En la región mesoamericana viven aproximadamente 136 millones de habitantes, de los cuales el 56% son mujeres y un 60% son menores de 20 años. Tan solo en El Salvador, una de cada tres madres es menor de 17 años de edad. En un 10% de partos atendidos por el hospital de maternidad a madres adolescentes el embarazo tiene como antecedente una violación. Al conocer estos datos, cualquier entidad dedicada a la promoción del desarrollo en la región se vería obligada a focalizar a estos dos grandes segmentos de la población como prioridad. Es decir, las mujeres y con mayor énfasis, las mujeres jóvenes y adolescentes, deben constituirse en ejes de atención y acción vitales en la definición de la política económica y social, más aún si esta le apuesta al desarrollo. Sin embargo, en Mesoamérica esto no es así. Al contrario, el aumento de la pobreza y la inequidad responden a erradas políticas económicas que únicamente visualizan a estos sectores como mano de obra barata, subempleadas, consumidores y migrantes. Desde esa perspectiva, el gasto social no es considerado una inversión, sino más bien, una carga. En el marco de los Tratados de Libre Comercio, prevalece esta lógica, con mayor impacto en las mujeres, mayor aún en las mujeres campesinas y aún más en las mujeres indígenas y afrodescendientes El informe de Desarrollo Humano publicado por el PNUD referido a Centroamérica correspondiente al 2003, advierte que la región tiene dos millones de nuevos pobres en los últimos cuatro años. Asimismo, según la misma fuente, el 42% de la población centroamericana se encuentra estancada en la pobreza en los últimos cinco años y la CEPAL asegura que este porcentaje se incrementa. La Directora en México de la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL), Rebeca Grynspan, advierte que América es el continente mas inequitativo del mundo. Asevera además que la incidencia de la pobreza es mayor en la mujer. La equidad de género en El Salvador, según el PNUD, muestra un desequilibrio considerable en los aspectos sociales, políticos y económicos en el cual las mujeres están en una posición 12 puntos atrás de los hombres. El desempleo y subempleo es un ejemplo significativo de esta afirmación. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de cada 10 trabajos actuales en América Latina 7 son de carácter informal. Señala también que la tasa la real de desempleo en nuestros países se oculta en el trabajo informal o subempleo. Mujeres en trabajos formales se traduce en mejor calidad de vida para ellas y sus familias, lo que no ocurre en el caso de mujeres en trabajos informales, cuya ocupación es mayor en población femenina que masculina en una diferencia aproximada de 4.5 puntos porcentuales. Muchos aseveran que los Tratados de Libre Comercio profundizarán los problemas de pobreza ya severos en la región, con mayor impacto en las mujeres. Tienen razón. El Área de Libre Comercio para las Américas (ALCA) y sus versiones en América Central y Mesoamérica – CAFTA y PPP – tendrán fuertes efectos para las poblaciones mas vulnerabilizadas por la inequidad e injusticia social ya vigentes. Tan solo en México, los niveles de pobreza en la Población Económicamente Activa en agricultura han aumentado en un 10% entre 1989 a 1998, años coincidentes con la firma del Tratado de Libre Comercio entre este país con Estados Unidos y Canadá (NAFTA) (1). Ni el ALCA ni sus variantes centroamericanas hacen referencia a la seguridad alimentaria, ni la agricultura sostenible para la región, mucho menos el acceso y tenencia de la tierra. Esto afecta no solo aspectos culturales arraigados en la vida agrícola de todos nuestros países, sino también reflejan una nueva realidad en la que la tendencia es que la población rural ya no es necesariamente población campesina, ni una población que trabaje el campo para vivir. Si bien en Guatemala la población indígena y campesina es indiscutible mayoría y en Honduras y Nicaragua el tema agrícola continua siendo vital, es en El Salvador donde es mas dramática la tendencia a una practica extinción del campesinado, principalmente por la ausencia de apoyo a la actividad agropecuaria y la dependencia de las remesas que sostienen la economía del país a costa de los salvadoreños pobres trabajando en el extranjero, principalmente en Estados Unidos. Para Ricardo Esmahan, Presidente de la Cámara Agropecuaria de El Salvador, la primera de las causas por las que se ha reducido el cultivo de granos básicos este año se debe a la recepción de remesas en las zonas rurales. Asegura que "…la baja en la superficie cultivada de maíz en la zona oriental puede obedecer a que se esta sustituyendo el grano por las remesas…"(2). Por otra parte, entre 1990 y el año 2000 el sector maquilas en El Salvador alcanzó 90 mil plazas. En contraposición, el año pasado el agro generó 95 mil empleos menos que en 1978. Pocos estudios han profundizado sobre el real impacto cultural de este fenómeno en nuestros países que obligan a la población del campo a migrar a las ciudades y al extranjero. En el año 2000 un sondeo hecho en El Salvador para CARITAS/ACNUR, mediante entrevistas a unas 100 mujeres deportadas desde los Estados Unidos apuntaba a la perdida de las relaciones familiares madre e hijos a partir de las migraciones. Las mujeres entrevistadas, la mayoría entre 30 y 45 años, explicaban que migraron antes de cumplir los 25 años dejando al cuidado de abuelas, tías o tíos a uno o dos hijos, manteniendo contacto con éstos mediante correspondencias, envío de dinero o regalos y esporádicamente llamadas telefónicas. En Estados Unidos muchas de ellas establecieron nuevas relaciones de pareja y han tenido al menos un hijo más. La comunicación con los padres de los hijos al cuidado de otros parientes en El Salvador ha sido en la mayoría de los casos nula, asumiendo tácitamente, con la partida de ellas al extranjero, el rompimiento de la relación, lo que no sucede, al menos con la misma frecuencia, cuando es el hombre el que emigra. Una vez deportadas, las mujeres se encuentran sin la autoridad que les proporcionaba el ser el principal proveedor de recursos al seno familiar, función que no pueden retomar al no encontrar trabajo en su país natal. Suele haber choques con sus hijos, ya adolescentes, acostumbrados a una escasa comunicación y recibir dinero y regalos pero no al esfuerzo de sus madres por ejercer su rol de tutela y educación, el cual éstas pretenden retomar al estar nuevamente en sus hogares. Una significativa población joven no estudia ni trabaja, tan solo espera cumplir edad suficiente para viajar a los Estados Unidos o se han acostumbrado a consumir sin producir, a tener cosas y gastar dinero sin que haya representado un costo para ellos. Casi todas las mujeres entrevistadas se encontraban en tramites para viajar nuevamente de manera ilegal a los Estados Unidos, algunas de ellas era la tercera vez que eran deportadas. Tampoco en los Tratados de Libre Comercio hay referencias específicas a la protección y promoción de la pequeña empresa, en un porcentaje significativo lidereadas por mujeres. En América Latina, por ejemplo, el 70% de artesanos son mujeres. Tan solo en El Salvador, medio millón de microempresas están en manos de mujeres. Aunque los discursos oficiales aseveren lo contrario, no hay una evaluación de impacto de los Tratados de Libre Comercio en la región, mucho menos con enfoque de género. No obstante, a partir de los contenidos del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos (CAFTA) se deduce con facilidad que el agro y los servicios públicos son los mayormente afectados, además de los derechos laborales, en los que ya se vienen dando significativos retrocesos que en el CAFTA únicamente se ratifican. Por ejemplo, desde el año 2000 la Conferencia Internacional del Trabajo aprobó el Convenio 183 sobre protección de la maternidad que modificó el Convenio 103 de 1952. Mientras el artículo 7 del Convenio 103 enumeraba taxativamente los tipos de actividad que pueden exceptuarse de la aplicación del Convenio mediante una declaración anexa a la ratificación, limitando así el arbitrio de los Estados partes en la aplicación del mismo, el párrafo 2 del artículo 2 del Convenio 183 autoriza a los Estados partes a excluir total o parcialmente del campo de aplicación del Convenio a categorías limitadas de trabajadores cuando su aplicación en estas categorías plantee problemas especiales de particular importancia. Es decir, esta última disposición, deliberadamente vaga, confiere amplias facultades a los Estados en materia de aplicación del Convenio que les permitirán, a su discrecionalidad, por ejemplo, excluir de su aplicación a las mujeres trabajadoras de las zonas francas, invocando la necesidad de crear incentivos para la inversión en dichas zonas. La Asociación Salvadoreña de Industrias de la Confección (ASIC), así como una de sus contrapartes en Guatemala (AGEXPRONT/UESTEC), han manifestado su oposición a un aumento del salario mínimo en sus países planteando que ello los pone en desventaja competitiva, en particular frente a China. La ASIC asegura que el aumento al salario mínimo en El Salvador aprobado el año pasado de $144 a $151 implicó la pérdida de 7 a 10 mil empleos en el sector maquila, la mayoría puestos ocupados por mujeres. La AGEXPRONT señala que mientras en Guatemala se paga $1.70 la hora en maquilas (cifra oficial que sectores sociales cuestionan), en China se paga a $0.48 y en Vietnam a $0.22. Como solución, estas instancias empresariales proponen la profundización de medidas de flexibilización laboral. Insisten en contrataciones y pagos por hora, la instauración de un seguro de desempleo en lugar de la indemnización laboral y la adopción de lo que llaman "salario industrial del campo" diferente ( y por supuesto, más bajo) al salario mínimo rural y urbano. Tales medidas, en la práctica ya están asumidas en el sector maquila de nuestros países independientemente haya reacción oficial a ellas, afectando principalmente a mujeres. Un estudio de Oxfam revela que la maquila representa alrededor de 330 mil puestos de trabajo en Centroamérica, de los cuales el 70% es ocupado por mujeres en su mayoría de origen rural y de baja escolaridad. Guatemala es el país con mayor operación de maquilas, mientras Nicaragua con el menor. En estos puestos de trabajo la violentación de los derechos laborales es constante y los salarios para las trabajadoras no alcanzan a cubrir el 60% de la canasta básica. En los últimos 10 años la maquila constituye la principal fuente de trabajo para la población de origen rural y suburbano. Sus índices de exportación han superado en países como El Salvador y Honduras las divisas que una vez fueron generadas por el café, azúcar y algodón. En los Tratados de Libre Comercio es uno de los ejes principales para Centroamérica. En el caso del CAFTA, no solo la referencia a derechos laborales se limita al respeto de derechos específicos contemplados en los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo, que como ya vimos en el ejemplo concreto del Convenio sobre maternidad, en los últimos años ha visto debilitarse progresivamente su papel de pilar social. Peor aún, al igual que en el capitulo ambiental, el CAFTA crea su propio concepto de derechos laborales limitándolos aún más que las mismas legislaciones internas de cada país, particularmente los Códigos de Trabajo. El Capítulo laboral del CAFTA consta de 8 artículos y un anexo referido a mecanismos de cooperación, de los cuales, por su limitada especificidad, no es posible un análisis en materia de generación y pérdida de empleo. En las negociaciones, los representantes de los gobiernos centroamericanos no pretendían discutir derechos laborales, lo cual fue exigencia de los Estados Unidos a partir de fuertes presiones de los sindicatos en este país. El compromiso principal del capítulo reside en la aplicación efectiva de la legislación laboral de cada país. Se prohibe que los países dejen de aplicar su legislación con el propósito de promover el comercio y la inversión. Según este planteamiento, contemplado en el artículo 16.2 del Tratado, el término "legislación laboral" da a entender que se refiere a todo el marco legal nacional que rige el mercado laboral, es decir, que todas las disposiciones o derechos del Código de Trabajo estarían inmersos dentro del Capítulo laboral. Sin embargo, ésta no es la interpretación, a partir que ya en el Artículo 16.8 se define que "…legislación laboral significa leyes o regulaciones de una Parte o disposiciones de las mismas que estén directamente relacionadas con los siguientes derechos laborales internacionalmente reconocidos: (a) el derecho de asociación; (b) el derecho de organizarse y negociar colectivamente; (c) la prohibición del uso de cualquier forma de trabajo forzoso u obligatorio; (d) una edad mínima para el empleo de niños, y la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil; y (e) condiciones aceptables de trabajo respecto a salarios mínimos, horas de trabajo y seguridad y salud ocupacional…". Muchos derechos laborales, contemplados incluso en los Códigos de Trabajo de cada país, quedan al margen de este Capítulo laboral. En el caso de derechos específicos de las mujeres, éstos ni siquiera son mencionados. Un aspecto preocupante es que pese a los claros retrocesos en materia de derechos humanos contemplados en los Tratados de Libre Comercio, los gobernantes centroamericanos y sus funcionarios cierran todo esfuerzo hacia el desarrollo en la región a la firma del CAFTA, justificando también en su discurso las limitaciones a los derechos que ellos implican. El Embajador de El Salvador en Washington, René León, ha dicho que "…Sin TLC el único ganador es China…". Uno de los funcionarios hondureños negociadores del CAFTA, Melvin Redondo, plantea que "…todas las posibilidades de desarrollo para Honduras dependen del TLC…". Asimismo, el aspecto social no es prioritario en esta lógica, más aún, es incompatible. Uno de los principales impulsores del Plan Puebla Panamá (PPP), el mexicano Santiago Levi, ha dicho que "…es necesario separar las políticas económicas de lo social…". Más allá del CAFTA y el PPP, que incluye veladas privatizaciones a servicios públicos como educación, salud, agua, energía bajo la figura de concesiones, el trato de derechos de las personas como mercancía ha ganado significativo terreno en Mesoamerica que los TLC únicamente ratifican. Los Acuerdos de Preferencias Comerciales y los Tratados Bilaterales de Inversiones (BITS), así como Convenios de lucha contra narcotráfico y terrorismo generados desde la visión de seguridad de los Estados Unidos, son elementos que ya son parte de las realidades latinoamericanas con rango legal a partir del reconocimiento de normas de la Organización Mundial de Comercio (OMC), mecanismos del Banco Mundial (BM) y acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La aceptación del Acuerdo General sobre Comercio de Servicios de la OMC, por ejemplo, ya reconocida por todos los países centroamericanos, pone en peligro las capacidades de los países para controlar la inversión de los grandes grupos internacionales. Dicho acuerdo favorece la participación de tales grupos en los procesos de privatización sin tomar en consideración las necesidades de las políticas de desarrollo. Asimismo, el reconocimiento de la Convención de la Comisión Internacional para arreglo de Diferencias relativas a las Inversiones (CIADI/ICSID), componente del grupo del Banco Mundial, ha sido firmada por 153 países y ratificada por 136 de ellos. Empresas transnacionales han presentado mas de 110 casos de demandas contra países, de los cuales 68 han sido concluidos. La mayoría de demandas han sido presentadas en los últimos años. El CIADI, en conjunto con los BITS constituyen en la práctica lo mismo que el Capitulo 11 del NAFTA copiado fielmente en el CAFTA y propuesto para el ALCA. En el conjunto de esta telaraña, de la que los TLC son solo una parte, los grupos sociales que ya viven en precarias condiciones de vida enfrentan el recrudecimiento de esas condiciones, encontrando medios de sobrevivencia en los megaproyectos turísticos contemplados en el PPP y en las maquilas. Pese a que el CAFTA contemple prohibiciones para las peores formas de trabajo infantil, al reducir en la practica la protección y las opciones de generación de empleo, es indiscutible que mayor numero de menores de edad se verán obligados a trabajar para apoyar e incluso sostener a sus familias económicamente. Aumentará también la promoción de la región como zona para el turismo sexual. Este año, en Quintana Roo, México, fue descubierta una red que en esta área utilizó a 18 mil menores de edad de origen centroamericano para pornografía infantil. Parte de este enredado incluye el masivo bombardeo comunicacional que busca convencernos que no hay otra alternativa, desmotivando la acción política y la construcción de otras opciones garantes de mejores condiciones de vida para la población pero confrontadas directamente con el poder económico. El último informe de Desarrollo Humano para El Salvador del PNUD advierte que ha bajado un 70% el Indice de Participación Política de las mujeres en los últimos 10 años, menos mujeres ejerciendo funciones publicas, menos liderezas, menos mujeres activas en estructuras organizadas de la sociedad civil. Tanto hombres como mujeres muestran crecientemente su descontento y desconfianza en sus gobernantes, pero ello se traduce en inmovilidad, apatía y abstencionismo, no en acción social, pese a que las personas estén conscientes que son objeto de violaciones a sus derechos. También el PNUD en El Salvador realizó una encuesta reciente entre mujeres trabajadoras en maquilas. La mayoría de ellas manifestó que sabia que ganaban un bajo salario y trabajaban más de lo establecido en la ley, pero señalaron que su trabajo les garantizaba independencia económica y eran sabedoras que no había más opciones en el campo, por lo que se mostraban, más que conformes, satisfechas con su empleo. Un ejemplo similar es en Puerto Cutuco, Departamento de La Unión, donde opera una procesadora de pescado en cuyas instalaciones debe trabajarse bajo bajas temperaturas. Las trabajadoras de la procesadora están conscientes que las condiciones de trabajo ponen en riesgo su salud, pero señalan que en el campo sus aspiraciones de ingresos no pueden superar los 400 colones mensuales ($35), mientras que en su empleo tienen un ingreso de 1500 colones ($ 171). El movimiento mesoamericano contra los Tratados de Libre Comercio debe tomar en cuenta estas posiciones que reflejan la cotidiana confrontación de muchas mujeres entre asumir un sistema que no les favorece y la urgencia de resolver sus necesidades puntuales, muchas veces de sobrevivencia, de ellas y sus familias. La construcción de alternativas y la lucha por su concreción constituye un eje fundamental del cual depende el éxito o fracaso de un movimiento de resistencia contra el avance de la implementación de políticas de corte neoliberal en nuestros países. La lucha del movimiento mesoamericano, es una lucha contra la pobreza, entendiendo que se trata de una lucha contra la inequidad. En esta lucha, los derechos particulares de las mujeres deben ser retomados en su justa dimensión buscando su beneficio en un modelo económico alternativo y participativo. Esto implica reconocer el papel económico, social y cultural de la mujer, independientemente su trabajo sea remunerado o no remunerado. Implica también considerar en el PIB y otras estadísticas los beneficios del trabajo de las mujeres en el cuidado del hogar, de los hijos y de los ancianos. Los Tratados de Libre Comercio no pueden estar sobre instrumentos y mecanismos garantes de los derechos humanos. Ningún TLC puede pasar por alto la Convención de la ONU para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación de la Mujer. Asimismo, como ya lo ha mencionado la Alianza Social Continental, los gobiernos deben asumir evaluaciones de impacto de las políticas comerciales sobre la situación de las mujeres. Las negociaciones, firmas y ratificaciones de acuerdos comerciales deberían suspenderse hasta contar con una evaluación de esta naturaleza. Es contradictorio que tratados como el CAFTA hayan avanzado hasta su firma en tan solo año y medio de trabajo, mientras el Protocolo Facultativo de la CEDAW aún no haya sido ratificado por la mayoría de congresos de la región. Esta claro que a mayor inequidad y pobreza, las mujeres son las mayormente afectadas. Es claro entonces también, que la participación de la mujer en la construcción de alternativas y su concreción resulta indispensable. Por la lógica de las estructuras de poder económico, resulta inherente al sistema la discriminación y exclusión de la mujer, así como la conveniencia de la confrontación entre hombres y mujeres y el sometimiento de uno sobre otro. No es casual que "observadores" estadounidenses hayan ejercido presión en junio de este año sobre representantes de los gobiernos para que retrocedieran en Puerto Rico de los avances logrados en materia de población ratificados en Santiago y México en seguimiento a los programas emanados del Encuentro de Naciones Unidas en el Cairo en 1994. La reducción del crecimiento de la población mundial con el propósito de reducir la pobreza no esta en las agendas ideológicas de los centros de poder. Tampoco es casual que en Nicaragua se quiera penalizar el aborto terapéutico esgrimiendo el discurso de doble moral de la defensa a la vida en el país más pobre de Mesoamérica y el segundo más empobrecido de América Latina. Como contraparte, por la lógica de los movimientos alternativos, la participación de la mujer debe adquirir roles equitativos a los de sus referentes masculinos en la ardua tarea de construir conjuntamente. Empezando por casa entonces, cae por su peso preguntarnos: ¿es así?. De la respuesta depende si vamos por buen rumbo o si arrastramos el imperdonable error de reproducir los vicios del sistema que confrontamos en nuestras propias acciones. Notas: (1) Henriques, Gisele y Patal, Raj. "NAFTA, Corn, and México`s Agricultural Trade Liberalization." Interhemispheric Rsource Center, Ameritas Program Special Report. 13 febrero del 2004. (2) La Prensa Gráfica. Febrero 2004. * Celia Medrano. Ponencia presentada en el I Encuentro Mesoamericano de Mujeres "Mesoamericanas por una Vida Digna" preparatoria al V Foro Mesoamericano. 16, 17 y 18 de julio 2004. Universidad de El Salvador. San Salvador.