Muchos millones de personas se sienten traicionadas y defraudadas porque los gobiernos y la comunidad internacional no defienden los derechos humanos. El Informe Anual 2005 de Amnistía Internacional recoge las voces de numerosas personas de 149 países de todo el mundo. El informe revela un patrón familiar de abusos e impunidad en muchas situaciones diferentes: desde la represión al viejo estilo en lugares como Argelia, Irán, Myanmar y las Maldivas hasta nuevas formas de restricciones contra los usuarios de Internet en China y Vietnam; desde conflictos enconados y ya largos como los de Colombia, la República Democrática del Congo e Israel y los Territorios Ocupados, hasta los nuevos estallidos de violencia producidos en 2004 en Costa de Marfil y Haití. Algunos casos, como Irak, fueron noticia cada día, mientras que otros, como Afganistán, Colombia y Nepal, se deslizaron hasta quedar fuera de la agenda. Los responsables de las violaciones fueron los gobiernos, pero en demasiados casos lo fueron también los grupos armados. Aunque también hubo algunas buenas noticias en 2004, como en Turquía y en Marruecos, el mensaje predominante de nuestro informe es este: Los gobiernos han traicionado su promesa de hacer realidad los derechos humanos. No mostraron un liderazgo basado en los principios debido a su inacción, su indiferencia, la erosión de las normas, la impunidad y la ausencia de rendición de cuentas. He elegido la palabra “traición” deliberadamente. La distancia que separa las promesas de los gobiernos de su actuación, su obligación de defender los derechos humanos y el hecho de que no lo hagan, su retórica de respeto a los derechos humanos y su afán de ignorarlos y distorsionarlos fue tan enorme en 2004 que no encuentro otra palabra para calificarlo. En 2004, el caso de inacción más difundido fue Darfur. El gobierno de Sudán traicionó al pueblo de Darfur desencadenando una campaña de matanzas, violaciones, desplazamiento y destrucción. Pero también lo traicionó la ONU al hacer demasiado poco demasiado tarde. El pueblo de Darfur fue rehén de los intereses petroleros de China, el comercio de armas de Rusia y la aversión de Estados Unidos a la Corte Penal Internacional. Y del mismo modo que la ONU le falló al pueblo de Darfur, la Unión Africana está fallándole al pueblo de Zimbabue en este mismo momento. Los líderes de África no se hacen ningún favor ni a ellos mismos ni a su pueblo cuando utilizan la solidaridad africana como pantalla para la impunidad, en lugar de como llamamiento a la rendición de cuentas. Ha habido también manifestaciones de liderazgo fallido menos conocidos: por ejemplo, en la indiferencia hacia la violencia contra las mujeres, y en la incapacidad para abordar la pobreza y la injusticia social. La campaña mundial de Amnistía Internacional “No más violencia contra las mujeres” ha expuesto horrendos abusos contra los derechos humanos de las mujeres a manos de agentes estatales y no estatales, en tiempo de paz y en tiempo de guerra. Los gobiernos no sólo no protegen a las mujeres, sino que tampoco hacen frente a la reacción violenta de las fuerzas conservadoras y fundamentalistas. Desde el desalojo forzoso en Angola a la ausencia de atención médica para las sobrevivientes de la violación en la región oriental de la República Democrática del Congo, Amnistía Internacional ha documentado también la creciente distancia que separa promesas y realidad en el área de los derechos económicos y sociales. La inacción de los gobiernos se ha agravado con la complicidad de las grandes empresas; el caso más flagrante es Bhopal, en la India, donde las víctimas siguen esperando justicia y una indemnización justa veinte años después de la fuga de gas. África ocupa un lugar destacado en la agenda del G8, pero el llamamiento a “hacer de la pobreza historia” seguirá siendo una consigna hueca a menos que la comunidad internacional y los gobiernos de África trabajen juntos para abordar las causas que subyacen en el deterioro crónico de los derechos humanos: la corrupción masiva, la mala gestión, el abuso del poder, los conflictos enconados y la inestabilidad política. Y será otro ejercicio más de hipocresía si la voluntad del G8 de aumentar la ayuda no supera su deseo de vender armas a los líderes africanos. Nuestro informe dice que al mismo tiempo que se ampliaba en África el papel de las misiones de mantenimiento de la paz, aumentaba la entrada de armas. Por tanto, nos congratula el anuncio del gobierno británico, el segundo país del mundo vendedor de armas, de apoyar el Tratado sobre el Comercio de Armas y su inclusión en la agenda del G8. Nuestro informe ofrece un panorama crítico de liderazgo fallido y promesas rotas. Pero de todas las promesas que han hecho los gobiernos, ninguna ha sido tan hueca como la de hacer del mundo un lugar más seguro frente a los atentados terroristas. Los atentados cometidos por grupos armados representan una importante amenaza para los derechos humanos en el mundo de hoy. A lo largo del pasado año hemos presenciado una brutalidad y una barbarie inimaginables por parte de estos grupos en Irak, Beslan y Madrid. Aun así, el gobierno de Estados Unidos y sus aliados, que encabezan la “Guerra contra el terrorismo”, siguen persistiendo en aplicar estrategias políticamente convenientes, pero ineficaces, que van en detrimento de los derechos humanos. No puede haber una estrategia de seguridad sostenible sin justicia y respeto a los derechos humanos. La violencia continúa en Israel y los Territorios Ocupados. Pese a la construcción del muro, en vulneración del derecho internacional, las máximas restricciones a la libertad de circulación de los palestinos y la mayor demolición de viviendas de los últimos años, la situación de la seguridad sigue siendo precaria. En 2004, lejos de cualquier señal de liderazgo basado en principios, hemos presenciado la gestación de una nueva y peligrosa agenda en la que se reescriben los derechos humanos, se desacredita a las instituciones de cooperación internacional y se usurpa el lenguaje de la justicia y la libertad para promover políticas que crean miedo e inseguridad. Lidera esta agenda Estados Unidos, seguido por el Reino Unido, los Estados europeos, Australia y otros países. En virtud de esta agenda, se desplaza la rendición de cuentas a favor de la impunidad; un buen ejemplo es la negativa del gobierno y del Congreso de Estados Unidos de realizar una investigación completa e independiente sobre el uso de la tortura y los malos tratos por funcionarios estadounidenses, pese a la indignación pública que suscitó Abu Ghraib y a los indicios, recabados por Amnistía Internacional y otros, de prácticas similares en Bagram, Guantánamo y otros centros de detención bajo control de Estados Unidos. Otro ejemplo fue el intento del Reino Unido –por suerte infructuoso– (en el caso de Baha Moussa) de alegar que sus soldados en Irak no están sometidos a las normas de derechos humanos (no obstante la afirmación del señor Blair de que están ahí para salvar a la población iraquí de los abusos de Sadam… pero obviamente, no de los británicos). Se está sustituyendo el enfoque selectivo hacia el derecho internacional por otro de “debilita donde puedas, selecciona si debes y subvierte donde quieras”. Estados Unidos se niega a aplicar los Convenios de Ginebra a los detenidos en Afganistán y continúa presionando para que otros países firmen acuerdos bilaterales a fin de dar a sus ciudadanos inmunidad frente al enjuiciamiento de la Corte Penal Internacional (el Congreso legisló el año pasado penalizar a quienes se negaran.) Pero nada muestra el desprecio hacia el derecho internacional con tanta claridad como los intentos de Estados Unidos, el Reino Unido y algunos países europeos de marginar la prohibición absoluta de la tortura y los malos tratos mediante la redefinición y la “entrega” o el traslado de presos a regímenes conocidos porque usan la tortura, subcontratando así de hecho la tortura al tiempo que mantienen sus manos y su conciencia limpios. Según esta peligrosa agenda, no sólo se niega la justicia, sino que también se la distorsiona. En el Reino Unido, poco después de que la Cámara de los Lores rechazase una ley sobre la detención arbitraria de extranjeros, el gobierno introdujo con rapidez una nueva forma de detención, esta vez a domicilio. En Estados Unidos, casi un año después de que la Corte Suprema resolviera que los detenidos en Guantánamo debían tener acceso a una revisión judicial, ni uno solo de los aproximadamente 500 detenidos ha llegado a los tribunales debido a las tácticas obstruccionistas de la administración. Según esta agenda, algunas personas están por encima de la ley y otras, claramente fuera de ella. Guantánamo se ha convertido en el gulag de nuestra época, consolidando la idea de que se puede detener a las personas sin recurso alguno a la ley. Si Guantánamo evoca imágenes de la represión soviética, los “detenidos fantasma” –o la detención en régimen de incomunicación de detenidos no registrados– devuelve a la vigencia la práctica de la “desaparición”, tan popular entre los dictadores de América Latina en el pasado. Según fuentes oficiales estadounidenses, podría haber más de 100 detenidos fantasma en manos de Estados Unidos. En 2004, había miles de personas bajo custodia de Estados Unidos en Irak, cientos en Afganistán y un número no revelado en lugares no revelados. Amnistía Internacional pide al gobierno de Estados Unidos que “cierre Guantánamo y abra el resto", es decir, que ponga en libertad a los presos o que los acuse formalmente y los enjuicie siguiendo el procedimiento debido. Con la aplicación de la política del miedo y la división, esta nueva agenda también fomenta la intolerancia, el racismo y la xenofobia. En 2004, nuestro informe registra incidentes de humillación religiosa de detenidos bajo custodia de Estados Unidos, un antisemitismo creciente en Europa, incluidas Francia y Bélgica, y la islamofobia en Europa y Norteamérica. Lo más irónico es que esto sucede cuando conmemoramos el 60 aniversario de la liberación de Auschwitz. Además, Estados Unidos, como superpotencia política, militar y económica sin rival, marca la pauta del comportamiento de los gobiernos de todo el mundo. Al burlarse del Estado de derecho y de los derechos humanos, ¿qué mensaje transmite Estados Unidos a regímenes represivos cuyo respeto por el Estado de derecho es ya casi inexistente? Al rebajar las normas de derechos humanos, Estados Unidos ha debilitado su propia autoridad moral para hablar sobre los derechos humanos. Al respaldar activamente a regímenes represivos como aliados en la Guerra contra el Terrorismo, Estados Unidos, la Unión Europea y otros países promueven en realidad una mayor inseguridad. Uzbekistán es un ejemplo: los tardíos llamamientos a favor de la transparencia y la rendición de cuentas no pueden ocultar su apoyo previo a los abusos contra los derechos humanos del gobierno de Karimov ni su silencio ante ellos. Durante 2005 Amnistía Internacional ha puesto también de relieve el doble rasero de los Estados miembros de la Unión Europea, que debilitan su propia credibilidad cuando abren el diálogo sobre los derechos humanos con Irán, China y Egipto, pero permanecen sordos y mudos ante Guantánamo y Abu Ghraib. Esto pone en duda la capacidad y la voluntad de la UE para ofrecer un liderazgo alternativo basado en normas y valores auténticos. Sin embargo, pese a la ausencia de liderazgo de gobiernos clave, la nueva agenda no pasó sin oposición en 2004. Las voces de resistencia y las noticias positivas nos dieron esperanza y energía. Por ejemplo: • Sentencias de la Corte Suprema de Estados Unidos y la Cámara de los Lores británica • La oleada contra la impunidad en América Latina. • Nuevas ratificaciones de la Corte Penal Internacional. • El aumento continuo de la abolición de la pena de muerte: aunque queda mucho por hacer, el número total de países abolicionistas es ya de 84. • Iniciativas para reformar los mecanismos de seguridad y de derechos humanos de la ONU. Lo que es más importante, 2004 fue testigo de una movilización popular masiva a favor del cambio en España, Georgia, Ucrania y otros países. Los ciudadanos tienen hambre de justicia y libertad, no sólo de elecciones, sino de respeto a los derechos humanos, de Estado de derecho, de unos medios de comunicación libres y de una sociedad civil diversa. El desafío para el movimiento de los derechos humanos en 2005 es aprovechar el poder de la sociedad civil para hacer que los gobiernos cumplan sus promesas. - Discurso de Irene Khan ante la Asociación de la Prensa Extranjera