al iniciarse 1999, el triunfo electoral del hoy presidente Hugo Chávez, puso en evidencia el agotamiento de un sistema político y se estaba ante una crisis que implicó justamente una salida, el llamado a una Asamblea Nacional Constituyente, que entonces no figuraba en la vigente Carta Magna. Se trató de una salida política, en términos democráticos (pues se llamó a la población a que expresara su opinión a través del voto), aunque no exactamente constitucionales. Por otra parte, la sola realización de un referéndum –como busca la oposición-, tampoco significará una salida a la crisis si el mismo no es avalado por el resultado concreto y compartido -por todos- de una negociación. Esta consulta tiene su grado de importancia porque podría quitar presión a la actual situación, pero su realización en sí no significará, para nada, que nos hemos despedido de la dura coyuntura en la que estamos. La dureza, por ejemplo en lo económico, se relaciona con las secuelas del paro iniciado el 2 de diciembre, de las grandes perdidas en el sector petrolero, industrial y comercial, que se harán sentir a lo largo de todo el 2003, lo cual será una herencia pesada para el país. "La mesa está servida", así decía un veterano narrador deportivo cuando los dos equipos y árbitros estaban ya en el terreno de juego. Así está la situación en Venezuela, la mesa para este imprescindible acuerdo político está servida, exactamente desde el 9 de noviembre cuando el expresidente Cesar Gaviria cambió su residencia de Washington al Hotel Meliá de Caracas. La mesa está tan servida que están sobre ella los puntos principales sobre los que debe negociarse y alcanzarse acuerdos: marco electoral (completo no sólo elecciones, esto quiere decir reglas compartidas y árbitro confiable), comisión de la verdad (en sucesos de corte político han muerto más de 80 venezolanos en el último año, no hay culpables a la fecha) y desarme de la población civil (no sólo del lado de seguidores del presidente Chávez hay grupos armados). Gaviria, como su función lo indica, es solamente un "facilitador" o "mediador", como prefiera llamársele, y por tanto no va a proporcionar una salida, menos una solución mágica. Las ya extensas jornadas que ha tenido el secretario general de la OEA, sin resultados palpables, evidencian que el acuerdo debe venir de las partes que están sentadas, y que lo que sea acordado allí debe ser respetado y cumplido. Gobierno y oposición deben entender que la única posibilidad para que unos u otros ejerzan el poder, pasa por que tengamos país. Parece obvio, pero hay que decirlo cuando lo que se percibe en esta "batalla" es el afán de destruir al contrario, sin importar si con eso también se colapsa a Venezuela.