No acaba de concretarse la vergonzosa salida de Miguel Angel Rodríguez de la Secretaria General de la Organización de Estados Americanos (OEA) cuándo ingenuamente van en tropel los diferentes mandatarios centroamericanos para reivindicar lo que consideran su derecho de piso para la sustitución del ex presidente costarricense. Todos se comprometen al apoyo de un candidato único para Centroamérica, pero cada uno lleva bajo la manga sus propias opciones. Esto vaticina no pocos conflictos en el contexto de una frágil integración regional, dictada al ritmo de los intereses económicos de las grandes transnacionales, quienes le llevan franca ventaja a las capacidades institucionales y políticas de un grupo de naciones cada vez más divididas. En menos de una semana desfilan nombres de anteriores cancilleres, presidentes, funcionarios de organismos internacionales y de la integración regional. Unicamente Guatemala ha oficializado la candidatura del ex funcionario de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), Gert Rosenthal, quien probablemente tendría que competir con Francisco Flores, ex presidente de El Salvador, si éste al fin se decide. Venezuela ha sido clara en vetar una eventual candidatura de Flores, quien en abril del 2002 fue el único mandatario centroamericano que se apresuró a apoyar un intento golpista protagonizado por el empresario Pedro Carmona contra Hugo Chávez en abril del 2002. Contra Flores también pesan señalamientos desde Honduras, como la del Comisionado Nacional de Derechos Humanos, Ramón Custodio, quien se pronunció en su contra por considerar que durante su mandato no contribuyó a sostener buenas relaciones con el país vecino. Otros países no respaldarían al ex Presidente salvadoreño por considerarlo demasiado afín a los intereses de Estados Unidos, así como también no ven con buenos ojos el que El Salvador sea el único país en América Latina que mantiene efectivos militares apoyando la ocupación estadounidense en Irak. No faltan voces salvadoreñas tampoco que afirman que aún no se ha esclarecido la posible vinculación de Francisco Flores en graves hechos de corrupción descubiertos el año pasado al interior de la Asociación Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA). También se habla del jurista Mauricio Herdocia, propuesto desde la Asociación Red de Incidencia Ciudadana, una entidad de la sociedad civil de Nicaragua. Otros nombres, como el del ex Presidente Hondureño, Carlos Roberto Flores Facussé y el ex Secretario General del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), el nicaragüense Ernesto Leal, al parecer, ya declinaron de participar, probablemente a partir del análisis del desgaste que implicaría tal contienda en sopeso con las casi nulas posibilidades de contar con el apoyo de los demás países de América Latina y El Caribe, desde donde también resuenan un sin fin de nuevos aspirantes. Se requieren 18 votos de los 34 países representados en la OEA para elegir Secretario General. De éstos, tan solo el CARICOM, quien ha dicho claramente que presentará su propio candidato, cuenta con 14 de ellos. Ciertamente, el que un centroamericano haya llegado a la Secretaría General de la OEA por unanimidad representó un logro significativo para la región. Igual impacto, ahora negativo, representa la deshonrosa salida de Rodríguez, cuyo apellido, al igual que los de Alfonso Portillo y Arnoldo Alemán, se suma a la larga lista de ex funcionarios comprometidos o vinculados con hechos de corrupción. Y es que es aquí el punto que más debería llamar la atención de los diferentes medios de comunicación en lugar del nombre de quien llenará la vacante dejada por el ex mandatario costarricense, actualmente requerido por la fiscalía de su país bajo la acusación de embolsarse el 60% de un millón y medio dólares a cambio de entregarle a la transnacional francesa ALCATEL contratos estatales por más de 200 millones. La corrupción entre funcionarios públicos es un asunto que ya no pasa desapercibido en Centroamérica, aunque los esfuerzos por erradicar este mal, de impacto directo contra los sectores más necesitados de la región, se queden cortos ante la magnitud del problema. No sucede lo mismo, sin embargo, cuando se habla de los corruptores, entre ellos prestigiosas firmas transnacionales que no se ruborizan al incluir en sus planes presupuestarios un porcentaje de gastos destinados a sobornos y regalías para oficiales estatales que contribuirán a la concesión de jugosos contratos. No nos deberíamos extrañar si entre este porcentaje de “inversiones” se encontrasen contabilizados los 100 mil dólares que ALCATEL entregó al sucesor de Rodríguez, el Presidente Abel Pacheco, para financiar su campaña proselitista hace dos años. Son estas empresas a las que los gobiernos centroamericanos pretenden otorgarles facultades casi omnipotentes con la ratificación del CAFTA. Son también este tipo de empresas las que organismos multinacionales como el Banco Mundial ponen de ejemplo de eficiencia cuando argumentan poca rentabilidad y competitividad de las instancias estatales administradoras de servicios públicos. También son estas empresas las que se encuentran agazapadas esperando el botín que representa la privatización o concesiones de servicios de agua, salud, educación, energía y telecomunicaciones que nuestros gobiernos ofrecen en bandeja de plata para ser mercantilizados. Al igual que en la Organización de las Naciones Unidas, en la OEA no se enfrenta de lleno la responsabilidad de empresas transnacionales que destruyen el medio ambiente, profundizan inequidades sociales, lesionan la autonomía y obstaculizan la consolidación de recientes democracias en países subdesarrollados. La corrupción socava la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia, así como contra el desarrollo integral de los pueblos. Los corruptores, entonces, deben ser señalados y castigados en proporcionalidad al daño causado. En su libro “Una revolución moral: Democracia, Mercado y bien común”, Miguel Ángel Rodríguez escribió que “…los políticos no ayudan al bien común si defienden privilegios que causan corrupción y estancamiento…”. Todo indica que el representante de la “Suiza centroamericana” no predicó con el ejemplo. Lejos de eso, uno de sus primeros pasos fue el de proponer una serie de cambios para el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Algunas de estas propuestas parecían positivas, pero otras no resultan menos que peligrosas para la autonomía e independencia del sistema, tales como la intención de nombrar un coordinador del área de derechos humanos en una posición superior a la Secretaría de la Comisión Interamericana (CIDH) que respondiera exclusivamente al Secretario General de la OEA. La Convención Interamericana contra la corrupción habla de la necesidad de la transparencia de los funcionarios públicos. También tiene como propósitos el Promover y fortalecer el desarrollo, por cada uno de los Estados Partes, de los mecanismos necesarios para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción. La Convención antisobornos de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) exige que los países signatarios hagan cumplir las normas que prohiben a sus empresas multinacionales sobornar a funcionarios extranjeros. El futuro Secretario General de la OEA debería asumir el compromiso de hacer valer estos preceptos. Podría empezar precisamente con ALCATEL, cuyas ventas superaron el año pasado los 14 mil millones de dólares y opera en casi todos los países de América. A los candidatos les temblaría la mano ante tal reto. Más fácil sería para cualquiera de ellos cabildear por el apoyo, oficial o velado, de los Estados Unidos, a cuyo gobierno no parece preocuparle la impunidad con que operan las empresas transnacionales y sin cuyo padrinazgo las posibilidades de asumir el preciado cargo se vuelven cuesta arriba. Resulta llamativo, precisamente, que el escándalo que ha obligado a la renuncia de Rodríguez coincida con el intolerable desplante de no haber contado con la bendición de Colin Powell, ya que la Secretaría de Estado suele encontrar defectos solo en aquellos que no responden a sus intereses. Muy difícil será encontrar candidatos de intachable trayectoria que no estén expuestos a señalamientos similares a los que enfrenta actualmente el ex Presidente de Costa Rica. Más bien, los candidateables deberían pasar, previo a su postulación, un riguroso examen de transparencia y honorabilidad en que tuvieran participación voces representativas de la sociedad civil. Si eso fuera así, de seguro, muchos de los nombres ya mencionados, y otros que entusiastamente pretenden sumarse a la fila, dejarían de alzar la mano y buscarían como escabullirse, desapercibidos, de un escrutinio del que seguramente no saldrían airosos.